Ante un escenario altamente politizado, los desafíos del gabinete —que tomará juramento este martes 23— están vinculados con la necesidad de superar los conflictos generados por el rechazo al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que habilita al presidente Evo Morales a repostularse sin límites legales y por las observaciones al Código del Sistema Penal. Además, el área política del consejo de ministros debe trabajar en una estrategia para dialogar con Chile sobre la base del fallo de la demanda marítima que será emitida luego de las audiencias orales de marzo.
El sociólogo Jorge Komadina señaló que uno de los “grandes errores” registrados el año pasado fue el fallo del TCP. Consideró que es una estrategia de “reproducción del poder” que ha generado una polarización en el país.
“Este es uno de los temas más importantes y que afectará la agenda política en los próximos años”, aseguró.
Ante este escenario, el sociólogo afirmó que el gran desafío del Ejecutivo y del gabinete es recuperar la “confianza” de la población principalmente de las ciudades capitales e intermedias que cuestionan el fallo del TCP y expresaron su descontento con varias muestras de protesta y el acatamiento de huelgas ciudadanas.
Para la docente de Derecho Internacional de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Karen Longaric, la sentencia del TCP que habilitó “ilegalmente” a una nueva repostulación de Morales será siempre cuestionada debido a que “a todas luces es una aberración jurídica que envilece el propósito de la norma internacional”.
Ante esto, expresó que lo racional es “rectificar, dejar sin efecto ese dislate, que más que fallo jurídico es una disposición política”.
La senadora del MAS Nélida Sifuentes señaló que ahora que se ha logrado la habilitación de la candidatura del presidente Morales a una nueva repostulación, no solo los ministros tienen la responsabilidad de trabajar para que se consolide ese propósito, sino todos los sectores sociales y toda la estructura del oficialismo.
Sifuentes aseguró que un reto es vencer el escenario “conflictivo” por las protestas a raíz del fallo y las observaciones al Código Penal, que prevé que se acentúen bajo la consigna de “desgastar la imagen del presidente Morales”, por lo cual se reunirán con las bases para socializar la norma y evitar distorsiones.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló en una entrevista con Urgente.bo que en el gobierno de Morales hubo profundos cambios estructurales y que él experimentó los más importantes efectuados en las áreas social, económica y cultural, así como en materia de democratización política. No obstante, la autoridad mencionó que hay tareas pendientes como la necesidad de universalizar y cualificar los sistemas de salud y educación; la modernización y la reforma de la Policía, de las cajas de salud; una mejor articulación de las universidades con los programas de Estado; la consolidación de la industrialización; atender las necesidades de la clase media y otros.
Romero reconoció además que los errores registrados en estos 12 años se subsanarán con “una mayor dinamicidad y mayor interlocución” con los sectores sociales y la población, así como con un “mayor control con los subalternos” por los hechos de corrupción que se producen en distintas tareas del Estado pero que son utilizados “políticamente y que estigmatizan a todas las autoridades”.
El jefe de bancada de la alianza opositora UD en la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, afirmó que 2017 fue un año que marcó la decadencia del Gobierno y el “deterioro de la imagen” del Mandatario, así como la violación de la Constitución con el fallo del TCP que no respeta la consulta del 21 de febrero que rechazó una nueva repostulación de Morales.
En esa línea, Ortiz expresó que continuarán las protestas contra ese fallo y por la abrogación del Código del Sistema Penal. Ortiz habla de un “divorcio” entre el Gobierno y el pueblo, pues si bien el MAS tiene dos tercios en el Legislativo para “imponer” leyes, el apoyo de la ciudadanía hoy es minoritario.
Komadina destacó que con miras al resultado de la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) —que se prevé emita su fallo este año, por el cual declarará si Chile está obligado o no a negociar con Bolivia una salida soberana al mar—, otro reto es trabajar en una “estrategia post Haya” para generar un escenario de “diálogo real” entre ambos países o asumir otras acciones si el fallo no fuera favorable.
Para ello, Morales instruyó, en diciembre de 2017, al nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas, durante su posesión, que planifiquen las acciones de la posdemanda marítima y recopilen datos sobre temas geográficos, comerciales y de transporte marítimo.
El martes, el canciller Fernando Huanacuni expresó la confianza del Ejecutivo en un dictamen favorable para el país en la CIJ sobre la base de los contundentes argumentos expuestos en el juicio. En esa línea, anunció que el equipo jurídico boliviano conformado por abogados nacionales e internacionales se reunirá el 27 y el 28 de febrero en La Haya para trazar la estrategia de la fase oral del litigio contra Chile, que se realizará del 19 al 28 de marzo.
A decir de Longaric, el Ministerio de Relaciones Exteriores “no ha jugado ningún rol importante” en la demanda marítima instaurada ante la Corte de La Haya. “Durante el mandato del presidente Morales hemos tenido una Cancillería deslucida, especialmente en los temas internacionales de trascendencia”, manifestó la experta.
En ese contexto, Longaric indicó que el “único desafío real” lo tiene el equipo internacional de abogados contratado por el Gobierno boliviano y el agente de Bolivia ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, porque sobre ellos recae la responsabilidad de realizar una “argumentación oral brillante” de la tesis boliviana durante los alegatos orales —que se prevé se realicen en marzo— que sea capaz de convencer a los jueces de la Corte de los fundamentos esgrimidos por Bolivia.
La diputada de la opositora UD Jimena Costa consideró que como en otros años el gabinete tendrá un perfil político y no habrá cambios extraordinarios mientras sigan los líderes de las facciones internas. Empero, detalló que un cambio previsible es que Héctor Arce sea el nuevo
Canciller, pues en los últimos meses ha intentado mostrarse en la comunidad externa.
Finalmente, este 23 de enero cuando Morales posesione a las nuevas autoridades ministeriales se conocerá cuál ha sido la interpretación del Gobierno sobre los conflictos sociales en rechazo a la sentencia del TCP y la Ley del Código del Sistema Penal.
La clave de la estabilidad económica
Mantener la estabilidad económica, diversificar la economía, reducir el déficit comercial e impulsar el sector productivo y el cumplimiento de los pilares de la Agenda Patriótica 2025 son los desafíos del equipo de ministros del área económica que acompañará al presidente Evo Morales el resto del año, según analistas y legisladores del oficialismo y la oposición.
El analista económico Jimmy Osorio indicó que entre los retos importantes están mantener la estabilidad de la economía, diversificar los sectores económicos, promover el rubro productivo y analizar si se mueve el tipo de cambio, pues el año anterior hubo un elevado déficit comercial.
Osorio agregó que otro reto es consolidar un “debate serio” sobre el pacto fiscal que implica la mejora de la economía, la redistribución de la torta tributaria y el manejo del gasto público.
El 29 de diciembre de 2017, el ministro de Economía, Mario Guillén, informó que a septiembre de ese año la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) llegó a 3,82% y estimó que superará el 4%. En 2016, el indicador cerró en 4,3% y en 2015 alcanzó el 4,9%.
Para el sociólogo y analista político Fernando Komadina, si bien la economía boliviana es sólida y ha registrado la mayor expansión en la región, enfrenta una desaceleración.
Para la senadora del MAS Nélida Sifuentes, un reto en el que se debe trabajar es impulsar los pilares de la Agenda Patriótica 2025, así como garantizar la provisión de los servicios básicos como el agua, que es una prioridad.
En ese marco, agregó que uno de los pilares de ese plan es lograr la soberanía de los recursos naturales a través de su nacionalización, su industrialización y su comercialización.
Para el jefe de bancada de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Senadores, Óscar Ortiz, el año pasado se evidenció la mala administración y control del Gobierno de las empresas públicas con el desfalco millonario del estatal Banco Unión y los casos de corrupción en otras firmas públicas, así como el alto endeudamiento externo del que se alimenta la inversión pública.