Sunday 14 Aug 2022 | Actualizado a 08:05 AM

Riesgo de que cárteles enraícen sus tentáculos ocupa al Gobierno

Los emisarios de bandas brasileñas operan en lugares donde existe poca densidad poblacional o que son zonas alejadas y donde la presencia institucional del Estado es débil.

/ 14 de mayo de 2017 / 04:00

Comando Vermelho (CV) y Primer Comando de la Capital (PCC) son organizaciones criminales que ocupan la atención del Gobierno. ¿Por qué? Su participación en robos, atracos, extorsiones, secuestros, tráfico de drogas y de armas se manifiesta en el país y el riesgo de eso es que puedan enraizar sus tentáculos en territorio boliviano; las autoridades lo saben, por eso toman acciones.

Son al menos cinco hechos delictivos —uno de ellos ocurrido en 2013, otro en 2016 y cuatro en lo que va de esta gestión, en Santa Cruz y Pando— que involucran a miembros de esos dos cárteles brasileños. (Ver detalle en la infografía)

Esa presencia preocupa, admite el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien, sin embargo, aclara que esos hechos delictivos fueron perpetrados por emisarios y descarta que estos grupos violentos se hayan establecido para operar en la jurisdicción nacional.

Romero basa su afirmación en el hecho de que “no hay un interés estratégico directo (de estas organizaciones) de instalar una estructura en Bolivia. El país sirve para lo que se ha utilizado hasta ahora, para un territorio de tránsito”. Y eso se debe a que la nación no es precisamente productora de droga, como México o Colombia, ni hay un control sobre los mercados de comercialización, como ocurre en Brasil.

“Siempre tenemos que estar preocupados por lo siguiente: el fenómeno delictivo no tiene fronteras, por eso son delitos transnacionales; no es que vamos a estigmatizar a peruanos, brasileños o colombianos, el fenómeno delictivo es social y de mercado, se mueve en función del costo-oportunidad”, dice el ministro.

Sin referirse específicamente a Bolivia, agrega que los estados “pueden, sin querer”, brindar condiciones favorables al delito, o también generar una suerte de obstaculización del desarrollo de la actividad criminal; “a eso se llama el fenómeno del efecto globo, que significa que el delito se desplaza a los lugares donde hay menos presión o hacia los lugares donde hay un mejor costo-oportunidad”.

El exministro de Gobierno Saúl Lara coincide en que si bien estos cárteles no se han establecido en el país, como sucede en Colombia, México o Perú, su actividad en territorio boliviano es notoria y preocupante, y dice que en la medida en que no se combata al narcotráfico seguirán expandiendo sus acciones, con consecuencias para la sociedad, por la violencia que pueden ejercer, y porque, igual como sucede en esos países, pueden perforar la institucionalidad política, judicial y policial.

Y el escenario en Bolivia es propicio —complementa el analista en materia de seguridad Samuel Montaño— porque la justicia es débil, lo mismo que la estructura de la Policía Boliviana.

Las autoridades nacionales identificaron que la actuación de los emisarios del PCC y CV se focaliza en zonas donde la presencia institucional del Estado es débil, es decir, la Chiquitanía, la Amazonía o el Chaco.

Esas regiones —afirma Romero— son vulnerables a la instalación de laboratorios de cristalización de cocaína porque son extensas en territorio y con pocos habitantes. Pero, además, las ciudades intermedias como Roboré o capitales, como Cobija (Pando), donde se suscitaron hechos delictivos recientemente, también son atractivas para otro tipo de delitos por la escasa presencia policial.

Igual opina Montaño, quien dice que estos grupos pueden amedrentar a la población con su armamento. Y en ese caso, asegura, poco pueden hacer los efectivos policiales, no solo porque su presencia en cuanto a cantidad es reducida, sino porque no están preparados para responder a este tipo de delincuentes, que no son comunes.

Si bien la actuación de los emisarios del PCC y del CV está fundamentalmente vinculada al narcotráfico, éstos realizan otras actividades, con el fin de financiarse. “Aseguran contactos para, eventualmente, la provisión y tráfico de armas, realización de atracos dirigidos a capitalizar el cártel para el trasiego de droga o para la contratación de servicios, que pueden ser pilotos, avionetas para vuelos irregulares, transporte y logística”, sostiene Romero.

TAREA. Y es que este tipo de grupos se asemeja a una organización empresarial que financia la adquisición de materia prima (pasta base de cocaína), compra de insumos (para la cristalización), transporte y búsqueda de nuevos mercados.

“Infelizmente”, complementa Lara, estas organizaciones generan actividades colaterales o afines, unas dedicadas al blanqueo de dinero, pero también acciones violentas como la de los sicarios, que protegen, cobran cuentas o llevan adelante operaciones del tráfico, venta o importación de droga y armas. Y su pelea por el control del mercado de estupefacientes en territorio brasileño, según Romero, hace que estos grupos intensifiquen su presencia no solo en el país sino en Paraguay.

Y eso se pone de manifiesto porque los atracos sufridos en Roboré, Santa Cruz, con la remesa de Brinks y a la empresa de caudales Prosegur, en Ciudad del Este, principal centro de comercio de Paraguay, tienen cuatro características comunes: primero, que detrás de estos hechos hay una organización criminal estructurada; segundo, tienen alta capacidad militar y de manejo de armas de grueso calibre; tercero, hacen una planificación adecuada de un atraco, con el seguimiento correspondiente, y, cuarto, tienen información local. Con todo ello, asegura Romero, perpetraron golpes en zonas donde la presencia policial es débil.

Pero no solo eso; en el caso boliviano hay colaboración local, aunque no necesariamente de redes que hayan sido establecidas por ellos. “No es posible que delincuentes extranjeros actúen sin colaboración local, eso es imposible, y consiguen esa ayuda, pero hasta ahora, en nuestra experiencia, ha sido  específica vinculada a los golpes que han planificado”, expresa Romero.

Y frente a este tipo de hechos, toca actuar. Según el Gobierno, las acciones de combate a los cárteles brasileños deben partir del propio Gobierno de Brasil, con el que Bolivia colaborará “en el marco de nuestra responsabilidad común con las acciones que sean necesarias en territorio boliviano para evitar que estos cárteles nos utilicen como un territorio de refugio o de complementación de sus actividades criminales y lo mismo tendrá que suceder con Paraguay, Perú y Chile”, afirma el ministro.

Con ese fin, las policías de los dos Estados se reunieron el viernes 27 de abril en Santa Cruz y acordaron realizar megaoperativos en la región fronteriza; pero la ejecución de esas acciones requiere de decisiones a nivel político, que Romero espera que avancen rápidamente. “Por nuestra parte, estamos listos porque, obviamente, los comandantes (de las policías) han intercambiado información, saben lo que hay que hacer; operativamente, está más o menos planificado.

Depende de las decisiones políticas”. Y apela a una reunión de alto nivel con el Ministerio de Justicia, que es el par de su despacho en la vecina nación, para que se puedan agilizar esas decisiones.

DILIGENCIAS. Si todo avanza con celeridad, se espera que el primero de estos megaoperativos se ponga en marcha en Corumbá (Brasil), frontera con Puerto Suárez (Bolivia), en unas dos semanas.

Para ello, la apuesta es que se desarrollen “operativos sincronizados”, que implican que las policías de ambos países tendrán oficiales de enlace, quienes intercambiarán información acerca de la composición, los movimientos y las actividades en las que pueden estar involucradas las organizaciones criminales.

Harán un trabajo de inteligencia y seguimiento que permitirá planificar los golpes a estos grupos delictivos, a través de patrullajes, rastrillajes, captura de gente ilegal, por lo que se prevé la participación de las fuerzas antidrogas, anticrimen, Migración, Aduana, precisa Romero.

A fin de que estas intervenciones sean exitosas se las realizará de manera simultánea en diferentes poblaciones, pues ello impedirá el desplazamiento de los delincuentes.

“Los operativos tienen que hacerse en anillos que ataquen y cierren la posibilidad de escapatoria en lugares más o menos amplios”, precisa el ministro. Para que la información a estas bandas no se filtre, los dispositivos de seguridad serán rotatorios y se dispondrá que las movilizaciones sean sorpresivas.

Pero además de lo que ocurre con los cárteles brasileños, el Gobierno está expectante a lo que sucede en Colombia con el proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país (FARC) “Alentamos que la gente que normalizará su vida en Colombia, pero no descuidamos la posibilidad de que algunos contingentes involucrados en la guerra interna en ese país también puedan reciclarse en actividades criminales”, explica.

Con esto coincide el analista Montaño, quien indica que el proceso de desmovilización en Colombia comenzó hace tres años y dado que la gente fue reclutada en su momento no aprendió otra cosa “que apretar el gatillo”, lo más probable es que éstas migren y busquen trabajos violentos, como el servicio de sicarios, secuestros o asaltos. Hay que estar atentos, concuerdan.

Cárteles y su accionar en otros países

¿Qué caracteriza a un cártel y por qué se descarta que se hayan establecido en Bolivia? El ministro de Gobierno, Carlos Romero, enumera al menos cuatro razones, entre ellas control territorial, de instituciones políticas y estatales, grupos militares y violencia.

Para empezar, los cárteles se hacen del control de determinados territorios, lo que se traduce en una dependencia de la población local a la actividad que desarrolla, es decir, una subordinación laboral y económica al negocio de la droga. “Eso también la convierte en una población cómplice, que ‘legitima’ al cártel y lo defiende militantemente”, manifiesta Romero.

Una segunda característica es que estas organizaciones logran penetrar en la institucionalidad pública y privada local, es decir, en empresas privadas y en el accionar político, pues determinan quién será la autoridad política o financian campañas electorales o se deshacen de los contendores que pueden ser incómodos.

Tercero. Estas estructuras cuentan con dispositivos militares capaces de enfrentarse a las fuerzas del Estado.

Cuarto. Se maneja con sicarios para ajustes de cuentas o vendettas, en caso de compromisos no cumplidos o de acciones de violencia que necesita desplegar.

“En torno al cártel se construye una jurisdicción territorial fáctica, donde la institucionalidad y normativa del Estado son desalojadas de esos lugares”, dice Romero.

Dado que esas condiciones no se cumplen en el país, afirma que esas organizaciones no se establecieron en Bolivia, pero sí hay emisarios que vienen a realizar actividades vinculadas al tráfico de drogas, porque son comercializadores de esos productos.

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Urge volver a pensar la elección judicial

Se vienen los comicios judiciales. Los nuevos altos magistrados deberían empezar su gestión el primer día hábil de 2024. 

Un jurado electoral muestra la papeleta de la elección judicial de 2011. Un pr oceso complejo como pocos, cuestionado por muchos, pero todavía vigente

Por Iván Bustillos

/ 7 de agosto de 2022 / 16:44

El punto sobre la i

En julio ya empezó la planificación de la tercera “Elección de Altas Autoridades Judiciales del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”, informó a Animal Político el vocal del Tribunal Supremo Electoral Francisco Vargas. Planificación que en general incluye “la definición de un presupuesto para la administración del proceso electoral”, y la previsión que hay que hacer para “presupuestar la difusión de méritos de los candidatos y candidatas al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura”, detalló Vargas.

La idea es, dijo, “solicitar el presupuesto requerido para administrar la elección con la antelación debida”; por eso, se tiene previsto “enviar (al Ministerio de Economía) el presupuesto hasta septiembre de este año”.

La elección judicial de 2023 viene precedida por la preocupante característica de las dos anteriores elecciones, de 2011 y 2017: la suma de votos blancos y nulos es superior a la totalidad de los votos válidos.

“Desde el punto de vista de la legitimidad de los elegidos, el resultado fue peor que el de seis años atrás”, señalaba en 2018 el investigador de la Fundación para el Debido Proceso, Luis Pásara, en su informe Elecciones judiciales en Bolivia: ¿aprendimos la lección?

Fue peor porque “la suma de votos en blanco (14,93%) y nulos (50,9%) rozó los dos tercios de los votos emitidos, algo más que en 2011, cuando totalizaron 59,27%. Los votos emitidos por uno o más candidatos descendieron de 40,72% a 34,12%”, destacó entonces Pásara.

Ante la interrogante de si aparte del presupuesto, la próxima elección judicial no amerita otros preparativos, el vocal Vargas señaló que justo ahora el TSE está evaluando “la administración del proceso electoral” para modificar o complementar su trabajo.

REGLAMENTOS.

Además de diseñar un Plan Integral Electoral para cualquier elección, pero ahora enfocado en la Judicial, Vargas adelantó que se ve “la necesidad de actualizar algunos reglamentos” como el de Material Electoral, el Específico para las Elecciones Judiciales, y los protocolos de la Cadena de Custodia y de Medidas de Seguridad Sanitaria, entre otros.

“También consideramos que será necesario revisar el Reglamento de Difusión de Méritos, en este caso se deberá evaluar si los 45 días que establece la ley para la difusión de méritos de los y las candidatas son suficientes, el uso de las redes sociales en campaña, entre otros”, destacó el vocal.

Las últimas elecciones judiciales tuvieron lugar el 3 de diciembre de 2017; teóricamente, las de 2023 deberían ser por la misma fecha. Con todo, Vargas aclara que son dos los grandes pasos que se debe dar: el primero, que la Asamblea Legislativa convoque al “proceso de postulación y preselección” de aspirantes; y, segundo, “después de 25 días de esta convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral debe emitir la convocatoria al proceso electoral y publicar el calendario donde se fije la fecha de la elección”.

Pero he aquí el límite: ambas convocatorias deben garantizar que las nuevas autoridades electas deben ser posesionadas “antes de la conclusión del mandato de las autoridades salientes”, y las actuales autoridades “terminan su gestión el 31 de diciembre de 2023”; de modo que las funciones de los nuevos altos magistrados empezarán “el primer día hábil de 2024”, precisa fechas el vocal del TSE.

En cuanto a los plazos, Vargas indicó que la fase de preselección, “a cargo de la Asamblea”, debe durar no más de 80 días calendario; y la organización de la “votación popular”, en manos del TSE, debe efectuarse en al menos 90 días calendario. Ahora, dada la complejidad de esta elección, Vargas se anima a afirmar que “lo óptimo” sería contar con el doble, 180 días.

Hay un hecho que en 2023 adquirirá un enorme significado, acaso trágico: los candidatos que al final designe la Asamblea Legislativa, para ir a la votación popular, deben ser designados por dos tercios del Parlamento.

Dado el encono político existente entre el MAS y CC-Creemos, que se vio en la hasta ahora fracasada elección del Defensor o Defensora del Pueblo, la dificultad prácticamente se multiplicará por 52 (candidatos a altos jueces, titulares y suplentes, que se debe elegir el próximo año). Si no pudieron lograr los dos tercios con una…

Y es que el mecanismo de los dos tercios funcionó para las dos anteriores elecciones judiciales (2011 y 2017) porque el MAS contaba con este caudal de votos; ahora no para 2023.

Al margen del ideal “voto informado” con que la ciudadanía tendría que elegir a los altos magistrados, desde la primera elección, de 2011, el blanco de los cuestionamientos fue el mecanismo de la preselección, en manos de la Asamblea.

Como apunta el Informe Final de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), Misión dirigida entonces por el excanciller de Ecuador Guillaume Long, “en 2016, se llevó a cabo la Cumbre Nacional de la Justicia Plural que convocó a la población a aportar ‘propuestas para construir un nuevo modelo de justicia’. Una de las conclusiones de la Cumbre fue fortalecer el proceso de preselección de las altas autoridades judiciales, así como el reglamento de preselección”.

AVANCES.

Con la experiencia de 2011, para las elecciones de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó un “Reglamento para la preselección de las altas autoridades judiciales”. La MOE de la OEA destacaba tres novedades: 1) la participación de académicos y especialistas propuestos por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) para la formulación de las preguntas de los exámenes; 2) prohibiciones expresas para postular, como, por ejemplo, el parentesco cercano a altas autoridades del Ejecutivo y Legislativo; y, 3) requisitos de no militancia política de los candidatos.

Para 2017 también se tuvo que modificar sobre la marcha el reglamento y generar una ley que estableció un “régimen excepcional y transitorio para la preselección”, pues la convocatoria para el Tribunal Constitucional y el Supremo de Justicia tuvo que ser declarada desierta (en junio) porque en algunos departamentos no había la cantidad suficiente de postulantes que cumplieran los requisitos de paridad de género (50% debían ser mujeres) y representación indígena (al menos un candidato indígena en cada departamento); la norma fue flexibilizada. Este hecho motivó que la elección fuera postergada del 22 de octubre al 3 de diciembre de 2017.

La preselección en manos de la Asamblea. Aquí no está demás la protes testa que al respecto hizo el exdiputado Fabián Yaksic en su libro Interpelación silenciosa del voto blanco y nulo. Análisis y resultados de las elecciones de autoridades judiciales. (Muela del Diablo, La Paz, 2012).

Yaksic acusa al MAS y Podemos de haber pactado la introducción del sistema de preselección por dos tercios en la Asamblea, contra lo que señalaba la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro en diciembre de 2007. Hay que recordar que en octubre de 2008, el Congreso de entonces asumió el rol de Constituyente modificando en parte el proyecto de Constitución de Oruro. Los acuerdos MAS-Podemos se dieron para viabilizar la ley de convocatoria al necesario referendo constitucional que debía venir para cerrar la reforma total de la Carta Magna.

El mecanismo de preselección que contenía la Constitución de Oruro, detalla Yaksic, era el “Control Administrativo Disciplinario de Justicia” (el actual Consejo de la Magistratura). Era esta instancia la que debía ser la que preseleccione a los aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Agroambiental, para luego remitir las listas al “Consejo Electoral Plurinacional”, el actual Órgano Electoral.

“Sin duda ésta era una alternativa institucionalmente interesante destinada a precautelar la independencia del Órgano Judicial y evitar la injerencia de los partidos políticos. Sin embargo, el pacto entre el MAS y Podemos modificó esta modalidad y se volvió al escenario de los partidos políticos estableciéndose hoy que sea la Asamblea Legislativa Plurinacional la que preseleccione las candidaturas”, remarca Yaksic en su texto.

Con respecto a la preselección de los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional, el proyecto de Constitución de Oruro ciertamente se contradice, afirma Yaksic: por un lado (artículo 199), dispone que se siga el mismo procedimiento efectuado con el Supremo de Justicia, pero el artículo 159 establece que una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa es “preseleccionar a las candidatas y a los candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

SOCIEDAD CIVIL.

Ahora, si la preselección de los candidatos a los tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental estaba en manos del Control Administrativo Disciplinario de Justicia (actual Consejo de la Magistratura), ¿cómo se preseleccionaba a los miembros de dicho Control? Es aquí, como dice Yaksic, que los constituyentes “fueron más allá” del marco institucional estatal, pues “definieron que los candidatos a esta instancia del Órgano Judicial sean propuestos por organizaciones de la sociedad civil” (artículo 195), aunque, no deja de apuntar el autor, el proyecto de Oruro “no especificaba ni la metodología ni quiénes serían las ‘organizaciones de la sociedad civil’”.

A menos de un mes de haber asumido la presidencia Luis Arce Catacora (el 8 de noviembre de 2020), el ministro de Justicia, Iván Lima, y la alianza opositora Comunidad Ciudadana, a fines de noviembre coincidieron en que era urgente la reforma parcial de la Constitución apuntando, precisamente, al cambio de la forma de elección de las altas autoridades del sistema judicial.

Lima constituyó un Consejo de Notables (juristas), cuya principal labor sería elaborar una ley de reforma parcial de la Constitución, la cual, se decía, incluso tendría que estar lista hasta antes de fin de año, para que pueda ser aprobada por la Asamblea Legislativa, y así adelantar el proceso. Lima apuntó entonces que la propuesta del Ministerio de Justicia era concentrarse en tres cambios: modificar la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, definir mejor el papel del Tribunal Agroambiental, y constitucionalizar la independencia de los jueces. Aunque la propuesta ministerial no precisaba si se debía o no abolir la elección por voto ciudadano de los altos magistrados.

En el caso de Comunidad Ciudadana, su propuesta era volver la elección a la Asamblea Legislativa, pero modificando la preselección. El proyecto de ley de CC, explicó entonces su jefe de bancada, Carlos Alarcón, incluía establecer en la Constitución el Consejo Ciudadano de Notables, conformado por representantes de universidades, colegios de abogados, periodistas, entidades empresariales, organizaciones laborales e indígenas. Según CC, sería este Consejo que evalúe a los postulantes y envíe ternas a la Asamblea, la cual estaría obligada a elegir a los magistrados de entre dichas ternas.

Con todo, ni el Gobierno ni CC persistieron en materializar sus propuestas al punto de plantear un mecanismo o iniciativa concreta de reforma parcial de la Constitución.

Quienes sí están dando pasos prácticos en dicha reforma parcial son los denominados “Juristas Independientes”, que a fines de julio presentaron al TSE su propuesta de reforma a fin de que éste les entregue los libros para recabar alrededor de 1,5 millones de firmas, para que, mediante esta “iniciativa popular” de reforma parcial de la Constitución, su planteamiento sea puesto a referendo ciudadano. Su propuesta tiene tres pilares: 1) Establecimiento de un nuevo sistema de selección y elección de magistrados, manteniendo el voto popular, 2) La inscripción de un porcentaje mínimo de presupuesto para el Órgano Judicial, y 3) La revitalización de la justicia indígena y la incorporación de la justicia de paz. Respecto al primero, proponen la creación de una Comisión Nacional de Postulaciones, compuesta por nueve integrantes, la cual deberá ser la que convoque, califique y elabore ternas de postulantes y las remita a la Asamblea Legislativa, misma que por dos tercios de voto debería designar a los candidatos a ser sometidos al voto ciudadano.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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La tierra ¿distopía (*) para los rurales?

Ver la cuestión de la tierra en Bolivia es como leer ficción, pero es real.

/ 7 de agosto de 2022 / 16:42

DIBUJO LIBRE

En el país, los rurales siguen siendo ninguneados, más aún los que no poseen tierra.

Ellos son estigmatizados por los vecindarios antiguos, afines al movimiento cívico cruceño, como los avasalladores, bloqueadores y “masistas” en las poblaciones del Norte Integrado y la Chiquitanía cruceña. Pero, el soslayo, la inadvertencia y la despreocupación por los campesinos e indígenas y por la cuestión de la tierra, parecen estar hospedadas incluso en la dirigencia nacional. El 22 de enero de 2022, ningún orador indígena exhortó al Presidente del Estado a priorizar la resolución del tema tierra, ni mucho menos investigar los favorecimientos a empresarios ganaderos benianos durante el gobierno de Jeanine Áñez en 2020. La indiferencia con la cuestión de la tierra y con asuntos estructurales de país es latente, también, en las reuniones de las confederaciones; ahí solo apuntan a cuestionar el desempeño de los funcionarios nacionales. El desapego es similar en las reuniones departamentales.

Sin embargo, en las reuniones locales, la preocupación con el tema tierra es constante y candente. Los dirigentes de base en el departamento de Santa Cruz, con papeles en mano, exponen a los dirigentes nacionales que les visitan las denuncias, y a pesar de haberlos oído desde la testera, éstos llegando a La Paz se abstienen de ser catalizadores.

Aquellos inadvertidos hombres desarrollaron, por propia cuenta, pleno conocimiento del papeleo de los litigios en el Tribunal Agroambiental (TA); conocen al día cómo está desarrollándose un proceso contencioso en Sucre que creen que favorecerá a los latifundistas, y pese a ello no bajan la guardia; aúnan esfuerzos para pagar a cotizados abogados en Sucre, incluso sin ser parte legal de los juicios contenciosos: todo con la ilusión de que un magistrado benévolo se incline a cuestionar un saneamiento favorecido por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Se aventuran porque, algunos, formalizaron sus solicitudes de dotación anterior al primer gobierno de Evo Morales.

Otros diligentes campesinos recurrieron a inusuales y esquivas acciones durante años para mantenerse en las remotas florestas chiquitanas que consideraban tierras fiscales. Posterior a sendos papeleos y de movilizaciones, el INRA rechazó los trámites porque había varios peticionantes a la misma área (predio) y que además unos estaban en contenciosos administrativos en Sucre y otros se ventilaban en las salas constitucionales. Así pasaron los años de la incerteza del acceso a la tierra.

Año tras año el INRA incumplió con su tarea de inscribir las tierras fiscales en Derechos Reales, tal cual le obliga el artículo 345 del Reglamento Agrario vigente. Ante esa indecisión y retardo recurrente, los sagaces y potenciales detentores presentaron sendos memoriales al TA para impugnar la declaratoria de tierra fiscal a favor del Estado. Dichos procesos demoran años entre idas y venidas de chicanas. Mientras tanto, los denominados avasalladores intentan consolidarse en tierras en litigio.

En casos inusuales, el INRA concretó dotaciones después de una indefinida espera y cuando los miembros iniciadores desistieron por la prologada escabrosidad: otros se beneficiaron. El dirigente que persistió aprovechó la coyuntura realizando cobros a codiciosos poseedores de parcelas individuales tituladas.

¿Qué más ocurrió? En mayo de 2000, el presidente Banzer aprobó una nueva reglamentación agraria, transfiriendo adjudicaciones a las empresas privadas agrimensoras, para que realicen los trabajos de campo del saneamiento de tierras, a fin de que ellas presencien en el lugar de los hechos a los poseedores de tierras, constaten si ellos cuentan con documentos de propiedad, inventaríen los inmuebles, los equipamientos, las áreas agrícolas y pecuarias, cuantificándolas en detalle, midan el perímetro de las posesiones declarada por los interesados y socialicen los resultados, consensuando con los aledaños. Los detentores tuvieron una excepcional oportunidad para afianzar sus posesiones pactando con sagacidad con los funcionarios privados.

En ese entonces, los detentores irradiaron sus técnicas de perspicacia, contactándose con los funcionarios que realizaban los trabajos de campo, repartiendo prebendas a diferente escala, desde gerentes hasta técnicos primerizos que recorrían inhóspitas tierras, aproximándose con dirigentes sindicales que pueden congeniar sus intereses y congraciándose con los funcionarios del INRA, para que las beneficiosas planillas de campo hechas por privados sean aprobadas en los informes técnico- jurídicos con prontitud.

Esos formularios y fichas que estos presuntos propietarios se hicieron llenar, hoy son considerados fundacionales de su derecho y, por tanto, de la violación de su seguridad jurídica ante los tribunales y ante los cuestionados papeleos del INRA. En 2007, el informe del exviceministro Alejandro Almaraz constató que los formularios de uno de los predios de Branko Marinkovic tenían ceros aumentados con otro bolígrafo, es decir, de 100 daba a entender que se trataban de 1.000. Este tipo de hechos es más que normal en los papeleos de campo de aquella época de saneamiento.

En 2004, Marinkovic declaró poseer 4.000 ganados, pero las imágenes satelitales demostraban que no había mejoras humanas en dicho predio aquel año. Entonces, mientras los delicados trabajos de saneamiento de las tierras eran ejecutados por las empresas, la misión del INRA aparentaba ser innecesaria. ¿Marinkovic es tan poderoso? Un funcionario me dijo en voz baja que ‘nadie se atreve a hurgarlo’, ¿será así? Leí memoriales del INRA enviadas al TA con tres líneas de petición que no dicen nada, afirman remitirse a las carpetas. En otras palabras, avalan el saneamiento concluido en el gobierno de Áñez. No es extraño que un determinado funcionario con poder de representar a un ministro o a un director, firme un memorial con ese tenor porque fue servidor público de los periodos cuestionados.

La tierra, la tierra. La cuestión es cómo leer ficción, pero es real. Vi una resolución suprema original de 1976 firmada por Hugo Banzer y Natusch Busch, que dotó más de 3.000 hectáreas a una familia en la Chiquitanía, prohibiendo su venta, pero 30 años después fue vendida a menonitas; éstos en la gestión del gobierno de Áñez se beneficiaron con más de 31.000 hectáreas de dotación: habían comprado el título extendido por Banzer. Si esto parece ficción, hay otras historias más ficcionales. La biblioteca del Banco Central custodia el “Padrón general de concesiones de tierras del Estado de 1925 a 1936”; según el documento, los hermanos Suárez, sucesores en junio de 1926, recibieron la concesión de 2.485.641 hectáreas para actividades gomeras. Así, alguien podrá contar más historias ficcionales, pero narradas en la vida real, para quienes ni imaginamos al tamaño de estas extensiones de tierras. Por ejemplo, en la gestión 2020, el INRA extendió 45.166 títulos agrarios para comunidades campesinas del departamento de La Paz en tan solo 10.186 hectáreas. El minifundio se consolidó con 2.300 metros cuadros en promedio por cada título agrario.

(*) Distopía, representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Lo contrario a Utopía.

(*)Wilbert Villca L. es sociólogo

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Marx, crítica a los ‘gobiernos técnicos’

Los gobiernos ya no discuten qué orientación económica tomar. Ahora las orientaciones económicas hacen nacer gobiernos.

/ 7 de agosto de 2022 / 16:42

DIBUJO LIBRE

Muy pocos saben que, entre los muchos temas a los que dedicó su interés, Karl Marx también se ocupó de la crítica a los llamados “gobiernos técnicos”. En calidad de periodista de la New York Tribune, uno de los diarios con mayor difusión de su tiempo, Marx observó los acontecimientos político-institucionales que llevaron al nacimiento de uno de los primeros casos de “gobierno técnico” de la historia: el gabinete Aberdeen, que duró en el gobierno de Inglaterra de diciembre de 1852 a enero de 1855.

El análisis de Marx se caracterizó por la sagacidad y el sarcasmo. El Times celebró el acontecimiento como signo del ingreso de Inglaterra “a una época en la que el espíritu de partido está destinado a desaparecer y en la que solamente el genio, la experiencia, la laboriosidad y el patriotismo darán derecho al acceso a los cargos públicos”. El periódico londinense pidió para el gabinete Aberdeen el apoyo de los “hombres de todas las tendencias”, porque “sus principios exigen el consenso y el apoyo universales”. Argumentos similares se utilizaron en febrero de 2021, cuando Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, se convirtió en primer ministro de Italia.

En un artículo de 1853, “Un gobierno decrépito. Perspectivas del gabinete de coalición”, Marx se burló de la pretensión del Times de calificar de “técnicos” a los representantes del poder dominante, que tenían una agenda eminentemente política. Lo que el principal periódico británico consideraba un modelo moderno y convincente era una farsa para él. Cuando el Times anunció “un ministerio compuesto enteramente por personajes nuevos, jóvenes y prometedores”, Marx declaró que “el mundo quedará un tanto estupefacto al enterarse de que la nueva era de la historia está a punto de ser inaugurada nada menos que por gastados y decrépitos octogenarios, burócratas que han venido participando en casi todos los gobiernos habidos y por haber desde fines del siglo pasado, asiduos de gabinete doblemente muertos, por edad y por usura, y sólo con artificio mantenidos con vida”.

Junto a los juicios de las personas hubo otros, de mayor interés, sobre sus políticas. Marx se preguntó: “Cuando nos promete la desaparición total de las luchas entre los partidos, incluso la desaparición de los partidos mismos, ¿qué quiere decir el Times?”. La cuestión es, desgraciadamente, demasiado actual hoy en día. La separación entre lo ‘económico’ y lo ‘político’, que diferencia al capitalismo de modos de producir que lo precedieron, parece haber llegado a su clímax. La economía no solo domina la política, estableciendo su agenda y dando forma a sus decisiones, sino que se encuentra fuera de su jurisdicción y control democrático, hasta el punto de que un cambio de gobierno ya no cambia las direcciones de la política económica y social. Esas deben ser inmutables.

En los últimos treinta años, el poder de decisión ha pasado de la esfera política a la económica. Determinadas opciones políticas se han transformado en imperativos económicos que disfrazan un proyecto altamente político y reaccionario tras una máscara ideológica apolítica. La traslación de una parte de la esfera política a la economía, como un ámbito separado e impermeable a las demandas sociales, el paso del poder de los parlamentos —ya suficientemente vaciados de valor representativo por los sistemas electorales mayoritarios y por la revisión autoritaria de la relación entre poder ejecutivo y poder legislativo— a los mercados y a sus oligarquías, constituyen serios obstáculos para la democracia en nuestro tiempo. Las calificaciones de Standard & Poor’s o las señales procedentes de Wall Street—esos enormes fetiches de la sociedad contemporánea— valen harto más que la voluntad popular. En el mejor de los casos, el poder político puede intervenir en la economía (a veces las clases dominantes lo necesitan para mitigar las destrucciones generadas por la anarquía del capitalismo y la violencia de sus crisis), pero sin que sea posible discutir las reglas de esa intervención, ni mucho menos las opciones de fondo.

Un representante destacado de esta política fue el ex primer ministro italiano Draghi, que durante 17 meses lideró una coalición muy amplia que incluía al Partido Democrático, a su viejo enemigo Silvio Berlusconi, a los populistas del Movimiento Cinco Estrellas y al partido de extrema derecha Liga Norte. Detrás de la fachada del término “gobierno técnico” — o, como se dice, “gobierno de los mejores” o “gobierno de todos los talentos”— se esconde la suspensión de la política. En los últimos años, se ha llegado a sostener que no se deben conceder nuevas elecciones tras una crisis política; la política debe ceder todo el control a la economía. En otro artículo de 1853, “Operaciones de gobierno”, Marx afirmó que “el gobierno de coalición (‘técnico’) representa la impotencia del poder político en un momento de transición”. Los gobiernos ya no discuten qué orientación económica tomar. Ahora las orientaciones económicas hacen nacer a los gobiernos.

En los últimos años, en Europa se ha repetido el mantra neoliberal de que para restablecer la “confianza” de los mercados, era necesario avanzar rápidamente por el camino de las “reformas estructurales”, una expresión que ahora se utiliza como sinónimo de devastación social, es decir: reducción de salarios, revisión de los derechos laborales en materia de contratación y despido, aumento de la edad de jubilación y privatizaciones a gran escala. Los nuevos “gobiernos técnicos”, encabezados por individuos con antecedentes en algunas de las instituciones económicas más responsables de la crisis económica, han seguido este camino, afirmando que lo hacen “por el bien del país” y “el bienestar de las generaciones futuras”. Además, el poder económico y los grandes medios de comunicación han intentado silenciar a cualquier voz disonante del coro.

Draghi ya no es el primer ministro italiano. Su mayoría ha implosionado debido a los diferentes intereses de los partidos que le apoyaban e Italia irá a elecciones anticipadas el 25 de septiembre. Si la izquierda no quiere desaparecer, debe tener el valor de proponer las respuestas radicales necesarias para salir de la crisis. Los últimos que pueden llevar adelante una agenda política ecológica y socialmente transformadora son los “técnicos” —en realidad muy políticos— como el banquero Mario Draghi. No se le echará de menos.

(*)Marcello Musto es sociólogo, profesor en la York University (Canadá)

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Nadie quiere hablar de racismo

El autor presenta un nuevo libro en la FIL, ‘El racismo en Bolivia’; toca un tema incómodo para los bolivianos.

/ 7 de agosto de 2022 / 16:41

SALA DE PRENSA

Pensemos en lo que ocurre cotidianamente en un barrio de la ciudad de La Paz, la zona Sur. En el día, pueden verse personas de diversos orígenes étnicos, con diferentes apariencias físicas y vestimentas, recorriendo las calles. Un observador desavisado no podría establecer si las diferentes categorías humanas observables cumplen funciones distintas o no. Pero esto se le hará evidente tarde o temprano.

Al atardecer, los miembros de uno de los grupos llegarán a las esquinas de las avenidas, tomarán vehículos, se irán rumbo a otras partes de la ciudad a pasar la noche. Lo que significa que si durante la jornada este grupo permaneció en esta área lo hizo en calidad de fuerza de trabajo, cumpliendo distintas tareas para los que vivían en el barrio.

Éstos, por su parte, constituyen un grupo étnico-racial evidentemente diferente del primero. Sus miembros llenan las oficinas, los cafés, restaurantes, bares y supermercados que proliferan en este lado de la ciudad, trabajan, consumen y se entretienen. Al caer la noche, vuelven a sus casas situadas casi siempre en la misma zona Sur.

Hemos descrito un fenómeno que ocurre en todas las urbes del mundo, pero con una peculiaridad en este caso: la diferencia entre quienes “migran” cada día al enclave urbano privilegiado y quienes lo habitan no solo es económica ni puramente educativa. Como ya vimos, es, además, una diferencia étnico-racial. Unos son “descendientes indígenas”, lo que significa que si bien se han mestizado a lo largo del tiempo, el núcleo de su identidad está aún determinado por la suma de una pigmentación, una apariencia y unas formas culturales que la sociedad tiende a despreciar. Los segundos, en cambio, son “descendientes blancos”, lo que implica que la sociedad les reconoce una diferenciación positiva. Ellos viven en la zona Sur, que es uno de los barrios más distinguidos, acomodados y lindos de la ciudad. Ellos no hacen trabajos desagradables y penosos. Ellos llevan un estilo de vida moderno, con acceso a películas, modas, franquicias y usos del tiempo libre globales.

Habiendo sido criado en esta realidad, durante mucho tiempo se me antojó la forma natural de la vida social y, por tanto, no me cuestioné la asociación entre ciertas condiciones contingentes (acomodo económico, mayor instrucción, uso del español, etc.) y un tipo de nacimiento. Tuve que salir al extranjero, a Montevideo, para recién reparar en este asunto. Recuerdo que allí me sentí impactado por la disociación entre blancura y buen pasar, así como por el hecho de que algunos trabajos serviles fueran realizados por mano de obra blanca. Aun así, tendrían que pasar muchos años antes de que lograra articular este descubrimiento en una concepción de la sociedad boliviana.

Los paceños del sur; los cochabambinos que viven en la zona Norte de su ciudad; los tarijeños, cruceños y sucrenses que lo hacen en sus respectivos “centros”, etc., forman una identidad dotada de una serie de atributos, entre los que se encuentra el no ser indígena. Igual que yo en mi niñez, han aprendido a definirse en dirección antagónica a lo indio y lo que significa (ser pobre, trabajar con las manos, desconocer los rudimentos de la cultura europea, no hablar bien el español, etc.)

Esta identidad — que se llama públicamente “mestiza” o “boliviana”, pero que se piensa a sí misma como la suma de “ser de clase media” y “ser decente (es decir, blanco)”— es muy difícil de descomponer en sus partes constitutivas. Una larga inculturación le ha dado a todos sus elementos un sello étnico-racial. La conclusión de esto es que muy raramente los miembros de este grupo buscarán diferenciarse solamente en base a su dinero, su cultura, sus tipos conspicuos de consumo, etc. Normalmente se diferenciarán también por su “blanquitud”, considerada una de las dimensiones de su existencia social.

Esto impele a los descendientes blancos a afirmar, siempre y en todo lugar, su ventaja étnico-racial. Ningún descendiente blanco hará abstracción de ésta a lo largo de su vida. Tendrá esta ventaja siempre presente, en todas las instancias y etapas de su socialización.

Por estas razones, los descendientes blancos no se relacionan amistosamente ni menos afectiva y sexualmente con descendientes indígenas. Que un joven del Colegio Alemán se convierta en el novio de una chica que vive y estudia en El Alto simplemente resulta imposible. No hay forma de que ambos se crucen en sus respectivas trayectorias vitales.

Los descendientes blancos no quieren descendientes indígenas en sus grupos de amigos, en sus colegios, en sus clubes sociales, en sus condominios, porque esto les haría perder su identidad prestigiosa, cuestionaría su pertenencia al grupo que forman con los descendientes blancos de cualquier otra parte. También han aprendido a ver a los descendientes indígenas como empleados y sirvientes, no como amigos, colegas y confidentes. Entonces, su presencia autónoma cerca suyo los sume, por lo menos, en la incomodidad.

De esta afirmación de un grupo respecto del otro emerge el racismo cotidiano, que se expresa de muchas maneras: derechos de admisión, desprecio a ciertos apellidos y comportamientos, separación y segregación de los hijos, designaciones inferiorizantes, etc.

La carga de la identidad indígena también es enorme. Los descendientes indígenas son inducidos a interiorizar la desvaloración que hace la sociedad de sus atributos. Los efectos de esta operación repetida masivamente a lo largo de los siglos sobre su personalidad y autoestima son incalculables. Muchas características de la personalidad del boliviano (suponiendo que tal cosa exista), tales como la desconfianza mutua o la actitud pasivoagresiva, se deben a este trauma cotidiano. Así como los descendientes blancos asocian indisolublemente sus atributos socioeconómicos positivos y su blanquitud, así los descendientes indígenas hacen una aleación irrompible entre sus carencias y su indigenidad. Ser indio, entonces, solo es motivo de orgullo y celebración en el terreno político. En la cotidianidad, la forma más extendida del racismo es la del descendiente indígena contra sí mismo y se traduce en el afán de éste de “superar” su identidad despreciada. Así, cuando adquiere atributos tradicionalmente asociados a la blanquitud, como la riqueza y la educación, busca de inmediato dejar de ser indio. Este “blanqueamiento” es profundamente alienante y, también es, claro está, racista.

Como el racismo es el resultado de las creencias de las personas acerca de sí mismas y acerca de las demás, hablar de racismo siempre es incómodo para todos, estén en un grupo u otro. Mi libro El racismo en Bolivia ya ha comenzado a generar esa incomodidad. Y es que nadie quiere hablar de racismo. Y, sin embargo, hay que hablar de él. Para librarse de un trauma, conviene comenzar por significarlo.

(*)Fernando Molina es periodista y escritor

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Escaños, el otro gran debate del Censo

De los 130 diputados que hay en la Asamblea, 105 son asignados a los departamentos según su población, y solo 25 por equidad.

De los 130 diputados, 105 son asignados a los departamentos por su población, y con 25 se compensa a las regiones de menos gente y menos desarrollo

Por Iván Bustillos

/ 31 de julio de 2022 / 19:40

El punto sobre la i

Desde el 12 de julio, cuando en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA) prácticamente se decidió posponer el Censo hasta el primer semestre de 2024, la polémica se ha concentrado en los ingresos que las entidades territoriales perderían por la postergación de casi dos años; de aquí la idea de crear un fondo de compensación para reparar el “perjuicio” que se les iría a causar.

Poco se ha hablado, sin embargo, de la otra gran problemática que implica el Censo: la futura redistribución de escaños parlamentarios entre los nueve departamentos; la mayor preocupación aquí es que si el Censo tiene lugar en junio de 2024, acaso las cifras oficiales no alcancen a ser publicadas para ser utilizadas en el proceso electoral de 2025. El miércoles 27, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Francisco Vargas precisó que dicha redistribución tendría que estar concluida antes de que el Órgano Electoral emita la convocatoria para las elecciones de octubre de 2025. Para las elecciones del 20 de octubre de 2019, la convocatoria fue publicada a fines de mayo. Revisando la experiencia del Censo de 2012, cuando éste tuvo lugar el 21 de noviembre de 2012, sus Principales Resultados fueron publicados en julio de 2013, ocho meses después.

Con todo, ¿cuánto finalmente se moverá la redistribución de escaños parlamentarios en relación a la actual? En el caso del Senado, indica el Boletín Informativo del OEP, Distribución y Asignación de Escaños (preparado para las elecciones de 2020), se aplica la llamada “igualdad territorial”, que independientemente de su población, cada departamento elige a cuatro senadores. El problema de la redistribución de escaños según la población de cada departamento se presenta en la Cámara de Diputados.

En este punto, el OEP hace un ejercicio ilustrativo: como se ve en el gráfico 2, si solo se tomara en cuenta la población de cada departamento, 71% de los diputados (92 de 130) se los llevarían los tres departamentos del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, quedando para los restantes seis 29% (38 diputados). Por esto, “para preservar que los departamentos menos poblados tengan una representación más equitativa en Diputados”, dice el OEP, se aplica el “principio de equidad”, bajo dos criterios: a) una asignación mínima de escaños a los departamentos con menor población; y, b) otra asignación a los departamentos con menor grado de desarrollo.

Usando las fórmulas que dispone la Ley 421 de Distribución de Escaños entre Departamentos (de octubre de 2013), para la elección de 2020 se vio que esa asignación mínima de diputados a los departamentos con menor población era de cuatro legisladores para cada uno de los departamentos de Potosí, Chuquisaca, Tarija, Oruro, Beni y Pando; un total de 24 diputados. (Ver el cuadro 3 adjunto)

Luego, para aplicar el criterio de “menor desarrollo económico” se acudió al ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) por departamentos vigente (Cuadro 4) y se catalogó a las regiones en dos grandes grupos, uno de desarrollo humano “alto” y otro, “medio”, según se ubicaron por encima o por debajo del índice nacional (0,705), y fue ahí que se vio que el departamento de Potosí era el de menor IDH, y “siguiendo el procedimiento de la Ley 421”, señala el OEP, a Potosí se le asignó un diputado más.

Así, “a partir de la aplicación del principio de equidad, considerando los criterios de menor población y menor grado de desarrollo económico, se asignó un total de 25 escaños de los 130 que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional”, concluye el OEP.

Quedan, entonces, por asignar 105 diputados. Éstos sí se distribuyen “tomando en cuenta la población de cada departamento y la fórmula D’Hondt de divisores por números naturales”. La distribución que “sale” aplicando la fórmula, siempre con base en las cifras oficiales del último censo (2012 para el caso), da: 29 para La Paz, 28 para Santa Cruz, 19 para Cochabamba, 8 para Potosí, 6 para Chuquisaca, 5 para Oruro, 5 para Tarija, 4 para Beni, y 1 para Pando. (Ver cuadro 5)

Llegados a este punto, el cuadro 6 que se les ofrece, amables lector y lectora, “redondea” la combinación de la asignación por población (el principio de proporcionalidad) y por equidad.

Como se puede notar, siempre la base para la distribución de escaños parlamentarios entre los departamentos es la población: solo 19% de los diputados (25) son asignados por el principio de equidad, en tanto que 81% (105) es distribuido por la población de cada cual.

Con todo, como muestra el gráfico 7 adjunto, aplicando los criterios de población y de equidad se obtiene la distribución macro un poco más equilibrada: de los 130 diputados, 76 (58%) representan a los departamentos del eje, y 54 (42%) a los seis departamentos restantes.

Como se puede notar, la “pelea por los escaños” en realidad estará en los 105 asambleístas diputados que se distribuyen por la fórmula de D’Hondt, según la población oficial que dio el último censo. La aplicación de los criterios de equidad es obligatoria.

En el cuadro 1 adjunto se aprecia que en los resultados en porcentajes, el primer lugar lo llevaba La Paz, con 27% del total, seguido muy de cerca por Santa Cruz, con 26,5%; en el censo de 2012, ambos rondaban los 2,7 millones de habitantes cada uno.

Remarcando que solo se trata de un ejercicio, para atisbar lo que puede pasar, no está demás comparar la distribución del censo 2012 con las proyecciones de población del propio INE para 2022.

Siempre advirtiendo que solo es un ensayo, se puede ver que Santa Cruz ahora sería el primer departamento en población, y con una distancia respecto de La Paz mayor que ésta ostentaba en relación a Santa Cruz en 2012. Ahora la distancia sería 28,5% de población boliviana en Santa Cruz, y 25,4% en el departamento de La Paz.

Como se puede observar, comparando las cifras de 2012 y la proyección a 2022, salvo Potosí, que baja en población de 8,2% a 7,6 % (pese a que en términos absolutos aumentó en alrededor de 100.000 habitantes), en la población proyecta para 2022 todos los departamentos tienden a participar de la torta en los mismo porcentajes que en las cifras oficiales de 2012.

En otras palabras: si habrá redistribución de escaños, muy probablemente solo sea entre La Paz y Santa Cruz, siguiendo los otros departamentos con su actual representación.

No es de menospreciar la proyección que hace el INE para 2022, pues los 2 millones más con respecto a 2012 es una tendencia histórica: como dice el INE en sus Principales Resultados del Censo 2012, en los periodos 1976-1992 y 1992-2001 (años de censo), “la población se incrementó en algo más de 1,8 millones de habitantes”; y entre 2001 y 2012, el aumento de los bolivianos y bolivianas fue de poco más de 2 millones. En cuanto a La Paz y Santa Cruz, el INE hace notar que históricamente ambos departamentos van en sentido contrario: si en 1992 Santa Cruz tenía 20% de la población, en 2012 llegó a 27%; en cambio, La Paz, de 30% en 1992 en 2012 bajó a poco más de 26%.

(*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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