En 1825 nace la República de Bolivia, formada por una minoría criolla, que solo representaba el 18% de la población, ignorando y marginando dos de los principales factores de un Estado: territorio y población.
Ese Estado nació temiendo y marginando a las grandes mayorías indígenas y a las extensas regiones que en 15 años de guerra por la independencia sobrevivieron y lucharon autónomamente en torno a las mal llamadas “republiquetas”: La Laguna, Santa Cruz, Ayopaya, Tarija, etcétera.
La historia de la República de Bolivia es la historia de un permanente enfrentamiento entre las regiones marginadas y el centralismo; entre las grandes mayorías indígenas y populares y una pequeña élite que gobernaba usufructuando las ingentes riquezas de nuestra patria, mientras esas mayorías se debatían en la pobreza.
Algunos episodios de ese enfrentamiento fueron la política de despojo de las tierras de los campesinos e indígenas mediante el “enfiteusis” del presidente José Ballivián (1842) y la “exvinculación” de Mariano Melgarejo (1874). El surgimiento además del belzismo, del Movimiento Igualitario de Andrés Ibáñez (1874-1877), de la Guerra Federal (1899), del genocidio de la Nación Guaraní (1892), de la Revolución de los Domingos (1891), de las luchas por las regalías, de la masacre de San Juan (1967), de las guerrillas de Ñancahuazú (1967) y de Teoponte (1970), de la huelga de las mujeres mineras (1977), de la Marcha por la vida (1986), la lucha por las autonomías, la Marcha por el Territorio y Dignidad de los pueblos indígenas de tierras bajas (1990), la “guerra del agua” (2000), la “guerra del gas” (2003), entre muchos otros.
La Constitución Política del Estado de 2009 creó el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que incluye y visualiza a nuestras 36 naciones, garantizando las autonomías departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinas, dando por concluido y solucionado ese largo enfrentamiento.
La construcción de las autonomías es parte de un largo proceso histórico que intenta acercar el Estado las políticas públicas y los recursos a las regiones y al ciudadano, que se profundiza con la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (2010).
Situación actual de las autonomías. El proceso autonómico se ha profundizado sustancialmente los últimos años, tanto desde el aspecto institucional-legislativo como desde el aspecto financiero.
Las prefecturas dejaron de ser comisarios del Ministerio de Gobierno (Interior), con prefectos designados a dedo y consejeros que no representaban a nadie, pasando a ser Gobiernos Autónomos Departamentales (GAD), con gobernadores y asambleístas electos por voto popular, con capacidad legislativa.
A su vez, a los municipios se les otorgó la facultad legislativa y está abierta la posibilidad de crear regiones autónomas y Autonomías Indígenas Originario Campesinas (AIOC).
Actualmente, 8 Gobiernos Autónomos Municipales (GAM) tienen Cartas Orgánicas Municipales (COM) aprobadas: Cocapata, Tacopaya, El Puente, Yapacaní, Buena Vista, El Torno, Totora y Arque. Hay 43 GAM que tienen sus COM con declaratoria de constitucionalidad, que podrán someterlas a referéndum el 9 de julio. Solamente 36 municipios no han iniciado el proceso de elaboración de sus COM, el resto se encuentra en alguna de las etapas del proceso. Respecto a los estatutos autonómicos departamentales, Pando y Tarija los tienen aprobados, Beni y Santa Cruz los están adecuando a la Constitución y en los otros cinco departamentos fueron rechazados en el referéndum del 20 de septiembre de 2015. Con relación a las autonomías regionales, el Chaco tarijeño aprobó su estatuto el 20 de noviembre de 2016. Mientras que tenemos tres AIOC con sus estatutos aprobados.
Desde el aspecto financiero, las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) se fortalecieron sustancialmente los últimos diez años, gracias a la nacionalización de los hidrocarburos, la creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), los altos precios internacionales del petróleo (al que está indexado el precio de nuestro gas de exportación), el aumento de los volúmenes de exportación del mismo y el incremento de los recursos de coparticipación tributaria. En 2005 los GAM recibieron del Tesoro General de la Nación (TGN), por concepto de transferencias, 2.443 millones de bolivianos, mientras que las gobernaciones recibieron 3.075 millones de bolivianos. Esas transferencias subieron anualmente hasta 15.428 y 9.821 millones de bolivianos, respectivamente, el año 2015. A pesar de que a partir de 2014 los techos presupuestarios de las transferencias a las ETA fueron disminuyendo, hoy se encuentran en los niveles de los años 2011 y 2012.
Situación del pacto fiscal. Dando cumplimiento a la Ley Marco de Autonomías, en febrero de 2015 se instaló el Consejo Nacional de Autonomías, con representantes del Órgano Ejecutivo, los GAM, los GAD, AIOC y la Autonomía Regional del Chaco.
En su segunda sesión, efectuada en mayo de 2015, estableció que el pacto fiscal es un “proceso de concertación e implementación de acuerdos entre el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas con participación social de las ciudadanas y ciudadanos para el buen uso de los recursos públicos, con el fin de hacer efectivo el Vivir Bien”, a realizarse en cinco (5) etapas: i) preparatoria, ii) de socialización, iii) de priorización de agendas, iv) de asignación e inversión efectiva y v) de análisis de las fuentes de recursos.
El Consejo Nacional de Autonomía, en la sesión de agosto 2015 creó la Comisión Técnica del Pacto Fiscal, a objeto de elaborar los documentos de trabajo de ese proceso, que a la fecha culminó la etapa preparatoria y se encuentra planificando el desplazamiento territorial, con más de 60 eventos, cumpliendo la etapa de socialización.
Indudablemente que el Ministerio de Autonomías jugó un rol sustancial en la construcción del Estado autonómico y en la puesta en marcha del diálogo por el pacto fiscal. Hoy día, el proceso autonómico está en curso, las ETA han sido fortalecidas institucional y financieramente, el pacto fiscal tiene una sólida institucionalidad y un cronograma establecido, que plantea su conclusión en el tercer trimestre de este año.
Por lo tanto, el haber convertido el Ministerio de Autonomías en Viceministerio no pone en riesgo en absoluto la continuidad de esas dos importantes decisiones de Estado. Pero sí pone de manifiesto la necesidad de que las ETA asuman un rol más protagónico en el actual proceso histórico que vive nuestro país, particularmente en lo que respecta al diálogo del pacto fiscal y al proceso de construcción de las autonomías, teniendo como objetivo la Agenda 2025 y que todos los bolivianos (as) vivamos bien.