Como bancada opositora de Unidad Demócrata (UD) los asambleístas vamos a trabajar nuestra propia propuesta de ley del Código del Sistema Penal boliviano que esperamos esté concluida en junio de este año; la idea es que ésta comprenda cinco ejes.
El primero consiste en la parte sustantiva, la nueva tipificación y el régimen sancionatorio. El segundo eje está relacionado con la parte procesal, que se debe reestructurar para eliminar la burocracia que ha provocado el retraso de audiencias de los litigantes y ha tenido a muchas personas con detención preventiva durante muchos años.
El tercer pilar está referido a la ejecución penal, un asunto que debe resolverse con urgencia debido a que hoy se debe lamentar que los centros penitenciarios del país están bajo el control de los delincuentes y no bajo los organismos de control del Estado como corresponde.
El cuarto eje tiene que ver con las áreas administrativa y financiera, ya que debe consolidarse una reorganización del presupuesto de la justicia para una nueva reconfiguración del destino de los recursos, entre otros hacia la construcción de infraestructura, la digitalización de los trámites y las asignaciones al sistema judicial según la carga procesal.
Finalmente, el último eje está relacionado con los recursos humanos porque mientras no se modifiquen los procesos de selección de los magistrados, los roles de los máximos tribunales, así como las funciones que cumple el personal del Ministerio Público, no se podrá consolidar la meta de tener una mejor justicia.
Con base en esos parámetros, en marzo vamos a comenzar a trabajar la nueva normativa y esperemos concluirla en junio para que pueda debatirse con la ley que el Movimiento Al Socialismo (MAS) construyó.
Tenemos que analizar qué artículos y procedimientos se pueden rescatar del Código elaborado por el oficialismo y eso deberá debatirse.
El proyecto de ley que presentaremos se socializará con las instituciones colegiadas, sindicales, gremios públicos y privados, así como con las organizaciones sociales para ver cuál es su opinión acerca de la propuesta y conocer si tienen observaciones.
Lo que es evidente es que el vigente Código Penal está desactualizado pues data de 1972, fue concebido en el gobierno dictatorial de Hugo Banzer y debe adecuarse a la realidad actual del país pero esa norma tiene que ser la base con la que se debe trabajar.
El derecho penal internacional ha establecido nuevos cimientos en materia de justicia y éstos deben ser parte del nuevo Código, por ejemplo el uso de las tecnologías, la digitalización de los trámites y los expedientes, el establecimiento de audiencias orales y otros del procedimiento.
Respecto de la socialización de la norma es vital que se organicen foros departamentales donde participen las organizaciones de profesionales, empresarios, comerciantes, trabajadores asalariados, miembros de las distintas iglesias y otros que estén vinculados con el Código. Si bien este proceso será extenso se requiere un debate irrestricto debido a que esto evitará que se tropiece con nuevos conflictos sociales o tensiones.
El error por el que se anuló el Código del Sistema Penal, promulgado en diciembre de 2017, fue que el proceso de socialización no fue encarado de forma adecuada. La presión por promulgar la normativa hasta fines del año pasado desembocó en protestas sociales de diferentes sectores como los médicos, los transportistas y otros que demandaban la anulación de varios artículos, lo que al final terminó en que las organizaciones pidan su abrogación.
En ese sentido, es necesario garantizar un amplio proceso de socialización y consenso con los sectores y será, precisamente, bajo los cinco ejes detallados líneas arriba que trabajaremos para construir el nuevo Código; tras concluir el proceso de discusión interna de la norma se generará un documento y ese será nuestro aporte a la transformación de la justicia. Esta es una deuda que tenemos con el país.
- Wilson Santamaría es diputado de Unidad Democrática (UD)