La semana pasada, los ex defensores del Pueblo Waldo Albarracín y Rolando Villena a través de medios escritos hicieron una crítica a la actual Defensoría del Pueblo, llegando incluso el señor Albarracín a insinuar el cierre de la institución. Habiendo sido máximas autoridades ejecutivas del Defensor del Pueblo, los señores Albarracín y Villena muestran poco conocimiento de esta institución, parecen desconocer el significado y necesidad de la Defensoría del Pueblo, cuya razón de ser es defender al pueblo ante las vulneraciones de sus Derechos Humanos. Estas vulneraciones no son solo las que ejerce el Estado, sino también instituciones privadas que brindan servicios públicos o privados que ejercen violencia contra determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como la violencia contra la mujer, que hoy es un delito de orden público.
Otra de las funciones primordiales de la Defensoría del Pueblo es gestionar y ayudar a implementar políticas públicas que coadyuven a mejorar la situación de los Derechos Humanos, para eso es esencial que esta entidad emita informes anuales sobre la situación de los mismos.
Hay que precisar dos puntos importantes, tanto Villena como Albarracín están hablando sobre atribuciones de lo que fue hace mucho tiempo la Defensoría del Pueblo, cuando ésta se sustentaba en la Ley 1818 y la extinta Constitución. Hoy, en el Estado Plurinacional de Bolivia, con la actual Constitución y la Ley 870 del Defensor del Pueblo, que para mí es la más importante, se le atribuye la prevención para reparar cualquier vulneración de los Derechos Humanos, mediante la conciliación y la resolución de conflictos.
Además, un tema innovador dentro de la región son las “Materias de especial protección” en Derechos Humanos, que si bien fueron implementadas, no llegaron a ser ejecutadas. Estas materias son derechos humanos que atañen al acceso a éstos por parte de la ciudadanía, como por ejemplo: el derecho a la telecomunicación, derecho a servicios básicos, entre otros; esto nace a partir de que la Constitución actual reconoce a estos derechos como fundamentales.
Por todo esto, me siento indignada ante la postura que asumen diferentes personas llamadas “defensores de los Derechos Humanos” como Rolando Villena, Amparo Carvajal y Waldo Albarracín, que utilizan el nombre de Derechos Humanos para hacer campaña política por un grupo de derecha, usando el eslogan sin fundamento doctrinal sobre lo que realmente significa la Defensoría del Pueblo.
Yo fui muy crítica con el señor David Tezanos hasta su último día como Defensor, pues no puede haber silencio cuando existe vulneraciones de derechos; pero eso no da derecho a la irresponsabilidad de pedir que se cierre una institución que brinda equilibrio entre las organizaciones de Derechos Humanos de la sociedad civil, el Estado y el sector privado.
Waldo, Rolando y Amparo, les pido ante los lectores que dejen de ser hipócritas, y dejen de usar sus títulos de defensores de Derechos Humanos para temas proselitistas, y comencemos a hablar del caso La Manada de violadores de Santa Cruz, que están a punto de triunfar por su billetera. ¿No se dan cuenta qué mensaje se daría a toda una sociedad si son liberados? Estaríamos dando licencia para naturalizar que malos hombres violen a cientos de mujeres.
Debemos pensar en derechos sexuales y derechos reproductivos, ya no podemos ser permisibles a que nuestros hijos sean educados en sexo a través de la pornografía, no he visto en las calles marchas ni protestas por las niñas violadas por sus padres, familiares o profesionales como el caso Maidana.
Jamás los vi acompañando a mis compañeras trans en ninguno de los feminicidios cometidos a mujeres transexuales; nunca vi que velaran por el médico Geri Fernández; solo escucho su verborrea antigubernamental. Pero les cuento que muchas vulneraciones de los Derechos Humanos en Bolivia no son hechas por el gobierno de turno, sino por las alcaldías, hospitales, gobernaciones departamentales y por privados.
Hay el caso de J. P. persona portadora de VIH que fue sistemáticamente discriminada por funcionarios de la Alcaldía Municipal de La Paz. Ya van tres años sin justicia, J. P. casi está en situación de indigencia aun siendo un excelente profesional. El exdefensor Villena archivó el caso en la Defensoría del Pueblo; me tocó a mi desarchivarlo e intervenir.
Tienen todo el derecho de hacer política, pero no usando la lucha por la reivindicación de los derechos de los sectores que son vilipendiados.