El Estado Plurinacional de Bolivia ha logrado avances significativos en legislación y normativas sobre el reconocimiento y protección de los derechos humanos. La Constitución Política del Estado, en su artículo 14, prohíbe y sanciona toda forma de racismo y discriminación fundada en razón de sexo, edad, color, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo, ideología (….) siendo una de las 11 constituciones del mundo que reconocen la no discriminación por orientación sexual e identidad de género (Título II art. 14).
La Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, en su artículo 6, establece que es deber del Estado promover políticas educativas de prevención que ataquen las causas estructurales del racismo y toda forma de discriminación, así como promover procesos de formación y educación basados en valores y derechos humanos y respeto a la diversidad.
El Código Niño Niña Adolescente, en el artículo 151, define tipos de violencia que se dan en el sistema educativo y que serán sancionados por discriminación y violencia en razón de género.
La Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez, que insta a trabajar por una “educación de calidad e inclusiva, promueve una sociedad despatriarcalizada, cimentada en la equidad de género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos”.
En ese marco legal vigente, la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), una red articulada de organizaciones, instituciones y activistas de la sociedad civil, con el propósito de fortalecer la participación social en educación y acciones de incidencia y exigibilidad en las políticas educativas por el derecho a la educación, realiza una serie de acciones, una de las más importantes es la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación (SAME 2018) que se desarrolla en todo el mundo, y Bolivia se suma a esta acción, en la presente gestión con la agenda “Por una educación inclusiva, equitativa y de calidad: Escuelas sin discriminación ni violencias”.
En este espacio se abrió el abanico de las distintas formas de discriminación y violencia en el sistema educativo, siendo uno de los menos trabajados la discriminación y violencia en razón de orientación sexual e identidad de género en el sistema educativo. Uno de los énfasis ha sido y continuará siendo esta temática en la educación inicial, ya que es la edad donde se generan los cambios en relación al respeto mutuo y la no discriminación en una educación para la diversidad. Allí se discuten las distintas formas de exclusión, discriminación y violencia que desde las familias, la escuela, el trabajo y los entornos sociales deben hacer frente cotidianamente personas trans, lesbianas, gays y bisexuales, presentando una serie de investigaciones, materiales audiovisuales para ampliar el debate sobre el abordaje de la sexualidad integral desde primera infancia hasta la adultez, como un mecanismo de la educación a lo largo de la vida, además porque la sexualidad nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte.
Es de suma importancia que los/as niños/niñas y adolescentes reciban educación en sexualidad integral, consciente y coherente, con información adecuada y bien transmitida, para prevenir violencia escolar por orientación sexual e identidad de género, embarazos adolescentes y posibles suicidios por hostigamiento y censura, lo cual será determinante en la actitud que tendrán frente a su propia sexualidad en el futuro, es un derecho que tienen y un deber de los padres y educadores responderles con honestidad y sin temor.
Para finalizar, somos testigos de las reacciones discriminatorias y reacciones de hostigamiento y violencia de sectores conservadores, que utilizando discursos y actitudes homofóbicas y transfóbicas están satanizando el debate sobre la diversidad sexual, privando de una reflexión necesaria y urgente para una educación inclusiva y equitativa en la diversidad.
Coincidimos con los informes internacionales de la Unesco, que plantea que la violencia homofóbica y transfóbica en la escuela es un problema mundial, y si no generamos políticas públicas que permitan una convivencia en el respeto y la aceptación, no lograremos una educación inclusiva, y siempre habrá un sector postergado en sus derechos humanos.