Por méritos, sí. En eso hay coincidencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) respecto del perfil que deben cumplir los candidatos al Órgano Judicial. El problema radica en quiénes harán esa evaluación de la meritocracia. Para la oposición y expertos, ese proceso debe estar a cargo de una comisión integrada por personalidades independientes; en el oficialismo hablan de un procedimiento mixto, es decir, que la Asamblea administre la selección con participación del sistema universitario.
El artículo 158 de la Constitución Política del Estado establece como una de las atribuciones de la ALP “la preselección de los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”.
Siguiendo ese precepto constitucional, el Legislativo eligió a 118 candidatos para los comicios del 16 de octubre de 2011, los primeros de esas características en Bolivia y en el mundo. Entonces, las esperanzas para la transformación del sistema judicial fueron depositadas en las autoridades electas para 56 cargos; pero pronto éstas desnudaron su falta de capacidad y formación para encarar ese cambio. Y, lo peor, para superar las taras del sistema judicial, sobre todo de la retardación de justicia, expresada en la carga procesal irresuelta: al menos 4.000 procesos en el Tribunal Constitucional; y hasta 6.000 en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la fecha, según el presidente del Consejo de la Magistratura, Wílber Choque. Y esa cantidad no sufrió mayor variación respecto a lo que acontecía en 2011.
No obstante, a cinco años de aquel proceso inédito, toca volver a las urnas en octubre para renovar esos cargos. El desafío para el Legislativo es mejorar el proceso de preselección de postulantes, tal cual fue la recomendación de la Cumbre Judicial realizada en junio de 2016.
Con ese fin, el Gobierno conformó una comisión de poderes, de la que participan representantes de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que evalúa modificaciones a las leyes del Órgano Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral. Además, elabora un nuevo reglamento de preselección y busca garantizar la difusión de información sobre los postulantes.
Para la oposición, el punto más conflictivo, y en el que todavía no hay coincidencias con el oficialismo, es la evaluación de los candidatos. Aquélla considera que ese proceso debe ser independiente, es decir, no debe tener injerencia político-partidaria de parte de la Asamblea.
“El tema pasa por que la etapa de evaluación y calificación sea independiente. Tiene que haber un consejo académico conformado por representantes de instituciones menos contaminadas de este país, entendiendo que la preselección es un camino largo y que en el mismo debe haber una etapa específica de evaluación y calificación sin intervención de políticos”, asegura el senador Edwin Rodríguez, jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado.
PROPUESTA. Para ello, su organización política propuso que esa entidad colegiada esté integrada por cuatro representantes de las universidades públicas, dos de las casas de estudios superiores privadas, cuatro miembros del Colegio de Abogados y un representante de la justicia indígena originario campesina.
Ese grupo estaría a cargo de evaluar los méritos, la capacidad y la calidad académica de los postulantes, pero además tomaría un examen oral y uno práctico a los aspirantes para que, por ejemplo, emitan en el acto una sentencia constitucional o una resolución análoga sobre un tema en específico.
En cuanto a los méritos de los candidatos, se plantea tomar en cuenta la experiencia profesional mínima de ocho años y las publicaciones de libros en materia judicial. Todo ello sería considerado para establecer una puntuación.
Igual opina la diputada Norma Piérola, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien sugiere que esa valoración esté a cargo de un cuerpo colegiado integrado por instituciones representativas, es decir, delegados de las universidades públicas, del Ministerio Público, de los colegios de abogados, de las federaciones de profesionales y miembros de la misma Asamblea Legislativa.
Esa evaluación de méritos —dice Piérola— debe considerar la carrera fiscal, judicial y administrativa. “Hay muchos magistrados que hoy están ocupando funciones que ni siquiera han hecho de oficial de diligencias; antes uno iba ascendiendo desde oficial de diligencias, actuario, secretario, luego llegaba a juez, vocal y por último a los altos cargos de magistrados”, afirma.
“El cargo de alto magistrado significa haber recorrido toda la carrera judicial, conocer al dedillo las leyes, como se dice, para aplicarlas, y conocer la Constitución”, complementa.
La asambleísta también considera necesario que en esta fase se asigne una calificación numérica a cada postulante y no solo se establezca un criterio de “cumple o no cumple” con ciertos requisitos, como en el anterior proceso electoral.
Y el que la preselección de candidatos esté a cargo de un grupo independiente no solo es el criterio de los legisladores de oposición. Para el exviceministro de Justicia y experto en la materia Carlos Alarcón, la calificación debe ser encomendada a 11 tribunales de mérito, cinco de ellos constituidos por representantes de entidades estatales y seis por instituciones sociales.
Entre los estatales, según su propuesta, estarían: el Presidente, los nueve gobernadores, los alcaldes de las nueve capitales de departamento, más El Alto; las autoridades ediles de ciudades intermedias y la Defensoría del Pueblo. Del lado de la sociedad civil: los decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas y privadas, los colegios de abogados, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Central Obrera Boliviana, instituciones de defensa de los derechos humanos y las asociaciones de periodistas.
De la nómina de evaluación de los “concursantes”, explica, la Asamblea Legislativa elaboraría una lista de candidatos, con lo que se garantizaría probidad, independencia y calidad profesional de estas autoridades.
Esa opinión la comparte el profesor peruano e investigador universitario Luis Pásara, autor de uno de los pocos estudios que se hicieron sobre las elecciones judiciales de 2011. En 2014, él identificó que uno de los problemas de la preselección de candidatos fue que el proceso, encomendado a una entidad política como es la Asamblea Legislativa, no fue confiable. Ahora, con la nueva elección en puertas, considera necesario “colocar un filtro que garantice cierta calidad de los candidatos”.
“La elección popular podría mantenerse si es que hubiera un sistema de preselección confiable, que no sea un sistema también político; si eso se pudiera lograr, es una fórmula posible, ni peor ni mejor que otras, porque ninguna fórmula garantiza que se va a tener los mejores jueces”, explica, pero reconoce que “las instancias políticas, de algún modo, siempre van a intervenir, formal o informalmente, pero hay que meterle filtros que permitan que por lo menos no cualquiera puede ser juez”.
Esa misma consideración la hicieron el miércoles dos expresidentes, un exvicepresidente y tres jefes de partidos políticos, quienes emitieron un comunicado a través del cual sugirieron la conformación de una “comisión independiente” que haga una evaluación meritocrática y cuya calificación sea vinculante a la Asamblea Legislativa.
El 18 de octubre de 2011, dos días después de los comicios, fue la propia Organización de Estados Americanos (OEA) que, a través de un comunicado, recomendó “perfeccionar el proceso de entrevistas a los postulantes. En este sentido, ampliar el proceso estableciendo ponderaciones a las distintas fases de evaluación de los postulantes, lo cual, sin duda, permitirá enriquecer la información a la ciudadanía”.
Y por qué es necesario que la selección esté a cargo de un grupo independiente de profesionales. Porque ello —coinciden los entrevistados— garantizará la independencia del Órgano Judicial y la probidad de las altas autoridades electas.
En el oficialismo también son partidarios de elegir a candidatos por meritocracia. Fue el propio vicepresidente Álvaro García Linera quien reconoció, en septiembre de 2014, que fue “un error” no haber preseleccionado a las autoridades judiciales “por méritos; se los eligió por cercanía a una organización social, a un tema más personal”.
MECANISMO. Si bien ahora se busca postulantes meritocráticos, el diputado David Ramos, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, explica que el proceso de valoración debe seguir bajo administración del Legislativo y que de éste participe el sistema universitario público, a través de la carrera de Derecho, o del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB). “Podría ser parte de la preselección de candidatos como una autoridad neutral”, dice, con lo que se podría devolver la credibilidad a este proceso.
“No se debe descartar en este trabajo a instituciones que puedan coadyuvar en la transparencia y llevar un trabajo limpio, que permita devolver la credibilidad de esta elección y también de devolver la confianza al pueblo boliviano”, asegura.
El magistrado Choque respalda que la evaluación de postulantes esté a cargo del Legislativo, una institución que, en su criterio, es representativa y plural.
Considera que el procedimiento que se vaya a seguir pasa por garantizar la idoneidad y probidad de los aspirantes, es decir, que prueben haber ejercido la carrera judicial de manera honesta y que tengan méritos en el ámbito profesional.
Y considera que si bien para este proceso se deberá priorizar a personas que ejercieron como jueces, vocales o cuya formación esté orientada a las máximas instancias judiciales, ello no inhabilita a quienes demuestren ser “excelentes abogados” o docentes universitarios.
“Lo importante para cada cargo será que las personas se adecuen al perfil que se necesita, es decir, que conozcan cuál es la labor que se cumple en el órgano de justicia al cual están aspirando”, dice.
¿Y por qué es necesario mejorar la preselección de candidatos? Porque de la credibilidad de ese proceso dependerá la mayor o menor participación ciudadana en el acto electoral, aunque ello también está supeditado a la información que recibirá la población sobre los postulantes, concuerdan los entrevistados.
Y es que en la elección de 2011 hubo un porcentaje importante de abstención de los electores, 20,3% del total; pero, además, se registró un considerable índice de votos nulos y blancos, respecto de los válidos, los que, en todos los cargos electos, fueron mayores al 50%. (Revisar datos en la infografía) Todo ello puso en evidencia que ese proceso inédito no despertó el interés de los votantes; además, a la hora de sufragar, éste tampoco supo a quién elegir.
PERFECCIÓN. Considerando ambos factores, los asambleístas de oposición y oficialismo y los expertos también creen que se debe mejorar los mecanismos para llegar a la gente con información sobre los candidatos. Y ése también es el desafío de esa comisión de poderes.
La idea, según el senador Rodríguez, es que los postulantes, sin necesidad de modificar la Constitución Política del Estado, que les prohíbe hacer propaganda, puedan difundir su capacidad académica e imparcialidad. “Ahí no habrá problema para ponernos de acuerdo”.
Pásara también recomienda repensar el tema “de la no-propaganda, la no-campaña” porque, en su criterio, “la gente tiene que conocer, saber por quién puede votar, tiene que escoger; y lo que hubo la anterior elección, lo de la publicidad limitada, 10 minutos en los medios, no daba para conocerlos”.
El diputado Ramos explica que se evaluará cómo se llegará a la población para que ésta asimile el grado de formación académica de los postulantes, su idoneidad.
“El ciudadano también tiene la responsabilidad de saber a qué autoridad va a dar su voto”, manifiesta.
De momento, los opositores y oficialistas coinciden en que los 60 días para la preselección, que fue el tiempo que se dio el anterior proceso eleccionario, debe ampliarse a 80 días, y la campaña electoral no debe tomar 120 días, como establece la actual normativa, sino 150 días.