Al menos cinco argumentos se impusieron en favor de las ocho familias que promovieron el juicio civil en Estados Unidos contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) y su exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, declarados responsables por las “ejecuciones extrajudiciales” que se cometieron entre septiembre y octubre de 2003, en el episodio también conocido como la “guerra del gas”.
Los testimonios de soldados que dispararon contra civiles acatando órdenes superiores; de los familiares de las víctimas que relataron que sus parientes no participaron en las manifestaciones; la declaración de exautoridades sobre la postura represiva del gobierno de Sánchez de Lozada; la emisión de normas para justificar acciones militares contra las protestas sociales; y las intenciones fallidas de negociar pacíficamente una salida al conflicto social y la crisis política que estallaron en Bolivia hace 15 años fueron las evidencias que finalmente convencieron a los 10 ciudadanos que conformaron el jurado que se instaló en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, para conocer y dictaminar sentencia sobre el caso.
El tribunal se disolvió tras el fallo emitido el 3 de abril. Ahora es el juez James Cohn quien podrá o no ratificar la sentencia el 4 de mayo, incluso puede seguir la recomendación del jurado que pidió $us 10 millones de indemnización para las familias afectadas, aunque Goni y Sánchez Berzaín apelarán pidiendo la nulidad de la sentencia.
Pero la decisión fue “unánime”, aseguró el abogado norteamericano Thomas Becker en un contacto con esta redacción. “No se trata de un juicio por dinero, este es un juicio por justicia”, remarcó el letrado, quien estuvo en La Paz pocos días después del dictamen.
“Hemos presentado muchos testimonios, yo creo que la gente boliviana es muy honesta, puede ver y hablar de lo que pasó, que militares disparaban a la gente. La estrategia de Goni consistía en un par de testimonios, un par de expertos, videos y muchos documentos, pero la diferencia entre esas versiones y los testimonios es realmente muy grande (…). Los testigos han dicho la verdad y el jurado lo entendió así, pues en 2003 hubo violencia contra la gente”, complementó.
“Sentimos mucha emoción con la decisión del jurado y lo vemos como un paso histórico para Bolivia, pues a pesar de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron del país, se logró un fallo que declara que son culpables de la masacre de octubre de 2003”, declaró a Animal Político Beth Stephens, abogada estadounidense que auspició a los demandantes.
El jurista boliviano Rogelio Mayta, quien promovió el litigio desde el país, destacó la declaración del exsoldado Jorge Limbert, porque él describió cómo fueron obligados por sus superiores para disparar contra los civiles.
“Con esto, el conscripto ha desarticulado el argumento de la defensa de que los militares habrían actuado porque estaban siendo atacados por civiles armados”, dijo Mayta durante una conversación con este suplemento.
El jurista señaló que el soldado declaró que inclusive sus superiores lo habían forzado y presionado a firmar, en octubre de 2003, una denuncia ante la Fiscalía en la que se establecía que había visto a civiles con armas y cachorros de dinamita para justificar la violencia, lo cual no era una realidad. “Si bien hubo manifestantes con piedras y palos, no tenían armas y ese fue un testimonio vital para mostrar al jurado cómo pasaron los hechos”. Añadió que Goni y Sánchez Berzaín eran la máxima instancia de decisión en la cadena de mando en las operaciones militares llevadas a cabo entonces.
El 20 de septiembre de 2003, el Gobierno de entonces activó un operativo militar para sacar de Sorata, un poblado rural al norte de La Paz, a un grupo de turistas extranjeros que habían quedado atrapados por los bloqueos que se instalaron en la ruta al lago Titicaca. Los campesinos, que ya exigían la “industrialización del gas”, también pedían ejercer la justicia comunitaria y la libertad de dirigentes detenidos. Sánchez Berzaín hizo un vuelo en helicóptero por la zona del conflicto, según las versiones de prensa de esos años. Ese día cinco personas murieron, entre ellas la niña Marlene Rojas, quien fue alcanzada por una bala mientras estaba en su casa de Warisata.
Dos semanas después de esos sucesos, Goni y Sánchez Berzaín huyeron a Estados Unidos y así se zanjó la llamada crisis de octubre de 2003 que dejó 60 fallecidos y más de 400 heridos. Por estos hechos, los jefes militares de entonces fueron condenados en Bolivia a entre 11 y 15 años de presidio. Sánchez de Lozada fue declarado en rebeldía al término de este proceso.
Otro testimonio clave fue el de Ela Trinidad, quien contó que el 12 de octubre, cuando retornaba en la madrugada a su casa, situada en la avenida Juan Pablo II, observó el desarrollo de las operaciones militares contra los civiles. Mayta precisó que la testigo vio a un oficial cuando increpaba a un soldado por no haber disparado contra la población civil, lo que provocó que su superior dispare al conscripto. “Tras presenciar este hecho, ella escapó y fue perseguida por otros soldados que la golpearon. Luego, los uniformados le dijeron que los habían obligado a realizar estas acciones y que ellos no querían hacerlo y la dejaron huir”, declaró Mayta.
Stephens también resaltó que fue muy importante que más de cinco personas, en distintos días y sitios, vieron a soldados disparando a civiles sin ninguna justificación porque la población no tenían armas, e incluso dos o tres escucharon a oficiales dando la orden a los soldados de que “disparen a cualquier cosa que se mueva”.
Decisiones. Mayta explicó además que esos días se aplicó el Plan República, el cual constituyó una de las pruebas que admitió la Corte en el juicio. El documento, que fue puesto en vigencia en enero de 2003 y se ejecutó desde el 11 de septiembre de ese año, permitía la disposición de todos los efectivos castrenses principalmente para el “control de disturbios civiles”, aplicando dos principios de la guerra: “masa y sorpresa”.
El Informe La Razón, publicado el 14 de octubre de 2013, señala que los reportes de Inteligencia advertían de una escalada de protestas civiles debido a que el proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL) a Estados Unidos requería elegir entre los puertos de Ilo en Perú o Patillos en Chile. Una de las fuentes consultadas para ese reportaje reveló que para Goni la salida por Chile era técnica y económicamente más conveniente, aunque nunca lo manifestó en público.
El 2 de septiembre, una marcha de campesinos partió desde Caracollo exigiendo el cumplimiento de un pliego de 72 demandas (pendientes desde 2001), la liberación del dirigente Edwin Huampo —acusado del asesinato en un supuesto caso de justicia comunitaria— y rechazaba la venta de gas por Chile. Todo coincidió con el paro cívico en El Alto que se oponía a un plan administrativo de registro edil.
Tras la marcha, los campesinos tomaron el teatro de radio San Gabriel e instalaron un piquete de huelga de hambre. El Gobierno desconoció un acuerdo y el sector del agro amenazó con bloquear caminos. Para Sánchez Berzaín (Informe La Razón: 2013), estas eran señales de un foco subversivo. Para ello, pidió a Goni aplicar “una política de excepción inmediata”.
Según las pruebas recolectadas en el juicio de responsabilidades sustanciado en Bolivia, el 11 de septiembre comenzó a ejecutarse el plan República, con el operativo militar. Ocho días después, movilizaciones en La Paz, El Alto y Cochabamba pedían “la industrialización del gas” en Bolivia, mientras un bloqueo aisló a decenas de turistas en la población de Sorata.
La abogada Stephens explicó que, durante el juicio, este último hecho fue aclarado por el testimonio de una ciudadana norteamericana —que vivía temporalmente en el poblado— quien testificó que se podía salir caminando y que el cierre de vías no era tan grave como advirtió Sánchez Berzaín.
Sobre la base de los testimonios, la letrada explicó que Sánchez Berzaín no buscó negociar con los bloqueadores, sino que pretendía “reprimir” las protestas para mostrar el “poder estatal”. “¡Hay que meterles bala, son subversivos, esto es guerra!”, arengó el ministro, según una fuente militar (Informe La Razón: 2013).
Mayta resaltó que los testimonios de familiares de las víctimas también influyeron en el veredicto, pues los relatos mostraron que ninguno de sus parientes estaba participando de las protestas y que pese a ello fueron sorprendidos por las incursiones militares. El jurista aseguró, además, que los testimonios del exalcalde de La Paz Juan del Granado y el exministro de Gobierno Víctor Hugo Canelas jugaron un papel muy importante.
Canelas reveló que las dos exautoridades desde 2000 tenían la idea de “actuar con la fuerza militar frente a las manifestaciones sociales”, según los testimonios. Mayta agregó que: Del Granado declaró que en octubre de 2003, durante sus conversaciones con Sánchez Berzaín, evidenció que el exministro estaba decidido al “uso de la fuerza para imponerse”.
En tanto, Stephens mencionó que se cuestionó que el juez James Cohn haya admitido como elementos de prueba de la defensa una serie de cables de la Embajada de Estados Unidos, de octubre de 2003, que no tenían un emisor identificado y que señalaban que había civiles que disparaban desde los techos, lo cual no era cierto.
Asimismo, la abogada apunta que se observó la declaración de David Katz, quien hizo un análisis como un experto en balística pero no lo era.