La presión internacional, desde que Jimmy Carter asumió la presidencia de Estados Unidos, era creciente a favor de una apertura democrática en los países de Latinoamérica, que desde principios de la década anterior habían sido regidos por implacables dictaduras militares. En Bolivia, Hugo Banzer, quien ya transitaba por su sexto año al frente del gobierno autocrático, enfrentaba, además, a la lucha del movimiento popular que exigía poner fin a su régimen.
Por ello, a mediados de 1977, el dictador de entonces convocó a elecciones. En realidad, sería una parodia electoral, pues promulgó un decreto ley que impedía la participación de partidos de la oposición y de connotados políticos en esos comicios. Designó a vocales de una corte electoral que estaba absolutamente dispuesta a actuar por instrucciones.
La indignación en las calles era ostensible, pero el aparato de represión estaba presto a continuar con la persecución a quienes no acataran las disposiciones del poder de facto del autócrata quien se había instalado en el Palacio Quemado desde el 21 de agosto de 1971, después de un cruento golpe de Estado.
Fue así que el miércoles 28 de diciembre de 1977, Luzmila de Pimentel, Nelly de Paniagua, Aurora de Lora y Angélica de Flores, esposas de dirigentes sindicales mineros, y sus 14 hijos tomaron las oficinas del segundo piso del Arzobispado católico de La Paz y se declararon en huelga de hambre. Un día después, los niños abandonaron la extrema medida y fueron reemplazados por los sacerdotes Luis Espinal y Xavier Albó, el obispo metodista Pastor Montero, y Domitila Chungara.
Los sindicatos estaban proscritos. Los dirigentes se ocultaban de la feroz represión y el movimiento obrero y popular tenía en La Paz al Comité Interfacultativo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) uno de sus principales representantes, cuyos dirigentes se opusieron a iniciar la medida en época navideña.
Las cuatro mujeres insistieron en su propósito. Eran portadoras de la decisión de una asamblea de base y no retrocederían. No lo hicieron. Sus demandas eran muy sencillas: amnistía general e irrestricta y la convocatoria a elecciones libres.
De esta manera, más de 1.500 bolivianos se echaron a morir en todo el país detrás de esa demanda. El dictador no cedía e inclusive, la madrugada del 13 de enero de 1978, la Policía intervino los recintos en los que se mantenían los huelguistas. Los que se encontraban en mejores condiciones fueron trasladados a las prisiones ilegales del régimen: el Ministerio del Interior, Achocalla y la Dirección de Orden Político.
Al conocer la brutalidad con la que actuó la dictadura en contra de muchos religiosos, la jerarquía eclesiástica católica, representada por el cardenal José Clemente Maurer y el arzobispo Jorge Manrique, declaró el cierre de todos los templos y la suspensión de todos los oficios.
El domingo 15 de enero no hubo misas en protesta. Fue cuando hasta la población que había permanecido indiferente a la medida de fuerza se volcó en contra de Banzer.
El miércoles 17, el Presidente de facto anunció que había dado paso a la demanda de las mujeres mineras y de los ayunadores. Era el principio del fin; la dictadura se derrumbaba.
Faltaba mucho, sin embargo, para que la democracia se convierta en una forma cotidiana de la vida nacional. Cuatro golpes de Estado (dos de ellos especialmente sangrientos), tres elecciones consecutivas, la convocatoria al Congreso de 1980, vale decir aquel que fue elegido por sufragio en 1980, y un proceso demencial de hiperinflación fueron necesarios para que los bolivianos aprendamos a vivir en democracia.
Las elecciones se realizarían el domingo 9 de julio de 1978. Fueron una parodia. El fraude fue evidente, tanto que en la Biblioteca Municipal de La Paz, donde se procedía al recuento, hubo ánforas en las que hubo más votos que votantes. Las papeletas verdes de la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP), la organización política que propugnaría la candidatura presidencial de Juan Pereda Asbún, llenaban las urnas fuera de los sobres.
Al final, debió ser el exministro del Interior quien pidiera la anulación del acto electoral y días después, el 21 de julio de 1978, luego de amenazar con bombardear La Paz, pues era comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, logró la renuncia de Banzer, quien dejó la Presidencia de la República entre lágrimas ante las cámaras del viejo Canal 7.
Aquellas cuatro mujeres recibieron un tardío Cóndor de los Andes en 2013, muchos años más tarde de su gesta. La noticia no fue apertura de ningún periódico nacional y ese reconocimiento estuvo lejos de lo que realmente el Estado debió tributarles. Aún así pasaron a la historia como las arquitectas de un proceso que ya lleva 35 años , a pesar de que durante este tiempo hubo etapas muy críticas y complicadas.
- Jorge Jové es periodista en Extra