La reducción de dos magistrados en el Tribunal Agroambiental (de siete a cinco) y otro tanto en el Consejo de la Magistratura (de cinco a tres) y la redistribución de dos de esos cargos en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), actualmente integrado por siete autoridades, no solucionará el problema de la mora procesal en el sistema judicial, una tarea que pasa por cambiar la estructura misma del aparato jurídico, es decir, incrementar el número de jueces, aumentar el presupuesto y hacer que los procesos sean más expeditos.
Así por lo menos se resume de las posiciones expresadas por asambleístas del oficialismo y de la oposición, como de los propios miembros del Consejo de la Magistratura, cuando el tema fue abordado en la comisión integrada por altos funcionarios de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que hace seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia realizada en 2016 y que analiza su implementación ante la proximidad de los comicios judiciales de octubre.
Aumentar el número de magistrados en el Tribunal Constitucional de siete a nueve permitiría, según el presidente del Consejo de la Magistratura, Wílber Choque, disminuir la mora procesal. Informa que a la fecha esa instancia de deliberación tiene 4.000 causas pendientes de resolución.
A esa cantidad se suman los procesos que tienen pendientes los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que suman al menos 6.000. Dada la cantidad de procesos que debe despachar este último, entre 700 y 800 al año, a razón de tres causas por sala y por día, recuerda que el Órgano Judicial propuso, en su momento, duplicar el número de esas autoridades.
“En horas laborales en un día tendrían que despachar tres causas, pero sabemos que una resolución se la hace en uno o dos días porque se tiene que estudiar cuidadosamente el expediente”, explica.
Por ello, la cantidad de litigios heredados en 2011, respecto a los que atienden actualmente los magistrados, no sufrió mayor variación. Entonces la herencia de la mora procesal era de 6.000 causas en la entonces Corte Suprema de Justicia y de 3.500 en el Tribunal Constitucional.
El problema mayor, empero, no es la cantidad de procesos que llegan a esos tribunales superiores, sino los que no se resuelven en los juzgados departamentales, al menos 700.000 casos en el ámbito nacional, según informa Choque. El déficit de jueces es de aproximadamente 300.
“Se tiene que sentar la comisión (de seguimiento) para ver más a profundidad la carga procesal, crear más jueces en algunas materias”, recomienda.
“Si no tenemos los jueces suficientes, lógicamente que las causas van a estar ahí sin resolverlas”.
No obstante, considera que de ponerse en práctica a plenitud los códigos Morales (del sistema familiar y civil), así como el nuevo Código Penal, una vez que sea aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el número de juzgados faltantes puede ser inferior a 300.
Sin embargo, para que la estructura del sistema judicial cambie —coinciden el jefe de bancada de Unidad Demócrata en el Senado, Edwin Rodríguez, y la diputada Norma Piérola del Partido Demócrata Cristiano (PDC)—, lo primero es que se garantice la elección por meritocracia de las principales autoridades del sistema judicial. En eso hay coincidencia con el oficialismo.
Y ello es necesario —concuerdan ambos asambleístas— porque permitirá devolverle la independencia a ese órgano de justicia.
“Lo fundamental es la absoluta independencia del Órgano Judicial, que no esté sometido a los poderes político y público imperantes en el país. Éstos (magistrados) tienen que ser absolutamente independientes y desde luego transparentes, y ello pasa por una preselección de postulantes que esté a cargo de un cuerpo colegiado independiente”, opina la diputada Piérola.
Es el mismo criterio de Rodríguez: “La única manera de garantizar un tribunal independiente, autoridades imparciales, es que el proceso de preselección y la calificación de los postulantes esté a cargo de un consejo académico independiente”.
Y ese es el paso más importante —dice Piérola— porque al ser las altas autoridades de la Justicia boliviana profesionales probos, garantizará, a su vez, la elección de jueces públicos por su capacidad, lo que incidirá en la resolución oportuna de los casos porque sabrán aplicar la ley.
En su criterio, a partir de ello se podrá encarar una verdadera reforma del sistema judicial, que pasa por la aplicación de los procedimientos expeditos en materia civil y familiar establecidos en los denominados Códigos Morales.
Opina que a partir de la agilidad que se les dé a los procesos incluso no será necesario aumentar la cantidad de cargos en las altas esferas del Órgano Judicial. “Hay muchos procesos que seguramente no van a llegar a los altos tribunales, en los que su máximo recurso de apelación serán los tribunales departamentales, y solo pocas cosas irían a los altos cargos del Órgano Judicial”, puntualiza.
El senador Rodríguez complementa que la reducción de la carga procesal también pasa por incrementar el número de jueces y por darle mayor independencia económica a ese órgano, a fin de que ejerza una buena administración de la justicia, descentralizada.
Si bien hay coincidencia con el oficialismo en que debe hacerse una preselección de las altas autoridades judiciales por méritos, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, David Ramos, explica que ese procedimiento es solo un paso en ese largo camino de hacer frente a la retardación de justicia, el que pasa por la aplicación plena de los Códigos Morales y de la aprobación del nuevo Código Penal. “Estas normas son un cambio sustancial al sistema de justicia en el país, son parte de la reestructuración del sistema judicial”, afirma.
La tarea no es sencilla y la comisión de los órganos estatales, que se constituyó el mes pasado y cuya legalidad es cuestionada por la oposición, acelera su trabajo para preseleccionar los candidatos más idóneos, probos y por meritocracia hasta el 28 o 29 de abril, considerando que son las fechas límites para que se emita la convocatoria, que permitirá al Tribunal Supremo Electoral (TSE) preparar los comicios que se realizarán el 22 de octubre.