La llegada de un “Tribunal” de “Derechos de la Naturaleza” a Bolivia generó mucho interés y confusión. Pero, ¿quiénes son? ¿A qué vienen? ¿Qué son estos derechos? Este “tribunal” es encabezado por el ecuatoriano Alberto Acosta, uno de los principales detractores de Rafael Correa. Aunque solo llegó al 3% de la votación disputándole la presidencia, lo descalificó, sin pruebas, como caudillo, dictador y golpista. Hoy hace campaña en Bolivia y no en su país, donde la traición derechosa de Lenin Moreno no mereció la crítica rabiosa que le dedicó a Correa. Más que ambientalista, Acosta es un político “desencantado” con los gobiernos de izquierda, y quien posiblemente celebrará que Moreno haya sacado a Ecuador del Alba.
Su “tribunal” se presenta como resultado de la Conferencia de Tiquipaya y como fruto de la política boliviana. Esta falacia ha ocasionado que los medios le den amplia cobertura y deferencia, sin verificar su legalidad o legitimidad. El “tribunal” se autoproclama “ético”, pero no se menciona que es impulsado por prominentes opositores bolivianos al gobierno de Evo Morales, desesperados por desprestigiar sus logros. Una organización de la “sociedad civil” objetiva no tendría una mirada selectiva ni recibiría el aplauso de la derecha.
Este pseudo “tribunal” declara que la naturaleza “…tiene derechos igual que los seres humanos …” Pero si esto es así, ¿qué sucede cuando estos derechos entran en conflicto?, ¿un árbol o inclusive una hectárea de bosque, vale tanto como una vida humana? Pero fundamentalmente, ¿quién habla en nombre de la Naturaleza? En este caso, estos visitantes han decidido autoconvocarse a hablar en contra del Estado boliviano, sin haber sido elegidos por nadie.
Los “activistas” supuestamente vinieron a defender el TIPNIS, pero desconocían la realidad boliviana, y las profundas transformaciones de los últimos 13 años. En Bolivia, los indígenas ya no necesitan intermediarios, hablan con voz propia a través de sus líderes orgánicos o sus representantes electos. Al parecer, solo les interesaba confrontar mediáticamente la “naturaleza” y a los “buenos” indígenas contra los “malos” indígenas. Este paternalismo no cree en la autonomía de los indígenas, solo los usa como instrumento de ataque político.
Superando errores pasados, hoy en el TIPNIS se impulsa la gestión integral y sustentable por sus dueños en coordinación con el Estado. Ya se ha desarrollado la primera consulta previa más seria de la historia de nuestro país, y se trabaja para eliminar la pobreza en el territorio respetando su cultura y su decisión. El dilema no es si debemos buscar o no el desarrollo integral y el Vivir Bien, sino cómo podemos alcanzarlo; siempre en diálogo con los pueblos indígenas, para que nunca más sean utilizados por intereses perversos como arietes para debilitar al Estado.
Por otra parte, los Derechos de la Madre Tierra de Bolivia (leyes 71 y 300) son radicalmente diferentes a los “Derechos de la Naturaleza” del ambientalismo romántico. Como todos somos parte de la Madre Tierra, estos son derechos colectivos que todos debemos ejercer, no para defender a la naturaleza de las personas, sino para defender nuestros sistemas de vida de los modelos de explotación que pongan en peligro su persistencia, ya sea explotación del hombre, la mujer o la Madre Tierra, por el hombre. Solo con esta mirada de verdadera justicia social y ecológica romperemos la absurda contraposición humano-naturaleza que tanto refuerza Acosta.
Este enfoque ha fortalecido la teoría y la práctica del Desarrollo Integral en su dimensión ecológica dentro y fuera del país. Por ejemplo, Bolivia ha iniciado la implementación del Mecanismo Conjunto, una alternativa técnica y políticamente superior a REDD+, como un ejemplo para el mundo contra la mercantilización de los bosques. Y aún más relevante, gracias a la propuesta de Bolivia, hoy es realidad la Plataforma Mundial de Pueblos indígenas y Comunidades Locales como parte Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Cabe aclarar que lo que se propuso en Tiquipaya —y por lo que seguimos luchando— fue un verdadero Tribunal Internacional de Justicia Climática que obligue a los Estados causantes de la crisis climática a saldar su deuda con los que somos más vulnerables a sus impactos. En lugar de gestos simbólicos politiqueros, los pueblos reunidos coincidimos en buscar una institucionalidad reconocida por la ONU, que viabilice los medios para la adaptación y la mitigación, y el resarcimiento por pérdidas y daños asociados al Cambio Climático en los países en desarrollo. Por lo tanto, impulsar un “tribunal” falso es una burla y una traición a ese anhelo.
Si bien existen diversas tensiones y contradicciones que no terminan de resolverse entre los diferentes sectores, los grandes avances en nuestro país son innegables, ya que se han sentado las bases para que todos luchemos juntos por justicia social, económica, ecológica y climática para nuestros pueblos y así restaurar la armonía con el resto la Madre Tierra.
- Iván Zambrana Flores es biólogo, director de la Autoridad de la Madre Tierra