El 10 de noviembre, dos semanas antes del fallo que habilitó al presidente Evo Morales y al resto de las autoridades electas a repostularse sin un límite legal, el Mandatario anticipó, en un acto público, el establecimiento de una “democracia comunal” basada en acuerdos de consenso y no a merced de la voluntad popular expresada a través del voto. El 21 de febrero de 2016 (21F), el oficialismo perdió en un referéndum (51,3% frente al 48,7% de los votos) la habilitación constitucional de Morales como candidato a la reelección en 2019.
“Que no haya votación porque existen mayorías y minorías (…). Vengo del movimiento indígena, donde todo se aprueba por consenso. Así es en las reuniones, concentraciones, en la comunidad (…). Ya estamos llegando a eso”, afirmó el gobernante, ese 10 de noviembre, en un acto en Potosí.
Aunque luego —tras el dictamen del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) del 21 de noviembre— Morales no se refirió a estos principios políticos y reivindicó: “En todo el país, el pueblo nos está diciendo que la repostulación garantiza la unidad (…) la estabilidad (política)”.
“Esta es una señal muy clara de que pasamos a una fase posdemocrática (revolucionaria) del Proceso de cambio”, escribió el cientista político Ricardo Paz, sobre la decisión del TCP de aceptar un recurso planteado en septiembre por el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que apeló al artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos para que se respete el derecho del Presidente de ser elegido y el del pueblo a elegirlo. El TCP aceptó que este artículo del tratado internacional prevalezca sobre la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa electoral, actualmente vigente.
Para la socióloga María Teresa Zegada, con la determinación del TCP se han puesto en riesgo los actuales valores de la democracia porque su base es la “institucionalidad”, junto con los otros elementos que son imprescindibles, como la participación, la inclusión social y otros. “La base de un régimen democrático es el respeto a las instituciones y la base de las instituciones políticas en democracia está establecida en la norma constitucional y de ahí deviene respetar la realización de elecciones cada cierto tiempo, el conjunto de derechos que hay en la sociedad, entre otros”, aseguró la experta.
“Con este antecedente, el día de mañana no hay la certeza de que un partido de gobierno pueda interpelar a la Constitución con una tranquilidad muy grande y poder afectar a otros aspectos por lo que no hay la certidumbre normativa”, señaló.
Agregó que otra consecuencia preocupante es la habilitación para una reelección indefinida que era uno de los preceptos clave del debate en la Constituyente. “Sin embargo, en el imaginario político, los bolivianos hemos descartado la reelección indefinida (21F) y todos los estudios realizados en América Latina han demostrado que esta posibilidad es nefasta”, apostilló la socióloga en contacto con Animal Político.
El jefe de bancada de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, afirmó —también en contacto con esta redacción— que la decisión del TCP muestra que “se ha burlado el voto del pueblo que rechazaba la repostulación del presidente Evo Morales en el referéndum del 21 de febrero”. “El TCP ha dado un verdadero golpe a la Constitución porque está suplantando la soberanía popular, pues con la decisión de seis magistrados se cree que se pueda reemplazar la decisión de la población asumida en el 21F”, señaló Ortiz.
Constituyente. El senador opositor agregó que es “grave” que el TCP asuma la facultad de modificar, recortar y mutilar la CPE, porque deja al país “prácticamente sin base jurídica”. Detalló que tras eliminar los límites legales de la reelección de autoridades, se plantea un vacío legal que afectará la institucionalidad del país.
“La Constitución dispone que la soberanía reside en el pueblo, es su poder constituyente el que debe consultarse con preferencia para garantizar el principio de pluralismo político que funda el Estado”, escribió el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé en su cuenta de Twitter (@erveltze), respecto de las atribuciones del TCP de declarar la inaplicabilidad de una parte de la Constitución, basado en una normativa multilateral.
“El TCP ha destruido las garantías democráticas. Desconoce la inalienable soberanía del Pueblo (21F). Convierte a Bolivia en un país sometido al arbitrio del Presidente Morales y burla la majestad de la ley”, remarcó luego el expresidente Carlos Mesa.
Oficialismo. Por su lado, el ministro de Justicia, Héctor Arce, valoró el alcance del fallo, porque según dijo “respeta y desarrolla plenamente la vigencia de la Constitución”, ahora en aplicación de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Recordó que el artículo 256 de la CPE establece que los tratados que desarrollen cuestiones de derechos humanos de mejor manera que la propia Ley Suprema serán aplicados preferentemente.
La senadora Adriana Salvatierra (MAS) aseguró que el referéndum del 21F y el recurso del TCP “son absolutamente distintos” porque tienen una base legal diferente. Consideró que ambos instrumentos legales no se pueden comparar, mientras que la ministra de Comunicación, Gisela López, criticó las violentas protestas en rechazo al fallo del TCP que afectaron las instalaciones de varias entidades públicas en Santa Cruz de la Sierra.
“Están apostando nuevamente a la violencia, como lo hicieron durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente en 2006 y 2007; lo hicieron en 2008 violentamente con el golpe de Estado orquestado por las prefecturas y los comités cívicos; lo hicieron en 2009 financiando un grupo terrorista en Bolivia; lo han hecho año tras año y hoy, en el momento en que se consolida la profundización de la democracia boliviana, lo vuelven a hacer”.
Así, la elección de altas autoridades del Órgano Judicial, que se celebra ahora mismo en todo el país, llegó marcada por un clima altamente politizado, primero por el proceso de selección y recientemente por la decisión del TCP. De hecho, el bloque de oposición llamó a votar nulo, con una mirada plebiscitaria.
“Hay una asociación de ambos temas de forma automática entre la actuación bastante cuestionable de los magistrados del TCP con la credibilidad o no y utilidad de esta elección judicial”, declaró María Teresa Zegada.
Evo Morales: ‘El fallo garantiza la estabilidad’
“Eso garantiza una continuidad democrática, pero también garantiza la estabilidad, dignidad y trabajo por la igualdad del pueblo. Somos parte del pueblo, siempre estaremos con el pueblo, acompañados, para seguir haciendo una gestión como estamos haciendo hasta este momento”, afirmó el Jefe del Estado, tras conocerse el fallo del TCP sobre la repostulación.
Eduardo Rodríguez Veltzé: ‘La soberanía reside en el Pueblo
“Sobre fallo del TCP: la Constitución dispone que la soberanía reside en el pueblo, es su poder constituyente el que debe consultarse con preferencia para garantizar el principio de pluralismo político que funda el Estado”, anotó el representante diplomático boliviano, acreditado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Holanda.
- Mauricio Quiroz es periodista y editor de Animal Político