Sunday 21 Apr 2024 | Actualizado a 13:47 PM

Suspender al partido que no sancione

El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas incorpora penas contra la violencia política hacia las mujeres.

/ 27 de junio de 2018 / 04:00

El proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, presentado el 14 de junio por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la Asamblea Legislativa Plurinacional, incorpora como pena máxima la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas que incumplan con tres resoluciones de sanción por denuncia de acoso y violencia política hacia las mujeres, tanto a nivel interno como por autoridades electas.

La propuesta dispone que el TSE cancelará la personería jurídica de las organizaciones políticas por el “incumplimiento de las tres resoluciones emitidas por los tribunales electorales departamentales en caso de denuncias internas de acoso o violencia política, o denuncias presentadas por autoridades electas ante el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que serán notificadas a la organización política” respectiva.

José Luis Exeni, vicepresidente del TSE, resalta que un principio fundamental transversal en todo el proyecto de ley, que busca reemplazar a la actual Ley de Partidos de 1999, es el mandato de paridad democrática, debido a que sin ésta es difícil avanzar en la “democracia sustantiva”; de aquí que incumplir con el castigo al acoso y violencia política haya sido catalogado como “sanción máxima”.   

“Esa es la máxima sanción establecida para un partido, pero también hay sanciones sucesivas”, dice.

En el artículo 101, de “infracciones muy graves”, el “acoso y violencia política probada mediante sentencia penal ejecutoriada” es puesta al mismo nivel que el transfugio, el vulnerar las restricciones de financiamiento privado para las organizaciones políticas, y el “ejercer violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas”, probada con sentencia penal.

En la propuesta de nueva norma se considera como una “infracción grave” el no tramitar y, en su caso, no sancionar los casos de acoso y violencia política conocidos o denunciados en el partido político.

Las sanciones incorporadas en el proyecto de ley para los infractores son: la inhabilitación del dirigente o militante a participar como candidato en las siguientes elecciones nacionales, departamentales, regionales o municipales; la suspensión del mandato y la militancia de los dirigentes hasta por dos años; y la suspensión de la militancia de los simpatizantes hasta por dos años.

Ahora, cuando se establece una “infracción muy grave” en acoso y violencia política contra la mujer, los castigos serán: la pérdida de escaño de los militantes o dirigentes que ocupen un cargo electivo en órganos deliberativos de cualquier nivel de gobierno; en el caso de dirigentes, la pérdida del estatus de dirigente y de militante; y, en el caso de los militantes, la pérdida de la militancia.

Exeni sostiene además que en la norma se introduce como atribución del Órgano Electoral regular y fiscalizar el funcionamiento de los partidos políticos para que se sujeten a las normas y a sus estatutos, sobre todo en la elección de dirigencias y candidaturas, así como a las condiciones o requisitos de género y generacionales y referidas a la prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres.

Añade que otra atribución incorporada es considerar y sancionar los casos de acoso y violencia política que se den dentro de las organizaciones políticas y que sean denunciados o de conocimiento de esta instancia.

“Con estos mecanismos, la idea es tratar de eliminar el acoso y violencia política que es un problema creciente, que tiene relación con la fuerte presencia de las mujeres en la política”, manifiesta Exeni.

Entre enero y mayo de este año se presentaron 39 denuncias de mujeres que sufrieron acoso y violencia política en los Tribunales Electorales Departamentales (TED), de acuerdo con datos oficiales del Observatorio de Paridad Democrática del OEP. En 2017 hubo 11 denuncias y una en 2016. (Ver infografía)

En tanto, al quinto mes de 2018 se registraron 10 renuncias por acoso y violencia política. En 2017 se contabilizaron tres renuncias y en 2016, una.

Katia Uriona, presidenta del TSE, añade que el proyecto normativo plantea que en los estatutos de las organizaciones políticas se incluya un régimen interno de género que garantice la “democracia paritaria” para que las mujeres ocupen espacios en sus estructuras, sus directivas y sus propuestas programáticas, para lo cual se deben establecer medidas específicas que generen igualdad de oportunidades y condiciones.

Espere…

Para ello, Uriona afirma que dicho régimen se aplicará a través de una instancia interna que deberán conformar los frentes políticos como parte de su estructura decisional.

Asimismo, la presidenta del TSE señala que este régimen debe establecer acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de los derechos en casos de denuncias internas de acoso y violencia política o denuncias de mujeres que son autoridades electas.

Añade que el régimen debe promover mecanismos y procedimientos o reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política, así como planes que impulsen la paridad y la igualdad de género entre la militancia.

“Una vez agotada la instancia interna, se pueda recurrir al Órgano Electoral para aplicar sanciones a los partidos que incurran en acoso y violencia política y no sean atendidos y no se dé protección a las mujeres”, manifiesta Uriona.

Para Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, es positivo que en la nueva ley se incluya “sanciones concretas” para los delitos de acoso y violencia política pues las organizaciones políticas son testigos de estas acciones y no sancionan a los agresores. “El silencio de los líderes de los frentes políticos puede leerse como complicidad”.

Bernarda Sarué, directora de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), sostiene que la nueva propuesta normativa así como todas las acciones que tengan el objetivo de disminuir las brechas entre hombres y mujeres son positivas para reducir el acoso y la violencia política.

La directora señala que en los últimos años hubo un incremento importante de las denuncias por estos hechos, debido a que más mujeres se animan a darlas a conocer pues están protegidas bajo el amparo de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política y otras normativas. Según datos de Acobol, al 8 de junio de este año, 70 concejalas y alcaldesas fueron víctimas de acoso y violencia política. En 2017, la cifra llegó a 64.

Sarué precisa que este aumento también se explica por las labores de fiscalización que realizan las concejalas a la gestión municipal, pues esto generó mayores niveles de agresión de concejales, alcaldes y la comunidad, ya que si no lo hacen incurren en incumplimiento de deberes.

De igual forma, la directora detalla que otra de las causales es que a la mitad de la gestión de las concejalas titulares sus pares suplentes las presionan para asumir la titularidad por la denominada “gestión compartida”, que es ilegal, pero es parte de los “usos y costumbres” que vulneran la democracia representativa.

Para Novillo, la medida es una forma de violentar el derecho de las mujeres en espacios de poder y burlar los criterios de paridad y alternancia. “Los hombres piden firmar un acuerdo o una hoja que se convierte en la renuncia de las mujeres”.

Se activa una comisión interinstitucional

Ante el incremento de las denuncias de acoso y violencia política en contra de las mujeres en lo que va de este año, se activó una comisión interinstitucional, el 15 de junio, para la coordinación, atención y articulación de acciones que requieran su intervención.

Sonia Brito, diputada del MAS, afirma que la medida está establecida en el Decreto del Reglamento de la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, como un mecanismo de prevención y atención inmediata de la defensa de los derechos de las mujeres en situación de acoso y violencia política.

Bernarda Sarué, directora de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), explica que este comité se activó debido a que se han registrado denuncias de concejalas que han recibido amenazas contra su integridad física o amenazas de muerte.

En esa línea, la representante indica que este mecanismo permitirá, primero, la intervención en situaciones de conflicto que pudieran derivar o agravar el acoso y la violencia política y, segundo, la intervención de la fuerza pública en los casos que requieran auxilio inmediato.

La legisladora Brito señala que la comisión está conformada por representantes de los Ministerios de Justicia y de Gobierno, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Viceministerio de Autonomías, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y las organizaciones que representan a las autoridades electas en el ámbito nacional y subnacional.

Teresa Zubieta, representante departamental de la Defensoría del Pueblo de La Paz, afirma que las cifras de denuncias por estos hechos “son alarmantes” y que uno de los problemas centrales es la pretensión de que la “dominación masculina” se mantenga a través de la provisión de recursos y su incursión mayoritaria en el escenario político y social.

Zubieta asegura que hoy más mujeres tienen la valentía de denunciar estos hechos, pero aún hay temor por la aplicación de diversas formas de amedrentamiento, como la presión para renunciar al cargo, denigrar a las concejalas y asambleístas, recibir amenazas a través de las redes sociales o de dañar a sus familias, acusarlas de irregularidades, entre otras.

Comparte y opina:

La entrada de Villa Victoria cumple su recorrido con señales de duelo

Los grupos que año tras año participan de esta tradicional entrada hicieron su recorrido este sábado, aunque esta vez llevaron crespones negros en sus estandartes en señal de duelo por lo que ocurrió con los siete fraternos.

/ 26 de agosto de 2018 / 00:15

La entrada de Villa Victoria en honor a la Virgen de Asunción no es la misma este año. Entre las calles Sorata y Asunción, por el sector de la Virrey Toledo, los danzarines de las fraternidades no bailan, hacen una pausa y caminan en señal del duelo que aún acongoja a los Caporales Juvenil Brillantes de Villa Victoria. Siete de sus integrantes perecieron en un hecho de tránsito.

La festividad debía recorrer las principales calles de esta zona el 18 agosto pasado, pero fue trasladada hasta este sábado debido, precisamente, a que en ese lugar que está cerca de la iglesia de la patrona, la noche del miércoles 15, un vetusto microbus irrumpió en el ensayo de los jóvenes y mató a siete.

Los grupos que año tras año participan de esta tradicional entrada hicieron su recorrido este sábado, aunque esta vez llevaron crespones negros en sus estandartes en señal de duelo por lo que ocurrió con los siete fraternos.

Espere

Espere

Claveles blancos y rosados, además de gladiolos de intenso color están en el lugar junto con inscripciones de los nombres de los difuntos como un recordatorio de lo sucedido. Es el altar que sus familiares han instalado en medio de su congoja.

La tragedia había conmocionado a los vecinos, quienes demandaron a la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Villa Victoria la cancelación de la manifestación folclórica.

Espere

Wilson C. Ch., el chofer, y Melitón C. el mecánico, quien horas antes de la tragedia había revisado el motorizado que embistió y mató a las siete personas, están en la cárcel de San Pedro con detención preventiva. El primero se habían dado a la fuga, pero días después se entregó a la Policía.

En sus declaraciones ante las autoridades reveló que ese día estaba con el mecánico del motorizado y que él le incitó a huir.

Omisión de socorro, homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, entre otros, son los cargos por los que se los procesa.

Hasta las 18.30, los caporales Juvenil Brillantes de Villa Victoria no habían hecho su paso, quizá porque decidieron no hacerlo. De todas formas, los directivos de la festividad han anunciado que les entregarían un premio póstumo, un aliciente que no borra el dolor que los embarga.

(25/08/2018)

Comparte y opina:

Sereci alista para 2019 emisión de certificados en idiomas indígenas

El artículo 30 de la Carta Magna establece que un derecho de las naciones y pueblos indígenas es que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación.

/ 30 de julio de 2018 / 11:24

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) alista para 2019 la emisión de certificados bilingües, que además de consignar la información en castellano, contendrán la traducción en quechua, aymara y guaraní según la autoidentificación cultural del usuario.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas, indicó, en una entrevista con La Razón, que en una primera instancia se emitirán certificados de nacimiento bilingües y en una siguiente fase los certificados de matrimonio y defunción tendrán la misma característica.

Costas explicó que los documentos incluirán las referencias como los nombres, los apellidos, el lugar y la fecha de nacimiento, la fecha de emisión y otros indicadores en castellano y su traducción en quechua, aymara y guaraní, en función a la autoidentificación cultural del ciudadano.

Espere…

“Aquellas personas que decidan que pertenecen a algún pueblo indígena podrán solicitar sus documentos de manera bilingüe”, apuntó el vocal del TSE.
Especificó que el actual Sistema de Registro Civil Biométrico está en condiciones de emitir los certificados bilingües, en los que también se incorporará la autoidentificación cultural.

Costas proyectó que el próximo año se comenzará a emitir los certificados en castellano y los idiomas indígenas y también se incluirá la opción de pertenencia.

“Con esta iniciativa se fortalece el principio constitucional de la autoidentificación de las personas y se reconoce que además de ser bolivianos nos autoidentificamos con alguno de los 36 pueblos indígenas”, manifestó el vocal.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (30/07/2018)

Comparte y opina:

Sereci alista para 2019 emisión de certificados en idiomas indígenas

El artículo 30 de la Carta Magna establece que un derecho de las naciones y pueblos indígenas es que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación.

/ 30 de julio de 2018 / 11:24

El Servicio de Registro Cívico (Sereci) alista para 2019 la emisión de certificados bilingües, que además de consignar la información en castellano, contendrán la traducción en quechua, aymara y guaraní según la autoidentificación cultural del usuario.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas, indicó, en una entrevista con La Razón, que en una primera instancia se emitirán certificados de nacimiento bilingües y en una siguiente fase los certificados de matrimonio y defunción tendrán la misma característica.

Costas explicó que los documentos incluirán las referencias como los nombres, los apellidos, el lugar y la fecha de nacimiento, la fecha de emisión y otros indicadores en castellano y su traducción en quechua, aymara y guaraní, en función a la autoidentificación cultural del ciudadano.

Espere…

“Aquellas personas que decidan que pertenecen a algún pueblo indígena podrán solicitar sus documentos de manera bilingüe”, apuntó el vocal del TSE.
Especificó que el actual Sistema de Registro Civil Biométrico está en condiciones de emitir los certificados bilingües, en los que también se incorporará la autoidentificación cultural.

Costas proyectó que el próximo año se comenzará a emitir los certificados en castellano y los idiomas indígenas y también se incluirá la opción de pertenencia.

“Con esta iniciativa se fortalece el principio constitucional de la autoidentificación de las personas y se reconoce que además de ser bolivianos nos autoidentificamos con alguno de los 36 pueblos indígenas”, manifestó el vocal.

Encuentre la información completa en la edición impresa de La Razón. (30/07/2018)

Comparte y opina:

El tren bioceánico combinará trenes eléctricos y a diésel

El sistema mixto pretende optimizar el uso de energía y los costos. Se requiere establecer “alianzas estratégicas” en el ámbito académico con diferentes países, porque las naciones socias del proyecto están retrasadas en el desarrollo de tecnología en el transporte férreo.

/ 9 de julio de 2018 / 13:33

El proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) contempla la “combinación estratégica” de trenes eléctricos y a diésel con el objetivo de optimizar los costos de operación y el uso de energía.

“Lo que nosotros tenemos que optimizar es el gasto en operación, en todo lo que es logística, y si nosotros hacemos una combinación de trenes eléctricos y trenes a diésel ahorramos bastante en los costos de funcionamiento del corredor”, reveló el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con La Razón.

El corredor interoceánico es un megaproyecto propuesto por Bolivia, que unirá los puertos de Ilo, en Perú, y Santos, en Brasil, y atravesará territorio nacional hasta llegar a Asia. Paraguay y Uruguay se unirán a la ferrovía mediante un ramal que se conectará con la hidrovía Paraguay-Paraná.

La autoridad explicó que se evalúa la mejor combinación de los ferrocarriles de acuerdo con las condiciones del terreno de la ruta.

Claros citó, por ejemplo, que los trenes eléctricos se pueden utilizar en las zonas planas como el tramo entre el puerto brasileño de Santos y el departamento de Santa Cruz, hasta llegar posiblemente a Cochabamba.

En cambio, precisó que los trenes a diésel, que poseen una mayor fuerza, pueden ser empleados en el recorrido entre las regiones de Cochabamba, La Paz y la población peruana de Mazocruz porque tiene una mayor altitud.

“Ante esto, se puede hacer una combinación estratégica del uso de los trenes eléctricos y a diésel”. (09/07/2018)

Comparte y opina:

El tren bioceánico combinará trenes eléctricos y a diésel

El sistema mixto pretende optimizar el uso de energía y los costos. Se requiere establecer “alianzas estratégicas” en el ámbito académico con diferentes países, porque las naciones socias del proyecto están retrasadas en el desarrollo de tecnología en el transporte férreo.

/ 9 de julio de 2018 / 13:33

El proyecto del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración (CFBI) contempla la “combinación estratégica” de trenes eléctricos y a diésel con el objetivo de optimizar los costos de operación y el uso de energía.

“Lo que nosotros tenemos que optimizar es el gasto en operación, en todo lo que es logística, y si nosotros hacemos una combinación de trenes eléctricos y trenes a diésel ahorramos bastante en los costos de funcionamiento del corredor”, reveló el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en una entrevista con La Razón.

El corredor interoceánico es un megaproyecto propuesto por Bolivia, que unirá los puertos de Ilo, en Perú, y Santos, en Brasil, y atravesará territorio nacional hasta llegar a Asia. Paraguay y Uruguay se unirán a la ferrovía mediante un ramal que se conectará con la hidrovía Paraguay-Paraná.

La autoridad explicó que se evalúa la mejor combinación de los ferrocarriles de acuerdo con las condiciones del terreno de la ruta.

Claros citó, por ejemplo, que los trenes eléctricos se pueden utilizar en las zonas planas como el tramo entre el puerto brasileño de Santos y el departamento de Santa Cruz, hasta llegar posiblemente a Cochabamba.

En cambio, precisó que los trenes a diésel, que poseen una mayor fuerza, pueden ser empleados en el recorrido entre las regiones de Cochabamba, La Paz y la población peruana de Mazocruz porque tiene una mayor altitud.

“Ante esto, se puede hacer una combinación estratégica del uso de los trenes eléctricos y a diésel”. (09/07/2018)

Comparte y opina:

Últimas Noticias