El 29, en La Paz, tuvo lugar el Seminario Internacional Reforma e Institucionalización de la Justicia, bajo el auspicio de la UMSA, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos y las fundaciones Construir y Milenio, entre otras. Uno de los expositores fue Luis Pásara, doctor en Derecho, quien acaso tenga una relación especial con Bolivia a raíz de ser el autor de uno de los pocos estudios que se han hecho de las elecciones judiciales de 2011, Elecciones judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita. Fundaciones Para el Debido Proceso y Construir (2014). Sobre este siempre complicado tema, Animal Político pudo hablar con el profesor peruano, una vez que se acerca más —ojalá— el debate sobre la segunda elección de este tipo, en octubre, sobre cómo no repetir los errores de la primera experiencia.
— ¿Persiste el hecho de que el problema central de la justicia latinoamericana es el estar subordinada a los otros poderes?
— Yo creo que sí, aunque se debe reconocer que en los últimos años hay ejemplos en que la justicia de algunos países logra vencer esta presión de los círculos de poder. Estamos viendo ahora lo de Brasil, que, digamos hace 10 años, hubiera sido insólito, inimaginable. Hay casos interesantes, pero, por ejemplo, la justicia chilena no se atrevió con (Augusto) Pinochet, tuvo que intervenir la justicia inglesa y detenerlo, por orden de un juez español, para que la justicia chilena se decidiera a hacer algo, aunque al final no lo juzgaron, murió sin haber sido juzgado. En Perú hay el caso de (Alberto) Fujimori; ahora tenemos quizás dos o tres presidentes en camino; vamos a ver qué hace la justicia, aunque ya hace algo. Pero yo diría que estos casos tienen un carácter más bien excepcional, no son la regla. Empiezan a verse causas en que los jueces efectivamente se sobreponen a todas esas presiones, a todo esto que se ve como normal (dichas presiones), por eso es tan difícil reformar la justicia; los políticos saben esto, saben que les ha sido muy rendidor, muy útil, el tener a los jueces en un lugar subalterno, y entonces, claro, ¿para qué cambiar, no?
— Usted afirma que Costa Rica fue la excepción. ¿Por qué?
— Porque hasta hace relativamente poco, unos 10 años, Costa Rica no tuvo escándalos de corrupción; por lo menos desde la revolución de (José) Figueres es un país muy igualitario, lo es ahora un poco menos, pero allí el hecho de ser Presidente, ministro, presidir la Corte, no daba esas ínfulas, esos excesos que son usuales en nuestros países. Yo diría que, como en otros temas, no es tanto el mérito de la justicia, que lo es, sino es el mérito de un país que es diferente. Ahora, la justicia costarricense también tiene sus manchas, autorizó la reelección de Óscar Arias cuando era inconstitucional.
— ¿Hay rastros todavía de la herencia colonial de que habla, de que el juez es nombrado por el rey, el poder, manteniendo su estatus de subordinado?
— Primero fue el rey, luego el Presidente o el Congreso; finalmente es la autoridad la que lo hace ser juez. En la tradición inglesa hay el famoso enfrentamiento entre los nobles y el rey, y en ese momento, que es parte de los derechos fundamentales de Inglaterra, es que hay ciertos problemas que tienen que ser resueltos por el juez y no por el rey. Ahí el juez adopta esto que nosotros decimos “otro poder del Estado”, se le confía la función de controlar los límites del ejercicio del poder, del rey, de las autoridades; eso ha aparecido en nuestros textos legales, pero no se ha ejercido; y no se lo hizo porque venimos de la tradición en que ser juez es ser reconocido por la autoridad.
— El problema, al parecer, no es tanto que lo elija o no el Congreso, sino que el juez pueda tener otras potestades, como aquellas del control de los otros poderes.
— Claro, pero eso es consecuencia de quien designa, en parte. Yo le pongo el caso: si usted tiene un juez que es nombrado por el poder político, que es nombrado a plazo, que es otra diferencia con el sistema anglosajón, donde el juez es nombrado de por vida, salvo que cometa un delito, en cuyo caso se le procesa y destituye; si usted sabe eso, o para ser ascendido depende de ese mismo poder político; si el juez no se comporta de acuerdo con lo que aquellos que lo nombraron esperan de él, pues o lo destituyen o, como he visto en Guatemala, lo trasladan a un lugar imposible, a la frontera, o al momento en que se vence el plazo por el cual lo nombraron, se acabó, tiene que buscarse la vida otra vez, desde cero. Así, estos elementos de tipo organizativo, institucional, tienen que ver con ello, porque le dan el poder de todo o nada a quienes lo ejercen.
— Usted también dice que el juez ha renunciado a su poder de controlar a los otros poderes; también tiene su responsabilidad.
— Por supuesto. Lo que pasa es que si se trata de un abogado mediocre o de baja calificación, que sabe que no va a encontrar otro puesto, qué alternativas tiene. Por eso es que al poder político no le molesta, no le disgusta tener jueces mediocres, porque son gente mucho más manejable que el
juez que tiene ciertas calidades, que renuncia o incluso puede denunciar públicamente lo que le hacen; el juez mediocre dice, bueno, qué puedo hacer, y acepta. El mundo de los discursos, de los nombramientos judiciales es uno, el mundo de la realidad es otro, distinto.
— Otra idea fuerte suya es que la reforma judicial no depende de la reforma judicial misma, sino de la reforma del Estado.
— Efectivamente. Ahí un primer tema es qué problemas deben ser resueltos por los jueces, porque hay muchos temas pequeñitos que crean congestión, que distraen recursos o, como me han dicho colegas bolivianos, obedecen a la voluntad de pleito de la gente; y esto recarga. Yo creo que la primera pregunta que tiene que plantearse el Estado es: ¿qué problemas sí deben ser resueltos por los jueces? Para mí, los problemas en los cuales hay un interés público. Asuntos en que el único interés en juego sea la discusión entre dos particulares, es mejor que no los resuelvan los jueces, sino encontrar otras formas de solución, mediación, arbitraje. Este es el primer gran tema que no se ha planteado en las reformas. Luego, hay problemas de la justicia, de acceso y de otro tipo que en realidad tiene que resolverlos el país, no la justicia.
— De las cortes (supremas). Pero en el caso boliviano, la elección popular podría mantenerse si es que hubiera un sistema de preselección confiable, que no sea un sistema también político; si eso se pudiera lograr, es una fórmula posible, ni mejor ni peor que otras, porque ninguna fórmula garantiza que se va a tener los mejores jueces. Y, claro, las instancias políticas de algún modo siempre van a intervenir, formal o informalmente. Hay que reconocer eso, pero hay que meterle filtros que permitan que por lo menos no cualquiera pueda ser juez; filtros que, uno, aseguren la calidad y, dos, tiene que haber un sistema de, no sé si la palabra es “participación popular”, pero de apertura para que las trayectorias de los candidatos sean ventiladas, de modo que (la elección) se establezca con lo que la gente sabe sobre el personaje, y donde quien tenga algo que decir (sobre los candidatos), lo diga.
— ¿No nos hemos ido al extremo, del cuoteo político en el Parlamento a la elección por voto?
— Este es el problema de la elección, el problema de buscar la legitimidad a través de la elección es que cómo se hace; las dos fórmulas conocidas son: las campañas, en lo cual entra el problema de la financiación; o la no-campaña, que es el caso boliviano, en lo cual la gente no sabe por quién vota.
— Pero en la región, parece nomás que la mayoría opta por la designación congresal.
— El tema de la elección a través de una instancia política no es totalmente rechazable, el problema es sobre qué bases se hace esa elección. Yo creo que se necesitan filtros, filtros a los cuales puedan entrar una serie de entidades que por lo menos se neutralicen mutuamente para evitar unos sesgos, prejuicios.
— Sobre el estudio que hizo de la elección judicial de 2011, ¿qué puede decir hoy día?
— A mí me parece, primero, y esto no es una opinión, sino una constatación: en Bolivia todo el mundo estuvo de acuerdo en que esto (el sistema antiguo) no funcionaba, todo el mundo. Entonces, el asunto hay que revisarlo; yo le confieso que me ha sorprendido un poco que se pueda ir a una segunda elección sin haber revisado la anterior. Dice que van a modificar algunas cosas, pero a mí me parece que sería sorprendente ir a una segunda elección sin cambiar las reglas del juego; que si reconocimos que fue un error, cómo lo vamos a repetir; no es aceptable o no es entendible. Yo no creo que haya un sistema ideal de elección, no existe; todo sistema tiene pros y contras, y además hay sistemas que funcionan mejor en un sitio que en otro; de modo que no hay una receta posible. Yo creo que hubo dos problemas centrales en la elección de 2011: uno, el asunto de que la decisión fuera meramente política, o de la Asamblea. Ahí hay que colocar un filtro que garantice cierta calidad de los candidatos; eso es indispensable. Dos, hay que pensar otra vez el problema de la no-propaganda, de la no-campaña. Yo no tengo una fórmula, pero la gente tiene que conocer, saber por quién puede votar, tiene que escoger; y lo que hubo la anterior elección, lo de la publicidad limitada, 10 minutos en los medios, no daba para conocerlos.
— Una idea fuerte que usted adelantó en su conferencia fue que la independencia judicial no es un fin en sí mismo, sino solo un medio para alcanzar algo más de fondo: la imparcialidad del juez.
— Eso es lo que no hay que perder de vista, el objetivo es ese. La independencia no es un privilegio del juez; es un instrumento que se le da al juez para que sea imparcial. Porque si se queda en la independencia, o bien se convierte en un privilegio, entonces al juez no lo toca nadie, se aísla, o bien se convierte en algo no deseable; cuando la gente no quiere a ese juez por encima de los demás; lo que quiere es a alguien que sea como ellos, pero que sea imparcial, que el juez no tenga una opinión prejuzgada. Y la imparcialidad también tiene que ser evaluada en el desempeño, para saber si efectivamente usted es imparcial, porque creímos que era imparcial en el momento en que se le nombró, y no sabemos si lo ha sido o no lo ha sido.
— Esto también tiene que ver con la autonomía del órgano, su presupuesto, autonomía económica.
— Así es, pero ese presupuesto no garantiza la imparcialidad; como el sueldo, los jueces no pueden tener sueldos de hambre, pero tampoco ponerle un buen sueldo le va a garantizar que el juez sea imparcial. Es un elemento, entre otros.
Datos
Nombre: Luis Pásara
Profesión: Abogado y doctor en Derecho
Cargo: Profesor e investigador universitario
Perfil
Fue profesor entre el 67 y 76 en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Realizó posgrado en la Universidad de Wisconsin. En 1977 fundó el Centro de Estudios de Derecho y Sociedad (CEDYS), en Lima. Un libro suyo referente en la región es: Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo. (2014).