A la hora del desayuno del sábado 1 de abril, en el elegante restaurante del Hotel Museo Santo Domingo de la ciudad de Antigua (Guatemala), el entonces vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pedro Rivero Jordán, encontró la opinión de un notable del periodismo latinoamericano antes de exponer un proyecto de condena al atropello sufrido por periodistas bolivianos en los aeropuertos de Iquique y Santiago de Chile, entre los días 24 y 28 de marzo.
“Es lo que corresponde. Hace bien”, fueron las palabras de aprobación del colombiano Javier Darío Restrepo al documento que Rivero escribió de prisa, el viernes 31 de marzo, y poco después de llegar al centro de la reunión de medio año de la SIP.
El sábado a mediodía, la página web del diario que dirige, El Deber, anunció gestiones para obtener un pronunciamiento de la organización, y desde ese momento los salones del antiguo convento de arquitectura barroca, convertido en hotel, sirvieron para el cabildeo de un poderoso grupo empresarial dirigido a frenar la gestión del periodista boliviano. Confiaba que la resolución sería considerada como tantas otras, y aprobada sin mayores trámites en la reunión plenaria del lunes 3, comenta al Animal Político. Rivero estaba solo.
Cumplió con la formalidad observada en los últimos 10 años, al entregar dos documentos: un informe sobre la situación de la libertad de expresión en Bolivia, y un documento de resolución. El segundo contenía la condena a las nuevas políticas del gobierno de Santiago en relación a la presencia de periodistas bolivianos en Chile, y una exhortación al Gobierno de La Moneda para “evitar situaciones” como las denunciadas primero, por un equipo de Tv del canal estatal boliviano, y luego por nueve invitados de una aerolínea chileno-brasileña.
La sesión final del lunes 3, dirigida por el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el representante del grupo mexicano “La silla rota”, Roberto Rock, en lugar del presidente, Matthew Sanders (Deseret Digital Media, Estados Unidos), descorrió el telón de la siguiente escena. Sanders se excusó de dirigir la sesión final.
El relato de Rivero se escucha débil al reeditar el momento. El proyecto de resolución sobre Bolivia y que era una enérgica llamada de atención al gobierno de Michelle Bachelet, no pasó el mayor obstáculo. El representante del Grupo Copesa de Santiago, Álvaro Caviedes, con el decidido apoyo del expresidente de la SIP y director del semanario Búsqueda de Uruguay, Danilo Arbilla, restaron valor al documento. La batalla era desigual. Rivero frente al consorcio propietario del diario
La Tercera y 18 diarios menores, revistas y radioemisoras, distribuidas en varias regiones de Chile. Al margen de los medios, un total de 38 empresas de la banca, seguros, comercio, agroindustria, alimentos, inmobiliaria, comunicaciones, hotelería, comercio internacional instaladas en varios países, completan el Grupo Copesa.
El cabildeo fue efectivo y la propuesta del delegado boliviano fue llevada a votación, y el resultado era previsible: la resolución de condena no vio la luz, y la página web de la SIP destinada a las resoluciones sobre Bolivia permaneció en blanco por varios días. “Desconté que la SIP iba a pronunciarse y no imaginé que se sometiera a una votación. Sencillamente esta posición quedó huérfana de apoyo…”, dice el periodista cruceño.
En el informe presentado por los delegados de Chile, expresan preocupación por la reforma constitucional, a través de “diálogos ciudadanos” carente de “requisitos a favor de la libertad de prensa”. “…La nueva carta debería reconocer y proteger el derecho a expresar las ideas y opiniones libremente…sin censura previa”, se lee.
Rivero lamenta que los dos incidentes con los periodistas bolivianos no hayan sido incluidos en el informe, a diferencia del documento del Vicepresidente Regional que denuncia el “tratamiento torpe y humillante por funcionarios de Migración” de Chile. La decisión deslizó una censura a la propuesta de un asociado.
“…El pleno de la reunión votó por no incluir esos incidentes en una resolución sobre Bolivia que fue aprobada”, justificó Roberto Rock mediante un comunicado difundido por la SIP. “La SIP es muy respetuosa de las decisiones que toman sus socios en sus asambleas y reuniones soberanas y democráticas. Se votó por mantener registradas las denuncias en el informe de Bolivia pero no en la resolución”.
Las reuniones de la SIP tuvieron un nuevo actor como centro de la crítica: el presidente Donald Trump. Katie Towsend, del Comité de Reporteros por la Libertad de Expresión (Reporter Commitee For Freedom of the Press), expuso el informe más largo de todos por las amenazas del Gobierno estadounidense al “futuro de la circulación de noticias y de la libertad de prensa”.
El retorno de Rivero a Bolivia, entre el aeropuerto internacional La Aurora (Guatemala), la larga espera para la conexión en la terminal panameña de Tocumen y Viru Viru (Santa Cruz), entre la tarde del lunes 3 y la madrugada del martes 4, con una distancia de 4.611 kilómetros, sirvieron para la reflexión. En lugar de aceptar la votación, habría sido prudente retirar el documento, comenta.
El jueves 6 de abril anunció su renuncia a la Vicepresidencia Regional de la SIP, una función que cumplió anteriormente el abogado y exdirector de Los Tiempos Alfonso Canelas (1943-2009). “Lo ocurrido en Guatemala ensombrece aquella visión que se tiene de un organismo defensor de la libertad de prensa en el continente, y más aún tratándose de un caso donde no había lugar a la duda”.
Mientras se escucha el recuento de los detalles registrados en Antigua, en un restaurante de la ciudad de Cochabamba, una diplomática boliviana reconoce al periodista, se aproxima y expresa reiterados agradecimientos por “defender la dignidad” de los periodistas bolivianos. Esta imagen habría sido imposible hasta hace una semana. El Gobierno incluyó en “El cártel de la mentira” a Rivero y el diario El Deber, junto a otros periodistas y medios, por una supuesta confabulación política dirigida a desprestigiar al presidente Evo Morales. Pero el ejecutivo del diario cruceño abogó por la defensa de principios, uno en particular: la libertad de prensa para reporteros de medios privados y estatales, sin distinción alguna.
La línea de conducta fue aplicada también durante su presidencia en la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP). Tras este episodio, la Vicepresidencia Regional en la mayor organización continental de medios está vacante. Los diarios bolivianos asociados a la entidad, El Deber, La Razón, Los Tiempos, El Diario, Opinión y el canal de televisión Unitel y la propia SIP, tendrán en sus manos la definición del tema.