El decreto firmado por el presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue justificado como una medida dentro de la estrategia del Gobierno para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. Las organizaciones de la sociedad civil están en contra porque en el fondo apunta a modificar la actual Ley de Migraciones a fin de endurecer los controles de ingreso y permanencia de extranjeros.
En sintonía con las medidas en materia de migración que está tomando el Gobierno de Estados Unidos bajo el mando de Donald Trump, en el extremo opuesto del continente americano, Macri aprobó el cambio de la Ley de Migraciones a través del uso de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Como la Constitución de Argentina prohíbe al Poder Ejecutivo cumplir funciones legislativas, la Presidencia debió justificar la existencia de una situación crítica que amerite el cambio de una ley por fuera del debate legislativo en el Congreso.
Para ello utilizó los datos estadísticos de la población carcelaria federal para argumentar el elevado número de presos de nacionalidad extranjera detenidos por el delito de narcotráfico y así justificar la necesidad de endurecer los controles migratorios y reducir los tiempos judiciales.
Muchas fueron las voces que salieron a criticar públicamente el uso descontextualizado de la información penitenciaria en un intento por justificar el cambio de la Ley de Migraciones. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, comúnmente consultada en asuntos de política migratoria, definió el decreto como un “escándalo jurídico” por el uso abusivo de datos estadísticos para dar razón al endurecimiento de la ley migratoria.
Diego Morales, director del área de Litigio y Defensa Legal del CELS, sostuvo que los datos se interpretaron de manera incorrecta y descontextualizada y que no son suficientes para justificar un Decreto de Necesidad y Urgencia.
La Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) también criticó el uso “malintencionado” de los datos del sistema penitenciario. En un comunicado oficial publicó información estadística del Ministerio de Justicia de la Nación que contradice los números ofrecidos por el decreto y demuestra una baja representación de migrantes en la población carcelaria.
Amnistía Internacional Argentina, la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, el CELS, entre otras 130 organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y migrantes, se unieron para enviar una carta al jefe de Gabinete, Marcos Peña, para criticar el decreto y las nuevas atribuciones y competencias que asumirá la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Se cuestiona que la DNM tendrá a partir de esta norma la potestad de revocar una residencia de permanencia a una persona extranjera sin necesidad de una condena firme y con plazos de defensa muy cortos que no garantizan el respeto por los derechos humanos.
Argumenta que la Ley de Migraciones vigente ya preveía la revocación de la residencia pero solo si el extranjero era condenado por un delito doloso y por más de cinco años. El cambio que introduce el decreto habilitaría la expulsión de migrantes que cometan delitos menores, como el hurto o la usurpación, así como cualquier hecho culposo (un accidente de tránsito, por ejemplo). En la carta se afirma que la verdadera finalidad del decreto no es combatir el “narcodelito”, sino más bien servir como medida de disciplinamiento social para la población migrante.
En los últimos meses circularon muchas noticias y opiniones con relación a las personas extranjeras residentes en Argentina, desde la creación de un centro de detención para migrantes hasta informes de prensa sobre la cantidad de extranjeros haciendo uso y abuso de la educación y los hospitales públicos.
María Inés Pacecca, que hace más de 20 años estudia las políticas migratorias en el equipo de investigación en Antropología y Procesos Migratorios de la Universidad de Buenos Aires, propone analizar estas medidas y discursos antimigratorios a la luz de las elecciones legislativas que se realizarán en Argentina en octubre de este año.
La antropóloga argumenta que el fantasma de la inseguridad y su relación con el migrante es “una fórmula rendidora” en términos electorales. “Siempre lo ha sido, desde los años noventa se viene ventilando la idea de que la migración de países limítrofes es la causa de numerosos problemas sociales. Como las promesas electorales no alcanzan, es necesario prometer el regreso del ‘orden’ buscando un chivo expiatorio”.
En diciembre de 2010, se usó el mismo recurso del chivo expiatorio para explicar el problema habitacional que terminó con la represión de la Policía y dos muertos en el Parque Indoamericano. Aquel momento, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, explicó los disturbios como el resultado del avance de la inmigración ilegal y relacionó a los bolivianos con el narcotráfico y la delincuencia.
Las recientes declaraciones de Patricia Bullrich, que culpabilizan a los peruanos por el crecimiento del narcotráfico, vuelven a repetir la fórmula que promete una suerte de ‘limpieza étnica’ del territorio nacional. Para Pacecca estas promesas tienen la intención de convencer al electorado de que con una limpieza de extranjeros se van a resolver gran cantidad de problemas sociales y económicos, pero al final solo es una cortina de humo. “Estas expresiones simplistas y efectistas solo confunden y no permiten abordar el tema migratorio de una manera que afronte su complejidad”.
Las autoridades consulares bolivianas en Argentina, y hasta el mismo presidente Evo Morales, salieron a cuestionar los dichos discriminatorios de la ministra, que asocia a los migrantes latinoamericanos con el delito. Bolivianos, peruanos, paraguayos siguen siendo vistos por las autoridades argentinas como heraldos de malas noticias. Signo de una significación indefinida y amenazante: la de las descomunales fuerzas globales que interfieren en nuestras vidas.
Las respuestas se están haciendo oír. En Estados Unidos, la Justicia otorgó una medida de amparo que cesa temporalmente el decreto antimigratorio del presidente Trump. Se espera una respuesta de características similares en Argentina. Resta ver si la Comisión Bicameral del Congreso —que ahora deberá evaluar el decreto para su aprobación— considera los argumentos de la sociedad civil y abre las audiencias para debatir esta polémica medida.
La sociedad espera que el Gobierno impulse políticas públicas respecto a la migración que dejen de apoyarse en una visión de mundo dividida en dos categorías cada vez más cosificadas: por un lado, un mundo limpio, sano y visible; por otro, uno de restos residuales, oscuros, enfermos e invisibles. Es tiempo de que alcancemos una nueva forma de definir nuestras relaciones con los países vecinos desde una concepción de mundo globalizado y en constante transformación.