El Gobierno decretó el miércoles el indulto de 2.735 internos con detención preventiva y sentencia ejecutoriada, hasta ahora el beneficio de mayor alcance para los internos en cárceles del país. El hacinamiento, la convivencia desigual de los reos y las fallas en el control —que ocasionaron los disturbios en Palmasola a mediados de marzo— son algunos de los temas abordados en esta conversación con el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

— ¿Cuáles han sido las causas por las que se perdió el control en la cárcel de Palmasola?

— Se debe a dos factores, el primero es la falta de infraestructura carcelaria, como Estado no se ha invertido en ese tema y solo se han destinado recursos en los penales de máxima seguridad construidos en los 80 (…). A partir de 2005 se han empezado a hacer inversiones para aumentar el número de policías para la seguridad penitenciaria, así como en la refacción de algunos recintos, por ejemplo en Tarija (…) y otras regiones. El segundo factor es el hacinamiento en los penales. Ambas causas han ocasionado que los pabellones se conviertan en ciudadelas, las cuales eran controladas por los internos (…). También incidió el no tener una supervisión efectiva de la seguridad penitenciaria.

— ¿Cómo la Policía ha permitido el ingreso de objetos suntuosos para los internos?

—Esto se debe a un control permisivo e inadecuado. El ingreso de objetos suntuosos en los penales es una distorsión completa (…). Los privados de libertad se han dado modos y la norma tiene algunas deficiencias. Asimismo, algunos presos cuando ya están por cumplir su pena, y más aún cuando están en un régimen abierto, hacen ciertas solicitudes al juez para tener una televisión u otros equipos y éste aprueba esas peticiones.

Otro factor que ha posibilitado esto es a través de los delegados de los presos, que son elegidos en el marco del proceso de resocialización, (…) pero normalmente ellos no son los más representativos, sino que son los más peligrosos y son escogidos en función a la violencia y el dinero. Y eso es lo que ha generado que existan estos grupos de poder (…). También ellos tienen otros beneficios como participar en la cocina, tener el control de los talleres, elegir qué personas van a salir como procuradores y otros (…) pero todo eso se tergiversó.

— ¿Cuáles eran las acciones irregulares de Víctor Hugo Escóbar, regente en Palmasola?

— Escóbar, alias Oti, es una persona muy peligrosa, tiene una sentencia de 30 años, sin derecho a indulto, por el asesinato de dos policías en 2009 en la comisaría del estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Formaba parte de una estructura mayor (…), de un grupo de poder que vivía en las mejores condiciones y con un grupo de seguridad permanente, estaba rodeado de extranjeros peligrosos, y sobre su vivienda había una torreta centinela. (…) Los beneficios que tenía Oti y su entorno eran utilizados para generar violencia interna, extorsiones, microtráfico de droga e incluso hasta para planificar muchos robos y atracos desde la cárcel de Palmasola. Él se sentía protegido y con mucho poder. Con los alquileres de las celdas tenía muchos ingresos económicos. Y eso es lo que originaba las pugnas de poder al interior y exterior del penal. Para nosotros como Gobierno es fuerte que los delitos se planifiquen desde el interior de la cárcel, eso es algo que se debería cortar para no tener una situación de peligrosidad como en Brasil, donde el Primer Comando de la Capital (PCC), la banda criminal más grande de Brasil, urde los robos desde dentro del penal. Y esta situación es la que ha incidido para la intervención a Palmasola el 14 de marzo, así como el traslado de reos a otros recintos.

— ¿Qué otros penales también tienen problemas internos?

— La situación más crítica la tenía Palmasola. La otra cárcel con mayor hacinamiento es la de San Pedro, que alberga a 2.500 presos, pero no todos son tan peligrosos como en Palmasola. Actualmente, hay 18.041 presos, de los cuales 6.000 estaban en Palmasola. (…) Ninguno de los recintos significaba un peligro como la cárcel de Palmasola, por eso debía desarticularse los grupos de poder.

— ¿A través de qué mecanismos se prevé resolver los problemas que hay en el sistema carcelario?

— En mi criterio, un centro penitenciario es el reflejo de la administración de justicia en un país. Tener al 70% de presos con detención preventiva sin sentencia es preocupante y no es un fenómeno aislado de la región porque ocurre lo mismo en otros lugares (…). Éste es un problema de la administración de la justicia. Estamos en un momento de crisis (del sistema carcelario) pero en un punto de inflexión, aunque es bueno resaltar que nos encontramos en plena reforma penitenciaria que no es de ahora. Para ello, se debe ejecutar una política (de contención) criminal para que los procedimientos sean más ágiles y no permitan tanta retardación de justicia y se tenga presos con sentencia. También se debe aplicar la clasificación de los internos para cumplir la resocialización de la población carcelaria. Para ello, se prevé construir tres recintos penitenciarios: en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, cada uno con capacidad de acoger a 10.000 internos, y que permitirán resolver el hacinamiento. (…) En el primero, que se edificará este año en Chonchocoro, los reos deberán cumplir un tercio de su sentencia en un régimen cerrado y de máxima seguridad, luego se los clasificará y pasarán a un sistema de seguridad intermedia. Finalmente, se evaluará la conducta, la predisposición para trabajar y estudiar de los presos y si los internos tienen un buen comportamiento pasarán a un espacio de mínima seguridad, en el que podrán acceder a pabellones de recreación, de estudio y otros. También habrá espacios para los reos sin sentencia, entre otros (…). En esta organización, la idea es no mezclar a todos y hacer la clasificación de acuerdo con el tipo de delito que cometen los presos y la peligrosidad de los mismos. Para ello, se requieren ambientes para separarlos incluso en los sectores de máxima seguridad y de seguridad intermedia, los cuales se construirán en las nuevas cárceles. Con ello, se eliminará el cobro de alquileres por las celdas.

Se aplicará control cruzado en las cárceles

El Gobierno anunció que se efectuará un “control cruzado” en las cárceles para que las personas civiles, en una primera instancia, hagan los controles con tecnología y luego la Policía para evitar los hechos de corrupción y acciones irregulares en los recintos, informó el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga.

— ¿Cómo controlar la corrupción y los hechos irregulares al interior de los recintos penales?

— De manera formal no llegan las denuncias sobre estos hechos y eso imposibilita hacer una investigación. Ante esto, se plantea realizar un control cruzado para que la primera fase de control la efectúen civiles con tecnología y luego los policías (…). Se debe utilizar la tecnología como las manillas electrónicas, que se aplicarán este año, como medida sustitutiva a la detención preventiva, así como el uso de arcos de control de metales y escáneres. Por ejemplo, el exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos   propuso la salida de los policías de las cárceles, pero no es algo que se pueda aplicar a la realidad boliviana tomando en cuenta que los presos son personas peligrosas. Aún no hay las condiciones para que se hagan cargo civiles, por ello se debe optar por la especialización de la Policía.

— ¿Considera usted que el ingreso de extranjeros a las cárceles incrementó la violencia?

— Hay una coordinación importante con los países vecinos y consiste en que si un extranjero es sorprendido cometiendo un delito en el país y tiene abierto un caso, por ejemplo, en Brasil se lo envía allá y eso es un preso menos (…). Lo que han hecho estas personas dentro de las cárceles es que se repliquen sus acciones como la planificación de robos y atracos desde los penales.

Pérfil:

José Luis Quiroga Altamirano dice que una razón que incidió en la ejecución del operativo para retomar el control del penal de Palmasola (Santa Cruz), así como en el traslado de los reos peligrosos, fue que desde el interior se urden robos y atracos, tal como lo hace el PCC de Brasil.Nació: 25 de agosto de 1984. Profesión: Abogado. Tiene una maestría en Ciencias Penales y Criminológicas. Cargo: Viceministro de Régimen Interior (Ministerio de Gobierno).

En 2012 fue coordinador de despacho del Viceministerio de Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia. En 2016 fue Director General de Régimen Interior.