El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) nació bajo el liderazgo de Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros líderes, tras la breve dictadura de Alberto Natusch Busch que provocó mucha inestabilidad; un débil equilibrio se consiguió con la llegada de Lydia Gueiler a la presidencia a finales de 1979, pero entonces sabíamos que aún estábamos lejos de consolidar la democracia. Fue en ese contexto en que se formó el Conade, porque las fuerzas militares se habían quedado intranquilas debido al movimiento que iniciaron las cuatro mujeres contra el régimen de Hugo Banzer en 1977.  

De hecho, el Conade se reunió el mismo día del golpe del 17 de julio de 1980, cuando muchos líderes fueron asesinados. Yo no pude asistir a ese encuentro porque, al ser educadora, retomaba mis funciones después de la vacación de invierno.

Lo que hicimos ahora, con la reactivación del Conade, es recordar ese histórico momento, ante la necesidad de tener siempre presente la historia viva. Quienes vivimos aquella época y aún estamos vivos tomamos la decisión de hacerlo en vista de lo que sucede con el Código Penal y ante la falta de respeto a la voluntad soberana del pueblo expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016. La idea no fue fundar otra organización, sino revivir al Conade en este otro momento histórico de tanta complejidad. Por lo tanto, en las primeras reuniones ni discutimos el nombre y solo definimos los objetivos muy claros para articular esta entidad que comenzó a gestarse cuando los médicos solicitaron a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos cabildear ante el poder constituido. En la oportunidad, envié una carta al presidente Evo Morales para solicitarle la derogación de los artículos 205 y 137 del Código del Sistema Penal que fue promulgado en diciembre de 2017. Ante la solicitud, me contestó el ministro de Justicia, Héctor Arce, quien me dijo que atender el pedido era imposible, pero más adelante el Presidente tuvo que derogar esos artículos. Conversé con los médicos que protagonizaron la huelga de hambre y coincidimos en recuperar una demanda de vieja data y prioritaria para todo el pueblo de esta hermosa tierra: la de contar con mejores servicios de salud y educación; exigencias legítimas y que hacen a la construcción de una mejor democracia, precisamente a partir del “vivir bien” que proclama el Gobierno.

Como educadora, he seguido de cerca los avances que se han dado en el primer y segundo nivel de atención en salud, pero aún hay necesidades, pues, cuando se requiere del tercer y cuarto nivel de especialidad solo quienes tienen dinero pueden salvarse. Esto es innegable, se requiere mejorar la calidad, por tanto es una motivación real para el Conade. Dicho esto, es inadmisible que tanto el Presidente como el Vicepresidente asocien al Conade con organismos de orientación política. Esta institución está formada por más de medio centenar de entidades, entre ellas colectivos ciudadanos. 

De hecho, ya existe un directorio con responsabilidades específicas a cargo del secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma. Igual, me llamaron para decirme que él pronto dejará el cargo y yo dije que respetaremos la estructura del ente laboral y que estaremos aquí para continuar con la lucha junto a organizaciones representativas.

Los dos objetivos principales que nos fijamos son: la derogación total del Código Penal, que si bien tiene varias innovaciones vinculadas con la necesidad de dejar de lado los “Códigos Banzer”, tiene entre medio palabras que generan mucha desconfianza y que no ayudarán a superar la aguda crisis en la que está la Justicia. Sin Justicia independiente no hay democracia, más aún cuando emergen dudas sobre el respeto a la libertad de expresión y otras cuestiones que ponen al ciudadano ante un fantasma que quiere, como en el pasado, tener el poder absoluto.

Bolivia, que ha luchado por su libertad, ahora está buscando mejores condiciones de vida, con mayor justicia, mejor salud y mucha mejor educación. Sin eso no hay democracia.

• Amparo Carvajal  es presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia