La reactivación de la alianza entre la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno rendirá su primer examen en la negociación del incremento salarial para este año. El ente sindical propone un incremento del 10% al haber básico y del 15% al salario mínimo, mientras que el Ejecutivo afirma que éste se fijará con base en la inflación de 2017 (2,71%) y el crecimiento económico (4,21%). En tanto, los empresarios privados han manifestado que “es imposible” sostener un aumento salarial mayor al índice inflacionario por la “grave situación del empleo y de la mayoría de las empresas”.

La actualización de la alianza del Gobierno y la COB se dio con el cambio “apresurado” del nuevo Comité Ejecutivo del ente sindical, consolidado a fines de febrero, en favor de la postura del Movimiento Al Socialismo (MAS). En esa línea, incluso sus miembros han declarado públicamente su afinidad con el oficialismo.

La situación surgió luego de la división interna que enfrentaba la COB desde fines de 2017 debido a que algunos sectores afines a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) cuestionaron la decisión del entonces secretario ejecutivo Guido Mitma de encabezar las medidas de protesta para exigir la anulación del Código Penal, debido a que atentaba contra los derechos humanos y constitucionales, y apoyar la restitución de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que busca que se respete los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales.

Vitaliano Mamani, secretario de Organización de la COB, explica en una entrevista con Animal Político que una de las resoluciones del XVII Congreso, realizado en febrero en Santa Cruz, fue profundizar el proceso de cambio, pero eso no significa “rifar los derechos de los trabajadores”. “Por eso, vamos a exigir al Gobierno que se respeten los derechos de los trabajadores así como nuestras demandas establecidas en nuestro pliego petitorio”, asegura.

Para Rodolfo Eróstegui, experto en temas laborales, durante el mandato del presidente Evo Morales todos los dirigentes han tenido una afinidad con el oficialismo, pero cuando se debe negociar el aumento salarial o leyes vinculadas con los intereses de los trabajadores emergen diferencias con el Ejecutivo y el ente sindical da prioridad a la defensa de los derechos laborales.

El sábado, la dirigencia máxima de la COB entregó al presidente Evo Morales su pliego petitorio para este año, en el que solicita un incremento del 10% al salario básico y del 15% al salario mínimo nacional (SMN).

Mamani explica que los porcentajes planteados se obtuvieron de un promedio de las propuestas que hicieron los sectores afiliados y buscan reponer la pérdida “considerable” del poder adquisitivo del salario.

El dirigente aclara que el planteamiento de la COB no contempla otros indicadores, ya que si lo haría los porcentajes serían más elevados.

“Es necesario mantener un incremento salarial real cuyas condiciones sean una remuneración justa, a fin de asegurar la subsistencia de los trabajadores y sus familias, tomando en cuenta las actuales condiciones económicas”, dice el pliego petitorio.

El secretario recuerda que en 2012 se solicitó un aumento del salario mínimo acorde a una canasta familiar de Bs 8.309, calculado con base en un estudio realizado un año antes por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y que si hoy ese índice se actualiza sería mayor a Bs 10.000.

En los últimos dos años, el aumento al haber básico no superó el 7%, cuando entre 2011 y 2015 osciló entre el 8% y el 10%. En tanto, el alza al salario mínimo nacional, entre 2016 y 2017, no sobrepasó el 10,8%, cuando entre 2011 y 2015 fluctuó de 15% a 22,6%. (Ver infografía)

En 2016, el ente sindical propuso un alza del salario básico del 8,5% y del 15% del salario mínimo, pero en el primer caso llegó al 6% y en el segundo al 9%. En cambio, en 2017, la COB solicitó un ascenso del 15% del haber básico y del 20% del salario mínimo, pero logró el 7% en el primer indicador y 10,8% en el segundo.

Mamani menciona que se pide que el incremento salarial alcance a todos los sectores sin restricciones, debido a que en años precedentes en las gobernaciones, alcaldías, universidades públicas y otras instituciones dicho aumento fue menor y estaba sujeto a la disponibilidad y sostenibilidad financiera de los mismos.

El domingo, el ministro de Economía, Mario Guillén, afirmaba que para fijar el alza de los salarios se hará un análisis integral de la realidad de las empresas porque si el porcentaje es elevado podría ocasionar el cierre de empresas o despidos de trabajadores. La autoridad detalla que el porcentaje del aumento salarial se determinará en función de la tasa de inflación acumulada en 2017, que llegó a 2,71% y al crecimiento de la economía, que se situó en 4,21%.

Para el economista Alberto Bonadona el tema del incremento salarial está “altamente politizado” por el Gobierno para lograr el apoyo de los trabajadores, ya que el próximo año se efectuarán las elecciones presidenciales, y por los trabajadores para mostrar una victoria de la COB en “defensa de los derechos” del sector.

Otro de los temas que ha sido cuestionado por diferentes sectores en este año preelectoral fue el anuncio del presidente Morales en enero del pago del segundo aguinaldo para este año. El sector privado manifestó que el tema debe manejarse con prudencia pues hay varios sectores afectados por los costos laborales.

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indica que la “grave situación del empleo y de la mayoría de las empresas”, sobre todo de las medianas y pequeñas, “hace imposible” sostener un incremento por encima de la inflación de 2017, más el índice de productividad.

El empresario cruceño advierte de las “graves consecuencias” que puede tener un aumento “sobredimensionado” del haber básico y del salario mínimo sobre la creación y el sostenimiento de los empleos, los cuales ya son evidentes en la actualidad.

Nostas explica que en los últimos diez años la política salarial ha representado un incremento del 300% en el salario mínimo y del 90% en el haber básico con un efecto positivo para una minoría de los trabajadores y dejando a la mayoría desprotegidos a los efectos de la informalidad.

Precisa que desde hace varios años se dio a conocer el “sistemático deterioro” de la calidad del empleo en el país basado en los índices crecientes del trabajo informal, el empleo precario y el desempleo. “Este problema es evidente en todos los niveles sociales y está produciendo efectos muy graves en los que jóvenes ingresan al mercado laboral y en las personas con menor preparación que se suman a la informalidad y se ven obligados a desempeñarse en trabajos con baja remuneración, sin beneficios sociales y sin protección”.

Nostas agrega que esta orientación salarial ha tenido “un efecto devastador” en la mayoría de las entidades que generan empleos formales, especialmente las medianas y pequeñas, que no tienen la posibilidad económica para sostener aumentos “tan elevados”, que además se suman a los subsidios y los bonos que se definen con base en el salario mínimo.

Ante ese panorama, el presidente de la patronal privada afirma que la determinación del alza salarial
se base en la situación real del empleo, la obligación de velar por las personas sin trabajo o con un empleo precario, la capacidad de las medianas y pequeñas firmas de asumir el costo, el desigual desempeño de los sectores económicos y el sostenimiento del PIB. “Reafirmamos que insistiremos que en esta decisión se imponga la racionalidad y la responsabilidad”.

Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), sostiene, con base en estudios técnicos, que el aumento al haber básico y el salario mínimo no debe superar el 3% y observa que la demanda de la COB no tenga una “base sólida” para justificar el alza.

Salinas expresa que un alto aumento de los salarios afectará al Gobierno, porque en el presupuesto no se contempló un alza de esa magnitud e incidirá en un mayor déficit fiscal. Agrega que la medida perjudicará al sector privado pues para asumir esa carga laboral se reducirán las inversiones, así como al sector laboral, ya que se elevará el desempleo y se hará una menor contratación de jóvenes.

El exministro de esa cartera Luis Arce Catacora indica que la postura de la COB de aplicar un alza salarial elevada así como del sector privado de que esa medida no supere el 3% de la inflación “son equivocadas”. Aunque aclaró que son parámetros para un proceso de negociación.

En esa línea, Arce recomienda que para cuidar la economía se debe tomar en cuenta la reposición del poder adquisitivo del salario que se perdió con la inflación, conceder un incremento adicional que está relacionado con el PIB y considerar que no solo se debe destinar recursos al pago de salarios sino a seguir invirtiendo para que crezca la economía.

Para Bonadona tomar en cuenta criterios técnicos para fijar el alza salarial es solo un “ejercicio teórico” pues éste se define en una negociación entre el Gobierno y los obreros.La reactivación de la alianza entre la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno rendirá su primer examen en la negociación del incremento salarial para este año. El ente sindical propone un incremento del 10% al haber básico y del 15% al salario mínimo, mientras que el Ejecutivo afirma que éste se fijará con base en la inflación de 2017 (2,71%) y el crecimiento económico (4,21%). En tanto, los empresarios privados han manifestado que “es imposible” sostener un aumento salarial mayor al índice inflacionario por la “grave situación del empleo y de la mayoría de las empresas”.

La actualización de la alianza del Gobierno y la COB se dio con el cambio “apresurado” del nuevo Comité Ejecutivo del ente sindical, consolidado a fines de febrero, en favor de la postura del Movimiento Al Socialismo (MAS). En esa línea, incluso sus miembros han declarado públicamente su afinidad con el oficialismo.

La situación surgió luego de la división interna que enfrentaba la COB desde fines de 2017 debido a que algunos sectores afines a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) cuestionaron la decisión del entonces secretario ejecutivo Guido Mitma de encabezar las medidas de protesta para exigir la anulación del Código Penal, debido a que atentaba contra los derechos humanos y constitucionales, y apoyar la restitución de la Coordinadora Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), que busca que se respete los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 que rechazó una nueva repostulación del presidente Evo Morales.

Vitaliano Mamani, secretario de Organización de la COB, explica en una entrevista con Animal Político que una de las resoluciones del XVII Congreso, realizado en febrero en Santa Cruz, fue profundizar el proceso de cambio, pero eso no significa “rifar los derechos de los trabajadores”. “Por eso, vamos a exigir al Gobierno que se respeten los derechos de los trabajadores así como nuestras demandas establecidas en nuestro pliego petitorio”, asegura.

Para Rodolfo Eróstegui, experto en temas laborales, durante el mandato del presidente Evo Morales todos los dirigentes han tenido una afinidad con el oficialismo, pero cuando se debe negociar el aumento salarial o leyes vinculadas con los intereses de los trabajadores emergen diferencias con el Ejecutivo y el ente sindical da prioridad a la defensa de los derechos laborales.

El sábado, la dirigencia máxima de la COB entregó al presidente Evo Morales su pliego petitorio para este año, en el que solicita un incremento del 10% al salario básico y del 15% al salario mínimo nacional (SMN).

Mamani explica que los porcentajes planteados se obtuvieron de un promedio de las propuestas que hicieron los sectores afiliados y buscan reponer la pérdida “considerable” del poder adquisitivo del salario.

El dirigente aclara que el planteamiento de la COB no contempla otros indicadores, ya que si lo haría los porcentajes serían más elevados.

“Es necesario mantener un incremento salarial real cuyas condiciones sean una remuneración justa, a fin de asegurar la subsistencia de los trabajadores y sus familias, tomando en cuenta las actuales condiciones económicas”, dice el pliego petitorio.

El secretario recuerda que en 2012 se solicitó un aumento del salario mínimo acorde a una canasta familiar de Bs 8.309, calculado con base en un estudio realizado un año antes por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y que si hoy ese índice se actualiza sería mayor a Bs 10.000.

En los últimos dos años, el aumento al haber básico no superó el 7%, cuando entre 2011 y 2015 osciló entre el 8% y el 10%. En tanto, el alza al salario mínimo nacional, entre 2016 y 2017, no sobrepasó el 10,8%, cuando entre 2011 y 2015 fluctuó de 15% a 22,6%. (Ver infografía)

En 2016, el ente sindical propuso un alza del salario básico del 8,5% y del 15% del salario mínimo, pero en el primer caso llegó al 6% y en el segundo al 9%. En cambio, en 2017, la COB solicitó un ascenso del 15% del haber básico y del 20% del salario mínimo, pero logró el 7% en el primer indicador y 10,8% en el segundo.

Mamani menciona que se pide que el incremento salarial alcance a todos los sectores sin restricciones, debido a que en años precedentes en las gobernaciones, alcaldías, universidades públicas y otras instituciones dicho aumento fue menor y estaba sujeto a la disponibilidad y sostenibilidad financiera de los mismos.

El domingo, el ministro de Economía, Mario Guillén, afirmaba que para fijar el alza de los salarios se hará un análisis integral de la realidad de las empresas porque si el porcentaje es elevado podría ocasionar el cierre de empresas o despidos de trabajadores. La autoridad detalla que el porcentaje del aumento salarial se determinará en función de la tasa de inflación acumulada en 2017, que llegó a 2,71% y al crecimiento de la economía, que se situó en 4,21%.

Para el economista Alberto Bonadona el tema del incremento salarial está “altamente politizado” por el Gobierno para lograr el apoyo de los trabajadores, ya que el próximo año se efectuarán las elecciones presidenciales, y por los trabajadores para mostrar una victoria de la COB en “defensa de los derechos” del sector.

Otro de los temas que ha sido cuestionado por diferentes sectores en este año preelectoral fue el anuncio del presidente Morales en enero del pago del segundo aguinaldo para este año. El sector privado manifestó que el tema debe manejarse con prudencia pues hay varios sectores afectados por los costos laborales.

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indica que la “grave situación del empleo y de la mayoría de las empresas”, sobre todo de las medianas y pequeñas, “hace imposible” sostener un incremento por encima de la inflación de 2017, más el índice de productividad.

El empresario cruceño advierte de las “graves consecuencias” que puede tener un aumento “sobredimensionado” del haber básico y del salario mínimo sobre la creación y el sostenimiento de los empleos, los cuales ya son evidentes en la actualidad.

Nostas explica que en los últimos diez años la política salarial ha representado un incremento del 300% en el salario mínimo y del 90% en el haber básico con un efecto positivo para una minoría de los trabajadores y dejando a la mayoría desprotegidos a los efectos de la informalidad.
Precisa que desde hace varios años se dio a conocer el “sistemático deterioro” de la calidad del empleo en el país basado en los índices crecientes del trabajo informal, el empleo precario y el desempleo. “Este problema es evidente en todos los niveles sociales y está produciendo efectos muy graves en los que jóvenes ingresan al mercado laboral y en las personas con menor preparación que se suman a la informalidad y se ven obligados a desempeñarse en trabajos con baja remuneración, sin beneficios sociales y sin protección”.

Nostas agrega que esta orientación salarial ha tenido “un efecto devastador” en la mayoría de las entidades que generan empleos formales, especialmente las medianas y pequeñas, que no tienen la posibilidad económica para sostener aumentos “tan elevados”, que además se suman a los subsidios y los bonos que se definen con base en el salario mínimo.

Ante ese panorama, el presidente de la patronal privada afirma que la determinación del alza salarial
se base en la situación real del empleo, la obligación de velar por las personas sin trabajo o con un empleo precario, la capacidad de las medianas y pequeñas firmas de asumir el costo, el desigual desempeño de los sectores económicos y el sostenimiento del PIB. “Reafirmamos que insistiremos que en esta decisión se imponga la racionalidad y la responsabilidad”.

Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), sostiene, con base en estudios técnicos, que el aumento al haber básico y el salario mínimo no debe superar el 3% y observa que la demanda de la COB no tenga una “base sólida” para justificar el alza.

Salinas expresa que un alto aumento de los salarios afectará al Gobierno, porque en el presupuesto no se contempló un alza de esa magnitud e incidirá en un mayor déficit fiscal. Agrega que la medida perjudicará al sector privado pues para asumir esa carga laboral se reducirán las inversiones, así como al sector laboral, ya que se elevará el desempleo y se hará una menor contratación de jóvenes.

El exministro de esa cartera Luis Arce Catacora indica que la postura de la COB de aplicar un alza salarial elevada así como del sector privado de que esa medida no supere el 3% de la inflación “son equivocadas”. Aunque aclaró que son parámetros para un proceso de negociación.
En esa línea, Arce recomienda que para cuidar la economía se debe tomar en cuenta la reposición del poder adquisitivo del salario que se perdió con la inflación, conceder un incremento adicional que está relacionado con el PIB y considerar que no solo se debe destinar recursos al pago de salarios sino a seguir invirtiendo para que crezca la economía.

Para Bonadona tomar en cuenta criterios técnicos para fijar el alza salarial es solo un “ejercicio teórico” pues éste se define en una negociación entre el Gobierno y los obreros.