Con sus dos tercios, el MAS aprobó el inicio de la farsa “proceso de selección de Fiscal General del Estado”, estando en puertas el fin de mandato de la peor administración de esta institución, que, según la Constitución, debiera defender la sociedad y al Estado, cuando en realidad tiene desprotegido al primero y adulado al segundo.
En abril la oposición, acusada siempre de no proponer nada, remitió un proyecto de reglamento que pretendía devolverle la objetividad, independencia y por sobre todo la institucionalidad a un Ministerio Público venido a menos por el excesivo manoseo político e intromisión de los gobernantes de turno.
Esa propuesta, que hoy seguramente descansa en el basurero del Legislativo, sugería incorporar un consejo de notables de carácter vinculante, pues sin vulnerar la Constitución procuraba compartir la competencia legislativa con los mejores profesionales del país, respaldados por su solvencia y autoridad moral.
Bajo esa modalidad se encausaría un proceso que hubiese sido altamente participativo y transparente; pero lamentablemente —o quizá para alegría de los oficialistas— lo que reeditaremos será el vergonzoso proceso de selección de autoridades judiciales. Una comisión de 13 integrantes, que tiene algo más de un tercio entre sus miembros a conocedores de derecho y quizá alguno que otro de derecho penal, no garantizará el escenario adecuado para evaluar a las y los profesionales que aspiran ocupar tan alto cargo.
Es bueno que la ciudadanía sepa que se redujo a 3 integrantes la participación del cuestionado sistema universitario, del cual no debemos olvidar la burla de examen que presentó para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura; pero, además, en una extraña desproporción, reduce las 11 facultades del Sistema a un número por demás incompresible (3). Saludo la no participación de la Universidad Mayor de San Andrés, que sabe que apoyar esta pantomima es ser cómplice de una nueva toma por 6 años de la Fiscalía.
También excluyeron a los colegios de abogados, cuyos miembros en su mayoría litigan en la profesión libre y conocen los desperfectos de una Fiscalía que requiere estructurarse; su participación hubiera sido altamente productiva. Tampoco se tomó en cuenta la tan mentada —por lo menos en papeles— justicia indígena y se excluyó su representación, lo que confirma que cuando de indígenas se trata, éstos son solo de carácter decorativo, y no decisivo y estructural en cuanto a su participación.
Se debió aprobar otro parámetro de medición de conocimientos, pues hacer un examen de selección múltiple no permite valorar la experiencia de la persona a quien le confiaremos las investigaciones; rehusaron además aprobar un examen práctico, que seguramente pondría en evidencia a muchos forzados postulantes.
Finalmente, es motivo de controversia la militancia. El Gobierno se empeña en mantener una restricción de 5 años, cuando nosotros propusimos 10 por dos razones: la primera, los años que están en el Gobierno, que ya llegarán a 14; se puede garantizar una autoridad idónea solo si está alejada del oficialismo y, desde luego, de la oposición.
Segundo, este requisito es ficticio, pues por ejemplo en la asamblea legislativa podemos demostrar que más de dos tercios de su bancada —si mañana pedimos una certificación al órgano electoral— no está registrada en los libros del MAS; por lo tanto, en la práctica, ese certificado no es un documento idóneo con el que el postulante desvirtúe una vinculación político-partidaria; y bajo esta lógica, entonces, funcionarios públicos, exlegisladores, embajadores y hasta exministros podrán ser parte de esta convocatoria.
La administración que concluye será recordada como la más cuestionada, por la cantidad de fiscales acusados de corrupción, de los designados a dedo y de los más conectados con la delincuencia; pasarán a la historia los casos del Fondo Indígena, la empresa CAMC y las vinculaciones de la ciudadana Zapata, los corruptos taladros de Yacimientos, los desfalcos al Banco Unión, muertes sin esclarecer en Caranavi, El Alto y hasta el enigmático caso del funcionario de la UIF que equivocó las cuentas del Presidente, todos con un común denominador: gente del poder involucrada en cada uno de ellos.
Con este desalentador escenario, el 27 de agosto vence el plazo para quienes pretenden arriesgar su prestigio prestándose al proceso.
Contemplaremos cómo se mantiene secuestrada y sumisa a la Fiscalía por otros 6 años, con los votos e intereses del poder que nos gobierna, para perseguir a quien piensa diferente y proteger a quienes militan en el proceso.