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Los conflictos deben evitarse

El recurso de Acción Popular, invocado en mayo por el Defensor del Pueblo para frenar las protestas en el sector público de la Salud, fue una situación dirigida desde el ámbito político y apoyada por una actitud abusiva del Gobierno, pues se supone que esa autoridad está allí para defender los intereses ciudadanos, del pueblo, y —en ese sentido— evitar y mediar ante cualquier conflicto social que no afecte directamente a la población.

Antes de que el Defensor del Pueblo plantee el recurso, el Colegio Médico de Bolivia le solicitó mediar ante las autoridades del Ejecutivo para evitar conflictos posteriores. En aquella oportunidad, el ombudsman dejó pasar el tiempo de forma deliberada; esperó 72 horas para hostigar a los médicos con inspecciones en los hospitales para ver si se cumplía o no el paro y luego lanzó la acción popular.

El paro de mayo no fue dictado por el Colegio Médico de Bolivia, sino por un Comité de Defensa de la Salud integrado por varias instituciones. Nuestra entidad era una de las partes convocantes; no fue la única y en este escenario se planteó la Acción Popular y un atentado contra las libertades ciudadanas, el Tribunal de Justicia de La Paz acepta el recurso y lo remite a Sucre, al Tribunal Constitucional, para su respectiva revisión.

Hace una semana, el Tribunal Constitucional revirtió esta decisión de La Paz debido a los errores que ha cometido el Defensor del Pueblo con ese recurso, pero ahora vemos que él, don David Tezanos Pinto, nuevamente está en busca de la revancha en una actitud infantil porque quiere activar de nuevo esa acción legal.

Ahora bien, yo tengo entendido de que esa acción es específica ante una amenaza. ¿Servirá para el paro de hace cinco meses? No entiendo al Defensor del Pueblo.

Es importante, de una vez, sugerirle al Defensor del Pueblo que asuma las responsabilidades por las que fue elegido y que sea el mediador de esta situación y quien las canalice. En estos días hemos sido testigos de un paro indefinido, pero esta vez no convocado por el Colegio Médico de Bolivia, sino por las nueve asambleas departamentales y las bases. ¿Contra quién será la nueva Acción Popular del Defensor? Ahora el representado no seré yo, sino las bases y es mejor dialogar que aplicar estos recursos.

Hay derechos constitucionales, entre ellos figura el derecho a protestar; también hay un derecho a la vida, a la libre circulación. Es este derecho a la vida el que debería ser el primero en ser precautelado, lo que implica una política de prevención de conflictos sociales.

En ese entendido, el sector de la Salud no es intransigente, pues lo que estamos reclamando no son mejores salarios, estamos reclamando mejor infraestructura, mejor inversión y en ese sentido estamos reclamando por el derecho que tiene la población de proteger la vida y garantizar la calidad de los servicios de salud.

Por eso creemos que el Gobierno debería ser siempre el primero en pedir diálogo, en convocar a los profesionales, y cuando existe un problema como éste que afecta a la seguridad del ejercicio profesional, la responsabilidad de las autoridades es la prevención y evitar el conflicto.

Como se menciona líneas arriba, nos apoyamos en este principio cuando en mayo acudimos al Defensor del Pueblo para evitar el conflicto, pero la autoridad nos dio una respuesta beligerante y ya nos amenazó con la Acción Popular.

Hemos invitado al presidente Evo Morales a que nos acompañe una media hora en cualquier centro de salud público de Bolivia y que él mismo pueda ver en qué estado están, en qué condiciones nos desenvolvemos los médicos en cuanto a la infraestructura, el equipamiento y los recursos humanos. La propuesta era hacer esa visita al azar a cualquier ambulatorio o centro de salud, porque probablemente cuando el Jefe del Estado hace esas visitas le muestran todo bonito, lo que no refleja la aguda crisis por la que atraviesa el sistema público de salud.  

Hace tres años, con una comisión de la Cámara de Diputados hemos hecho visitas y una evaluación en los nueve departamentos. Hemos visto la crisis aguda en la que se desenvuelven los centros de salud de nuestro país y no hay que olvidar que cerca del 60% de éstos carecen de servicios básicos.

Esta problemática debe ser solucionada de manera conjunta. El Colegio Médico de Bolivia se pone a disposición del Presidente para hallar soluciones estructurales y de fondo a la problemática de la salud. Esto debería darse en el marco de un diálogo sincero sin que se crea que los médicos son opositores, porque nosotros seremos contestatarios a la hora de defender la calidad de la salud.

Para dialogar sobre el sistema público de salud, se debe tener voluntad política. Un claro ejemplo es la actitud mostrada anteriormente por la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, y del Senado, José Alberto Gonzales, de buscar una salida al conflicto a través del diálogo.