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Chile Elige al presidente de la demanda del mar

Solo el 35% de los votantes habilitados en Chile acudió a las urnas en las elecciones municipales de 2016 y existen proyecciones de un 58% de abstención para la jornada de hoy, cuando se elegirá al presidente que tendrá en sus manos el dictamen de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), previsto para 2018, a propósito de la demanda marítima planteada por Bolivia. ¿Cómo será la actitud del Gobierno chileno si el país gana finalmente este litigio?

A pesar de que la decisión de la CIJ será vinculante e inapelable, aquí hay pesimismo respecto de “la voluntad política” con la que Santiago pueda asumir una decisión judicial que acepte la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia.

El excanciller Javier Murillo de la Rocha (1997-2001) consideró, en un contacto con Animal Político, que el próximo mandatario chileno tendrá una oportunidad clave en favor de la integración y la resolución del largo conflicto entre Bolivia y Chile.

“Es de esperar —así lo queremos todos en nuestro país— que el fallo sea favorable a Bolivia. En tal caso, el Gobierno chileno tendrá la oportunidad histórica de demostrar ante la comunidad hemisférica y mundial que es respetuoso del derecho internacional, y que lo acatará plenamente abriendo un proceso de negociaciones que culmine en la cesión a Bolivia de un acceso soberano al océano Pacífico”, señaló la exautoridad, quien actualmente es decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica.

Según la más reciente encuesta (octubre) del Centro de Estudios Públicos de Chile (CEP), Sebastián Piñera —quien ya gobernó su país entre 2010 y 2014— lideraba la intención de voto con el 34,5%. El exmandatario representa a la coalición de centroderecha Chile Vamos de la que son parte Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido que fue más cercano a la dictadura de Augusto Pinochet. “No le debemos nada a Bolivia”, ha sido la frase de campaña que usó para referirse al litigio planteado por el país sobre la base de conversaciones y compromisos chilenos.

Alejandro Guillier, de la alianza oficialista Fuerza de la Mayoría, estaba en segundo lugar de la intención de voto con el 16,4%. Según las posibilidades, este candidato —un senador independiente de la región de Antofagasta— podría disputarle la presidencia a Piñera en segunda vuelta, una instancia donde la participación ciudadana suele subir.

“Las posiciones de ambos candidatos respecto de la demanda marítima no son muy diferentes. Guillier continuará la política de Michelle Bachelet (que entregará la presidencia el 11 de marzo de 2018). En el caso de Piñera esta postura se endurecerá”, afirmó el experto en temas electorales Armando Ortuño, quien además cree que existen “muchas posibilidades” de que la primera magistratura del vecino de país se defina en el balotaje previsto para diciembre.

“Adicionalmente, si Piñera gana las elecciones, vamos a tener una mayor presión porque es un político que está alineado con las posiciones menos pragmáticas y más dogmáticas frente a los gobiernos más de izquierda en la región”, complementó el experto en contacto con este diario.

Los encuestados chilenos ubicaron a Beatriz Sánchez, del izquierdista Frente Amplio, en la terca ubicación en la carrera a La Moneda con el 8,5% de las preferencias preelectorales.

La lista sigue así: Marco Enríquez-Ominami, del Partido Progresista, con el 6,1% de apoyos preliminares; Carolina Goic, de la Democracia Cristiana, que alcanzó el 3%; José Antonio Kast, independiente y declarado seguidor de Pinochet, logró el 2,2%; Alejandro Navarro, del Partido Amplio de la Izquierda Socialista, el 0,5%, y finalmente Eduardo Artes, de Unión Patriótica, que obtuvo el 0,3%.

De los ocho aspirantes, cinco quieren dialogar con Bolivia, bajo el cobijo de un espíritu integracionista, pero sin aceptar la cesión territorial. Tres —Piñera, Goic y Kast— rechazan mecanismos de diálogo. Ninguno de los candidatos acepta el escenario judicial como mecanismos para la resolución de este conflicto que tiene raíces en la Guerra del Pacífico que estalló con la invasión chilena al antiguo puerto de Antofagasta (14 de febrero de 1879).

Tras la confrontación bélica, Bolivia perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costas, que correspondía al antiguo departamento de Litoral.

José Rodríguez Elizondo, director del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile, espera un periodo “sin agresividad, (….) una tregua”, tras el fallo de 2018. “Esto permitiría establecer las bases de una relación de provecho mutuo, autosustentable, con una base de gobernantes sabios y una diplomacia de negociación realista. Esto es una diplomacia capaz de asumir que una cesión soberana de territorio marítimo chileno, para Bolivia, no es un tema solo bilateral”, escribió el académico a Animal Político con miras a la posibilidad de incorporar a Perú, el tercer involucrado en el conflicto que estalló en 1879, como parte de la solución a la demanda boliviana.

El diplomático y economista boliviano Andrés Guzmán considera que “el país debería sumar apoyo dentro de Chile y de personas con una alta influencia con la perspectiva de mostrar que la causa boliviana no es una imposición y que finalmente puede favorecer a esa nación”.

Para la profesora de derecho internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Karen Longaric, aún antes del dictamen judicial, que podría darse en septiembre de 2018, “se debe procurar una aproximación, sin prisas, sin confrontaciones”, aunque la académica es un tanto más pesimista con respecto a las posibilidades reales de negociar con Piñera, hasta ahora el aspirante que se mantuvo en primer lugar en todas las encuestas de intención de voto de su país.

Pero ante un escenario adverso en el que no exista una “actitud positiva” por parte de Chile, Ortuño asegura que se debería tener lista una estrategia en el ámbito internacional en la que Bolivia muestre su adhesión a principios multilaterales, a negociaciones internacionales, su adhesión a las normas internacionales en temas de derechos y con mensajes de diálogo para resolver el tema marítimo. “Tenemos que seguir siendo un actor muy activo en esos espacios porque eso aumentará nuestra reputación al momento de encarar una negociación”, puntualiza el experto.

Para cuando jure el nuevo presidente de Chile, la CIJ ya tendría lista la fecha de las audiencias orales.