El Gobierno decidió subir el techo en el monto para que un contribuyente pueda calificar en el Régimen Simplificado (RS), de Bs 37.000 a 60.000 en capital, y de Bs 136.000 a 184.000 en lo relativo a las ventas anuales. Según estimaciones iniciales, la medida implicaría que los registrados en el RS subirían de algo más de 90.000 actuales a probablemente un número superior a 130.000.
El RS, que es un régimen temporal, debió involucrar a personas con poco capital: comerciantes minoristas, vivanderos, ferias, kioscos, tiendas y artesanos diversos. No obstante, con el tiempo los montos techo fueron subiendo al punto de que grandes comerciantes y prósperos negocios consiguieron camuflarse en este régimen, eludiendo su obligación de registrarse en el Régimen General (RG). La nueva ampliación invita a continuar con prácticas de travestismo tributario.
Quienes tendrían que tributar en el RG ahora pueden “acomodarse” dentro del RS. Gracias a un generoso decreto, muchos “informales” seguirán evadiendo el pago de impuestos, declarando fracciones pequeñas de los volúmenes reales de sus negocios. Algo previsible, sobre todo en actividades de contrabando que requieren de un sistema de logística y distribución.
Menos recaudación fiscal. El peso del RS en la recaudación total es marginal, apenas el 0.072% de los ingresos originados en ventas internas y externas. La ampliación del RS muy poco puede aportar a mejorar la recaudación. En cuanto muchos contribuyentes migren al RS (cambiando de razón social o con otros subterfugios), el resultado previsible es una más baja recaudación del Régimen General (IVA en particular). Se trataría de un efecto mayor a la sola diferencia de liquidación entre uno y otro régimen. Quienes pasen al RS no solo que no emitirán factura (no se generará débito fiscal), sino que tampoco la exigirán a sus proveedores (crédito fiscal). Así, se debilita más el mecanismo de control de la cadena del IVA. Del lado del consumidor, un universo más grande de personas se vería privado de exigir factura, otra forma de deterioro de la cadena de control del IVA.
En los últimos años, la tasa de incumplimiento del IVA subió por problemas de subdeclaración, evasión tributaria y otros subterfugios. Es posible, entonces, que el resultado de un RS ensanchado (por la migración y la entrada de nuevos contribuyentes, en detrimento del Régimen General) refuerce el incumplimiento del IVA. También se pone en entredicho el principio tributario de la equidad horizontal: los contribuyentes con similares ingresos deben aportar en proporción similar.
El decreto rompe con dicho principio. Por ejemplo, las empresas manufactureras que utilizan más activos productivos (maquinaria, materia prima, etc.) no califican para el RS, aun cuando sus ingresos sean iguales o menores a los de los negocios en el rubro del comercio con menos exposición en activos.
A contrarruta de una tributación inclusiva. Difícilmente se puede encontrar una justificación técnica razonable al decreto gubernamental. Por el contrario, es inevitable la impresión de otra media parche, desprovista de razón económica y motivada por imperativos políticos y electorales. Hoy, 1% de contribuyentes soporta 80% de la recaudación. Alrededor de 5.000 empresas están clasificadas como PRICO y GRACO, y son las que verdaderamente soportan el grueso del ingreso fiscal. De ahí por qué es fundamental ampliar la base de contribuyentes, revirtiendo el fenómeno de la informalidad.
Lo primero es simplificar la gestión del Régimen General. Los riesgos de fiscalización, la acumulación de deudas debido a la norma que extendió el plazo para la prescripción, la elevada tasa de interés aplicada a la deuda en UFV, la arbitrariedad a la hora de calificar el crédito fiscal, etc., configuran los costos de transacción, que importan un riesgo alto de penalidades. Por si fuera poco, el cumplimiento de los procesos administrativos está fuera del alcance de muchas empresas, particularmente de las PyME. Desde ya, necesitarían de un contador con dedicación exclusiva.
La expectativa de que la ampliación del RS pueda formalizar a los comerciantes no empadronados y alentar la cultura impositiva carece de asidero. Si bien los costos tributarios (en particular los de transacción) son relevantes en la decisión de buscar refugio en la informalidad, es claro que hay otros componentes de igual o mayor peso, como el caso de los costos laborales, acrecentados en el último tiempo por los fuertes incrementos salariales y beneficios adicionales como el doble aguinaldo.