Luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) descartara que el voto electrónico en el exterior pueda ser puesto en marcha en las elecciones de 2019, analistas y autoridades coinciden en que el factor central para su implementación es la confianza política, institucional y tecnológica, tanto en el sistema electoral como en la propia ciudadanía. Hoy día, se asegura, no hay condiciones para su aplicación por falta de dicha confianza.

El 17 de mayo, la Cámara de Diputados sancionó las modificaciones al artículo 43 de la Ley 026 del Régimen Electoral, que abre la posibilidad para que los bolivianos residentes en el extranjero emitan su voto a través de medios electrónicos, y ya no en papeletas, aplicando “medidas de seguridad que garanticen la transparencia y confianza en el proceso”.

En un análisis hecho al respecto por la Fundación Internet Bolivia.org se establece que el voto electrónico puede mejorar el procesamiento de información y el conteo rápido del sufragio, lo cual si no se aplica de manera eficiente y en poco tiempo provocará “susceptibilidades” en la población.

El voto electrónico, en general implica la incorporación de recursos informáticos, tanto mecanismos de hardware como de software, en los procesos vinculados al sufragio.

En esa línea, explican los expertos, la norma sobre el voto electrónico puede ser una solución contra la “abstencionismo” y para los procesos electorales que no sean obligatorios, ya que el mecanismo podría lograr una importante participación de los compatriotas en el exterior.

Así, es “positivo” que se discuta y se abra la posibilidad de poner en marcha el voto electrónico en el futuro, pues, como indicaron las autoridades, no se consolidará de forma inmediata.

No obstante, se insiste en la necesidad de hacer un balance de los aspectos positivos y negativos del mecanismo. “Hay problemas de seguridad que están plasmados en múltiples estudios, sobre todo en lo que respecta al voto secreto. Por lo mismo, si se va a aplicar debe ser de manera consensuada, transparente y con la participación activa de la sociedad civil”, concluye el análisis de dicha fundación.

Confianza. La anterior semana, José Luis Exeni, vicepresidente del TSE, desechó la probabilidad de que el voto electrónico sea puesto en marcha en los comicios electorales de 2019, debido a que se trata de un proceso a largo plazo, en el entendido de que primero se debe generar un espíritu de confianza en la ciudadanía. “No es un mandato, sino una posibilidad. El voto electrónico, además de varios componentes técnicos, tiene un componente fundamental, sin el cual no funciona, y es el factor confianza; si no hay confianza, difícilmente se lo podrá implementar y eso lo asumimos con plenitud en el Órgano Electoral (…), pero claramente les decimos que no habrá voto electrónico en 2019; entonces, saquen el tema del debate político”, sentenció Exeni.

La norma presentada por el Movimiento Al Socialismo (MAS) generó polémica entre los legisladores. Los opositores denunciaron que con el mecanismo legal el oficialismo busca consolidar un “fraude” en las próximas elecciones presidenciales de 2019, mientras que el partido de gobierno negó ese propósito e indicó que solo se abre “un candado en la ley” que viabiliza su aplicación, pero no fija plazos específicos para su funcionamiento.

Exeni explicaba que para la aplicación del voto electrónico en el exterior se requiere un proceso amplio de diseño técnico, de discusión y reflexión colectiva y de generación de confianza, porque no se puede “dar un salto unilateral” hacia un mecanismo que la gente no conoce o tiene temor. Para la Fundación Internet Bolivia.org hoy el país vive un momento político altamente polarizado y no es el mejor momento para poner en marcha el voto electrónico, pues se requiere “de una elevada confianza entre las fuerzas políticas”.

Víctor Borda, diputado del MAS, sostiene que se ha abierto la posibilidad de activar este tipo de sufragio para los connacionales en el exterior, pero que su puesta en marcha no se consolidará en los comicios electorales del próximo año, porque está sujeto a un monto de inversión, condiciones técnicas y en construir la confianza en la población en este mecanismo.

“La norma habilita la puesta en marcha del voto electrónico para que en los próximos años se pueda discutir el procedimiento y las condiciones necesarias para su aplicación”, afirmó.

Ante esto, el legislador oficialista estima que la emisión del voto a través de este medio electrónico puede establecerse en las elecciones de 2025.

A decir de Ricardo Paz, sociólogo y experto en marketing político, el voto electrónico es una herramienta moderna y es parte de los avances tecnológicos y con el tiempo “se impondrá de manera natural en el mundo”.

Sin embargo, sostiene que los cuestionamientos a la aplicación del mecanismo tienen su origen en la “desconfianza” que tiene la población sobre la independencia de las autoridades del Órgano Electoral Plurinacional, que deberá administrar el voto electrónico. “Esa desconfianza existe porque los miembros del Órgano Electoral fueron elegidos solo por el partido de gobierno (…) pero sin ninguna participación ni consenso con la oposición, lo cual es un despropósito”.

Paz afirma que ese escenario de desconfianza ha generado que la ciudadanía tenga temor de que con la puesta en marcha de este mecanismo se “manipule” de forma más fácil la decisión de los electores y los resultados.

“El problema es la falta de confianza en el administrador del voto electrónico en el país”, asegura Paz.

Al respecto, Borda negó que con este tipo de sufragio se busque hacer “fraude” en los próximos comicios y más bien se pretende dar mayor seguridad a la decisión de los votantes.

Precaución. El análisis de la Fundación Internet Bolivia.org añade que uno de los riesgos de la aplicación de este mecanismo es que el voto no sea secreto, porque con el sistema se puede establecer por quién votó cada ciudadano y ciudadana individualmente, es decir, relacionar la identidad de cada persona con el voto que emitió.

En esa línea, la organización señala que la forma en que se utiliza la tecnología de voto electrónico supone que cada persona debe identificarse para ingresar al sistema de votación para luego emitir el sufragio; por lo tanto, el sistema no solo registra la votación sino también por cuál candidato votó determinada persona. Ante esto, los expertos indican que las medidas y protocolos de seguridad del sistema de voto electrónico deben ser de muy elevado estándar.

En el actual contexto es bastante difícil la aplicación de este medio en el ámbito técnico, aunque se contratan empresas externas para su ejecución.

Para la aplicación del voto electrónico, sociedad civil, partidos políticos y el Órgano Electoral deben contar con un consistente conocimiento en “sistemas de autenticación de personas, encriptación, de votación, protocolos de seguridad y deliberación en línea, pero también deben tener conocimientos legales sobre los derechos humanos en internet”, destaca el análisis efectuado por Internet Bolivia.org.

Por su parte, el vicepresidente del TSE, José Luis Exeni, aclaró que la Sala Plena del TSE todavía no analiza la temática del voto electrónico, ni dentro ni fuera del país, pero que se la trabajará cuando se tenga una propuesta técnica sobre este mecanismo. Una reforma tal se la debe poner a consideración tanto de la sociedad como de los actores políticos, dijo; pero mientras no haya “una confianza plena”, no se puede poner en marcha la iniciativa.

“Se requiere un tratamiento técnico y se requiere ver la experiencia de otros países y ver nuestro propio contexto. El tema del voto en el exterior básicamente es un tema de costo porque es muy caro y requiere una logística muy compleja”, expresó.

Los países que pusieron en marcha el voto electrónico para las elecciones generales fueron Venezuela en 1988 y Brasil en 1996. Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador y México han realizado avances “sustanciosos” pero en los comicios subnacionales, los cuales han sido “experimentales”.

El diputado Borda abrió la posibilidad de que el mecanismo en el futuro, mediante el cambio de la norma, también se aplique de forma interna.

Para aplicar el mecanismo, insisten los analistas, se requiere una fuerte presencia del Estado y de las organizaciones ciudadanas como garantes del derecho de sufragio, el que debe mantener su condición de universal, secreto, libre, igual, íntegro y directo. (Más sugerencias en la infografía)

“El voto electrónico no puede ser pensado sin entender que está asociado a procesos de confianza política y social, no es solo una cuestión de uso o de facilidad técnica”, asegura el análisis efectuado por la Fundación.

Para el sociólogo Ricardo Paz es más viable que este mecanismo deba aplicarse en la próxima gestión de gobierno, pues —afirma— se prevé tener una democracia multipartidaria y una mayor confianza política y social.