Como partido de la oposición hemos participado en todas las etapas del proceso de preselección de los postulantes a magistrados de manera responsable con el objetivo de darle al país una Justicia independiente y que los aspirantes elegidos sean personas probas y que tengan conocimientos sólidos.
En esa línea, planteamos que una comisión independiente evalúe previamente a los aspirantes a candidatos antes de que se comience el proceso de preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La aplicación de la sugerencia hubiera transparentado el proceso, pero no se consolidó.
El Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó, en abril de este año, un reglamento de preselección de postulantes para autoridades del Órgano Judicial que permite que funcionarios públicos sin renunciar a sus cargos puedan postularse a la convocatoria.
Posteriormente, el Legislativo emitió un nuevo reglamento y convocatoria para altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), luego de que la primera convocatoria fuera declarada desierta porque no se cumplió los cupos de género e indígena.
Uno de los resultados de esa convocatoria fue que el 80% de los aspirantes a ser candidatos estaban vinculados con la función pública.
Ahora, respecto a la meritocracia, en la primera evaluación de méritos que se hizo de los postulantes para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, el 75% de los abogados obtuvo menos del 50% de los 40 puntos que equivale la evaluación curricular y por eso tuvieron que ayudarlos en la evaluación escrita y en las entrevistas se dieron puntos de manera subjetiva, pues los asambleístas de la comisión no tenían claras las preguntas ni respuestas de esos temas.
Y eso se está repitiendo en esta segunda evaluación para el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, las preguntas de la prueba escrita que eran solo elaboradas por los delegados del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) serán formuladas de forma conjunta con miembros de la Comisión Mixta de Constitución. Esta medida generará desconfianza puesto que los políticos serán quienes definan esta evaluación.
Otro tema importante son las impugnaciones que presentamos contra el 72% de los aspirantes a candidatos a magistrados debido a que estaban relacionados directamente con el MAS y son funcionarios y exfuncionarios del sistema judicial.
La medida se avaló con las hojas de vida que presentaron los solicitantes en las que se constata que son funcionarios públicos y se especifica en qué instituciones han trabajado. Con eso, se comprobó que unos 63 postulantes eran servidores del Órgano Ejecutivo y 128 provenían del sistema judicial.
En ese sentido, el oficialismo ha señalado en su discurso que la Justicia está podrida, pero en la práctica los asambleístas afines al partido defienden a esos funcionarios que aportaron para que esté en pésima situación.
Cabe mencionar que el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP dispone que los ministerios, viceministerios, direcciones generales, jefaturas, oficinas descentralizadas y administrativos en general, así como las gobernaciones y los gobiernos municipales son cargos identificados con el oficialismo.
El documento también indica que todas las autoridades designadas y administrativos dependientes en las entidades designadas se consideran servidores públicos y deben trabajar con transparencia y consolidar el ‘proceso de cambio’. Además, dispone que no existen invitados, neutrales e independientes en los cargos designados y todos son militantes de ese partido.
Esto demuestra que hay una protección y se está encubriendo a los militantes masistas y el proceso de preselección a aspirantes a magistrados se ha organizado para estas personas.
Por esto, no se garantiza en lo mínimo la independencia de la Justicia, pues una Justicia sin independencia no estará al servicio del pueblo, sino servirá a quienes tengan que responder a sus lealtades y eso es más de lo mismo. Con esto, el partido oficialista busca el control de la Justicia porque necesita tener representación en el Tribunal Constitucional Plurinacional para avalar una nueva repostulación de Evo Morales, así como en el Tribunal Supremo de Justicia.
- Edwin Rodríguez, senador de UD, parte de la Comisión Mixta de Constitución