El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, presentado el 14 de junio por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorpora como pena máxima la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que incumplan con tres resoluciones de sanción por denuncia de acoso y violencia política hacia las mujeres, tanto a nivel interno como por autoridades electas.

La propuesta dispone que el TSE cancelará la personería jurídica de las organizaciones políticas por el “incumplimiento de las tres resoluciones emitidas por los tribunales electorales departamentales en caso de denuncias internas de acoso o violencia política, o denuncias presentadas por autoridades electas ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que serán notificadas a la organización política” respectiva.

José Luis Exeni, vicepresidente del TSE, resalta que un principio fundamental transversal en todo el proyecto de ley, que busca reemplazar a la actual Ley de Partidos de 1999, es el mandato de paridad democrática, debido a que sin ésta es difícil avanzar en la “democracia sustantiva”; de aquí que incumplir con el castigo al acoso y violencia política haya sido catalogado como “sanción máxima”.   

“Esa es la máxima sanción establecida para un partido, pero también hay sanciones sucesivas”, dice.

En el artículo 101, de “infracciones muy graves”, el “acoso y violencia política probada mediante sentencia penal ejecutoriada” es puesta al mismo nivel que el transfugio, el vulnerar las restricciones de financiamiento privado para las organizaciones políticas, y el “ejercer violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas”, probada con sentencia penal.

En la propuesta de nueva norma se considera como una “infracción grave” el no tramitar y, en su caso, no sancionar los casos de acoso y violencia política conocidos o denunciados en el partido político.

Las sanciones incorporadas en el proyecto de ley para los infractores son: la inhabilitación del dirigente o militante a participar como candidato en las siguientes elecciones nacionales, departamentales, regionales o municipales; la suspensión del mandato y la militancia de los dirigentes hasta por dos años; y la suspensión de la militancia de los simpatizantes hasta por dos años.

Ahora, cuando se establece una “infracción muy grave” en acoso y violencia política contra la mujer, los castigos serán: la pérdida de escaño de los militantes o dirigentes que ocupen un cargo electivo en órganos deliberativos de cualquier nivel de gobierno; en el caso de dirigentes, la pérdida del estatus de dirigente y de militante; y, en el caso de los militantes, la pérdida de la militancia.

Exeni sostiene además que en la norma se introduce como atribución del Órgano Electoral regular y fiscalizar el funcionamiento de los partidos políticos para que se sujeten a las normas y a sus estatutos, sobre todo en la elección de dirigencias y candidaturas, así como a las condiciones o requisitos de género y generacionales y referidas a la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres.

Añade que otra atribución incorporada es considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de conocimiento de esta instancia.

“Con estos mecanismos, la idea es tratar de eliminar el acoso y violencia política que es un problema creciente, que tiene relación con la fuerte presencia de las mujeres en la política”, manifiesta Exeni.

Entre enero y mayo de este año se presentaron 39 denuncias de mujeres que sufrieron acoso y violencia política en los Tribunales Electorales Departamentales (TED), de acuerdo con datos oficiales del Observatorio de Paridad Democrática del OEP. En 2017 hubo 11 denuncias y una en 2016. (Ver infografía)

En tanto, al quinto mes de 2018 se registraron 10 renuncias por acoso y violencia política. En 2017 se contabilizaron tres renuncias y en 2016, una.

Katia Uriona, presidenta del TSE, añade que el proyecto normativo plantea que en los estatutos de las organizaciones políticas se incluya un régimen interno de género que garantice la “democracia paritaria” para que las mujeres ocupen espacios en sus estructuras, sus directivas y sus propuestas programáticas, para lo cual se deben establecer medidas específicas que generen igualdad de oportunidades y condiciones.

Para ello, Uriona afirma que dicho régimen se aplicará a través de una instancia interna que deberán conformar los frentes políticos como parte de su estructura decisional.

Asimismo, la presidenta del TSE señala que este régimen debe establecer acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de los derechos en casos de denuncias internas de acoso y violencia política o denuncias de mujeres que son autoridades electas.

Añade que el régimen debe promover mecanismos y procedimientos o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política, así como planes que impulsen la paridad y la igualdad de género entre la militancia.

“Una vez agotada la instancia interna, se pueda recurrir al Órgano Electoral para aplicar sanciones a los partidos que incurran en acoso y violencia política y no sean atendidos y no se dé protección a las mujeres”, manifiesta Uriona.

Para Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, es positivo que en la nueva ley se incluya “sanciones concretas” para los delitos de acoso y violencia política pues las organizaciones políticas son testigos de estas acciones y no sancionan a los agresores. “El silencio de los líderes de los frentes políticos puede leerse como complicidad”.

Bernarda Sarué, directora de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), sostiene que la nueva propuesta normativa así como todas las acciones que tengan el objetivo de disminuir las brechas entre hombres y mujeres son positivas para reducir el acoso y la violencia política.

La directora señala que en los últimos años hubo un incremento importante de las denuncias por estos hechos, debido a que más mujeres se animan a darlas a conocer pues están protegidas bajo el amparo de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política y otras normativas. Según datos de Acobol, al 8 de junio de este año, 70 concejalas y alcaldesas fueron víctimas de acoso y violencia política. En 2017, la cifra llegó a 64.

Sarué precisa que este aumento también se explica por las labores de fiscalización que realizan las concejalas a la gestión municipal, pues esto generó mayores niveles de agresión de concejales, alcaldes y la comunidad, ya que si no lo hacen incurren en incumplimiento de deberes.

De igual forma, la directora detalla que otra de las causales es que a la mitad de la gestión de las concejalas titulares sus pares suplentes las presionan para asumir la titularidad por la denominada “gestión compartida”, que es ilegal, pero es parte de los “usos y costumbres” que vulneran la democracia representativa.

Para Novillo, la medida es una forma de violentar el derecho de las mujeres en espacios de poder y burlar los criterios de paridad y alternancia. “Los hombres piden firmar un acuerdo o una hoja que se convierte en la renuncia de las mujeres”.

Se activa una comisión interinstitucional

Ante el incremento de las denuncias de acoso y violencia política en contra de las mujeres en lo que va de este año, se activó una comisión interinstitucional, el 15 de junio, para la coordinación, atención y articulación de acciones que requieran su intervención.

Sonia Brito, diputada del MAS, afirma que la medida está establecida en el Decreto del Reglamento de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, como un mecanismo de prevención y atención inmediata de la defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y violencia política.

Bernarda Sarué, directora de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), explica que este comité se activó debido a que se han registrado denuncias de concejalas que han recibido amenazas contra su integridad física o amenazas de muerte.

En esa línea, la representante indica que este mecanismo permitirá, primero, la intervención en situaciones de conflicto que pudieran derivar o agravar el acoso y la violencia política y, segundo, la intervención de la fuerza pública en los casos que requieran auxilio inmediato.

La legisladora Brito señala que la comisión está conformada por representantes de los Ministerios de Justicia y de Gobierno, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Viceministerio de Autonomías, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y las organizaciones que representan a las autoridades electas en el ámbito nacional y subnacional.

Teresa Zubieta, representante departamental de la Defensoría del Pueblo de La Paz, afirma que las cifras de denuncias por estos hechos “son alarmantes” y que uno de los problemas centrales es la pretensión de que la “dominación masculina” se mantenga a través de la provisión de recursos y su incursión mayoritaria en el escenario político y social.

Zubieta asegura que hoy más mujeres tienen la valentía de denunciar estos hechos, pero aún hay temor por la aplicación de diversas formas de amedrentamiento, como la presión para renunciar al cargo, denigrar a las concejalas y asambleístas, recibir amenazas a través de las redes sociales o de dañar a sus familias, acusarlas de irregularidades, entre otras.