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Argumentos que se impusieron a Goni y Sánchez Berzaín

Los abogados revelan las claves de los alegatos que terminaron por convencer al jurado de Fort Lauderdale.

El expresidente boliviano ingresando a la corte de Fort Lauderdale. Foto: APG

/ 11 de abril de 2018 / 04:00

Al menos cinco argumentos se impusieron en favor de las ocho familias que promovieron el juicio civil en Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, declarados responsables por las “ejecuciones extrajudiciales” que se cometieron entre septiembre y octubre de 2003, en el episodio también conocido como la “guerra del gas”.

Los testimonios de soldados que dispararon contra civiles acatando órdenes superiores; de los familiares de las víctimas que relataron que sus parientes no participaron en las manifestaciones; la declaración de exautoridades sobre la postura represiva del gobierno de Sánchez de Lozada; la emisión de normas para justificar acciones militares contra las protestas sociales; y las intenciones fallidas de negociar pacíficamente una salida al conflicto social y la crisis política que estallaron en Bolivia hace 15 años fueron las evidencias que finalmente convencieron a los 10 ciudadanos que conformaron el jurado que se instaló en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, para conocer y dictaminar sentencia sobre el caso.

El tribunal se disolvió tras el fallo emitido el 3 de abril. Ahora es el juez James Cohn quien podrá o no ratificar la sentencia el 4 de mayo, incluso puede seguir la recomendación del jurado que pidió $us 10 millones de indemnización para las familias afectadas, aunque Goni y Sánchez Berzaín apelarán pidiendo la nulidad de la sentencia.

Pero la decisión fue “unánime”, aseguró el abogado norteamericano Thomas Becker en un contacto con esta redacción. “No se trata de un juicio por dinero, este es un juicio por justicia”, remarcó el letrado, quien estuvo en La Paz pocos días después del dictamen.

“Hemos presentado muchos testimonios, yo creo que la gente boliviana es muy honesta, puede ver y hablar de lo que pasó, que militares disparaban a la gente. La estrategia de Goni consistía en un par de testimonios, un par de expertos, videos y muchos documentos, pero la diferencia entre esas versiones y los testimonios es realmente muy grande (…). Los testigos han dicho la verdad y el jurado lo entendió así, pues en 2003 hubo violencia contra la gente”, complementó.

“Sentimos mucha emoción con la decisión del jurado y lo vemos como un paso histórico para Bolivia, pues a pesar de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron del país, se logró un fallo que declara que son culpables de la masacre de octubre de 2003”, declaró a Animal Político Beth Stephens, abogada estadounidense que auspició a los demandantes.

El jurista boliviano Rogelio Mayta, quien promovió el litigio desde el país, destacó la declaración del exsoldado Jorge Limbert, porque él describió cómo fueron obligados por sus superiores para disparar contra los civiles.

“Con esto, el conscripto ha desarticulado el argumento de la defensa de que los militares habrían actuado porque estaban siendo atacados por civiles armados”, dijo Mayta durante una conversación con este suplemento.

El jurista señaló que el soldado declaró que inclusive sus superiores lo habían forzado y presionado a firmar, en octubre de 2003, una denuncia ante la Fiscalía en la que se establecía que había visto a civiles con armas y cachorros de dinamita para justificar la violencia, lo cual no era una realidad. “Si bien hubo manifestantes con piedras y palos, no tenían armas y ese fue un testimonio vital para mostrar al jurado cómo pasaron los hechos”. Añadió que Goni y Sánchez Berzaín eran la máxima instancia de decisión en la cadena de mando en las operaciones militares llevadas a cabo entonces.

El 20 de septiembre de 2003, el Gobierno de entonces activó un operativo militar para sacar de Sorata, un poblado rural al norte de La Paz, a un grupo de turistas extranjeros que habían quedado atrapados por los bloqueos que se instalaron en la ruta al lago Titicaca. Los campesinos, que ya exigían la “industrialización del gas”, también pedían ejercer la justicia comunitaria y la libertad de dirigentes detenidos. Sánchez Berzaín hizo un vuelo en helicóptero por la zona del conflicto, según las versiones de prensa de esos años. Ese día cinco personas murieron, entre ellas la niña Marlene Rojas, quien fue alcanzada por una bala mientras estaba en su casa de Warisata.

Dos semanas después de esos sucesos, Goni y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos y así se zanjó la llamada crisis de octubre de 2003 que dejó 60 fallecidos y más de 400 heridos. Por estos hechos, los jefes militares de entonces fueron condenados en Bolivia a entre 11 y 15 años de presidio. Sánchez de Lozada fue declarado en rebeldía al término de este proceso.

Otro testimonio clave fue el de Ela Trinidad, quien contó que el 12 de octubre, cuando retornaba en la madrugada a su casa, situada en la avenida Juan Pablo II, observó el desarrollo de las operaciones militares contra los civiles. Mayta precisó que la testigo vio a un oficial cuando increpaba a un soldado por no haber disparado contra la población civil, lo que provocó que su superior dispare al conscripto. “Tras presenciar este hecho, ella escapó y fue perseguida por otros soldados que la golpearon. Luego, los uniformados  le dijeron que los habían obligado a realizar estas acciones y que ellos no querían hacerlo y la dejaron huir”, declaró Mayta.

Stephens también resaltó que fue muy importante que más de cinco personas, en distintos días y sitios, vieron a soldados disparando a civiles sin ninguna justificación porque la población no tenían armas, e incluso dos o tres escucharon a oficiales dando la orden a los soldados de que “disparen a cualquier cosa que se mueva”.

Decisiones. Mayta explicó además que esos días se aplicó el Plan República, el cual constituyó una de las pruebas que admitió la Corte en el juicio. El documento, que fue puesto en vigencia en enero de 2003 y se ejecutó desde el 11 de septiembre de ese año, permitía la disposición de todos los efectivos castrenses principalmente para el “control de disturbios civiles”, aplicando dos principios de la guerra: “masa y sorpresa”.

El Informe La Razón, publicado el 14 de octubre de 2013, señala que los reportes de Inteligencia advertían de una escalada de protestas civiles debido a que el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a Estados Unidos requería elegir entre los puertos de Ilo en Perú o Patillos en Chile. Una de las fuentes consultadas para ese reportaje reveló que para Goni la salida por Chile era técnica y económicamente más conveniente, aunque nunca lo manifestó en público.

El 2 de septiembre, una marcha de campesinos partió desde Caracollo exigiendo el cumplimiento de un pliego de 72 demandas (pendientes desde 2001), la liberación del dirigente Edwin Huampo —acusado del asesinato en un supuesto caso de justicia comunitaria— y rechazaba la venta de gas por Chile. Todo coincidió con el paro cívico en El Alto que se oponía a un plan  administrativo de registro edil.

Tras la marcha, los campesinos tomaron el teatro de radio San Gabriel e instalaron un piquete de huelga de hambre. El Gobierno desconoció un acuerdo y el sector del agro amenazó con bloquear caminos. Para Sánchez Berzaín (Informe La Razón: 2013), estas eran señales de un foco subversivo. Para ello, pidió a Goni aplicar “una política de excepción inmediata”.

Según las pruebas recolectadas en el juicio de responsabilidades sustanciado en Bolivia, el 11 de septiembre comenzó a ejecutarse el plan República, con el operativo militar. Ocho días después, movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba pedían “la industrialización del gas” en Bolivia, mientras un bloqueo aisló a decenas de turistas en la población de Sorata.

La abogada Stephens explicó que, durante el juicio, este último hecho fue aclarado por el testimonio de una ciudadana norteamericana —que vivía temporalmente en el poblado— quien testificó que se podía salir caminando y que el cierre de vías no era tan grave como advirtió Sánchez Berzaín.
Sobre la base de los testimonios, la letrada explicó que Sánchez Berzaín no buscó negociar con los bloqueadores, sino que pretendía “reprimir” las protestas para mostrar el “poder estatal”. “¡Hay que meterles bala, son subversivos, esto es guerra!”, arengó el ministro, según una fuente militar (Informe La Razón: 2013).

Mayta resaltó que los testimonios de familiares de las víctimas también influyeron en el veredicto, pues los relatos mostraron que ninguno de sus parientes estaba participando de las protestas y que pese a ello fueron sorprendidos por las incursiones militares. El jurista aseguró, además, que los testimonios del exalcalde de La Paz Juan del Granado y el exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas jugaron un papel muy importante.

Canelas reveló que las dos exautoridades desde 2000 tenían la idea de “actuar con la fuerza militar frente a las manifestaciones sociales”, según los testimonios. Mayta agregó que: Del Granado declaró que en octubre de 2003, durante sus conversaciones con Sánchez Berzaín, evidenció que el exministro estaba decidido al “uso de la fuerza para imponerse”.

En tanto, Stephens mencionó que se cuestionó que el juez James Cohn haya admitido como elementos de prueba de la defensa una serie de cables de la Embajada de Estados Unidos, de octubre de 2003, que no tenían un emisor identificado y que señalaban que había civiles que disparaban desde los techos, lo cual no era cierto.

Asimismo, la abogada apunta que se observó la declaración de David Katz, quien hizo un análisis como un experto en balística pero no lo era.

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La entrada de Villa Victoria cumple su recorrido con señales de duelo

Los grupos que año tras año participan de esta tradicional entrada hicieron su recorrido este sábado, aunque esta vez llevaron crespones negros en sus estandartes en señal de duelo por lo que ocurrió con los siete fraternos.

La calle Virrey Toledo de Villa Victoria donde fallecieron los fraternos continúa con flores.

/ 26 de agosto de 2018 / 00:15

La entrada de Villa Victoria en honor a la Virgen de Asunción no es la misma este año. Entre las calles Sorata y Asunción, por el sector de la Virrey Toledo, los danzarines de las fraternidades no bailan, hacen una pausa y caminan en señal del duelo que aún acongoja a los Caporales Juvenil Brillantes de Villa Victoria. Siete de sus integrantes perecieron en un hecho de tránsito.

La festividad debía recorrer las principales calles de esta zona el 18 agosto pasado, pero fue trasladada hasta este sábado debido, precisamente, a que en ese lugar que está cerca de la iglesia de la patrona, la noche del miércoles 15, un vetusto microbus irrumpió en el ensayo de los jóvenes y mató a siete.

Los grupos que año tras año participan de esta tradicional entrada hicieron su recorrido este sábado, aunque esta vez llevaron crespones negros en sus estandartes en señal de duelo por lo que ocurrió con los siete fraternos.

Espere

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Claveles blancos y rosados, además de gladiolos de intenso color están en el lugar junto con inscripciones de los nombres de los difuntos como un recordatorio de lo sucedido. Es el altar que sus familiares han instalado en medio de su congoja.

La tragedia había conmocionado a los vecinos, quienes demandaron a la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Villa Victoria la cancelación de la manifestación folclórica.

Espere

Wilson C. Ch., el chofer, y Melitón C. el mecánico, quien horas antes de la tragedia había revisado el motorizado que embistió y mató a las siete personas, están en la cárcel de San Pedro con detención preventiva. El primero se habían dado a la fuga, pero días después se entregó a la Policía.

En sus declaraciones ante las autoridades reveló que ese día estaba con el mecánico del motorizado y que él le incitó a huir.

Omisión de socorro, homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, entre otros, son los cargos por los que se los procesa.

Hasta las 18.30, los caporales Juvenil Brillantes de Villa Victoria no habían hecho su paso, quizá porque decidieron no hacerlo. De todas formas, los directivos de la festividad han anunciado que les entregarían un premio póstumo, un aliciente que no borra el dolor que los embarga.

(25/08/2018)

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Sereci alista para 2019 emisión de certificados en idiomas indígenas

El artículo 30 de la Carta Magna establece que un derecho de las naciones y pueblos indígenas es que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación.

Atención en una caseta del Sereci en La Paz.

/ 30 de julio de 2018 / 11:24

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) alista para 2019 la emisión de certificados bilingües, que además de consignar la información en castellano, contendrán la traducción en quechua, aymara y guaraní según la autoidentificación cultural del usuario.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas, indicó, en una entrevista con La Razón, que en una primera instancia se emitirán certificados de nacimiento bilingües y en una siguiente fase los certificados de matrimonio y defunción tendrán la misma característica.

Costas explicó que los documentos incluirán las referencias como los nombres, los apellidos, el lugar y la fecha de nacimiento, la fecha de emisión y otros indicadores en castellano y su traducción en quechua, aymara y guaraní, en función a la autoidentificación cultural del ciudadano.

Espere…

“Aquellas personas que decidan que pertenecen a algún pueblo indígena podrán solicitar sus documentos de manera bilingüe”, apuntó el vocal del TSE.
Especificó que el actual Sistema de Registro Civil Biométrico está en condiciones de emitir los certificados bilingües, en los que también se incorporará la autoidentificación cultural.

Costas proyectó que el próximo año se comenzará a emitir los certificados en castellano y los idiomas indígenas y también se incluirá la opción de pertenencia.

“Con esta iniciativa se fortalece el principio constitucional de la autoidentificación de las personas y se reconoce que además de ser bolivianos nos autoidentificamos con alguno de los 36 pueblos indígenas”, manifestó el vocal.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (30/07/2018)

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Sereci alista para 2019 emisión de certificados en idiomas indígenas

El artículo 30 de la Carta Magna establece que un derecho de las naciones y pueblos indígenas es que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación.

/ 30 de julio de 2018 / 11:24

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) alista para 2019 la emisión de certificados bilingües, que además de consignar la información en castellano, contendrán la traducción en quechua, aymara y guaraní según la autoidentificación cultural del usuario.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas, indicó, en una entrevista con La Razón, que en una primera instancia se emitirán certificados de nacimiento bilingües y en una siguiente fase los certificados de matrimonio y defunción tendrán la misma característica.

Costas explicó que los documentos incluirán las referencias como los nombres, los apellidos, el lugar y la fecha de nacimiento, la fecha de emisión y otros indicadores en castellano y su traducción en quechua, aymara y guaraní, en función a la autoidentificación cultural del ciudadano.

Espere…

“Aquellas personas que decidan que pertenecen a algún pueblo indígena podrán solicitar sus documentos de manera bilingüe”, apuntó el vocal del TSE.
Especificó que el actual Sistema de Registro Civil Biométrico está en condiciones de emitir los certificados bilingües, en los que también se incorporará la autoidentificación cultural.

Costas proyectó que el próximo año se comenzará a emitir los certificados en castellano y los idiomas indígenas y también se incluirá la opción de pertenencia.

“Con esta iniciativa se fortalece el principio constitucional de la autoidentificación de las personas y se reconoce que además de ser bolivianos nos autoidentificamos con alguno de los 36 pueblos indígenas”, manifestó el vocal.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (30/07/2018)

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El tren bioceánico combinará trenes eléctricos y a diésel

El sistema mixto pretende optimizar el uso de energía y los costos. Se requiere establecer “alianzas estratégicas” en el ámbito académico con diferentes países, porque las naciones socias del proyecto están retrasadas en el desarrollo de tecnología en el transporte férreo.

El ministro Milton Claros muestra la ruta de la ferrovía.

/ 9 de julio de 2018 / 13:33

El proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) contempla la “combinación estratégica” de trenes eléctricos y a diésel con el objetivo de optimizar los costos de operación y el uso de energía.

“Lo que nosotros tenemos que optimizar es el gasto en operación, en todo lo que es logística, y si nosotros hacemos una combinación de trenes eléctricos y trenes a diésel ahorramos bastante en los costos de funcionamiento del corredor”, reveló el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con La Razón.

El corredor interoceánico es un megaproyecto propuesto por Bolivia, que unirá los puertos de Ilo, en Perú, y Santos, en Brasil, y atravesará territorio nacional hasta llegar a Asia. Paraguay y Uruguay se unirán a la ferrovía mediante un ramal que se conectará con la hidrovía Paraguay-Paraná.

La autoridad explicó que se evalúa la mejor combinación de los ferrocarriles de acuerdo con las condiciones del terreno de la ruta.

Claros citó, por ejemplo, que los trenes eléctricos se pueden utilizar en las zonas planas como el tramo entre el puerto brasileño de Santos y el departamento de Santa Cruz, hasta llegar posiblemente a Cochabamba.

En cambio, precisó que los trenes a diésel, que poseen una mayor fuerza, pueden ser empleados en el recorrido entre las regiones de Cochabamba, La Paz y la población peruana de Mazocruz porque tiene una mayor altitud.

“Ante esto, se puede hacer una combinación estratégica del uso de los trenes eléctricos y a diésel”. (09/07/2018)

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El tren bioceánico combinará trenes eléctricos y a diésel

El sistema mixto pretende optimizar el uso de energía y los costos. Se requiere establecer “alianzas estratégicas” en el ámbito académico con diferentes países, porque las naciones socias del proyecto están retrasadas en el desarrollo de tecnología en el transporte férreo.

/ 9 de julio de 2018 / 13:33

El proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) contempla la “combinación estratégica” de trenes eléctricos y a diésel con el objetivo de optimizar los costos de operación y el uso de energía.

“Lo que nosotros tenemos que optimizar es el gasto en operación, en todo lo que es logística, y si nosotros hacemos una combinación de trenes eléctricos y trenes a diésel ahorramos bastante en los costos de funcionamiento del corredor”, reveló el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con La Razón.

El corredor interoceánico es un megaproyecto propuesto por Bolivia, que unirá los puertos de Ilo, en Perú, y Santos, en Brasil, y atravesará territorio nacional hasta llegar a Asia. Paraguay y Uruguay se unirán a la ferrovía mediante un ramal que se conectará con la hidrovía Paraguay-Paraná.

La autoridad explicó que se evalúa la mejor combinación de los ferrocarriles de acuerdo con las condiciones del terreno de la ruta.

Claros citó, por ejemplo, que los trenes eléctricos se pueden utilizar en las zonas planas como el tramo entre el puerto brasileño de Santos y el departamento de Santa Cruz, hasta llegar posiblemente a Cochabamba.

En cambio, precisó que los trenes a diésel, que poseen una mayor fuerza, pueden ser empleados en el recorrido entre las regiones de Cochabamba, La Paz y la población peruana de Mazocruz porque tiene una mayor altitud.

“Ante esto, se puede hacer una combinación estratégica del uso de los trenes eléctricos y a diésel”. (09/07/2018)

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