Con Alberto Mollinedo trabajó en las minas Milluni y Matilde, en el departamento de La Paz; fue Secretario de Cultura en el sindicato de trabajadores de la primera, y delegado de base de la segunda para dialogar con el gobierno militar nada menos que sobre la vigencia de los sindicatos.
La etapa de su vida que recuerda con mayor emotividad es la que ocurrió a fines de 1981, cuando estaba de presidente Celso Torrelio Villa. Sin sindicatos, porque la dictadura desde Luis García Meza (julio de 1980) los había proscrito, las pulperías vacías, faltando medios de trabajo en las minas, en Huanuni (Oruro) en noviembre empezó la pelea por la vigencia de los sindicatos, por el retorno mismo de la democracia. La contienda comenzó con la decisión de los obreros de poner en vigencia de facto el sindicato. El régimen respondió apresando y confinando a toda la dirigencia, cerrando las pulperías, cortando el agua y el suministro eléctrico en los campamentos.
La réplica laboral fue la declaratoria de huelga de hambre, esta vez de las mujeres del distrito, quienes amenazaban —cuenta Mollinedo— incluso con “entrarse a interior mina”. Frente a la creciente radicalización del movimiento por el sindicato, los militares gobernantes cedieron “invitando a negociar” el pedido de los trabajadores en la ciudad de La Paz; era el principio del fin de la dictadura: alrededor de 70 delegados de base (la única forma de representación que tenían los trabajadores en ese momento) de todos los distritos mineros se trasladaron a la sede de gobierno y, con la Iglesia de mediadora, estuvieron negociando su demanda 17 días. Fue cuando el propio Torrelio vino a recriminarles, cuenta Mollinedo: “¿para qué quieren sindicato? Con el sindicato ustedes se han hecho la burla del Ejército y del Gobierno; los sindicatos ni siquiera han dejado gobernar; no se va a poder, si el Gobierno está establecido es porque quiere el pueblo”, con esto último no reprime su carcajada don Alberto.
Pero en plena negociación paró la fábrica Manaco, en Cochabamba; luego vinieron la Said, la Soligno; respaldo de campesinos, universitarios; y ya el remate llegó con la amenaza de toda la minería estatal y privada de parar si no se atendía la demanda de la vigencia de los sindicatos.
Fue entonces que los militares cedieron y obligaron a firmar un sui géneris convenio de restablecimiento de la representación laboral.
Tras el “pleno reconocimiento al Derecho de Asociación y Vigencia Sindical”, impusieron que éste se implemente según un “cronograma sectorial”; la idea era ir paso a paso: a) que los sindicatos de base se constituirán en 90 días; b) para las Federaciones se da el plazo de 180 días; y para la dirección nacional (o sea, la Central Obrera Boliviana) se otorga 365 días, solo después de que todas las federaciones y confederaciones se hubieran reorganizado.
Don Mario recuerda cómo al volver a mina Matilde lo recibieron con la noticia de que el sindicato la misma noche de la firma del convenio ya se había reconstituido, como pasó en el resto del país, en diversos sectores laborales. Él solo había llegado a posesionar al nuevo sindicato.
Esta, y no otra —no deja de insistir don Mario— es la verdadera forma en que se empezó a recuperar la democracia, de la mano de los trabajadores mineros de Huanuni. “¡Los sindicatos se han organizado y ahí ha venido la democracia!”.
Perfil
Nombre: Alberto Mollinedo
Nació: 10 de abril de 1932
Ocupación: Jubilado, extrabajador en ingenios mineros.
Radio
En Milluni, en 1965, funcionaba Radio Huayna Potosí; siendo su responsable, Mollinedo cuenta cómo la emisora fue desmantelada; luego supo que los equipos habían sido llevados a La Paz y en el Estado Mayor, durante buen tiempo, dieron vida a Batallón Colorados, la radio del Ejército.
Regionalismo que excluye a profesionales bolivianos
Juan Mejía Cisneros, es periodista
El Comité Cívico y el Colegio de Abogados de Oruro han logrado encorvar el brazo del Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial de Bolivia y alejar del cargo orureño al nuevo encargado Distrital del Consejo de la Magistratura, Richard Leopoldo Chuy Tórrez, un joven abogado cuyo único pecado fue haber nacido ch’ukuta, en la tierra del chairo y ser pico verde; un paceño que tras su posesión en Sucre, el 15 de febrero por el presidente del Consejo de la Magistratura, Wílber Choque, levantó en la tierra del Pagador, del Carnaval de Oruro, del gringo y del gitano que no pregunta de dónde viene uno sino que se le da la bienvenida, una acalorada censura que abrió un marcado regionalismo que rayó en el aislamiento de un profesional boliviano.
El ente cívico se atrincheró en puertas del Consejo de la Magistratura, días antes del Carnaval, con una huelga de hambre, según sus dirigentes, hasta que el extraño personaje se aleje del cargo ya que Oruro cuenta, decía, con profesionales abogados aptos. La movilización cívica fue secundada por el Colegio de Abogados con un discurso excluyente casi absolutista: “Consideramos que ya es hora también de que en las instituciones públicas, en las direcciones judiciales, se tenga gente que conozca nuestra realidad jurídica social (…)”.
¿Oruro es otro Estado? ¿Tiene un sistema judicial distinto a otros departamentos? ¿Los abogados “foráneos” deben estudiar esta otra realidad jurídica antes de asumir cargos públicos en el ámbito judicial de Oruro? ¿Qué falla en la formación de los abogados en el ámbito nacional? ¿No era mejor aceptar y dejar de lado el regionalismo “sano” (como se doró la pildorita) para una administración sin amiguitos ni compadres ni conocidos que tuerzan la ley cuando se cometa actos de corrupción en el Tribunal Departamental de Justicia?
La Ley del Ejercicio de la Abogacía del 9 de julio de 2013, en su Título 1 Artículo 6, señala que con un título profesional de abogado o abogada y la matriculación en el Ministerio de Justicia, el profesional en leyes puede ejercer la abogacía en cualquier parte del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
Toda la fuerza social contra el abogado paceño, se podría dirigir —reflexiono— a la lucha contra la retardación de justicia, contra el nepotismo, que campean en el TDJ, en Oruro, en toda Bolivia.