El Ministerio de Autonomías ha sido degradado en su rango y es ahora Viceministerio. Las coartadas para ello expresadas en las declaraciones de las autoridades involucradas, como ya se hace costumbre, son contradictorias: que ya las autonomías han madurado y no requieren más tutela del Gobierno nacional; que es producto de haber alcanzado los cuatro tipos de gobierno autonómico; que ahora corresponde pasar a tener un rol más técnico que político.
Es posible que esta decisión sea un reflejo de dos cosas: por un lado, la necesidad de reducir los gastos que representa para el erario público mantener una cartera de Estado con rango ministerial, que en su nueva categoría con seguridad reducirá su personal y presupuesto. Por otro lado, es un sinceramiento por parte del Gobierno nacional respecto a la importancia que otorga a este tema, pese a ser nada menos que una de las grandes transformaciones del Estado contempladas en la Constitución Política. El que en contrapartida se mantenga el Ministerio de Deportes, competencia exclusiva de los gobiernos autónomos y ya no del nivel central, retrata las prioridades del actual régimen y su grado de apego a la Constitución.
Respecto a las consecuencias del cambio, hay que mencionar que en el fondo, el pasar a ser Viceministerio no parece que vaya a tener mayor relevancia, dada la ineficacia que ha demostrado hasta hoy en su misión fundamental, con la única excepción de su primer periodo, en el que gestó la normativa indispensable para
dar paso al diseño constitucional de las autonomías.
Esa ineficacia contrasta con el entusiasmo que desplegó en tareas como los sistemáticos esfuerzos por entorpecer las gestiones de gobiernos autónomos no controlados por el partido de gobierno, inventar trabas para llevar adelante el pacto fiscal, impulsar con argumentos falaces —por suerte sin éxito— la aprobación de proyectos de estatutos autonómicos vacíos de contenido y atados al centralismo, torpedear a las ONG y asociaciones civiles mediante la administración de la competencia de otorgarles (más bien negarles) personalidad jurídica y hasta de oficiar de voceros respecto de la supuesta descendencia del Presidente.
El Ministerio de Autonomías fue creado con el objetivo de impulsar la transformación hacia el Estado con autonomías, llevando adelante cambios en las estructuras del Gobierno nacional y la normativa del nivel central del Estado, acordes con los preceptos constitucionales y profundizando el diseño autonómico establecido en ellos. Claramente ha fracasado en ello, por supuesto si es que en algún momento se lo ha propuesto realmente. Decenas de leyes y decretos contrarios a ese mandato han contado con su complacencia o por lo menos su silencio. ¿Qué ley se ha aprobado, luego de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), destinada a promover el desarrollo de las autonomías?
De manera complementaria a los objetivos del Ministerio, el Servicio Estatal de Autonomías se creó para que las entidades territoriales autónomas contasen con una entidad que responda a sus necesidades y requerimientos. De esa manera el primero debía ir transformando en el ámbito nacional y el segundo apoyando el desarrollo autonómico desde los ámbitos locales y regionales, por ello el mandato hasta ahora incumplido de la LMAD de que su Director fuese designado a partir de propuestas del Consejo Nacional de Autonomías.
Sí, ese Consejo de Estado que el Ministerio no se preocupó de que se constituya durante cinco largos años, y que posteriormente incluso fue convocado con autoridades salientes, unas que ya habían cesado en su mandato (las asociativas) y otras que días después debían entregar su cargo porque ya se había elegido a su sucesor: ¿por qué? Para amañar la aprobación de, entre otros, un reglamento para que el pacto fiscal se prolongue eternamente y aún así sea ajeno a la naturaleza con que se instituyó en la LMAD.
Una arista interesante de este cambio es la que revela la desinstitucionalización en que vivimos: La LMAD establece que el Ministerio de Autonomías es miembro del Consejo Nacional de Autonomías. Un decreto del Ejecutivo hace desaparecer al Ministerio. ¿No es que el Órgano Ejecutivo debe cumplir la ley? ¿O es que son las leyes las que deben adecuarse a las decisiones del Ejecutivo? Ya me imagino las elucubraciones de los voceros del oficialismo para tratar de explicar este “patas arriba” diametralmente opuesto a la lógica, la doctrina y los mandatos constitucionales.
Entonces, si por boca de las autoridades del Gobierno nacional el Ministerio servía para tutelar a las autonomías, para cerrarse luego de la conformación de solamente un (1) gobierno indígena en un Estado que se define Plurinacional y que únicamente tendría que cumplir un rol técnico y no político, bienvenida su pérdida de jerarquía a Viceministerio.
Su actual dependencia del Ministerio de la Presidencia, que fue su origen bajo el nombre de Viceministerio de Descentralización, en el que se propuso y diseñó su conversión a Ministerio de Autonomías en consonancia con la nueva Constitución Política del Estado, en todo caso es la más adecuada. Dos razones hay para ello, además de su mencionado origen: Que pocos temas como el de las autonomías pueden ser más políticos, por supuesto, y debe ser tratado en el más político de los ministerios (que su hoy vice-titular diga que le toca un rol técnico, es cuando menos risueño). La segunda razón, de nuevo en la lógica del sinceramiento, es que ya que el Ministerio nunca tuvo voz propia, es natural que pase a dependencia del entonces ventrílocuo, que a partir de ahora será quien haga directamente las representaciones del caso.
¿Qué pasará con el pacto fiscal? Exactamente lo mismo con Ministerio o con Viceministerio, porque jamás sus titulares tuvieron la voluntad de llevarlo adelante, y si hoy el cumplir la ley al respecto es un tema que está en la agenda, no es porque desde esa cartera de Estado lo hayan impulsado, sino a pesar de ellos, para quienes la autonomía sigue siendo un misterio.