Las cifras de muerte de mujeres a causa de abortos clandestinos y la postura moral de “defensa de la vida” concentran el debate sobre el proyecto de ley del Código del Sistema Penal que amplía las causales para el aborto no sancionable.

Hace 45 años que el Código Penal vigente fue aprobado; en su artículo 266 dispone cuatro causales para interrumpir un embarazo; cuando éste sea consecuencia de una violación, de un rapto, de estupro o de incesto.

También se aplica para evitar el peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.

Sin embargo, para que sea posible el aborto se solicitaba que la gestante haya iniciado una acción penal y que un juez autorice la práctica.

Para la activista de Católicas por el Derecho a Decidir Teresa Lanza, este requerimiento era un “candado” y “una trampa por donde se vea”, por la retardación de justicia generalizada en el país y por “posiciones personales de jueces y fiscales que anteponían sus visiones y prejuicios a lo dispuesto por la ley”, lo que ocasionó que en más de 40 años hayan sido pocos los abortos impunes.

Ante esto, en marzo de 2013 la entonces diputada del oficialismo Patricia Mansilla presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta de varios artículos del Código Penal, por ser discriminatorios contra la mujer, entre los que estaba el artículo 266.

En febrero de 2014, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la Sentencia 206/2014 que, entre otros puntos, modifica el artículo 266 y anula el requisito de autorización judicial para acceder a un aborto legal cuando el embarazo se dio por violación, rapto, estupro o incesto.

Con esto, la víctima puede hacer la interrupción legal del embarazo presentando la copia de la denuncia del abuso de que fue objeto.

Ahora, el debate ha vuelto a primer plano con el proyecto de nuevo Código Penal, que amplía las causales del aborto no sancionable.

En ese contexto, hace dos meses los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) presentaron el proyecto de ley del Código del Sistema Penal que en su artículo 157 propone incluir nuevas causales socioeconómicas para el aborto no sancionable, siempre y cuando éste se practique dentro de las ocho semanas de embarazo y por una sola vez.

La norma, que está en su tratamiento en detalle en la Comisión de Constitución, permite la interrupción legal del embarazo cuando la mujer esté en situación de calle o pobreza, tenga más de tres hijos, sea estudiante, niña o adolescente o cuando el feto presente malformaciones incompatibles con la vida.

A decir de la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, el principal argumento para la incorporación de causales para el aborto impune se debe a que esta práctica es un “problema de salud pública” y es la tercera causa de mortalidad materna en el país.

Montaño explicó que la propuesta normativa obedece a un mandato que recibió la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de la citada sentencia constitucional que recomienda la emisión de normas que puedan reducir las tasas de mortalidad de mujeres a causa de los abortos clandestinos.

La autoridad reiteró que cada día unas 200 mujeres acuden a lugares clandestinos para abortar y unas 115 féminas son derivadas a los centros de salud por complicaciones y fallecen más de 500 mujeres al año.

Los datos son parte del estudio de Mortalidad Materna y las estadísticas del censo poblacional de 2012.

Con ese cálculo, Montaño especificó que cada año habrían unas 73.000 interrupciones de embarazo en domicilios o clínicas ilegales.

La asesora coordinadora de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), Elizabeth Salguero, ponderó el proyecto de ley pues incluye causales para el aborto impune y responde al problema de salud pública como la mortalidad materna.

Salguero sostuvo que la normativa recoge las sugerencias de convenios y acuerdos internacionales que piden a los gobiernos revisar la legislación que penaliza el aborto, pues la tercera causa de mortalidad materna son los abortos ilegales.

La Organización Mundial de la Salud considera que el aborto inseguro es un problema de salud pública.

En esa línea, Montaño ratificó que la discusión no es si se está de acuerdo o no con el aborto pues “no es un debate ni moral ni religioso, ya que lo que se busca es prevenir las muertes de mujeres y para ello se debe impedir los abortos clandestinos”.

Dijo que el “verdadero debate” es si en todas las circunstancias se justifica enviar a la cárcel a las mujeres por interrumpir su embarazo.

Salguero señaló que Bolivia es un Estado laico donde se respeta las distintas concepciones religiosas pero los problemas de salud
pública, como el aborto, no tienen que ver con cuestiones éticas, morales y religiosas.

Para la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, la norma que está en debate en el Legislativo “es un avance” para reconocer otras causales para el aborto impune, pero no es suficiente pues continúa penalizándolo.

En ese marco, Novillo ratificó que la propuesta de las organizaciones de mujeres y el movimiento femenino es la “despenalización total del aborto” y que esta práctica sea eliminada del sistema penal y migre al sistema de salud pública integral. Explicó que el aborto al ser considerado como un problema de salud pública podrá desarrollar otras políticas de educación sexual para prevenir embarazos no deseados y acceder a métodos modernos anticonceptivos y a servicios públicos.

La Coordinadora de la Mujer y otras 40 organizaciones e instituciones son parte del Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto.

De acuerdo con estimaciones de las organizaciones, indican que al año hay entre 60.000 y 80.000 abortos ilegales.

No obstante, grupos religiosos rechazan el proyecto de ley que está en tratamiento y piden respetar la vida. La Plataforma por la Vida y la Familia organizó marchas con ese objetivo y prepara otras movilizaciones entre el 18 de mayo y el 2 de junio.

La Plataforma además recolectó hasta ahora 150.000 cartas de ciudadanos que rechazan la práctica del aborto impune.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió varios comunicados en los que expresó su rechazo al aborto, afirmando que la propuesta es inconstitucional en su formulación sobre los delitos del aborto, infanticidio y la muerte asistida. Por ello, exhorta a los legisladores y a la sociedad a defender la vida y solicitó al Estado boliviano proteger “las vidas que comienzan y una familia sustituta”.

El titular del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, afirmó que la legislación sobre el aborto legal “es suficiente” y advirtió que si se aprueba la ampliación de las causales, su sector no cumplirá y apelará a la objeción de conciencia —negativa a acatar leyes, actos, servicios justificando motivos éticos o religiosos— para evitar participar del aborto.

“Desde el punto de vista ético y deontológico ningún médico puede ser inducido a producir la muerte”.

A esto, Montaño aseguró que cuando la norma se apruebe el sistema de salud no puede negarle a las mujeres la interrupción legal del embarazo ni su atención para la realización del aborto por las causales establecidas alegando la objeción de conciencia.

La autoridad señaló que la postura del Colegio Médico de Bolivia no representa a todos los médicos pues los abortos realizados de manera ilegal a elevados costos los efectúan médicos y eso muestra que “existen grandes intereses económicos”.

Cruz dijo que el médico que realiza el aborto ilegal debe ser sancionado y que el gremio no protegerá a ningún médico que cometa el delito.

En tanto, Novillo manifestó que una observación que tienen las organizaciones al proyecto es que el aborto impune se realice dentro de las ocho semanas, porque sobre todo las de menor edad, más aun en casos de violación, y de sectores populares no se dan cuenta de que están embarazadas sino en un periodo posterior.

La directora mencionó que haciendo una comparación con otros países que despenalizaron el aborto o han ampliado las causales, se ha dispuesto un periodo entre 12 y 22 semanas para realizar el aborto.

Ante esto, afirmó que se busca que la legislación nacional se estandarice con normas internacionales.

Novillo añadió que se observa además que el aborto impune solo se efectúe una sola vez porque es “una falta de respeto a las decisiones a las mujeres” sobre su vida sexual reproductiva y porque en adelante se pueden dar otras circunstancias.

La representante de la ONU dijo que la disposición de que la práctica solo se haga una vez “no es realista” porque no se puede garantizar que se produzca un segundo embarazo por una violación u otro motivo.

A decir de Montaño, todas las observaciones planteadas por las organizaciones “serán evaluadas durante el tratamiento del proyecto de ley” en la comisión y en el plenario de la Cámara de Diputados.

Respecto a las observaciones, Salguero afirmó que se espera que se consoliden acuerdos que sean lo “más beneficiosos” para las mujeres, haciendo una comparación con la legislación de otros países sobre el aborto y que sea lo más realista posible para el país.

Formulario permitirá acceder al aborto

El proyecto de ley del Código del Sistema Penal dispone que para que las mujeres puedan acceder al aborto no sancionable por las causales establecidas deben llenar un formulario que avale que están de acuerdo con la práctica, especifiquen la causal y las circunstancias de su decisión.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó que para efectuar la práctica no se requiere otro trámite, requisito o procedimiento previo.

La autoridad especificó que una vez que se promulgue el proyecto de ley, los protocolos y los formularios serán establecidos por el Ministerio de Salud.
Montaño explicó además que cuando la norma entre en vigencia, la realización del aborto impune será gratuita y será una prestación más del servicio público de salud, así como otros servicios que se ofrecen en esa área.

“La norma permitirá que todas las mujeres sin importar qué situación personal o económica tengan, si están dentro de las causales, pueden acceder a la interrupción legal del embarazo y así se rompe la inequidad que hay”.

Montaño señaló que dicha inequidad se da cuando hay mujeres que tienen los recursos para pagar un aborto en una clínica privada y otras que no, y que tampoco pueden acudir al sistema público y corren el riesgo de morir cuando la práctica es clandestina.

El 20 de marzo, La Razón publicó un estudio de la organización la Campaña 28 de septiembre que recopiló en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca 13 historias de mujeres indígenas originarias campesinas que abortaron y un factor común de la práctica fue la pobreza.

La asesora coordinadora de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), Elizabeth Salguero, ratificó que la mayoría de las mujeres que mueren son las que no tienen los recursos para acceder a un aborto en un consultorio privado y acuden a lugares clandestinos y sin condiciones.

Afirmó que la ampliación de las causales para el aborto impune no soluciona el problema del aborto, por ello se debe trabajar en políticas de prevención como el acceso a métodos anticonceptivos, la concientización de la responsabilidad compartida de los hombres y la educación sexual.

Frente al cuestionamiento de un rol supuestamente figurativo del sistema universitario en la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), mediante carta, advirtió que se alejará “en cualquier momento” de dicho proceso si los partidos políticos intentan controlar de hecho a los tribunales evaluadores o interfieren en el trabajo de la comisión de profesionales universitarios. El oficialismo, por su parte, también por carta, ratificó que la labor del equipo académico será “protagónico” y que los criterios que éste emita “se respetarán”.

Descreída, también por carta, la oposición reiteró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizará al sistema universitario como una “figura decorativa” para legitimar una preselección “sesgada” en favor de sus candidatos. Por ello, adelantó una “fiscalización constante” del proceso.

Si hay algo que diferencia a los reglamentos de preselección de 2011 y 2017 es la introducción del Sistema Universitario Boliviano (SUB) como actor de dos tramos (de tres) del proceso de evaluación. De los 100 puntos de calificación, 40 se llevará la “evaluación curricular”, 30 la “evaluación escrita”, y 30 la entrevista; los dos primeros estarán a cargo de la Universidad. Para ello, el SUB designará a ocho académicos.

El secretario ejecutivo de la CEUB, Gustavo Rojas, indicó que la Universidad envió, el 2 de mayo, una carta a las bancadas del Legislativo; en ésta demanda que la labor de la Comisión Universitaria de Académicos debe ser “protagónica y no figurativa”, por lo cual los criterios que emitan tendrán que ser “respetados” por la Asamblea Legislativa para “contribuir de manera efectiva” en la preselección de los candidatos.

Por ello, Rojas dijo que el sistema universitario planteó la firma de “un compromiso o acuerdo nacional” entre los partidos políticos para que, renunciando a sus aspiraciones propias, se comprometan “a respetar el reglamento y los procedimientos propuestos por el SUB asegurando que la población vote para elegir profesionales probos en cuanto a capacidad profesional, solvencia académica y trayectoria transparente”.

“El acuerdo busca que los partidos políticos se comprometan a que no haya interferencias políticas, a que no haya sesgos, ni malinterpretar los resultados que se emitan de las dos evaluaciones en las que la Universidad está a cargo y que las calificaciones de los postulantes sean respetadas en todas las instancias hasta que lleguen a las elecciones del 22 de octubre”, afirmó Rojas.

Caso contrario, el directivo del CEUB advirtió que, según la carta remitida al Legislativo, “en el supuesto no consentido de que sigan vigentes la obsesiva intención de controlar fácticamente los tribunales o interferir con el trabajo de la comisión de profesionales, por parte de los partidos políticos, tendremos que lamentar nuestro alejamiento para no ser cómplices de esa anomalía”.

El ejecutivo alertó que si el sistema universitario ve que “en cualquier momento” existen “interferencias políticas” del oficialismo, de los partidos de la oposición o de cualquier otra instancia en la labor y evaluación de la comisión de profesionales de los postulantes, la Universidad no participará del proceso.

Ante esto, los presidentes de Diputados, Gabriela Montaño, y de Senadores, José Alberto Gonzales, enviaron, el 10 mayo, una respuesta a la institución académica ratificando que el trabajo que efectuarán los ocho integrantes de la Comisión Universitaria de Académicos “será protagónico; por tanto, los criterios que emitan serán respetados en el proceso de preselección de postulantes al Órgano Judicial”.

En la carta del MAS se señala que todos los parámetros de evaluación se basan en criterios técnicos, académicos, de experiencia y de valoración ética que recoge la propuesta del SUB, que tiene experiencia en procesos de evaluación y calificación.

“El hecho de que el Reglamento y sus anexos fueron aprobados en la sesión de la Asamblea Constituye es un tácito compromiso de cumplimiento para todos y cada uno de los asambleístas, lo que garantizará la preselección de profesionales idóneos, meritorios y con trayectoria ética”.

Dicho reglamento fue aprobado, el 29 de abril, tras varias modificaciones y una larga sesión, con los dos tercios de los votos del oficialismo, mientras la oposición no participó de la votación bajo el argumento de que no avalaría una norma que “da defunción a la Justicia”, no obstante, los opositores anunciaron que fiscalizarán todo el proceso de selección.

Los jefes de bancada de Unidad Demócrata (UD) de Diputados, Wilson Santamaría, y de Senadores, Edwin Rodríguez, también remitieron una misiva al CEUB en la que reiteraron que están convencidos de que el MAS “usará a la Universidad como una figura decorativa para legitimar una preselección sesgada en favor de sus candidatos”.

Ambos asambleístas destacaron la intención del sistema universitario de generar un cambio en la Justicia, empero —afirman— “mientras el MAS no tenga la mínima intención de modificar su reglamento para conformar una verdadera comisión académica independiente, que ustedes encabecen, en la cual tengan un carácter protagónico fuera del manoseo político este proceso de preselección, volverá a fracasar como ocurrió en la gestión 2011”.

Rojas señaló que, en su criterio, la carta enviada por el oficialismo ratifica que no existirá una “interferencia política” en el trabajo de la comisión académica para preseleccionar a los candidatos a autoridades judiciales, mientras que la oposición de la misma manera remarca que no habrá ninguna injerencia política y que fiscalizará el proceso.

“En mi posición personal, las cartas enviadas han sido positivas porque ya tenemos el compromiso de dos partidos políticos”, apuntó Rojas.

El 16 de octubre de 2011, por primera vez se eligieron mediante voto a autoridades judiciales tras un proceso de selección cuestionado por aspectos como la minimización de los criterios de meritocracia.

En la primera fase, la comisión de profesionales y las comisiones mixtas revisarán los documentos de los solicitantes sobre su formación académica, su producción intelectual y trayectoria profesional.

En la segunda fase, el equipo académico se encargará de la evaluación escrita —que es un nuevo requisito incorporado al Reglamento— y para ello elaborará unas 720 preguntas para formular cuatro exámenes, uno para cada tribunal y para el consejo.

Para el diputado oficialista Manuel Canelas la inclusión de la prueba escrita en la evaluación de los candidatos busca dar “mayor prioridad” a la meritocracia, la cual admitió que “no tuvo o no fue lo suficientemente significativa” en la elección de magistrados de 2011.

La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa señaló que si bien se han efectuado “modificaciones positivas” en dicho Reglamento como la inclusión de una comisión del sistema universitario y la prueba escrita, el “tema de fondo” es que pese a los cambios lo que se mantiene como ocurrió en 2011 es que de la lista de candidatos habilitados el MAS elegirá con dos tercios de los votos a ‘sus’ candidatos a magistrados.

“Todos los cambios que se han hecho terminan en nada y no tienen ninguna significancia si al final el resultado será el mismo, porque la decisión final para seleccionar a los candidatos, pese a que tengan buenas notas, está en manos del MAS y elegirán a quienes son funcionales o cercanos al oficialismo, como pasó en la elección del Defensor del Pueblo, los vocales departamentales electorales o del Tribunal Supremo Electoral (TSE)”, aseguró Costa. Canelas justificó que el hecho de que dos tercios del puntaje de la evaluación curricular y escrita (70% de la nota) para la preselección esté en manos de especialistas del sistema universitario, busca precisamente “despejar susceptibilidades”.

En la fase de entrevistas, los delegados del sistema universitario solo serán observadores, señaló Rojas. Al respecto, la oposición criticó que la universidad solo participe como veedor en dicha entrevista y no evalúe de forma oral el conocimiento de los solicitantes.

La Universidad tendrá un papel ‘protagónico’

Milton Barón, senador del Movimiento Al Socialismo.

Los criterios de la comisión de profesionales designada por el sistema universitario tendrán un papel protagónico y se respetarán en todo el proceso de evaluación de los postulantes a magistrados y ratificamos que ese proceso será transparente. Y su participación no será de “floreros”, como afirmó la oposición. Por esto, las universidades no deben desconfiar del proceso.

Si no se tiene ética, los méritos no son válidos

Jimena Costa,  diputada de Unidad Demócrata

La elección de magistrados en 2011 no fue meritocrática, pero ahora sí se tomará en cuenta los méritos pues 70 puntos suman la evaluación curricular y escrita pero los otros 30 puntos que vale la entrevista los evalúa el MAS, lo cual es subjetivo. Empero, de qué validez sirven todos los títulos si no hay ética e integridad en los profesionales si éstos se ponen al servicio de un gobierno.

Debían sumarse más instancias a evaluación

María Teresa Zegada, politóloga y socióloga.

Me parecía más pertinente que a la comisión de profesionales se sumen instituciones de la sociedad civil y personalidades reconocidas que participen en la evaluación de la preselección de los postulantes. La evaluación curricular y escrita que hará la universidad ayudará a verificar la profesionalidad, pero debe garantizarse la transparencia y que el proceso sea abierto a la gente.

Exigencia de idioma nativo es innecesaria

El partido opositor Unidad Demócrata (UD) y dos analistas coinciden en que el requisito de hablar un segundo idioma oficial cuando el magistrado asuma el cargo es “innecesario” y que debería darse una flexibilidad para que se cumpla esta medida.

El Reglamento de preselección de candidatos dispone como requisito hablar al menos dos idiomas oficiales, lo cual debe ser acreditado ante el Tribunal Supremo Electoral antes de asumir el cargo, a través de una certificación emitida por una entidad autorizada para el efecto. Por ello, no será una petición que inhabilite a los postulantes.

El diputado del oficialismo Manuel Canelas explicó que el cambio de exigir a los candidatos que presenten una certificación de que hablan dos idiomas oficiales, uno originario, cuando las autoridades sean posesionadas “no tiene un interés muy relevante”.

Agregó que la medida abre la posibilidad de que las autoridades judiciales electas tendrán un periodo de tiempo para obtener el conocimiento de otra lengua.

En 2011, el sexto requisito común del reglamento para la preselección de los candidatos a magistrados era hablar dos idiomas oficiales, pero en una de las disposiciones transitorias se disponía que esa obligación no se aplicaría “de manera excepcional” para esa primera elección judicial.

La diputada del partido de oposición Unidad Demócrata (UD) Jimena Costa indicó que desde la emisión de la norma en 2012, que obliga a los funcionarios públicos a hablar dos idiomas oficiales —castellano y originario—, hasta ahora “no se aplica”.

En esa línea, Costa afirmó que es una “reforma innecesaria” porque no se puede condicionar la capacidad de un funcionario público a hablar una lengua originaria para el ejercicio de su cargo.

La politóloga y socióloga María Teresa Zegada, por su parte, sostuvo que el requisito de hablar un segundo idioma originario debería implementarse a largo plazo ya que puede evitar la participación de personalidades con mucha capacidad en el área judicial y “obstaculiza más este proceso”.

El economista Armando Ortuño sostuvo que el hablar un idioma originario debería ser un “proceso paulatino” y de mayor flexibilidad para los profesionales, a fin de que cumplan la medida.