Uno de los efectos de la política salarial aplicada por el Gobierno en la última década ha sido el aumento del “desempleo calificado”, principalmente de los jóvenes. El empresariado privado afirma que esta situación se debe a un aumento sostenido de la carga laboral que ha desincentivado la contratación de trabajadores sobre todo de jóvenes. Una especialista agrega que esto se debe también a varias obligaciones sociales y a la desaceleración de los sectores de la construcción y servicios.

Marco Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), sostiene, durante una entrevista con Animal Político, que uno de los efectos negativos de la política salarial aplicada hace más de una década para los trabajadores es el surgimiento del “desempleo calificado”, un fenómeno inédito en el país que afecta en gran medida a los jóvenes de clase media, con estudios superiores y que tienen dificultades crecientes para hallar un trabajo de calidad y a la altura de sus expectativas de superación.

Salinas precisa, con base en las Encuestas de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), que entre el 7% y el 10% de la población con algún grado de formación superior está en condición de desempleo.

El empresario explica que entre los años 2000 y 2016 dicho porcentaje se ha mantenido relativamente en estos márgenes, lo cual implica un incremento de los desempleados con algún grado de calificación debido a que la población y el número de personas que ha buscado tener un mayor grado educativo también ha aumentado.

Según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, los jóvenes representan el 25% (2,5 millones) de los habitantes en el país.

En marzo de 2017, la organización nacional formada por jóvenes Red de Líderes por la Democracia y Desarrollo (Relidd) presentó el estudio llamado Jóvenes y Empleo que establece, con base en la Encuesta de Hogares del INE de 2015, que de cada 100 personas ocupadas 25 son jóvenes y de cada 100 personas desempleadas, cerca de 55 pertenecen a la población juvenil. La indagación además indica que del total de la población desocupada juvenil el número de jóvenes que perdió su trabajo aumentó de 62,05% en 2011 a 69,42% en 2015, lo cual puede reflejar un aumento de la flexibilidad laboral, es decir el incremento de las fuentes de empleo temporales.

La investigación, realizada con la colaboración de la Fundación Jubileo y la Hanns Seidel Stiftung, fue desarrollada por un equipo de jóvenes de las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Sucre, quienes hicieron una revisión documental y hemerográfica y aplicaron una encuesta virtual, entre abril y mayo de 2017, a una muestra de 320 jóvenes de ambos sexos, entre 16 y 28 años, que trabajan o buscan trabajo en las principales ciudades de Bolivia.

Fabiola Zambrana, coordinadora nacional de Relidd, explica que la investigación pretende evidenciar una tensión o una paradoja: la juventud goza de más acceso a educación pero menos acceso a un empleo.

Zambrana señala que hoy los jóvenes están más incorporados en adquirir conocimientos y formación de capital humano que las generaciones precedentes, pero al mismo tiempo duplican o triplican el índice de desempleo respecto a esas generaciones.

La coordinadora expresa que se debe en parte al progreso técnico que exige más años de educación para acceder a empleos modernos. “Por tanto, enfrentamos una dinámica de devaluación educativa y en parte porque la nueva organización laboral restringe puestos de trabajo y hace más inestable el empleo”, manifiesta.

La encuesta establece que en La Paz el 47% de los jóvenes han buscado trabajo de dos a seis meses, el 28% más de un año y el 25% un mes o menos. En tanto, en Santa Cruz el 45% de los consultados realizó esa labor entre dos y seis meses, el 22% más de un año, el 22% de siete a 11 meses y el restante 11% en un mes o menos. En cambio, en Cochabamba el 50% de los jóvenes han buscado trabajo de dos a seis meses y el otro 50% un mes o menos. (Ver infografía).

El instrumento también señala que cerca del 30% de los jóvenes entre 21 y 24 años y entre 25 y 28 años consideran que no hallaron un empleo por su falta de experiencia. En tanto, cerca del 30% de los consultados entre 21 y 24 años y el 20% de entre 25 y 28 años expresan que dicha situación se debe a que no hay políticas para emplear a la población juvenil, mientras que más del 20% de las personas entre 25 y 28 años y cerca del 10% de entre 21 y 24 años aseguran que si no es por política no encuentras trabajo.

Salinas considera que el incremento sostenido de la carga laboral desincentiva la contratación de trabajadores, principalmente de jóvenes y más de aquellos con algún grado de calificación porque se han elevado los salarios iniciales que se les debe pagar.

En ese sentido, el presidente de la CNC afirma que las empresas han optado por contratar personal con algún grado de experiencia en detrimento de los jóvenes profesionales que no tienen experiencia, ya que el monto de diferencia de los salarios entre ambos grupos se ha reducido. “Ese es uno de los problemas de una política salarial uniforme y vertical, que no toma en cuenta ni el grado de formación ni el momento de incorporación del trabajador al mercado laboral”.

Lourdes Montero, economista social, explica que de acuerdo con varias estadísticas se ha incrementado el desempleo de los jóvenes por su falta de experiencia y el de las mujeres porque están en puestos más vulnerables y debido a que sus ingresos todavía son considerados como “secundarios”.

La especialista dice que esto se debe a una desaceleración del crecimiento de algunos sectores económicos como la construcción y los servicios que han sido intensivos en la contratación de la población juvenil. “Lo que nos preocupa más es el desempleo juvenil ilustrado, pues hay jóvenes que gracias al esfuerzo de sus padres han accedido a formación técnica o han terminado la universidad pero no encuentran un trabajo”, señala.

Montero indica con base en investigaciones de América Latina que las alzas salariales menores al 10% no generan necesariamente desempleo sino también el exceso de cargas sociales como el seguro de salud, los aportes a la jubilación y otras obligaciones.

En mayo de 2017, el Gobierno lanzó el Plan Nacional de Empleo para reducir la tasa de desempleo del 4,5% al 2,7% con cinco programas. Hasta el 8 de abril, 13.372 jóvenes se inscribieron al plan, de los que el 6% (872) ya fueron insertados en el mercado laboral, a pesar de que el Gobierno suscribió convenios con 560 empresas para generar nuevos puestos de trabajo.

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), expresa que desde hace varios años su sector ha advertido sobre el sistemático deterioro de la calidad del empleo que se sustenta en el alza de los índices del trabajo informal, el empleo precario e incluso el desempleo. “Este problema es evidente en todos los niveles sociales y está produciendo efectos muy graves en los jóvenes que ingresan al mercado laboral y en las personas con menor preparación que ante la disminución de oportunidades se suman a la informalidad y se ven obligados a estar en trabajos con bajos salarios, sin beneficios sociales y sin protección”.

Nostas especifica que el desempleo urbano alcanza al 4,9% y empeora entre los jóvenes; en 2012 el indicador de desempleo abierto llegaba al 5,6% y  hoy alcanza al 9,1%.

“Los incrementos irracionales, los segundos aguinaldos y la generación de condiciones para encaminar la expropiación de empresas, solo se aplican contra el sector privado formal e incluso hay más permisividad en el sector público que, por ejemplo, muestra en las cifras que contrata más trabajadores eventuales, es decir consultores sin derechos ni estabilidad”, dice.

En esa línea, el empresario cruceño sostiene que para la generación se deben establecer condiciones y toda la política salarial gubernamental actual está en contrarruta de aquello.

Salinas menciona que otra de las consecuencias de la política salarial es que hubo un menor aumento de los sueldos de los trabajadores calificados (con estudios universitarios o nivel técnico superior) con relación a los trabajadores no calificados (sin ningún nivel educativo o con primaria incompleta) porque en los últimos 10 años hubo un aumento del salario mínimo del 300% y del 90% del haber básico, el cual se aplicó de manera inversamente proporcional, es decir que los que ganaban menos obtuvieron un mayor incremento y a los que ganaban más se les dio un incremento menor.

“Con esta política los que estudian más ganan menos y no se ha apoyado la formación ni a los jóvenes, lo cual ha incidido en que los empleados se desalienten para seguir formándose”, asegura.

El empresario señala que es necesario repensar la rigidez de las normas de contratación actuales que dificultan la adecuación de las empresas a las demandas laborales de las nuevas generaciones, que además de pedir una remuneración acorde a sus capacidades, requieren entornos más flexibles para desarrollar sus actividades.

Ante esto, Montero afirma que el Gobierno debe impulsar “políticas más agresivas” que se enfoquen en los jóvenes calificados, en los menos calificados, así como en las mujeres.