El 7 de septiembre, tras acompañar un acto de erradicación en el Chapare, el representante en Bolivia de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), Thierry Rostan, reveló a La Razón una cada vez más cierta preocupación de la ONU: la necesidad de actualizar las cifras de la coca en el país. “Se necesita un estudio sobre el consumo tradicional, medicinal y gastronómico, para saber exactamente cuáles son los niveles de consumo de la hoja de coca en Bolivia, porque las cifras tienen que ser absolutamente actualizadas”. Indagado el ministro de Gobierno, Carlos Romero, si hay algo concreto al respecto, afirmó a Animal Político que no, que aún no hay nada. “¿Un estudio de la demanda interna, un nuevo estudio? No, no se nos ha planteado. No nos cerramos a conversar cualquier tema, pero realmente en las reuniones con UNODC, con la Unión Europea, no se nos ha planteado el tema”. Al margen de esta incomunicación, es evidente que dichas cifras son una cuestión pendiente.
La ausencia de actualización es advertida ya en el Informe de la UNODC Monitoreo de Cultivos de Coca 2017. En este texto (que la UNODC emite infaliblemente desde 2003), sostiene que ya no se estimó el “valor intermedio de la producción potencial de hoja de coca secada al sol”, el rendimiento de coca por hectárea, porque “los factores de rendimiento de los estudios anteriormente mencionados [DEA, 1993; UNODC, 2005; y, CONALTID, 2010, que, por lo demás, eran usados para los anteriores informes] se encuentran desactualizados”.
Pero el Informe 2017 añade en el mismo párrafo otro factor más decisivo aún para haber suprimido el cálculo del rendimiento: el cambio de la ley, “la nueva Ley General de la Coca (Ley 906, de marzo de 2017) ha ampliado la superficie autorizada de producción de cultivos de coca hasta 22.000 hectáreas [cuando en la Ley 1008 era de 12.000], este hecho podría haber generado una inconsistencia para efectos comparativos”.
Una de las primeras legisladoras que cuestionó la antigüedad de dichos estudios fue la diputada Jimena Costa: “La UNODC ha tenido que aclarar que el cálculo que se hace de producción (rendimiento) por hectárea en los Yungas es del año 93; estudios de hace 25 años los siguen tomando como válidos para ver cuánto se produce por hectárea; yo preguntaba por qué en La Paz (el rendimiento) es de 1.300 toneladas por hectárea y en el Chapare, de 2.400; los de la UNODC lo han tenido que poner en el informe del año pasado (2017). Esto nos permite ver que esa cifra no es válida a la fecha”.
Ahora, Romero y la UNODC coinciden en que ya está en marcha “un nuevo estudio a escala nacional para determinar los factores de rendimiento con base en una metodología aceptada internacionalmente”. (Informe del Monitoreo de la Coca 2017, capítulo 4, página 33)
Lo cierto es que hay una presión del mercado, de mayor coca demandada. Costa propone ver esto revisando el ritmo de erradicación y su resultado final, desde 2005 hasta 2017 (con fuente en los informes de UNODC). Razona: En 2005 había 25.400 hectáreas de cultivos de hoja de coca; en 2017, esta cifra apenas bajó a 24.500. ¿De modo que solo se erradicó 900 hectáreas?, se pregunta, y responde: No. Como se ve en el primer cuadro adjunto, cada año se erradicó entre 6.000 y casi 12.000 hectáreas; sumando esto se tiene un total de 106.464 hectáreas efectivamente erradicadas; lo que pasa es que, como grafica la diputada, si se erradica 11.000 hectáreas, a los meses se vuelve a plantar 10.000, convirtiéndose la erradicación en una suerte de “negocio”: ¿qué pasó con la compensación que algún tiempo se dio al cocalero que aceptó erradicar y que luego volvió a sembrar coca?; además, dice: “Hay que preguntarse cuánto de esos cultivos ilegales que crecen de manera descomunal y acelerada van al narcotráfico”.
El ministro Romero reconoce que “lamentablemente esa es la realidad de la erradicación, parece ser un círculo vicioso, pero es la realidad de cualquier hecho ilícito”; cuando uno persigue una banda de auteros (y los atrapa), dice, no necesariamente va a desaparecer el delito, aparecerá en otro lugar, con otros métodos, “y, bueno, continuamente hay que seguir en esa misma tarea”. Además, la cifra de 900 hectáreas de “erradicación neta” es “un poco forzada”, porque surge de comparar dos momentos separados por más de 12 años, sin tomar en cuenta, por ejemplo, el incremento de la población y la demanda interna de la hoja. “Pero, más allá de eso, lo importante es que en el caso boliviano no se ha perdido el control de este tema. Y ratifico, estamos en buen camino; haber bajado de un 18% de participación de la superficie (de cultivos) en la región a un 10% es un logro importante”.
Ahora, con dicha presión de la demanda, el problema es saber cuál sector es el que apremia más: o el consumo legal o el narcotráfico.
Espere…
Para Costa, no hay otra respuesta que el narco. Se ha determinado que grandes mercados son Santa Cruz y el sur del país, la frontera con Argentina; si bien allí se puede hablar de existencia del pijcheo, otra es la realidad cuando se revela que “en Santa Cruz, por ejemplo, está la mayor parte de laboratorios de cristalización de la droga; y en cuanto a la coca hacia el sur, hay que recordar las denuncias de que hay laboratorios de cristalización en el norte argentino. En consecuencia, lo que está generando mayor demanda por supuesto que es el narcotráfico”.
Acerca de si, por el contrario, es el incremento del consumo legal, el pijcheo, el factor de la mayor demanda interna de coca, prosigue la discusión y la necesidad de más estudios. Mientras para Costa (con base en trabajos del Centro Latinoamericano de Investigación Científica, Celin) según pasan los años y generaciones y se migra hacia las ciudades, la tendencia de los jóvenes es a dejar el acullico. Para Romero, en cambio, no hay que echar en menos la expansión de esta práctica: “La sociedad boliviana ha experimentado procesos de interculturalidad muy importantes en los últimos años, gracias a las transformaciones democráticas, a la integración entre las clases y culturas, y eso obviamente ha ido expandiendo el acullico a sectores de la clase media urbana, algunos jóvenes inclusive”; para el ministro, incluso la migración campo-ciudad puede tener su cuota parte en la referida expansión del acullico.
Nunca deja de llamar la atención, como apunta Costa (ver gráfico 3), el hecho de que entre los dos mercados autorizados para la comercialización de la hoja de coca, Villa Fátima en La Paz y Sacaba en Cochabamba, el 91% de la producción total sea comercializada en Villa Fátima y apenas 9% en Sacaba (dato de 2017); de ahí la hipótesis de que gran parte de la coca para el narco es del Chapare.
Acerca de la referida diferencia, la UNODC da la siguiente explicación: La diferencia entre ambos mercados se debe a que el de Villa Fátima se encuentra al paso, “sobre el eje principal de acceso de toda la producción de hoja de coca de la región de los Yungas de La Paz, donde se registra y comercializa al resto del país”. En cambio, Sacaba está cerca de Cochabamba y a 150 kilómetros de las zonas de producción de coca del trópico de Cochabamba. “En consecuencia, la comercialización de hoja de coca para los productores es más conveniente realizarla de manera directa, más aún cuando la hoja de coca es transportada al oriente del país”.
Así, los estudios también tendrían que indagar el o los desvíos de lo legal hacia lo ilícito. “Hay una realidad que es inobjetable, el hecho de que toda la producción de hoja de coca no va al consumo tradicional, hay un porcentaje importante que se desvía a actividades ilícitas, y eso muchas veces puede estar escondido por el mercado legal, y este es un tema que debe investigarse. Pero en lo hechos, hemos compartido con el ministro (de Desarrollo Rural y Tierras) César Cocarico en el sentido de que hay la necesidad de establecer nuevos puestos de control en las rutas de comercialización legal, fundamentalmente en la zona de ingreso hacia Santa Cruz”, apunta Romero.