Los llamados “secretos de Estado” y aquellos documentos generados durante las dictaduras militares se mantienen bajo la clasificación de reserva, transcurridos 35 años de un desarrollo democrático institucional sin interrupciones. Este es el escenario sobre el que actuará la Comisión de la Verdad que enfrenta el primer desafío de acceder a la información que permita esclarecer los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante ese largo periodo de la historia del país. Es un asunto que está legislado —lo estuvo en 1982 bajo el mandato de Hernán Siles— y ahora resta sumar voluntad.
El general Luis Ariñez, actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, afirmó que “es posible” que los expedientes hayan sido destruidos en su momento, pero expresó su disposición para colaborar a la Comisión. “Nadie deja evidencia”, puntualizó luego la autoridad militar.
“En caso de hallar alguna responsabilidad por parte de algún miembro de las Fuerzas Armadas, se deberá proceder de acuerdo con las leyes y normas vigentes. No existe ningún afán de esconder los archivos debido a que estamos en un Estado de derecho y democrático. Hace tiempo se ha dispuesto que los archivos se desclasifiquen si se siguen los procedimientos; ahora si se necesita alguna información se la entregará”, declaró Ariñez el 21 de agosto, ante la insistencia de Animal Político, luego del juramento de los cinco comisionados que liderarán la investigación sobre el largo periodo de dictaduras.
La presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social (Asofamd), Ruth Llanos, afirmó que si se hubieran destruido los archivos militares, existen otros papeles administrativos que es difícil que desaparezcan, así como los documentos que tienen familiares de los militares. “En un cuartel, en una entidad militar, no se mueve nada sin su respectivo papelito”, dijo.
Sobre la base de su experiencia, el representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot, señaló que los regímenes autoritarios de la región, entre ellos los que se instalaron en Bolivia, eran muy organizados y “siempre han quedado archivos escondidos (pues) es la característica de las Fuerzas Armadas; no se destruyen fácil esos archivos al interior de una institución como ésta”.
Espere…
Racicot indicó que la creación de la Comisión de la Verdad se constituye en una oportunidad para que la institución castrense demuestre que puede coadyuvar a la reconstrucción de la memoria histórica del país.
Entre 1964 y 1982, Bolivia vivió una larga etapa del poder militar que comenzó con el derrocamiento de Víctor Paz Estenssoro y se prolongó hasta la llegada al poder de Hernán Siles Zuazo, quien ya intentó activar un mecanismo para esclarecer los crímenes que se cometieron por efecto de la violencia militar, especialmente aquellos vinculados con la desaparición forzada de personas.
Juan del Granado, quien fue líder del desaparecido Movimiento Sin Miedo y el abogado que patrocinó a las víctimas de la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), recordó que tras la experiencia de Siles, ya durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), se emitió una norma para reparar los daños e indemnizar a las víctimas, lo que se repitió con Carlos Mesa (2003-2005). “Esto se ha consolidado en la promulgación de la Ley de la Comisión de la Verdad, aprobada en diciembre de 2016”, afirmó el político.
Precisó que dentro de los hechos investigados se incluyeron más de 50 figuras delictivas y que han quedado muchos hechos pendientes del caso García Meza, más aún los hechos de las dictaduras de Barrientos y de Banzer. “Ahora, esta Comisión tiene una importancia muy grande para abarcar y resolver un tema de la agenda democrática pendiente que es el tema de la impunidad dictatorial y establecer la verdad histórica de esos hechos”, añadió Del Granado.
Nila Heredia, quien fue ministra de Salud y formó parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dirigirá esta Comisión de la Verdad. El órgano colegiado se completa con Édgar Ramírez, exdirigente sindical y actual director del Archivo Minero; Eusebio Gironda, abogado del presidente Evo Morales; la activista Isabel Viscarra, y el fundador de la Confederación de Campesinos de Chuquisaca, Teodoro Ramírez.
La designación fue observada por políticos opositores porque la mayor parte de ellos son afines al oficialismo. En tanto, el presidente de la Plataforma de Luchadores Sociales y Sobrevivientes de las Dictaduras Militares, Julio Llanos, lamentó que las postulaciones de su sector no hayan sido tomadas en cuenta por el Presidente.
El 21 de agosto, en la toma de juramento de los comisionados, Morales instó al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Luis Ariñez, a cooperar con la Comisión de la Verdad y pidió que se hallen los restos del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, cuyo cuerpo está desaparecido desde el golpe de García Meza en 1980.
José Antonio Quiroga, sobrino del dirigente socialista, manifestó que la constitución de la Comisión de la Verdad es una demanda de las organizaciones de derechos humanos desde 1982, cuando se instauró la democracia, y lamentó que la medida se consolide tras ocho meses de aprobarse la ley. Quiroga explicó que este retraso puede obedecer a la decisión del presidente Morales de no “incriminar” a la institución castrense, responsable de la mayoría de las desapariciones forzadas, y por su “alianza con el proceso de cambio”, el proyecto político que lidera Morales.
Recordó que se intentó, sin éxito, acceder a los archivos militares que pudieran entregar mayores pistas sobre las desapariciones forzadas.
La Ley de la Comisión de la Verdad, aprobada el 23 de diciembre de 2016, dispone la “desclasificación de documentos militares (físicos y digitales), policiales y otro tipo de documentos clasificados o que cuyo acceso esté restringido, sean confidenciales o tengan otra categorización que impida su revisión” y prohíbe a las instituciones obstaculizar la revisión de los legajos.
La recopilación de la información permitirá a la Comisión hallar pruebas documentales sobre asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y otros delitos de lesa humanidad. El paso siguiente tiene que ver con la reparación de los daños.