Un neologismo intenta explicar lo que la razón no puede, tanto que ha sido declarada la palabra de 2016 por el Diccionario Oxford. Posverdad es una traducción del término Post-Truth (Tesich 1992, Roberts 2010) con el que se ha intentado explicar los resultados del Brexit, el No al proceso liderado por el presidente Juan Manuel Santos en Colombia para establecer acuerdos con las FARC y la victoria de Donald Trump. ¿Qué tienen en común estos hechos políticos? La sorpresa que han generado sus resultados ya que no pueden explicarse a partir de un enfoque racional; para comprenderlos debe indagarse en la sensibilidad común del cuerpo social pero, sobre todo, en la manipulación como recurso para lograr objetivos políticos.
Los populismos de izquierda y derecha basaron su acción en comunicación dirigida a mercados electorales en los que puede despertarse sentimientos nacionalistas que por lo general no requieren mayor base argumentativa. En Latinoamérica, el denominado Socialismo del Siglo XXI definió sus enemigos comunes: el imperialismo yanqui, el neoliberalismo, los 500 años de opresión, la derecha, la Iglesia Católica, etc. Sobre esto ha instalado “mentiras emotivas” y nucleado a sectores de la sociedad para mantenerlos cerca del poder que han obtenido valiéndose de las instituciones democráticas y que luego desprecian y manipulan. No obstante, la receta ya muestra falencias que derivaron en derrotas que hasta hace poco eran inimaginables. Ahí están los Kirchner en Argentina, Lula y Dilma en Brasil, la previsible caída de Correa y su proyecto continuista en Ecuador, el naufragio catastrófico del Chavismo venezolano con un Maduro sobre quien huelga mayor comentario.
En medio de esa turbulencia está el MAS de Evo Morales, que aplicó recetas comunes y utilizó el catálogo de mentiras emotivas o posverdad para gobernar los últimos 11 años, agregando que una buena parte del pueblo boliviano ya no le otorga crédito; a ello se debe la derrota del 21F que también se explica por la indisposición que generan los escándalos de corrupción con icónicos casos como el Fondioc y Gabriela Zapata.
Ley de la coca. En ese contexto, horas previas al Carnaval, entre el 23 y 24, la bancada oficialista en el Legislativo impulsó hasta su aprobación la Ley de la Coca. Como las “verdades” oficialistas carecen de argumento, se aprovechó la celebración del Carnaval para evadir la crítica social. Dicho proyecto tiene como objetivo legalizar cultivos de coca excedentaria que en importante proporción se destinan a la producción de cocaína. Veamos: en 2013, el propio Evo Morales dio a conocer el Estudio Integral realizado por su gobierno, con apoyo de la Comunidad Europea, en el que se determinó que la demanda anual con destino al consumo tradicional de la hoja no era superior a las 20.690 toneladas, para lo cual era necesario el cultivo en una superficie de 14.705 hectáreas, considerando un rendimiento promedio de 1,4 toneladas por hectárea.
El proyecto de Ley 077, Ley General de la Coca, en su artículo 16, inicialmente consideraba la legalización de 13.000 hectáreas en el departamento de La Paz y 7.000 en Cochabamba, sumando 20.000 en el ámbito nacional, muy por encima de las 14.705 que determinó el estudio ya citado. No obstante, en pocas horas y como resultado de negociaciones con los productores, se incrementaron incluso hasta 22.000 hectáreas con las que finalmente se aprobó el proyecto. Los argumentos son inexistentes, el ministro César Cocarico intentó justificar la transacción de intereses sin convencer a nadie que en su sano juicio esté dispuesto a tragarse mentiras emotivas como aquellas que hacen alusión a una supuesta intención de “industrializar” la hoja. También se habló de proyecciones demográficas sin ningún estudio.
En Bolivia no existe un solo proyecto que haya dado resultados expectables para una industria diferente a la del narcotráfico. La realidad nos muestra que la coca solo tiene dos aplicaciones: el consumo tradicional y la producción de cocaína.
¿Qué existe más allá de lo anotado? Solo intereses sectoriales. No puede dejar de remarcarse que el Presidente llegó al poder representando a los productores de hoja de coca del Chapare cochabambino que, dicho sea de paso, hasta la promulgación de esta norma se encontraban produciendo al margen de la ley, toda vez que su zona no estaba considerada como área de cultivo tradicional. Debe destacarse el hecho no menor de que Morales, a pesar de haber asumido la presidencia hace 11 años, hasta la fecha no abandonó su condición de presidente de las seis federaciones de productores chapareños de coca, lo que lo ubica en un serio conflicto de intereses que, en rigor, nunca le ha incomodado. Por el contrario, Morales utilizó su organización y bases sindicales en diferentes movilizaciones con saldos en algunos casos, fatales. El trágico 11 de enero en Cochabamba es el más triste ejemplo de aquello.
No es el único evento en que se puso en evidencia su compromiso sectorial. En 2012 se intentó construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, con una inversión estatal de $us 415 millones, atravesando el Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), ocasionando un serio conflicto con las comunidades indígenas al punto de haber utilizado la fuerza pública para contrarrestar la protesta, lastimando la integridad física y la dignidad humana de quienes supuestamente representaba, al ser considerado como el primer presidente indígena. En esa oportunidad fue acusado de beneficiar nuevamente a los productores de coca, por encima de los indígenas ya que la carretera no solo atentaba contra el ecosistema y ponía en situación de vulnerabilidad a las comunidades, sino que además ampliaría la frontera agrícola de la coca, que en la zona del Chapare ya había provocado erosión debido al uso intensivo de la tierra para incrementar el rendimiento por hectárea, contaminando las reservas hídricas por el uso de químicos en laboratorios clandestinos donde se procesa la pasta base de cocaína y que generan desechos tóxicos por los precursores.
El Gobierno acudió a la posverdad, a mentiras emotivas: el bienestar de las comunidades, el desarrollo del país, la lucha contra el imperio, el destierro del neoliberalismo, la dignidad y soberanía nacional. En suma, a esa “peculiar relación que tienen con la verdad, esa negación sistemática de los hechos, los datos y la evidencia sin menor precaución ni decencia”, Soledad Gallego-Díaz (La era de la política posverdad, El País de España, septiembre 2016)
La ruta alterna. El jueves 23 de febrero de 2017, junto a los diputados Horacio Poppe y Luis Felipe Dorado, presentamos un proyecto alternativo que implica una visión diferente respecto al rol de Estado con relación a la coca, partiendo de una convicción: la coca es tan buena o tan mala, como tan bien o tan mal sea utilizada; por tanto, el Estado debe tener un control total sobre la producción y un monopolio en su comercialización. El Estanco Nacional de la Coca se basa en modelos aplicados en otros países del mundo para controlar, por ejemplo, la producción y comercialización de tabaco. Esta propuesta no ha sido discutida y es probable que el MAS se rehúse a hacerlo, pero está claro que el debate sobre esta problemática deberá darse con la sociedad civil boliviana, cansada ya de verdades a medias, falsas verdades, posverdad o mentiras emotivas. Mientras tanto, una cosa es innegable: coca es coca pero también cocaína.