Los que más se alegraron por el plan de empleo fueron los empresarios y no así los desempleados o los de la Central Obrera Boliviana (COB).
Siempre es bueno que los gobiernos, me refiero a los tres niveles del Estado Plurinacional, cuenten con una política de empleo y de recursos humanos, en los marcos de lo planteado por la Constitución Política del Estado (CPE), que explicita que toda persona tiene derecho a un empleo digno y a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. Sin embargo, se tiene que explicitar que la demanda de mano de obra no solo la realiza el Estado, sino que esa responsabilidad la comparte con los empresarios privados.
En la Constitución se señalan los objetivos generales. Uno de ellos es que las personas tienen derecho a un trabajo digno, pero en este instrumento jurídico no se define qué se debe entender por digno. Por ello, nos tenemos que apoyar en la conceptualización que realiza la Organización Internación del Trabajo (OIT) que nos afirma que para considerar un empleo como digno tienen que concurrir por lo menos las siguientes características:
• Que sea productivo, estable y que reporte un ingreso digno.
• Seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el trabajador como cabeza de familia.
• Que posibilite el desarrollo personal.
• Que el trabajador cuente con la libertad de asociación.
• Que tengan igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.
Con base en estas sugerencias jurídicas y objetivos técnicos que explican el trabajo digno analizaremos la política presentada el 9 de mayo del presente año, la cual está compuesta por cinco programas y que se la bautizó como “política de empleo urgente”. En la misma se pretende invertir aproximadamente 146,4 millones de dólares (cerca de 1.000 millones de bolivianos). El objetivo de esta política es reducir la tasa de desempleo de 4,5% a 2,7%.
• En el primer programa, que será ejecutado por el Fondo Social Productivo (FPS) y destinado a la construcción de infraestructura urbana (enlosetado en las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí, Riberalta, Cobija y La Paz), se invertirá 40 millones de dólares y se piensa crear 6.600 empleos.
• En el segundo programa, denominado de protección y habilitación de áreas productivas (construcción de diques para la recuperación de tierras en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni), se invertirá 40 millones de dólares y se generará 5.000 empleos.
• El tercer programa está destinado a fortalecer la inserción laboral. Se pretende dar incentivos a las empresas privadas para estimular la contratación de trabajadores jóvenes. Se invertirá 57 millones para crear 45.000 nuevos empleos.
• El cuarto programa es el reservado a la generación de empleo en las contrataciones públicas, con base en la premiación de empresas que presenten propuestas intensivas en mano de obra con un 5% de calificación adicional.
• El quinto programa está enfocado en la creación de un fondo para capital semilla para la micro y pequeñas empresas y de nuevos técnicos profesionales. En este caso, el Banco de Desarrollo Productivo financiará 300 nuevos emprendimientos.
Desde el momento que se presentó esta política se me vino a la cabeza la idea de si era pertinente o había necesidad de proponer una política de empleo urgente como si estuviésemos en una crisis de empleo de dimensiones alarmantes. Al realizar la presentación (no se conoce otro documento), se afirmó que se pretende bajar la tasa de desempleo del 4,5% al 2,7%. Cualquier otro país, sobre todo de nuestro continente, que tiene una tasa promedio de desempleo urbano según la CEPAL de aproximadamente 9,0%, estaría más que contento con los guarismos nacionales.
Ahora bien ¿qué significa en términos absolutos el desempleo y el objetivo fijado? En 2016, el INE informaba que la Población Económicamente Activa (PEA) era de 4.739.203. Eso representa que un desempleo de 4,5% abarca a 213.000 personas. Por lo tanto, reducir a 2,7% la tasa de desempleo significa que se tendría que crear con este programa algo así como 127.000 nuevos puestos de trabajo. Por lo establecido en los dos primeros programas, se crearán 11.600 empleos, lo que significa que en los restantes tres programas se tendrían que crear 116.000 nuevos empleos. Es una meta que la veo muy difícil de alcanzar, a no ser que los empleadores asuman un compromiso y realicen inversiones fuertes en sus empresas para acompañar los esfuerzos estatales.
Por otro lado, por la estructura del mercado de trabajo podemos inferir que de cada 10 personas que buscan trabajo, 4 encuentran un puesto de trabajo en el sector moderno de la economía y los restantes 6 lo hacen en el denominado sector informal. Si aplicamos la definición de empleo digno, estos 6 puestos de trabajo no califican como tales.
Creo que de estos programas los más importantes son aquellos que recibieron algunas críticas. Me refiero a los empleos temporales de características similares a los que se ofertaban con el PLANE en los primeros años de este siglo. Digo que son importantes debido a que están referidos a dos ciudades (Cobija y Riberalta) que este año tuvieron cosechas muy bajas de castaña. Los empleos que se crearán podrán paliar de alguna manera la situación de los zafreros del norte del país. Estos empleos temporales generarán ingresos que podrán sustituir los perdidos por la baja producción de almendra. Este programa se lo tiene que interpretar como un programa de ingresos más que de empleo.
El programa destinado a crear nuevos empleos para jóvenes, y que será cofinanciado entre el sector privado y el Estado, es el que más atrajo a los empleadores, debido a que los costos del pago a la Caja Nacional de Salud los pagará el Estado y el resto la empresa privada por tiempo limitado. Esto que también fue presentado como un ahorro del 30% del nuevo trabajador llamó la atención en las pequeñas empresas, que inmediatamente se dieron a la tarea de averiguar dónde debían concurrir y qué es lo que deberían hacer. Muchos empresarios pensaron que esta política era una compensación a los empresarios por el incremento salarial que se determinó una semana antes. El entusiasmo duró muy pocos días al enterarse por la prensa que los trabajadores tendrían que tener una permanencia de aproximadamente dos años en la empresa y que el financiamiento sería de menos tiempo. Al parecer, la mueca de alegría de algunos empleadores inmediatamente se transformó en una de tristeza.
Los que sí están con una mueca de alegría e incluso saltando en una patita son los empresarios que ingresan a licitaciones en las obras que promueve el Estado. Ellos recibirán una bonificación de 5% en su calificación si es que muestran que son empresas intensivas en mano de obra. También la mueca de alegría estará en los rostros de los nuevos profesionales que pretenden crear su emprendimiento. Ellos sí recibirán un buen incentivo.
De esta manera, podemos señalar que los interesados en esta política son los trabajadores de la zafra, los nuevos profesionales y los constructores.