Desde hace seis años está a cargo de la coordinación institucional del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), el máximo órgano estatal de articulación de políticas y captación de recursos para encarar la lucha contra las drogas. Sabino Mendoza, uno de los funcionarios clave en la aplicación de la política antinarcóticos del Estado, aceptó conversar con Animal Político para evaluar y proyectar su gestión con miras al venidero 2018.
— ¿Cómo opera la entidad que está a su cargo desde 2016?
— El Conaltid, evidentemente, ejecuta recursos asignados por la Unión Europea y trabaja en la parte operativa con la FIIAPP (Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), además en contacto con la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga, el Delito) en el monitoreo de cultivos de coca.
Ahora bien, este año fue como el inicio de un nuevo proceso por efecto de las dos leyes que regulan nuestra política, por eso estamos cumpliendo el plan de fortalecimiento de instituciones con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en la capacitación de efectivos de élite, pero sin descuidar tareas orientadas a la prevención del consumo de drogas con la campaña “Decide prevenir” que se aplicó este año, además del equipamiento a las fuerzas antidroga.
— ¿Afectó en la cooperación de la Unión Europea el incremento de los cultivos legales de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas?
— En nuestro caso no, tal vez con otros programas. En nuestra línea de trabajo en la lucha contra el narcotráfico y la prevención, no. Tenemos una muy buena relación con la Unión Europea, que debe desembolsar unos 15 millones de euros (unos $us 17 millones) y nosotros tenemos que cumplir con indicadores que tienen que ver con metas muy específicas.
— ¿Y cuáles son esas metas?
— Una de esas metas es que este año tenemos que carnetizar a 20.000 productores de coca en el Chapare y los Yungas. En 2016 se carnetizó cerca de 6.000 (…). La idea es carnetizar a 5.000 productores, que es el tope. Se trata de una tarea compleja en la que participan nuestros socios institucionales como el Viceministerio de Defensa Social, la entidad que consensúa con los productores.
Otra meta. Debemos cerrar 2017 con algo más de 700 efectivos de élite capacitados en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Tenemos que cumplir con parámetros de coordinación multilateral en el marco de la lucha regional contra las drogas. Tenemos que fortalecer a las instituciones, con formación y la adopción de manuales de funciones y operaciones, en el marco de las nuevas normativas vigentes. Estamos hablando de la FELCN, Migración y el Ministerio Público, entre otras. Esto implica una coordinación permanente.
— ¿Qué desafíos identificó para enfrentar al narcotráfico desde la perspectiva multilateral?
— Este es un aspecto clave. Hemos presentado ante la CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas), que se reunió el 15 de diciembre, un documento que resume la propuesta del país sobre la regionalización de la lucha contra las drogas. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, activó esa socialización. Trabajamos este documento en coordinación con la Cancillería.
Tampoco hemos dejado de lado el trabajo bilateral, especialmente con Brasil. Mientras más confianza se genere con los países vecinos, los resultados tienen más impacto.
— ¿Con qué países de la región existe mayor confianza?
— Ha sido espectacular el trabajo con Brasil, también con Perú y Argentina. En estos dos años se han celebrado reuniones mucho más intensas entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y sus pares de la región. Recientemente, hemos activado reuniones con Chile a nivel de Estados en el ámbito de la lucha contra las drogas.
— Está vigente la nueva Ley 913, que obliga a las instituciones a desarrollar nuevas capacidades técnicas, tecnológicas y normativas. ¿Cómo se encara este reto?
— Se trata de consolidar un trabajo coordinado en la lucha contra el narcotráfico. Con la FIIAP se está trabajando en capacitación en materia de inteligencia, acciones contra la trata y el tráfico; en protocolos de actuación con la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio Público. Esto mismo hay que hacer con los nuevos magistrados, con la Escuela de Jueces; además del asunto de la extinción de dominio.
Tenemos una ley a la que hay que darle operatividad a partir del reglamento. Hay que operativizar el tema de las escuchas telefónicas. Es un gran desafío.
— ¿El reglamento de la ley ya ha sido aprobada por el Gobierno?
— La ley está vigente desde marzo y el decreto fue aprobado esta semana (la entrevista se hizo el 18 de diciembre). Entonces, tenemos un trabajo gigante para aplicar la nueva normativa antidroga de manera correcta y ordenada.
— ¿Qué implica para su despacho aplicar estas dos nuevas normativas, vigentes desde este año?
— Tenemos dos semanas para cerrar el año; lo estamos haciendo con un reglamento nuevo. Será en 2018 que comencemos a ejecutar este plan. Tendremos resultados más contundentes a partir de estas capacitaciones que vamos a realizar.
— ¿Cómo comprende esta nueva estructura legal el principio de la responsabilidad compartida en la lucha contra las drogas?
— En este caso trabajamos con el Viceministro de Defensa Social, que depende del Ministerio de Gobierno, que es la entidad coordinadora de la política antidroga del país. En este momento, nuestro socio más importante en materia de responsabilidad compartida es la Unión Europea.
— ¿Pero hay apertura de captar más financiación, incluso de Estados Unidos?
— Una de nuestras metas es ampliar nuestra capacidad de captar fondos a otros países, porque la responsabilidad compartida es una tarea de todos. Nuestra participación llega a todas las organizaciones multilaterales como la CICAD.
Políticas de prevención a cargo de Salud
El Ministerio de Salud estará a cargo de la aplicación de las políticas de prevención del uso indebido de drogas, de acuerdo con la nueva normativa que entró en vigencia en marzo y que fue reglamentada este mes. Mendoza celebra esta decisión porque se trata de un tema de “salud pública”, pero también implicará un gran reto para la actual arquitectura institucional.
— La prevención contra el consumo indebido de drogas pasa ahora al Ministerio de Salud. ¿Qué implicará esta decisión normativa?
— La prevención debe tener un enfoque de salud pública y no interdictivo (con el uso de la fuerza pública). Entonces, el Ministerio de Salud debe involucrarse de manera integral en este trabajo, pero también con apoyo del Ministerio de Educación, como socio institucional, según el reglamento que ya está aprobado.
Este es un salto muy importante que necesita estar acompañado por profesionales adecuadamente capacitados. Es importante que esta capacitación llegue al ámbito municipal.
— ¿Cómo influirá Conaltid en ese escenario de coordinación?
— Estamos a la espera de dos estudios que se van a publicar en 2018 sobre el consumo de drogas entre la población en edad escolar que habita en las ciudades intermedias. Es un estudio nuevo, porque esto nunca se llegó a aplicar en ciudades como Viacha. También tendremos datos de las poblaciones fronterizas. La información concernida en estos trabajos nos va a dar un panorama para saber dónde se debe atacar en cuanto a las políticas a nivel municipal y departamental. Estos estudios tienen que respaldar las políticas públicas.
— ¿Podría adelantar algo?
— Aún no tengo los datos. Este informe será presentado al gabinete.
SabinoMendozamira a 2018 con el desafío de aplicar la normativa que regula el régimen de la producción de la coca y la Ley 913 de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas. Espera contar para el venidero año con unos $us 17 millones para enfrentar el flagelo de las drogas en el país.
Datos:
Nació: el 12 de diciembre de 1976 en Coroico. Ocupación: coordinador de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid).
Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Andrés, fue constituyente por la provincia Nor Yungas de La Paz, donde fue dirigente. Está en el cargo desde el año 2012