Construir la autonomía de la fiscalía
La forma de designar al fiscal, según la práctica internacional, incide en la democracia misma.
La autonomía o independencia de la Fiscalía respecto a los demás poderes públicos es uno de los “principios vitales” para garantizar el correcto funcionamiento del sistema democrático y evitar que las investigaciones de violaciones a los derechos humanos así como hechos de corrupción y otras irregularidades sean “manipuladas” por distintas formas del poder político, coinciden activistas, autoridades e instituciones de análisis del área jurídica.
El Informe de los Estándares Internacionales sobre la Autonomía de los Fiscales y las Fiscalías (2017) establece que la “autonomía de la Fiscalía respecto al Poder Ejecutivo” es uno de los principios fundamentales y que no solo debe traducirse en una autonomía orgánica y patrimonial sino también en la “garantía de que no habrá injerencia o presiones directas o indirectas” que puedan provenir de esa rama del poder público.
Otro principio es la “independencia del Fiscal General respecto al Órgano Legislativo”, por lo que los legisladores no “deben intentar influenciar indebidamente las decisiones” del Ministerio Público sobre un asunto concreto para determinar el modo de actuar de un fiscal en un caso. El informe además determina que la Fiscalía para su actuación independiente debe tener un “presupuesto adecuado”, sobre el cual ejerza un “control autónomo”.
El documento fue elaborado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Fundación para el Debido Proceso para acompañar el proceso de transformación de la Procuraduría General de la República en la nueva Fiscalía de México.
El trabajo busca identificar y sistematizar algunos estándares internacionales respecto a la autonomía de la Fiscalía en América Latina.
El texto recuerda que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “ha reconocido la garantía de la independencia judicial como un derecho humano”, en el artículo XXVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.
Un énfasis especial que hace el Informe es que el nombramiento del Fiscal General es una decisión que genera consecuencias directas sobre el correcto funcionamiento del sistema democrático y es vital que esa autoridad desempeñe su labor de forma objetiva, autónoma y alejada de “presiones indebidas o afinidades políticas”. Por ello, la evaluación debe basarse en el “mérito”: que se cumplan específicas condiciones que hagan a la idoneidad del aspirante.
En esa línea, el trabajo señala que la elección del nuevo Fiscal General debe ser “imparcial” y debe basarse en “criterios objetivos” vinculados al mérito, incorporando salvaguardas para evitar “nombramientos basados en predilecciones o prejuicios”.
Para ello, la garantía esencial es la regulación de un perfil claro y diferenciado que establezca las capacidades y cualidades de la autoridad. Asimismo, debe excluir toda forma de discriminación, generar confianza de la ciudadanía, respeto de la judicatura y de las profesiones jurídicas.
En México, según la última reforma de 2014, que dispone el cambio de la Procuraduría General de la República (PGR) hacia la Fiscalía General, el Senado debe hacer una lista de 10 candidatos y presentarla al Presidente. Cabe aclarar que la reforma aún no está vigente pues se requiere de una declaratoria de entrada en vigor y una Ley Orgánica que defina las facultades y funcionamiento de la Fiscalía. Hasta ahora, el presidente ha designado a los procuradores.
Alfredo Lecona, activista y miembro del Colectivo “Fiscalía que sirva” —conglomerado de organizaciones de la sociedad civil— de México, en reciente visita a Bolivia afirmó que en su país existe una “crisis de impunidad” y la Procuraduría ha sido duramente criticada durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, por las cuestionadas investigaciones de varios casos de violaciones de derechos humanos, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.
Ante esto, Lecona señala que los colectivos ciudadanos impulsan, desde 2017, el movimiento #VamosPorUnaFiscalíaQueSirva, que plantea crear una institución independiente, creíble y autónoma del Ejecutivo y que antes de nombrar al fiscal se cambie la ley, así como que sea un grupo de expertos hagan una lista de postulantes que ocupen el cargo.
En octubre de 2017, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, asumió el cargo de Procurador tras la renuncia de Raúl Cervantes, señalado por encubrir denuncias de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y otros delitos.
Lecona recordó que Peña Nieto intentó imponer a Cervantes como Fiscal pero la resistencia del movimiento ciudadano bajo la etiqueta #NoalFiscalCarnal, pues era cercano al Mandatario y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y abogado de ese frente en 2012 cuando fue acusado de corrupción electoral, denunciaron esto y frenaron su elección.
En tanto, en Chile, la autoridad es designada por el Presidente, a propuesta de una lista de la Corte Suprema de Justicia y con acuerdo del Senado adoptado por dos tercios de sus miembros en ejercicio.
En Guatemala el representante del Ministerio Público también es elegido por el Presidente, de una nómina de seis candidatos planteada por una comisión de postulación.
Lisandro Pellegrini, secretario de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad de Argentina, sostuvo a La Razón que en su país el Procurador General es elegido por el Presidente con acuerdo del Senado por dos tercios de los miembros.
Pellegrini explicó que el presidente Mauricio Macri propuso, en marzo de este año, a la jueza Inés Weinberg para ocupar el cargo de Procuradora de la Nación, en reemplazo de Alejandra Gils —nombrada en el tiempo del kirchnerismo— que renunció en 2017 por “fuertes presiones del Ejecutivo”. Algunas impugnaciones presentadas contra Weinberg fueron por su cercanía con Macri, pero también por algunos criterios regresivos en Derechos Humanos que mantuvo cuando era jueza.
Ante ese escenario, Pellegrini resalta que un elemento fundamental por el que debe regirse la Fiscalía General es la autonomía y no debe tener ninguna vinculación con el Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial.
Además, agregó que el proceso de designación de la nueva autoridad debe realizarse bajo “criterios objetivos” que hagan hincapié en los méritos, las capacidades y la idoneidad evitando que sean elegidos “por afinidad política o por su funcionalidad”.
En el caso boliviano, el Fiscal General se elige por dos tercios de votos del Legislativo. Sobre la designación de la nueva autoridad en el país, el Informe sobre los estándares internacionales indica que si la selección se realiza vía concurso público y abierto orientado a las capacidades profesionales y méritos de los postulantes, advierte que es importante destacar que este tipo de concursos también “pueden ser objeto de injerencias indebidas” cuando todas sus etapas son “conducidas por un órgano político y no por un órgano técnico que goce de autonomía”.
Para el diputado de la opositora UD Gonzalo Barrientos, en Bolivia hay “una profunda crisis” del sistema judicial, que no tiene credibilidad y se ha convertido en una “guillotina judicial” que es ancha para algunos y angosta para otros y está al servicio del Ejecutivo. “Un accesorio de esta justicia es la Fiscalía que es un engranaje de la guillotina judicial que le hace daño a la democracia”, señala.
Para Barrientos, este “sometimiento” de la Fiscalía debe superarse con una “decisión política” del partido gobernante para elegir a un Fiscal que “no sea afín al oficialismo”.
El legislador observó que el actual fiscal Ramiro Guerrero ocupó “cargos públicos y ha sido cuestionado por investigaciones sobre casos de corrupción, violaciones de derechos humanos y otros delitos”, que habrían cometido funcionarios estatales.
En contrario, el senador del MAS Milton Barón asegura que los requisitos fijados en el reglamento para la elección del Fiscal —aprobado el martes por el oficialismo con sus dos tercios en la Comisión Mixta de Justicia— garantizan la “independencia político-partidaria” de la nueva autoridad. Barón explica que entre las condiciones que debe cumplir el nuevo Fiscal están “no tener militancia en alguna organización política al menos cinco años” y “no tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con el Presidente y Vicepresidente, senadores y diputados”.
“Con esto, apostamos que los candidatos tengan independencia y no tengan que ver con frentes políticos”.
