El problema por el megacampo de gas Incahuasi se originó por la nota aclaratoria que envió el viceministro de Autonomías, Hugo Siles, al entonces presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá, en julio de 2016, en la que señala que los límites entre los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, que están establecidos en las leyes del 10 de noviembre de 1898 y del 21 de octubre de 1912, son normas referenciales, pero esto es cuestionable porque las leyes son de cumplimiento obligatorio. En la misiva además se menciona que en ningún momento el Gobierno certifica que ambas regiones cuenten con límites oficiales y precisos.
Esta carta enviada por el viceministro Siles es la que da origen a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que cita esta nota y dispone que se resuelva el amparo que plantea Chuquisaca.
En ese marco, aclara que la autoridad competente para establecer los límites entre dos departamentos era el entonces Ministerio de Autonomía, que este año se convirtió en un viceministerio, pero que esa cartera había certificado que los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca eran referenciales y no eran oficiales.
Con esto, la instancia judicial expresa que se han violado los derechos de Chuquisaca al debido proceso y establece la medida precautoria de congelar las regalías hasta que se resuelva el problema de límites.
No obstante, en agosto de ese año la compañía canadiense GLJ Petroleum Consultants Limitada hizo conocer que el campo gasífero de Incahuasi-Aquío, que cuenta con reservas estimadas de 2,98 trillones de pies cúbicos (TCF), se encontraba en su totalidad en el departamento de Santa Cruz.
Pese al informe, Chuquisaca demanda un proceso de delimitación entre ambas regiones, aunque la región nunca había hecho esa petición, y plantea su amparo constitucional.
Posteriormente, en el proceso administrativo de delimitación territorial iniciado por autoridades de Chuquisaca que corresponden a 510 kilómetros (km), que es la extensión que existe entre ambas regiones y que concentran 120 vértices, las autoridades establecen que 90 vértices que conforman 458 km no pueden ser sometidos a delimitación debido a que tienen límites oficiales, definidos mediante las leyes de 1898 y 1912.
En tanto, solo entran en el proceso de delimitación 30 vértices que son los 51 km que están entre el municipio de Pucara de la provincia de Vallegrande y en el municipio de Villa Serrano, territorio que está a 200 km del campo gasífero de Incahuasi.
Cabe resaltar que se utilizó este proceso de delimitación para justificar ante el TCP que los límites pueden variar y con ello se creó un falso argumento para que se congelen las regalías de Santa Cruz por Incahuasi.
Pese a esto, la Gobernación de Santa Cruz aceptó que siga el proceso de delimitación hasta concluirlo pues no afecta al campo Incahuasi y por ello nunca se debieron congelar las regalías. Cuando concluye ese trabajo, el Ministerio de la Presidencia, mediante una resolución, emitida en enero de 2018, certifica aquello y pone punto final a ese proceso.
Con esto, correspondía que la Asamblea Legislativa apruebe mediante una ley estos límites. Sin embargo, el Gobierno a solicitud de la Asamblea Departamental de Chuquisaca —que desconoce todo el procedimiento mencionado y busca en que se evalúe los 90 vértices— anula con otra resolución todo el proceso de delimitación.
¿Con esto el Gobierno tiene el objetivo de reabrir la delimitación de los 120 vértices? ¿Quiere desconocer las leyes aprobadas? ¿Quiere generar un clima de confrontación entre ambos departamentos? ¿Qué busca?
Otro argumento fundamental que se debe mencionar es que las leyes de 1898 y de 1912 han resuelto los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, así como entre Chuquisaca y Tarija. Asimismo, para resolver el tema del campo de Margarita y Huacaya se ampararon en estas leyes. Entonces, ¿estas leyes que fijan límites solo valen para ese campo y no para el campo gasífero de Incahuasi?
Con esto, se puede evidenciar que ha sido una artimaña generada por el Gobierno para perjudicar al departamento de Santa Cruz congelando sus regalías y para generar confrontación entre pueblos hermanos.
Ante ello, exigimos al Gobierno que certifique adecuadamente los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca porque son oficiales y precisos, y que de forma inmediata se descongelen las regalías del campo gasífero de Incahuasi. En caso de que las autoridades se rehúsen a solucionar este problema vamos a movilizarnos en defensa de nuestros recursos.
El partido de gobierno enfrenta una crisis interna de gran magnitud, tensionando la relación entre la estructura partidaria, la gestión pública y las organizaciones sociales que lo conforman. Más aún, el conflicto reverbera por fuera, enviando ondas de choque que afectan incluso a la oposición, que se ve desplazada, cuando menos discursivamente, por la confrontación que se libra entre autodenominados evistas y arcistas.
La exsenadora Adriana Salvatierra tiene una perspectiva próxima e informada sobre lo que viene ocurriendo al interior del Movimiento al Socialismo (MAS). Conversamos con ella para conocer sus puntos de vista sobre la situación actual y perspectivas del oficialismo nacional.
– ¿Cuáles son los intereses en conflicto en la pugna interna del MAS?
– Ya no es una cuestión de intereses contrapuestos, ya no se resume solamente a eso. Hay visiones de país que son absolutamente distintas. Sostener la nacionalización, para mí, no es ningún mérito. Sostener un modelo de democratización de la riqueza, tampoco, si no se profundiza. Yo creo que ya no estamos hablando de diferencias dentro del MAS que sean por un malentendido, por el exceso de un servidor público, por una mala interpretación de un discurso público o por un descuido quizás protocolar. No es que no invitaron a Evo Morales a la inauguración de una obra, no es que omitieron parte de la historia circunstancialmente en un discurso. Cuando se ve que la Policía intervino en el congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y desalojó a los congresistas, que se eligió después una directiva de un bando más próximo al presidente Luis Arce, y luego nos enteramos, por los medios de comunicación, que el reconocido por el primer mandatario terminó teniendo militancia en la UCS y no en el MAS, eso es un problema mucho más profundo.
Cuando se intenta utilizar la justicia para tratar de dirimir la discusión política interna, como lo hace a todas luces el ministro Iván Lima, anunciando y presionando en sus conferencias de prensa y en sus entrevistas al Tribunal Constitucional Plurinacional, para que apliquen una opinión consultiva que signifique la eventual inhabilitación a una postulación de Evo Morales a la presidencia, eso es, cuando menos, cuestionable. Igualmente lo es que a la Asamblea Legislativa Plurinacional se le mutilen las atribuciones fiscalizadoras, entre ellas las de la interpelación a ministros del Estado.
– ¿Cómo se llega a este nivel de enfrentamiento?
– Hubo inicialmente excesos de algunas autoridades del Estado. Iniciativas que no necesariamente correspondían a la voluntad del presidente, al principio. Pero hoy hay servidores públicos, a nivel ministerial, que utilizan la fuerza del Estado para dirimir una interna política que, al mismo tiempo, es su interna personal. Hoy tenemos ministros que encarnan una interna personal con Evo Morales y que la llevan a la gestión pública. Hemos llegado a ese punto.
Si esto estuviera acompañado de una realidad económica estable, con expectativas, sería distinto. Lamentablemente, las condiciones objetivas y materiales en términos económicos no acompañan eso. Se habla de una inflación baja, pero esa inflación, cuando se toma en términos desagregados la canasta familiar, probablemente esté duplicada. Esa información, por ejemplo, la proporcionaba el exvicepresidente, Álvaro García. Uno la puede apreciar cuando hace las compras en el mercado, en estos conflictos que están ocurriendo en el abastecimiento de gasolina y de diésel, que van a incidir en los siguientes meses en un elevamiento de los precios.
Y no es que uno desee la crisis económica del país, por supuesto que no. Jamás yo quisiera que la gente sufra hambre para dirimir una interna política. No se trata de eso. Se trata de que tienen que hacerse ajustes necesarios para finalmente lograr no solamente la propia reproducción del proyecto político de Luis Arce, sino esencialmente el bienestar del país. Entonces, creo que las proyecciones económicas en este momento no están acompañando la forma en la que el presidente está encarando la gestión y el Gobierno nacional ha optado por una agenda política.
Me parece que la apuesta política del presidente Luis Arce, de su equipo, que trata de dirimir también una interna política de carácter personal, tiene como planteamiento para el país en 2024 el intentar generar un cambio de agenda política en lugar de mecanismos de diálogo que busquen saldar los conflictos y debatir la interna del MAS.
Adriana Salvatierra en Piedra, Papel y Tinta, en La Razón.
– ¿Hay alguna relación entre lo que está pasando ahora y lo que ocurrió dentro del propio MAS entre 2019 y 2020?
– El golpe de Estado se dio tanto a nivel de del Gobierno nacional y el Legislativo. Además, Helena Argirakis hizo un estudio que muestra que dentro de los anillos de poder también se habían visto dañadas las representaciones en los niveles subnacionales. Es decir, en las Alcaldías y Gobernaciones. A diferencia de otros golpes de Estado, siempre, en cada proceso, cada país también tiene sus aportes, sus particularidades, en el caso de Bolivia en 2019, el golpe de estado no sólo se quedó a nivel nacional, no solamente fue por la renuncia de Evo Morales y de toda la línea de sucesión. Recordábamos a Luis Fernando Camacho buscando que renuncie todo el Parlamento, que renuncie todo el Órgano Ejecutivo, que renuncie todo el Órgano Electoral y que quede la conducción, primero, en manos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Órganos del Estado fueron afectados y también los niveles subnacionales. Argirakis habla de cómo se dieron también estos golpes subnacionales, cómo se forzó autoridades a nivel departamental y municipal a renunciar. En Santa Cruz forzaron la renuncia de forma violenta contra Mario Cronenbold, alcalde de Warnes; contra los alcaldes de Cabezas, Camiri, Samaipata, Montero, y así, en muchos otros lugares.
Pero lo que no está todavía analizado y creo que es un tema pendiente, es cómo afectó el golpe de Estado a las dirigencias sindicales también. Cómo algunas de éstas lograron restituirse y cómo otras resistieron durante al Gobierno de Janine Añez y después pasaron a un segundo plano. Pero, sin lugar a dudas, creo que es un capítulo pendiente el análisis, el impacto en las estructuras sindicales y partidarias. No olvidemos que Gerardo García, vicepresidente del MAS, fue detenido y privado de su libertad. En Potosí, no solamente agredieron al hermano Víctor Borda, sino secuestraron a la hija del secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos y muchos otros compañeros dirigentes. Además, en esos días de noviembre llamaban a Evo Morales diciendo que estaban siendo amenazados, amedrentados en sus domicilios, etcétera. Entonces, el golpe fue en todos los niveles. Creo que es una es una primera conclusión.
Después de eso, por supuesto que el poder no queda vacío y en todos los niveles empezó también un proceso de reestructuración. Una muestra, por ejemplo, a nivel organizativo, fue precisamente la emergencia muy temporal en ese momento de crisis de los famosos autoconvocados. Además, en territorios donde había una fuerte presencia del MAS, pero probablemente una dirigencia que fue observada por no manifestarse en esas circunstancias de forma oportuna. Entonces emergieron también liderazgos en los momentos de crisis en todos los niveles: en los niveles sociales, en los niveles subnacionales y por supuesto también en el ámbito nacional. El problema es cuando, claro, la crisis interrumpe un proceso que debió darse en su debido momento, armoniosamente. Todo lo que se pensaba que sería como la continuidad de un proyecto político, de pronto se encontró disputando el poder político y fue construyendo un relato que justifique su presencia en el poder, desplazando a otros tanto a nivel dirigencial, tanto a nivel de liderazgo político, etcétera. Creo que a partir de eso se construyó el relato de la renovación.
Compañeros que antes tenían unas tareas, probablemente en el nivel de la función pública o el nivel dirigencial, de pronto se encontraron asumiendo otro tipo de tareas. Aquí no incorporo al presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, porque ellos son elegidos con el voto cupular, pero sí la crisis produjo eso. La renovación, en algunas bocas, fue la explicación de cómo algunos compañeros o compañeras tuvieron roles de mayor relevancia, pero, para otros, significó literalmente que nadie cercano a Evo Morales iba a ser siquiera portero en la administración del estado. Entonces, en el fondo lo que queda hoy, para efectos prácticos es lo segundo: el desplazamiento de todos aquellos que acompañaron la gestión de Evo Morales en el marco de una disputa por el poder político y la reproducción del poder.
– ¿Hacia dónde va el conflicto?
– Creo que Bolivia no va a escapar de la lista de países en los que se dan casos de lawfare, es decir, de la instrumentalización de la ley con fines políticos. El país no va a evitar estar en esa lista triste de quienes que han utilizado la norma para dirimir la política. En Bolivia, a diferencia de Brasil o Argentina, que fue esencialmente penal, o Ecuador, donde fue penal, pero además electoral, la vía para activar el lawfare va a ser la constitucional. Estamos viendo esto primero en las salas constitucionales, cuando se paraliza, en primera instancia, el proceso de preselección de autoridades judiciales de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahí se presenta un conflicto, porque una acción de amparo se realiza sobre hechos, no sobre normas. Quien debe observar o no la constitucionalidad de una norma es el Tribunal Constitucional Plurinacional. En nuestro caso, una sala constitucional paralizó el trabajo de todo el Órgano Legislativo. Luego vimos que una sala constitucional fue la que suspendió las interpelaciones en el Congreso. Esto fue anunciado con dos meses de anticipación por el propio ministro de Justicia, Iván Lima.
Nuevamente, es la vía constitucional la que intenta activarse cuando se habla de un eventual impedimento de la postulación de Evo Morales, asumiendo un criterio cuando menos cuestionable de lo que es la reelección, porque la reelección impide la permanencia indefinida de quien busca perpetuarse en el poder, pero para perpetuarte tienes primero que estar. Entonces, esa interpretación forzada de la reelección de una persona que no está en el cargo es la que están buscando para para inviabilizar una eventual postulación del expresidente. Es la vía constitucional, también, la que va a impedir las elecciones judiciales. Entonces, todos estos hechos van sumando a cuentagotas el nuevo capítulo del lawfare en América Latina. Hay que ver si la suerte del congreso del MAS, de su sigla y su eventual participación en un proceso electoral no está atado al lawfare por la vía constitucional. Es decir, que un amparo o, en última instancia, el propio Tribunal Supremo Electoral, termine inhabilitando la participación electoral del MAS.
Todo esto es una puerta abierta, porque lamentablemente se está utilizando la justicia para dirimir la interna política y eso no es democrático. Lo democrático es competir, participar. El congreso del MAS tendría que haber sido ese espacio en el cual se deje una estructura de representación dirigencial que haga funcionar la participación del MAS en el siguiente proceso electoral. Yo no sé quién pretendía que el presidente que dirija al MAS no sea Evo Morales. ¿Quién con mayor legitimidad dentro del MAS para dirigirlo que no sea Evo Morales? Si la discusión está en torno a presentarse o no en los comicios de 2025, vamos a primarias, que elija nuestra militancia quién será nuestro mejor representante. Pero, sacrificar la participación del partido y ponerla en riesgo con un objetivo político electoral es un exceso.
– ¿Es todavía posible una convivencia democrática o definitivamente el camino es inexorablemente la ruptura?
– Yo creo que hubo un momento en el que los principios nos unieron. Catorce años, Evo Morales, Luis Arce, David Choquehuanca y muchos otros compañeros, fuimos parte del mismo equipo porque teníamos ideas comunes. Yo creo que esas mismas ideas, esos puntos e ideas comunes se pueden volver a articular. Lo dije antes, creo que sin la unidad no hay victoria, pero con la unidad no basta, a estas alturas. Argentina nos demostró que no es suficiente, que la unidad debe estar nutrida de ideas, de proyectos, de puntos en común y fundamentalmente de ideas legitimadas en la sociedad. Si nosotros seguimos en esta discusión interna, y esto ya es parte de la autocrítica, que se mueve en torno a su propio eje y se alimenta de sí misma, no vamos a lograr finalmente el respaldo de la población. Mientras el MAS discute su interna personal, la gente está teniendo problemas para llegar a fin de mes.
Espero que en 2024 sea cuando estas discusiones, que son en el fondo también ideológicas, puedan ser transmitidas como un planteamiento a la sociedad; que pasemos a la disputa por los sentidos comunes, a hablarle a las personas, a defender las grandes banderas y aquello que conquistamos hasta el 2019, que fueron los principios que mantuvieron la unidad. Yo creo que tenemos que volver nuevamente a esos principios. La unidad, para mí, no es una cuestión de una suma aritmética de estructuras.
– Si se toma el conflicto como un síntoma, ¿qué está expresando esto sobre la democracia interna en el MAS?
– Yo creo que la democracia lo primero que debe encontrar son espacios comunes de encuentro y en este momento no hay estos espacios de encuentro. Se han dinamitado los espacios que antes propiciaban un encuentro entre el presidente del partido, el líder de este proceso, y el presidente del Estado. Esos encuentros no se dinamitaron por ausencia de voluntad de Evo Morales, se fueron suspendiendo y finalmente ya no se realizaron más. No es un problema de la democracia interna del MAS, que puede funcionar mejor o a veces no funcionar, pero necesita esencialmente espacios de encuentro y éstos no se están produciendo. Cuando se tiene un mecanismo de democracia interna, lo primero que se hace, como en cualquier familia, cualquier partido, cualquier espacio colectivo donde hay ideas comunes, es discutir esos elementos. Pareciera que los espacios en este momento no se están gestionando y la interna está saltando directamente a dirimirse en el ámbito público. Pero la democracia necesita esencialmente puntos de encuentro y espacios comunes, no solamente ideas comunes. Y esos escenarios, esos espacios, esos puntos comunes creo que tienen que ser nuevamente construidos. Evo Morales lanzó el desafío de las primarias, es la norma, pero no es la práctica con la que normalmente el MAS definió estas cosas. Lo hemos visto en muchos otros congresos, donde se tiene espacios abiertos de discusión interna, generación de consensos. Creo que esos espacios no pueden tampoco ser desplazados a nombre de un mecanismo electoral. Pienso que en última instancia eso puede dirimir, pero tenemos otros escenarios antes.
La reciente elección de directivas de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reveló una serie de fenómenos que permiten retratar el momento especial que vive la política boliviana. Entre estos, el efecto que tiene la división del MAS-IPSP en el sistema de partidos: de su mayoría absoluta la bancada del MAS-IPSP ahora está conformada por dos minorías y, que, al tener intereses fuertemente enfrentados entre sí, ahora dependen a regañadientes del voto de sus antiguos rivales. Quiere decir, en un proceso de fragmentación, ahora se tienen cuatro partidos minoritarios que se ven obligados a negociar entre sí para ejercer poder legislativo. En tanto que la derecha pasa a tener “votos de oro”, se da el crecimiento inesperado e inmerecido de estos partidos sin iniciativa y capacidad, como consecuencia de la crisis política del campo nacional-popular.
Parte de la misma crisis, avanza otro proceso igual o más grave por sus posibles consecuencias que rebasan en mucho el interés particular de los partidos. Nos referimos a la expansión del poder político de la justicia, cada vez más central como ente dirimidor de los conflictos políticos, sea en la esfera legislativa, partidaria e incluso orgánico-sindical.
Uno podría constatar este fortalecimiento en dos movimientos: el primero, no existe fuerza política o social que apruebe el desempeño de la justicia, llegando su rechazo a más del 70% de los bolivianos según CELAG (2023) y que el anhelo por su reforma ha sido proferido tanto por derecha como por izquierda. Sin embargo, el segundo movimiento es que no podríamos estar más lejos de la reforma y ningún partido tiene la fuerza -o no quiere tenerla- para “poner en su lugar” constitucional este ente, como tampoco la sociedad, aparentemente desgastada por tantos años de presión consecutiva. Al contrario, con el cinismo de quien no le debe nada a nadie, a pesar del rechazo, el Órgano Judicial logró dejar en una incógnita el futuro de las elecciones judiciales vía mecanismos políticos. Por lo cual, no nos parece exagerado afirmar que la justicia está aumentando su presencia como actor político en el tablero boliviano.
¿Pero cuáles son estos mecanismos políticos, que ya fueron usados pero que ahora crecen por la crisis política del campo nacional-popular? En términos generales, mientras el partido gobernante supuso una imponente fuerza, plegarse sin más al Ejecutivo. Una breve mención de este problema en la historia reciente, que ilustre la “flexibilidad táctica” del “partido judicial”, tendría que tomar en cuenta la sentencia del TCP del 2017 que habilitó la participación del ex presidente Evo Morales a las elecciones generales del 2019, pese al referendo del 2016. A continuación, después del golpe de Estado en contra de Evo Morales en 2019, el TCP reconoció, mediante un comunicado espurio, el ascenso de Jeanine Añez al poder. La corona: este mismo Órgano Judicial fue cómplice de la persecución y encarcelamiento de más de un millar de personas -la mayoría masista- durante el régimen de Añez.
Ahora bien, este carácter de la justicia lejos de mejorar durante el gobierno de Luis Arce solo ha empeorado. Porque si antes la justicia -con nitidez el TCP- se plegaba sin más a un Ejecutivo gobernado por un fuerte partido mayoritario, o después a uno autoritario de facto, ahora con un Ejecutivo fragmentado y con serias necesidades de maniobreo político, parece que ganó mayor capacidad de negociación y, por lo tanto, de torcer más la vara a su favor.
En ese sentido, observamos el exitoso rechazo de la cúpula judicial a la reforma judicial y a la elección de nuevos magistrados. En septiembre de este año, el TCP frenó la “Ley Transitoria para Elecciones Judiciales” impulsada por la Cámara de Senadores, al aceptar la consulta del Tribunal Supremo de Justicia sobre su constitucionalidad. El absurdo varias veces señalado: los magistrados de dos instituciones del Órgano Judicial preguntándose a sí mismas si deben ser cambiados al año, perdiendo sus prerrogativas. Como se diría, siendo juez y parte al mismo tiempo.
Para estos fines el Ejecutivo piloteado por Luis Arce han sido más que colaborativo. En lo que se refiere a la Reforma Judicial, Iván Lima tuvo el mandato de llevarla a cabo desde el inicio de su gestión. Sin embargo, lejos de proponer un proceso amplio y popular, como se esperaría del MAS-IPSP, por su historia, se habló de una “comisión de notables” que nacía amputada en tanto no iba pasar por un cambio constitucional, quiere decir, pudiendo reducir la arbitrariedad política de la justicia, incluido el TCP. A la fecha incluso esa idea fue abandonada.
Por el lado de las elecciones judiciales, Jerges Mercado como presidente de la Cámara de Diputados renovador, evitó con rudeza cualquier tipo de tratamiento de la Ley de Convocatoria a Elecciones Judiciales, coadyuvando a que sea imposible que se celebren este año. Así mismo, Juan José Jáuregui, conocido diputado renovador, en vez dar prioridad a esta ley ante los tiempos que corrían la envió a consulta a siete instituciones del Órgano Judicial, retrasándola aún más.
A cambio, el Ejecutivo también se benefició: el TCP evitó hasta la fecha que los ministros de Luis Arce sean censurados al admitir un amparo en contra de la facultad constitucional de la ALP de fiscalizar, y, poco después, trató de anular el X Congreso de sus rivales en el MAS-IPSP.
Esto nos lleva a dos consideraciones de fondo. Primero, en tanto que el problema de la arbitrariedad política de la justicia en Bolivia persiste a diferentes gobiernos que pasan, independiente de su signo ideológico, se entiende que es un problema estructural de nuestro Estado y por lo tanto debe ser reformado. Ahora bien, las condiciones políticas actuales profundizan su deterioro, sirviendo en esta ocasión al afán del gobierno de Luis Arce de controlar cada vez más instituciones que no le competen, ya sea por “gobernabilidad” como le dicen, o por su intento de hacerse con la sigla del MAS. El agravante, no obstante, es que en tanto que la sociedad observa un comportamiento político en las instituciones y perciben que otras actúan igual, se empieza a atribuir las mismas razones. Y en Bolivia deberían estar más que presente las graves consecuencias que tiene que nuestras frágiles instituciones caigan en el descrédito, haciéndolas incapaces de conjurar el conflicto. Cuestión particularmente grave para un Órgano Electoral -ahora que el TSE anuló el X Congreso del MAS- sumergido en la difícil tarea de ser reconocido como un árbitro imparcial en una sociedad tan conflictiva como la nuestra.
Segundo, así como el bloque oligárquico-señorial se fortalece con la crisis política del campo nacional-popular, también lo hacen los demonios que habitan el Órgano Judicial. Los casos recientes de Argentina y Brasil deberían ser suficientes para alertar de los peligros que supone este fortalecimiento político de la justicia. En nuestro caso un fortalecimiento por encima de la ALP que está en los hechos reducida.
Dicho de forma directa, estos distintos episodios nos parecen los adoquines que pavimentan el camino al lawfare: el “partido judicial”, y no la población, sea quien decida quién va a las elecciones, sea por anulación o cárcel. Por lo tanto, la agenda de transformar de la justicia debería estar por encima de las disputas partidarias y volverse una voz en común.
Las actuales autoridades judiciales electas terminan su mandato el 3 de enero de 2024. A partir de ahí se generaría un vacío de poder inaceptable en un Estado de derecho. La solución es constitucionalmente clara: la prórroga excepcional de mandato de los actuales electos, hasta que se elijan y posesionen a los nuevos magistrados (DCP 1/2020), tal como se hizo con los legisladores y ejecutivos en 2020.
Sin embargo, existe un conflicto de intereses de las actuales autoridades judiciales con el problema. Aparentemente fueron ellas mismas quienes obstaculizaron o al menos no ayudaron a que las elecciones judiciales se realicen en los tiempos previstos por la Constitución, para garantizar la posesión de nuevas autoridades a inicios de 2024, dando así lugar a su propia ampliación de mandato.
La solución a ese problema es que esa prórroga excepcional de mandato sea únicamente de los suplentes, con la única excepción de los casos en que ya sean suplentes o que se carezca de estos. Así, los magistrados titulares, que coadyuvaron en la prolongación de su propio mandato, dejarían el cargo el 3 de enero de 2024.
No obstante, conforme estableció el Tribunal Constitucional (DCP 1/2020), una prórroga excepcional no puede ser por tiempo indefinido. Debe ser por máximo un año, lo que implica que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Órgano Electoral (OEP) estarán obligados a realizar las elecciones judiciales lo antes posible, a modo de garantizar la posesión de las nuevas autoridades en 2024.
Esa prórroga excepcional de mandato de las y los suplentes debe ser establecida por una ley de la ALP, la cual deberá ser puesta en vigencia a fines de 2023.
Para asegurar que las y los legisladores cumplan su obligación de garantizar la existencia de candidatos/as judiciales en un tiempo lo suficientemente oportuno, a fin de que el OEP realice las elecciones, la ley debiera señalar esa obligatoriedad, así como aclarar las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. Se supone que esto no es necesario legislar, ya que todos los servidores públicos, incluyendo los legisladores, están sujetos a la responsabilidad por la función pública, tanto por acción como por omisión (CPE, arts. 232 y 235.2; Ley 1178, 28.a; DS 23318-A). En este entendido, las y los senadores y diputados debieran ser procesados por incumplir sus funciones y por oponerse arbitrariamente a las cosas. Sin embargo, no se lo hace debido a la creencia de que a los legisladores no se los puede juzgar por actos propios de sus funciones. Esto ocurre porque se confunde la inviolabilidad con la inmunidad.
La CPE dice: “las y los asambleístas no gozarán de inmunidad” (art. 152). Sólo no pueden ser procesados “por las opiniones, comunicaciones, representaciones, requerimientos, interpelaciones, denuncias, propuestas, expresiones o cualquier acto de legislación, información o fiscalización que formulen o realicen en el desempeño de sus funciones” (art. 151.I), que es a lo que se le llama inviolabilidad. Esto no incluye el incumplimiento de sus obligaciones de garantizar la dotación de autoridades a los demás órganos de gobierno. En el marco del principio de subsidiaridad, la ALP “tiene la obligación de auxiliar” a los demás órganos en caso de necesidad (Ley 031, art. 5.12; CPE, art. 270). Asimismo, los legisladores no pueden arbitrariamente rechazar una cosa u oponerse a ella sin la debida motivación y fundamentación, dado que esto va contra el debido proceso sustantivo (CPE, art. 115.II; SC 871/2010-R; SCP 2221/2012). Por eso, a partir de la reforma penal del 2021, hacerlo constituye delito de “Resoluciones Contrarias a la Constitución y las leyes” (CP, art. 153; Ley 1390, art. 2).
En ese entendido, los miembros de la ALP están obligados a garantizar las elecciones judiciales en 2024, a objeto de contar con magistrados electos ese mismo año. No obstante, esa ley de prórroga excepcional de mandato o la ley transitoria de elecciones judiciales 2024 debe establecerlo así, para que quede clara la conminatoria a cumplir funciones.
El contundente triunfo de Javier Milei en la Argentina ha despertado entusiasmo entre los sectores conservadores. Les parece un auspicio para sus postergadas aspiraciones políticas de las últimas dos décadas.
Luego del inesperado triunfo de Sergio Massa en la primera vuelta, el desequilibrio de Milei y el progresivo desmontaje de su programa (libre venta de armas, órganos, privatización de la educación y la salud, eliminación del Banco Central, dolarización de la economía y, sobre todo, la denostada “casta”, que fue parte central de su triunfo y hoy de su gobierno), ganar la segunda vuelta con esa contundencia le devolvió la fe y el entusiasmo a más de uno de los impenitentes neoliberales.
Este escenario, tanto en lo objetivo de la política -el contundente triunfo electoral- cuanto en lo subjetivo del acontecimiento -rechazo al peronismo, a los derechos sociales, culto al individualismo y el capital, negacionismo y el rechazo del estado- muestra los ribetes de una disputa ideológica que tiende a regionalizarse en el continente y que abre un enorme cuanto saludable debate sobre la gestión de la economía, del Estado y, en general, sobre el rendimiento de la democracia. Este escenario sintoniza con el frontal enfrentamiento geopolítico internacional que tiene por un lado al decadente imperialismo norteamericano y, por el otro, a la emergente China comandando a los BRICS, que busca acabar con la hegemonía norteamericana, el mundo unipolar, y abrir otro regionalizado. La disputa enfrenta dos cosmovisiones radicalmente distintas sobre la sociedad humana, la economía y el devenir: es la alternativa entre el individualismo y la acumulación capitalista como base de la sociedad humana y la economía o el Estado como agencia central de la organización societal, la producción y una cultura de tipo colectivo.
En este intersticio de cambio de época y ciclos, dependiente de regiones, guerras, un genocidio y un mundo a punto de volar en pedazos, se sobreestima el triunfo de Milei. En realidad, sólo se reedita la “grieta”, por cuarta vez, a contar de Videla – Martinez de Oz, la convertibilidad de Menem – Cavallo, Macri y su impagable deuda externa y ahora el salto al vacío con Milei, que es el abismo entre el peronismo populista y la entrega, en oferta de temporada, de los recursos naturales, la economía y la sociedad argentina al dólar y las transnacionales, los fondos buitre y, sobre todo, al Fondo Monetario Internacional (FMI) y la vorágine capitalista. Hasta acá, más allá de lo sorprendente de lo definido por la desesperación, el cabreo de los jóvenes y el hastío social con un voto protesta apostando por todo lo contrario expresando su enojo. En fin, duele la Argentina, aunque es la decisión soberana de 14.5 millones de sus votantes.
Bueno, pero lo que interesa es lo que este escenario con crisis política y neoliberalismo provocará en el ya revuelto barrio latinoamericano (Ecuador acaba de votar, solo por la conclusión de un mandato; Chile volverá a votar, por segunda vez, otro proyecto de constitución política, ahora redactado por las derechas; el Perú en ese limbo de ilegitimidad fujimorista y un presidente elegido en la cárcel para que no moleste; y Venezuela en ciernes de elecciones generales, con todo lo que implica la mayúscula crisis venezolana y la principal reserva petrolera del mundo). Además, la región tiene en curso, desde el 2021, una nueva ronda eleccionaria que dura hasta el 2024 y que, a la fecha, en 19 elecciones generales realizadas solo un oficialismo ha resultado reelecto (Paraguay).
Por estas constataciones, nos interesa plantear esta creciente contradicción entre las expectativas sociales (derechos constituidos e inclusión) y la capacidad de los Estados para gestionar la demanda social (particularmente de pobres, trabajadores y clase media), dados los magros resultados de la democracia y, en específico, de los gobiernos de izquierda elegidos para asumir de forma constructiva las demandas sociales, respecto de derechos, progresiva inclusión y una distribución equitativa de la riqueza. En esta preocupación y dilemas no aludimos a las responsabilidades de los gobiernos de derecha porque, para ellos, sus referencias ideológicas están ancladas en las bondades de la mano invisible del mercado, la anhelada inversión extranjera capitalista orientada a la explotación de los recursos naturales. que luego debe reflejar positivamente la macroeconomía, y que, finalmente, bendicen a Washington y Standard & Poor´s. Para esta línea de pensamiento y sus gobiernos, la variable social no tiene relevancia en términos del proyecto político o que deba merecer mayor atención, salvo que, como en Jujuy, la gente se oponga al negocio privado de los recursos naturales y entonces se activen de inmediato los mecanismos represivos.
En este contexto, luego de la primera ola del progresismo inaugurado por Hugo Chávez en Venezuela a finales del siglo pasado, pasando por Ernesto Kirchner en la Argentina, Lula da Silva en el Brasil, Rafael Correa en el Ecuador y Evo Morales en Bolivia, estamos ante un nuevo ciclo de un progresismo menos contundente y frágil, como son los gobiernos de Gabriel Boric en Chile y Gustavo Petro en Colombia. Esta fragilidad del progresismo real también se debe a que las derechas se han radicalizado y entonces la disputa es un enfrentamiento áspero. Todo esto se expresa en resultados electorales de contrapunto como consecuencia de la relación directa entre el desasosiego e inconformidad social con los resultados globales de la democracia y el enfrentamiento de estas visiones y bloques en los cuales intervienen de forma agresiva los holdings mediáticos que defienden la hegemonía norteamericana y europea que, al medio de la tensión y la guerra, se ha convertido en el nuevo patio trasero.
Esta es la coyuntura internacional, continental y nacional en la que navegamos sin saber si vamos o volvemos y ante lo cual sería un absoluto equívoco no replantear nuestro ideario político y su praxis porque, claramente, hay demasiadas cosas que no cuadran y los discursos antes suficientes para definir políticas y gobiernos han perdido eficiencia y capacidad de convencimiento social que es, en última instancia, el principal soporte de la democracia. Es imperiosa la necesidad de una reingeniería en los líderes y actores políticos, hoy ya no sirven esos líderes gritones y exaltados (la prueba será Milei) que repiten mantras y viven anclados en una confrontación real pero que es poco útil para gobernar, si por gobernar hablamos de transformaciones económicas democráticas y que, efectivamente, mejoren las condiciones de vida de los sectores en desventaja, pero, también, del conjunto social. Hoy está claro que la crispación y los enfrentamientos políticos no podrán resolverse por la victoria -democrática o de fuerza- aplastante de unos sobre los otros, porque la salud de la democracia requiere que también los perdidosos, aparatos políticos, clases o sectores, sean parte de la gestión global de la política estatal. Ya no son viables las consignas setentistas de eliminar al enemigo. Otros son los perfiles para los agentes partidarios, los históricos de barricada van a quedar desocupados porque la gestión de la democracia contemporánea necesita personas con capacidad de construir acuerdos y consensos.
La barbarie siempre estará a la mano, como lo confirman tantas guerras y golpes de Estado, pero esta alternativa es motivo de una enorme repulsa mundial como lo confirman las extendidas manifestaciones en contra de la masacre en Gaza.
Para algunos añorada, deseada; para otros, vista como una calamidad. La victoria en tierras rioplatenses del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, marca un antes y un después en la política del país vecino. A decir del politólogo cordobés, Mario Riorda, “la Argentina entra en un proceso serio de ‘reseteo’, cargado de incertidumbre, claro está”.
Las reacciones al zarpazo del candidato libertario en Bolivia no se hicieron esperar y abarcan un amplio abanico de sensaciones. Desde el partido de gobierno la actitud fue extremadamente formal. Algunos actores políticos lamentaron lo sucedido, otros lo festejaron. Siete intelectuales bolivianos presentan a continuación sus perspectivas.
Gabriela Canedo, socióloga y antropóloga
Una serie de actores extraños autoritarios que centralizan el poder están surgiendo, creciendo y saliendo victoriosos en elecciones en el continente. Personajes y caudillos ya sean de derecha o izquierda, de corte autoritario y de mano dura van emergiendo. Acaba de ganar en la Argentina Javier Milei, un caudillo de derecha que se identifica como ultraliberal. Si bien en el país vecino, los votantes no tenían buenas opciones entre las que elegir, optaron por un personaje mesiánico que sacará a la Argentina de la profunda crisis. Es así que, algo común de estos “enviados” es que surgen aprovechándose del descontento general, y ofrecen cielo y tierra.
Lo cierto es que la germinación de personajes de mano dura es un llamado de atención al sistema de partidos que sufren una progresiva crisis de representatividad y pierden contacto con la ciudadanía. Esto produjo en diversos países de la región estallidos de frustración social. Existe un desencanto con el funcionamiento de la democracia, lo que ha hecho crecer las preferencias por regímenes autoritarios.
Bolsonaro, Bukele, ahora Milei, manejan el discurso de la libertad. No se puede precisar con claridad su autoidentificación, pues rondan conceptos sin contenido preciso: pueden llamarse liberales, libertarios, ensalzar la libertad, etc. Al ser una ideología que recorre el continente, en el país no faltará el surgimiento de alguien parecido, a un Milei o una mala imitación. De hecho, en días recientes, en Santa Cruz se llevó a cabo la reunión de los libertarios. ¿Acaso no suena a Milei?
Esperemos que en Bolivia no prosperen estas alternativas que embaucan a jóvenes y viejos, pero preferentemente a jóvenes que ven opciones en posiciones ultrarreaccionarias que significarían el retroceso en la conquista de una serie de derechos. Solo como ejemplo en las demandas de mujeres y la población LGBT. En el caso de Bolivia una buena lectura sociológica del país es imprescindible para estos intentos de partidos mesiánicos que quieren germinar.
José Luis Exeni, politólogo y escritor
¿Afecta la elección de Javier Milei en Argentina el clima de la política boliviana?
Más que afectar el clima de la política boliviana, la elección de Milei alborotó el ánimo de algunos políticos neoliberales bolivianos (que hoy se bautizan como “libertarios”). Así, en la oposición aparecen algunos malos imitadores/repetidores de Milei, como el penoso caso de un diputado paceño que avergonzaría al propio Milei. Pero ello no incide ni en el debate público ni menos en el campo político. La propuesta de un nuevo candidato de eliminar ministerios, a la manera de Milei, parece una caricatura.
¿Puede esto alentar a que nuevos actores se lancen a la competencia por el sillón presidencial, más aún en un momento de fractura dentro del MAS?
Quienes abrigan las ideas “libertarias” de ultraderecha, y sueñan con parir un Milei o un Bolsonario boliviano, ya se habían lanzado a la competencia electoral antes de la victoria de Milei. Hace unos meses se anunció la creación de un Partido Liberal, que hoy es solo un nombre. Y sus promotores (“canos, calvos y camisas blancas”, como bien los describe Quya Reyna) tuvieron hace poco un encuentro en Santa Cruz. Allí se vio que por ahora son solo una hipótesis sin calle ni proyecto político. Es probable que anhelen lanzar una candidatura presidencial para el 2025. Igual es evidente que, en nombre de la unidad, van apareciendo diferentes nombres, todos ellos como “la alternativa única”.
Reymi Ferreira, abogado y exministro
La victoria, no tan inesperada de Milei, luego de su victoria sorprendente en las primarias en la Argentina, ya ha dejado ver algunos efectos, oficiales algunos y otros todavía bajo los entretelones de los proyectos que se vienen gestando para las elecciones del 2025. Evidente que la victoria del “libertario”, insufla de ánimos y da esperanza en la posibilidad de vencer al MAS, (que además se halla debilitado por sus fracturas y por las amenazantes nubes de la ingobernabilidad) a muchos de los opositore que durante casi dos décadas sólo han mordido el polvo de la derrota.
El problema para la derecha es que hay varios que creen que pueden ser la revelación estilo Milei, y ahí se repetirá el problema de la oposición boliviana, que nunca han podido armar una estructura política y programática para derrotar electoralmente al MAS. La única vez que lo hicieron fue en un referéndum en el que la unidad estaba fácil porque se trataba de apoyar el NO, y no de disputar ningún cargo. Por ello, aunque es seguro que aparecerán muchos Mileis, eso de por sí no garantiza que uno de ellos logre hacer lo que hizo el argentino en su país, y por más copiones que sean, las experiencias son distintas, y lo que es peor, este fenómeno producirá múltiples aspirantes a ocupar la presidencia, tratando de emular lo que se hizo en el vecino país.
Armando Ortuño, economista y analista político
Por la cercanía de la Argentina con el país y la fuerte influencia de los medios de ese país en las lecturas mediáticas bolivianas, la victoria de Milei tendrá efectos en el microclima de la política boliviana, sobre todo entre las elites politico-mediaticas. Sin embargo, creo que su efecto en la gran opinión publica y en las orientaciones de los electores será muy pequeño. Las definiciones políticas locales rara vez toman como referencia los sucesos externos, es la historia y las percepciones propias sobre el momento sociopolítico nacional las que deberían preocupar más, eso es lo vital sin distraerse demasiado en otras especulaciones.
Dicho eso, ese evento puede complicar la estrategia y el despliegue táctico sobre todo de las oposiciones, porque refuerza dos cuestiones que ya son un problema en el armado opositor hacia el 2025: la tensión entre lo nuevo versus los viejos partidos y lideres opositores tradicionales; y el grado de radicalidad de la propuesta política opositora futura.
A priori, Milei podría alentar aventuras de personajes por fuera de las fuerzas tradicionales, con un lenguaje directo y rupturista con todo, no solo contra el masismo; desordenando más un panorama ya muy fragmentado.
Muchos se creerán el Milei boliviano de manera superficial o hasta frívola pero al hacer eso desordenarán el escenario opositor o pueden complicar la construcción de coaliciones.
Y en lo ideológico, la tentación será leer el triunfo de Milei como la demostración que se debe ser radical, en una concepción liberal o de superación total del «populismo». Acusando a los que no comparten eso de «tibios». Me parece que esa radicalidad no funciona en Bolivia, pero lo intentaran y complicaran todo.
La elección de Milei en Argentina tendrá efectos en dos campos de la política nacional. El primer campo afectado será el del oficialismo que con la derrota del peronismo ha perdido a uno de sus aliados más importantes de Sudamérica. El kirschnerismo fue leal a Evo Morales hasta el final, le dio refugio político, con casa incluida, junto a varios ex ministros del MAS. El gobierno del MAS sentirá mucho la victoria de Milei, con la perdida de ventajas y el cambio en las relaciones bilaterales políticas y comerciales.
El otro campo afectado será el de las oposiciones, ya que algunas corrientes han festejado con entusiasmo la victoria del libertario. Incluso hay un grupo ciudadano que está articulando una organización liberal, inspirado en el éxito electoral de Milei. No cabe duda que la emulación discursiva a Milei será practicada por algunos actores de la oposición boliviana. Hay quienes reclaman a un Milei boliviano, que tendría que aparecer como candidato, creyendo que esa es la fórmula para derrotar al masismo. Estas creencias y percepciones alentaran a que nuevos actores políticos ingresen a la competencia electoral; motivados también por la división del masismo. Por tanto, el factor Milei, en vez de cohesionar, puede fraccionar más a la oposición boliviana.
En la política nacional hay que saber diferenciar las variables externas que afectan de las variables internas que determinan. Los opositores que creen que la victoria de Milei causará un efecto dominó en la región se equivocan, pues cada sociedad y cada Estado tiene sus particularidades y sus diferencias. En Bolivia lo que hace falta es la construcción de un instrumento político que esencialmente se inspire, se fundamente en lo que la gente quiere en el país y no en la autosatisfacción por lo que suceda en otras sociedades y naciones.
Quya Reyna comunicadora yescritora
Hay que entender que el panorama boliviano implica una resistencia al gobierno central, diferenciada entre lo urbano y lo rural o en otro caso, entre oriente y occidente, pero que es visible, principalmente por medios de oposición. Esto nos lleva a entender que cualquier experiencia de “derecha” que llegue al poder o que tenga relevancia política en el exterior y a nivel regional implica en el país cierto agrado en esta población opositora.
Primero fue Bolsonaro, en Brasil, que influyó incluso en la lectura política de la religión entrando al palacio el 2019, con la llegada de Añez. Posteriormente aparece Bukele que, si bien él se identificó como izquierdista, ejerce políticas de derecha y se confronta con otras autoridades de izquierda, como Gustavo Petro, presidente colombiano. Esto ha llevado a que se busque un Bukele boliviano y no sólo aquí, personas de otros países de la región quieren su Bukele en su país.
Milei, desde hace un corto tiempo, ya llamaba la atención del panorama social de Bolivia. No sé si el liberalismo pudo concentrar mayores simpatizantes con la influencia de Milei (en su mayoría joven), pero es evidente que grupos de oposición, conservadores y antifeministas en Bolivia generaban discursos contra la “casta” refiriéndose al gobierno del MAS o denunciaban la “ideología de género” promovida supuestamente por el gobierno y grupos feministas. En lo social, llegó este modelo de confrontación derecha-izquierda, yo creo que, en muy poca escala, pero llegó.
La fuerte vinculación del masismo con el gobierno kirshnerista genera aún más esta relación Estado-casta en el contexto boliviano, aunque es una lectura muy condicionada por la polarización, fruto de la crisis del 2019, más que por una lectura legítima a la realidad boliviana.
Bolivia no es Argentina, pero hasta en la política existe el “boligaucho” que busca con ansiedad un “Milei boliviano”. Me pregunto si en Argentina buscaron alguna vez al “Evo argentino”, yo creo que no, por obvias razones: el contexto argentino no tiene una relevante población indígena, no tiene movimientos sociales con características sindicalistas a la de Bolivia y se podrían dar más ejemplos. ¿Entonces por qué buscamos un Milei? Es resultado de una fuerte crisis de representatividad política y originalidad en nuestros políticos, como José Ormachea que solicita buscar al “Milei boliviano” en el legislativo, debería nomás ser sincero y decir que él quiere ocupar tal rol.
Pero más allá de eso, el fenómeno Milei en Bolivia influyó en lo políticos opositores y la población opositora. Ya vimos a Vicente Cuellar anticipando su candidatura, manifestando una copia del discurso mileísta de cerrar ministerios. No se da cuenta que para que Milei haya llegado al poder se requirieron muchos años y otros elementos, entre ellos un discurso que articule a la población y que resultó en un populismo de derecha en contra del gobierno kirchnerista. Ahí fue importante Agustín Laje y su confrontación al feminismo. En Bolivia, el feminismo no tiene la trascendencia social ni política que tiene en Argentina, pero se siguen copiando los mismos contra discursos de Laje aquí y por ende sus mismas propuestas.
Sin embargo, antes del triunfo de Milei en las últimas elecciones, los políticos y algunas figuras dirigenciales ya estaban animados a ser las alternativas políticas y en la actualidad aún más, no necesariamente por el triunfo de Milei, porque tienen que ver muchos factores, entre ellos, la fracción del Movimiento Al Socialismo, principalmente. No hay claridad sobre esto, pero la gente está buscando fórmulas de oposición: los menos radicales mencionan a Andrea Barrientos y los más extremistas al capitán Edman Lara, esto pasaba desde hace mucho antes del triunfo de Milei; sin embargo, sí se intensificó en los últimos días.
Más allá de que esto motive a supuestas postulaciones a la presidencia, creo que en Bolivia debemos enfocarnos en la sociedad, ¿el liberalismo puede ser un movimiento grande como el argentino? ¿El triunfo de Milei podría convocar a los bolivianos a sumarse al liberalismo como fórmula frente al masismo o el Gobierno central?
Yo creo que por los menos en la población joven sí está generando simpatía, pero no desde la población que sí es liberal en la práctica y que se encuentran en los mercados, en las villas y en las grandes ferias de comercio. El liberalismo todavía no es sólido y no tiene un rostro representativo en el país, además de ser sumamente utópico e idealista, pero podría ser el nuevo modelo de oposición discursivo frente al MAS. Nuevamente, la influencia del liberalismo argentino dependerá mucho del gobierno de Milei. En la medida de que esto sea efectivo en Argentina, las otras regiones podrían simpatizar con el liberalismo o la derecha como alternativa política. Dependerá también de la dinámica política regional e internacional a partir de sus figuras de oposición: Jair Bolsonaro, Antonio Kast y otros que no están lejos de poder ser electos.
Marité Zegada, politóloga cochabambina
Las democracias latinoamericanas están asediadas por procesos de inestabilidad política, incertidumbre económica y un extendido sentimiento de rechazo a la política partidaria. Los esquemas partidarios de fines del siglo pasado se han derrumbado y hemos ingresado en una etapa marcada por una alternancia que responde más que a adscripciones ideológicas, al «rechazo» a la ineficiencia y la corrupción.
La elección de Milei va en esa línea y llama la atención su alta popularidad sobre todo entre los jóvenes. De hecho, en Bolivia se generó mucha expectativa en relación a los resultados de Argentina y se ha percibido, desde hace algunos años, esta búsqueda de alternativas al MAS, sobre todo entre quienes se sienten excluidos y amenazados por el Gobierno. En ese sentido, existe una incidencia porque abre la expectativa sobre la aparición de algún líder «antipolítico» capaz de enfrentar al MAS con éxito.
La fractura del MAS ha abierto nuevas posibilidades a las oposiciones, pues significa mayores opciones de ganar la próxima elección. El problema reiterado es la gran ausencia de liderazgos opositores capaces de seducir al electorado.
El triunfo (inesperado y algo incomprensible) de Milei, abre el escenario a apuestas algo impensadas y novedosas con posibilidades de llegar al poder. Este hecho político podría animar a la emergencia de nuevos liderazgos, al mismo tiempo que debilita al bloque «progresista» que está tratando de sobrevivir en la región.
