Con la nueva Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en un referéndum a finales de 2009, se estableció en sus disposiciones finales la elaboración y adecuación de los estatutos autonómicos en los nueve departamentos del país. Elaboración en el caso de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí; adecuación tal como pasó en Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, donde ya se había anticipado la validación política de estos documentos con el referéndum del 4 de mayo de 2008.
Ahora bien, este proceso de adecuación, en el caso de Santa Cruz, debió regirse a lo que establecen los nuevos preceptos constitucionales y a lo estipulado en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD), en el entendido de que es la Asamblea Legislativa Departamental la que tiene la responsabilidad sobre esta norma.
En general, los asambleístas electos por territorio y población, en cada uno de los departamentos, debieron elaborar y adecuar su norma estatuyente.
Pasó el periodo constitucional de 2010-2015 y estamos a medio camino de la segunda gestión y el departamento de Santa Cruz no tiene un Estatuto Autonómico en vigencia.
Las razones por las cuales no se llevó adelante esta adecuación, tal como señala la Carta Magna y la ley autonómica, tienen que ver con las limitaciones a una “amplia” participación; es decir, un proceso de socialización con la recolección de propuestas, debate y sistematización de iniciativas de cada una de las instituciones y organizaciones del departamento de Santa Cruz.
Entre 2010 y 2015 se intentó la adecuación, pero no hubo esta socialización en absoluto. Es por eso que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) acepta artículos constitucionales del proyecto de Estatuto y observa aquellos apartados inconstitucionales.
Representantes de organizaciones sociales y de instituciones cruceñas, en unas audiencias públicas celebradas en Sucre ante el TCP, plantearon con objetividad que no hubo esta socialización. El informe fue respaldado por la bancada de asambleístas departamentales del Movimiento Al Socialismo (MAS), la segunda fuerza política en el departamento. Ante esa situación, en el tercer artículo de la declaración del TCP se exhorta al Gobierno Departamental de Santa Cruz, a través de la Asamblea Legislativa, a cumplir con la socialización del proyecto estatuyente para evitar impugnaciones y que eso signifique seguir dilatando el proceso constitucional.
En este periodo 2015-2020, asambleístas del Movimiento Demócrata Social (Demócratas), siguiendo instrucciones del gobernador Rubén Costas, están desvirtuando el artículo tercero de la declaración mencionada.
La bancada de Demócratas hace ver que en esas visitas “turísticas”, realizadas a un municipio por provincia, se cumplió con la socialización, cuando en realidad solo fueron informes.
Anotado esto, estas son las observaciones de la bancada del MAS al proyecto en cuestión:
1. Que esos 49 artículos observados por el TCP son completamente incompatibles con la Constitución.
2. Demuestran un trasfondo de la decisión territorial política de Santa Cruz, donde hay competencias establecidas como privativas y exclusivas del nivel central: a) La Fiscalía del departamento de Santa Cruz. b) Designación de autoridades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ). c) Control de la biodiversidad, energía, hidrocarburos, minería. d) Control sobre el saneamiento y distribución de tierras a través de un consejo departamental para seguir conservando los intereses de los grandes terratenientes y latifundistas en el oriente y sobre todo del departamento de Santa Cruz.
3. Tienen temor de que el pueblo de Santa Cruz se entere del verdadero objetivo que tenía Rubén Costas y de algunos de los dirigentes del Comité Cívico, que era dividir nuestro territorio.
Por otra parte, ni en la anterior ni en esta gestión le faltó a Demócratas de Rubén Costas los dos tercios, ni en la comisión y menos en el pleno de la Asamblea. Pese a ello, no hubo voluntad política ni el interés de generar pactos de la fuerza mayoritaria con el MAS y el bloque indígena. Posteriormente y sin excluir a nadie, a través de la Comisión Mixta de Autonomía y Constitución, se debió socializar el texto en los 16 distritos municipales de Santa Cruz de la Sierra, los 56 municipios del departamento, las 15 provincias, los cinco pueblos indígenas originarios; con las instituciones públicas e incluso privadas y sobre todo con organizaciones sociales.
Si se hubiera hecho así, podríamos haber festejado este 24 de septiembre con un estatuto en vigencia sin discriminar y excluir a ningún sector.
- Edwin Muñoz es asambleísta departamental por el MAS en Santa Cruz