Ante la crisis con Chile por la retención de 11 periodistas en aeropuertos de Santiago e Iquique y la expulsión de uno de ellos, hechos ocurridos en los últimos 10 días, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, expresó su preocupación por ello y llamó a “facilitar el trabajo (periodístico) y no obstaculizarlo”.
El representante de esa entidad autónoma de la Organización de los Estados Americanos (OEA) informó a Animal Político, el jueves 30 de marzo, que “la Relatoría Especial ha recogido denuncias de retención de periodistas bolivianos en Chile y está documentando la situación”.
Añadió: “La situación reportada en Chile está siendo estudiada y nos preocupa. De todos modos, las restricciones de acceso a periodistas extranjeros son raramente justificables y eso lo estamos diciendo con toda firmeza y claridad”.
Manifestó que tanto para la sociedad de Chile como para la boliviana es esencial que los periodistas puedan informar sobre asuntos de interés público, lo que, en su criterio, solo será posible si éstos tienen acceso a la noticia y al lugar donde sucede.
Además, consideró que “es un deber internacional de los Estados adecuar su actuación a las obligaciones internacionales por ellos contratadas, asegurarse de que las normas y principios del derecho a la libertad de expresión están siendo respetados, esto es, que los periodistas puedan ejercer plenamente su derecho a la libertad de expresión y que el régimen de acreditación no sea utilizado para impedir el ejercicio de la profesión a un lado o a otro de la frontera”.
El Relator refirió cinco normas internacionales que respaldan el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas sin limitación de fronteras: los artículos 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 4 de la Carta Democrática Interamericana; y, 19 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana.
“No puede haber bajo los países que han ratificado la Convención, la jurisdicción de la Corte, una obligación legal, una ley o un instrumento que establezca que para ejercer periodismo en un país hay que tener un permiso especial”, enfatizó.
En el caso de los periodistas bolivianos retenidos en Chile, ese país alegó el artículo 15 de la Ley de Extranjería 1094 de 1975, vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1988). El mismo se refiere a que están prohibidos de ingresar a Chile quienes puedan realizar hechos que afecten “la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público”.
Precisamente, bajo ese precepto legal, Chile condicionó el ingreso de nueve profesionales de la comunicación el martes 28 de marzo, a quienes obligó a firmar un compromiso de buen comportamiento. Amparada en la misma norma, obligó a una periodista del canal estatal Bolivia Tv, el viernes 24, a firmar un compromiso de no ejercicio de su profesión para poder ingresar a esa nación. Y también con la misma disposición legal, expulsó de su territorio a un camarógrafo de la televisora estatal boliviana.
Independientemente de haber recogido de oficio las denuncias de retención de periodistas bolivianos en Chile, que fueron difundidas por los medios de prensa, Lanza aseguró que la Relatoría Especial está abierta a que los gremios periodísticos de Bolivia, así como los medios de comunicación y los periodistas afectados “nos hagan llegar la documentación, la información de este caso. Si no es clara la información o es necesario conocer los criterios aplicados a nivel legislativo, eventualmente nosotros podemos pedir información a los Estados involucrados para tener elementos de juicio y evaluar si es necesario hacer alguna recomendación”.
Este medio conoció que producto del análisis de estos hechos, la Relatoría Especial puede llamar la atención al país que afecta el ejercicio periodístico, emitir comunicados e incluso puede convocar a las partes a audiencias públicas.
Lanza dio a conocer la posición de la Relatoría Especial sobre este caso el mismo día en que el Defensor del Pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, anunció que presentó ante ese órgano un recurso destinado a que Chile garantice la labor de los periodistas bolivianos en su territorio.
Esa misma jornada, el embajador ante la OEA, Diego Pari, lamentó que la Relatoría no se haya pronunciado sobre el agravio de autoridades chilenas a periodistas bolivianos, pues, según dijo, en otros casos menos complejos esa entidad actuó de oficio.
Entretanto, el Relator insistió en que los países del sistema interamericano no deben aplicar ningún sistema de acreditación (permiso) para que los profesionales de la comunicación ejerzan su trabajo de manera permanente o coyuntural para la cobertura de algún hecho en específico.
Y si hubiese un procedimiento de esa naturaleza, que se aplique a los periodistas o al ejercicio del periodismo, explicó Lanza, tendría que tener como objetivo facilitar el ejercicio de esa actividad.
“Los esquemas de acreditación y registro de periodistas solo son apropiados si son necesarios para proveerles acceso privilegiado a lugares o a eventos, los que deben ser supervisados por órganos independientes y por decisiones sobre esta acreditación, teniendo un procedimiento justo, basado en criterios claros, razonables, transparentes y publicados con anterioridad”, remarcó.
Como parte de la libertad que deben tener los profesionales de la comunicación para desarrollar su trabajo, Lanza también lamentó que autoridades bolivianas hayan estigmatizado a periodistas chilenos por informar sobre la posición de ese país en el juicio que mantienen ambos Estados en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
Y se refería a la acusación del presidente Evo Morales, en mayo de 2015, a tres periodistas chilenos del canal estatal TVN y del Canal 13, a quienes cuando pretendían entrevistarlo dijo: “No son prensa chilena, son agentes de inteligencia de Chile y no voy a dar ninguna entrevista”.
El incidente se dio en dos ocasiones y a dos días de que ambos países comiencen a exponer sus alegatos sobre la competencia de la CIJ en la demanda que Bolivia interpuso contra Chile para obligarle a que negocie “de buena fe” una salida soberana al mar, condición que le fue arrebatada en la Guerra del Pacífico (1879-1883).
Para Lanza, lo acontecido con los periodistas de Bolivia y Chile, así como de profesionales que fueron expulsados de Venezuela en los últimos meses (17, según un recuento de la Sociedad Interamericana de la Prensa), únicamente responde a la coyuntura que se vive en esos países, ya que, en su criterio, existe una larga tradición de profesionales de esa rama que atraviesan las fronteras para ejercer su labor.
“Hago un recuento de la historia tras la recuperación de la democracia y los periodos de transición hacia la democracia plena de los últimos 30 años. En general, no era un problema crítico, un problema estructural de la región el hecho de poder transitar y poder hacer periodismo en los distintos países de la región con libertad”, manifestó.