Tras compartir un api con llauchas en su sala de reuniones con el equipo de Animal Político, José Alberto Gonzales hizo un espacio en su agenda para evaluar el proceso de socialización y el conflicto que se desató por las observaciones de diferentes sectores a la Ley del Código Penal, promulgada en diciembre de 2017. El Gringo —como prefieren que lo llamen— reconoció que tras la decisión del presidente Evo Morales de abrogar la norma, la reconfiguración de ésta será muy compleja, pues se requiere volver a consensuar con cada sector y llegar a acuerdos para evitar nuevas tensiones.
— Tras casi tres años de elaboración de la Ley del Código Penal, ¿cómo se evalúa la decisión del Presidente de abrogar la norma?
— Haciendo un balance de lo que ha ocurrido es que la mentira ha doblegado al Código, creo que la campaña tan agresiva y sistemática que se desató, por redes sociales y otros mecanismos, contra la norma logró que la gente tenga miedo y hasta terror. Y no hubo ya forma de revertir la situación pese a que se hicieron esfuerzos de socializar los verdaderos contenidos del Código, pero todo se distorsionó e incluso circuló una edición trucha. Tengo una selección de las mentiras más escandalosas que desafié a quienes nos cuestionaban a que nos las demuestren.
Empero, todos los esfuerzos de la Asamblea para socializar la norma, el acercamiento con los medios, la participación de personas vinculadas a la redacción del Código no alcanzó y nada bastaba, pues mientras se aclaraban las mentiras de un artículo aparecían otras observaciones y siempre estuvimos en desventaja. Además, que tras hacer las aclaraciones los sectores no suspendían sus medidas de protesta hasta que la consigna fue la abrogación del Código y esa demanda se consolidó esta semana. (…) Ahora habrá que sentarse a analizar este hecho porque un país no puede dejar de tener un Código del Sistema Penal que esté actualizado, ya que el vigente proviene de 1972 y fue concebido en un gobierno dictatorial y lo que se pretendía era tener una norma adecuada a estos tiempos pero todo ese esfuerzo no se concretó.
— ¿Cuál es la autocrítica que se hizo sobre este tema?
— La autocrítica pasa por la poca capacidad que hemos tenido para responder a la guerra sucia que se desató contra el Código, lo cual fue la principal dificultad. Asimismo, esto coincidió con el receso de fin de año y estábamos con las actividades casi paralizadas. Quienes hicieron la campaña de desprestigio tocaron temas muy sensibles como por ejemplo que la norma toca la Ley de Imprenta, que si un dirigente toma tu predio rural pacíficamente no comete ningún delito, que la ley no sanciona el microtráfico, que se les iba a quitar su título profesional a los médicos, que la protesta social se penaliza (…) así como otras mentiras. Y todo esto generó miedo. Y cuando quisimos responder a esa campaña de desinformación no tuvimos la fortaleza y la musculatura para hacerlo. Pero, no comparto ese criterio de que durante la elaboración del Código no se lo socializó ni consensuó con los sectores porque puedo mostrar todos los acuerdos que suscribimos con los que se acercaron. Este Código se trabajó casi tres años e ingresó al Legislativo en febrero de 2017 y ha estado casi 11 meses abierto en la comisión, tanto en la Cámara de Diputados como en Senadores y se convocó, a través de cartas, a los colegios de abogados para que remitan sus aportes, pero no participaron y aparecieron cuando surgió el conflicto. Hubo meses en los que nadie participó pese a las convocatorias. (…) Tuvimos experiencias que mostraban un desinterés de muchos sectores que luego aparecieron sumándose a las protestas arguyendo que no se socializó ni consensuó la norma; esas tareas se hicieron con varios sectores como con los médicos pero luego su dirigencia desconoció los acuerdos y lo mismo ocurrió con los transportistas y otros. (…) Ahora, que las facciones internas desconozcan los acuerdos firmados con sus dirigencias es un tema que escapa de la Asamblea.
— Ante estas dificultades, ¿cómo se va a encarar la redacción de la nueva Ley del Código Penal?
— La norma es producto de un trabajo técnico con reconocidos profesionales del derecho penal y en este último tramo ha sido dirigido por el abogado Reynaldo Imaña. Por ello, considero que se hizo un buen trabajo porque en la parte del procedimiento no hubo ningún reclamo. También realizamos un recuento y se estableció que los sectores observaron entre 20 y 25 artículos, que generaban alguna susceptibilidad, una vez que se hacía la explicación la gente quedaba satisfecha en la mayoría de los casos. Y en algunos casos donde se veía que se podía mejorar la redacción la idea era hacerlo o modificarla, y si se consideraba que un artículo sobraba se podía derogar. Ahora, como en todo, hay que aprender de lo malo y de lo que uno se pudo haber equivocado. No digo que el trabajo de la Asamblea fue perfecto porque es una obra de humanos. (…) El Código habrá tenido cosas que se pueden ajustar, pero ahora ya es historia. En adelante, la redacción de la norma dependerá de cuándo se empezará a trabajar y de la metodología a emplear. (…) Pero, sinceramente es una construcción muy compleja y muy dificultosa porque si bien se dispone de cuáles serán las sanciones penales que se aplicarán y sus procedimientos hay muchos intereses que se cruzan entre los sectores y cada uno defiende los suyos. Por ello, lo que hemos tenido que hacer en el proceso de consenso es lograr que los sectores renuncien y cedan para hallar un equilibrio y que en gran porcentaje estén satisfechos. No obstante, cuando se abrió la puerta por la anulación de los artículos 137 y 205 todos los sectores volvieron por la parte que habían cedido cuando se elaboró la normativa. (…) Por tanto, lo que se logró armar en la negociación, la socialización y el consenso con los diferentes sectores se vino abajo y aquellos que renunciaron a una parte de sus peticiones ya demandaron todo (nuevamente) en muchos casos. Ahí radica lo complejo y lo difícil que es tejer todo esto y es ahí donde afloran estas tensiones.
Se necesita más compromiso del Ejecutivo
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, ratificado por cuarto año consecutivo en el cargo, dijo que es importante que haya un “mayor compromiso” del Ejecutivo para la construcción del nuevo Código Penal, pues deben participar todos.
— ¿Qué se requiere para la construcción del nuevo Código?
— Creo que será importante convocar a algunos sectores que en el tratamiento de este Código han estado ausentes y sería importante que de parte del Ejecutivo haya un mayor compromiso y eso sería un elemento que ayudaría mucho. (…) Considero que esto debe ser una construcción colectiva en la que participemos todos. (…)
— ¿Cuáles eran las fortalezas del nuevo Código del Sistema Penal?
— La norma tenía varias virtudes y lo que buscaba era aplicar algunos correctivos desde el procedimiento para evitar que todo el personal vinculado a la justicia pueda someter a la gente más humilde para su beneficio personal. Era un golpe certero a la corrupción. (…) Según un diagnóstico, el 90% de las causas que están abiertas están en la fase preparatoria y solo el 2% tiene sentencia. Y eso muestra un nivel de ineficiencia escandaloso. (…) Una virtud de la norma era que no se podía suspender las audiencias. También se establecía tres tipos de sanciones para los delitos más graves, intermedios y las infracciones o faltas y se plantea diferentes procedimientos que en el caso de las faltas son más expeditos (…) Además, proponía que se garantice la reparación de las víctimas de estafas y otros. Otras ventajas eran que los juicios sean orales y que se concilie en cualquier momento del proceso.
José Alberto Gonzales
Señaló que la “campaña agresiva de desinformación” contra el Código Penal que se desató por redes sociales y otros mecanismos logró que la gente tenga miedo de la norma. Afirmó que la situación no se pudo revertir pese a los esfuerzos de socializar los contenidos de la ley.
Datos:
Nació: El 8 de enero de 1962 en La Paz. Profesión: Periodista
Cargo: Por cuarto año consecutivo fue ratificado como presidente de la Cámara de Senadores
En 2006 fue secretario privado del presidente Evo Morales. En 2009 se desempeñó como Cónsul de Bolivia en Argentina y en 2010 asumió el cargo de embajador en Brasil.