En su discurso informe del 22 de enero, el Presidente afirmó que se está pensando en aprobar una disposición para que las personas se jubilen obligatoriamente a una determinada edad. Esa parte del discurso se convirtió en una de las más comentadas respecto a todas las otras informaciones que nos proporcionó en su informe.
Por una publicación de prensa (El Día) nos pudimos enterar de que el número de asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) que reporta la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) al año 2016 son 2.069.538 personas. El mensaje presidencial fue dirigido a este grupo de personas que están cotizando y que en un futuro se jubilarán. En enero de 2017, también por información de prensa (La Razón), el número de jubilados por el nuevo sistema llegó a 95.863 personas. En la misma nota se considera que el número de jubilados debería ser mayor, pero éstos optan por no hacer el trámite para pasar al sector pasivo debido a que sus ingresos disminuirían considerablemente. Alberto Bonadona afirmó que “a lo sumo las rentas de jubilación representarán alrededor de 25% de los ingresos actuales de los trabajadores activos” (EJU). Por eso, en alguna oportunidad señalé que la actual Ley de Pensiones, la 065, da más incentivos a los trabajadores a permanecer en su puesto de trabajo que a hacer uso de ese derecho. En resumen, pasar a la jubilación es ingresar al grupo de personas pobres o casi pobres.
La tasa de desempleo es una fotografía del momento en que se realiza la encuesta en el mercado de trabajo. Pero en realidad el mercado de trabajo es un flujo donde unos ingresan a la población ocupada y otros salen hacia el sector pasivo o Población Económica Inactiva. La tasa a la que hace referencia el presidente Morales es de 4,27%, es muy baja, lo más parecido al pleno empleo, es decir no estamos ante un desempleo estructural (desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo), sino más bien ante un desempleo friccional (compuesto por las personas desempleadas tras dejar un trabajo; lo pueden hacer para criar a sus hijos, o estudiar o por personas que se trasladan a una nueva ciudad en la que buscan un trabajo, etc.). Por ello no creo que esa pequeña tasa de desempleo esté causando problemas como para echar a la calle a los trabajadores de más edad. Creo que en el fondo lo que buscan es solucionar otros problemas del mercado de trabajo o los problemas de algunas empresas públicas. En la localidad de Huanuni existe un contingente grande de mineros (excooperativistas que quedaron desempleados después del conflicto), que marcharon desde esa localidad hasta La Paz pidiendo ser incorporados a la empresa minera estatal. La Empresa Minera Huanuni (EMH) tiene en sus planillas más trabajadores de los indicados en su punto de equilibrio, lo que le provoca mayores costos. La única forma de incorporar a los excooperativistas es logrando que los trabajadores mineros mayores de 51 años se jubilen (la Ley de Pensiones establece esa edad para que los trabajadores mineros se jubilen).
En la mayoría de las empresas privadas el costo laboral se elevó sustancialmente producto del doble aguinaldo y sobre todo por el crecimiento del bono de antigüedad. Además en este tipo de empresas se introdujeron rigideces para el despido de trabajadores.
El bono de antigüedad es creciente con el tiempo, eso significa que un trabajador antiguo genera costos mayores, por ello los empleadores prefieren mantener a los trabajadores por muy pocos años. Pero las rigideces jurídicas introducidas en los últimos 13 años, que impiden el despido, han provocado en las empresas privadas un crecimiento del costo laboral. El que los trabajadores deban jubilarse a una edad, digamos 60 años, sería darles a los empleadores un respiro y abrirles una puerta para el manejo de los costos laborales.
Desde una perspectiva humana el determinar una edad límite para que un trabajador esté activo, parece adecuada; sin embargo, desde la perspectiva de la capacidad de sobrevivencia del jubilado no parece ser una buena política. Está comprobado que pasar al sector pasivo se reducen entre 40 y 60% los ingresos.
Esto significa que un porcentaje alto de personas con un salario que solo le permite sobrevivir pasará a una situación de pobreza.
Lo adecuado, al parecer, es no obligar a los trabajadores a jubilarse, sino dejarles a su voluntad. Pero también urge realizar modificaciones a la Ley de Pensiones, introduciendo incentivos económicos para que las personas opten jubilarse. Esto significa permitir que los trabajadores puedan jubilarse con el 100% del ingreso que perciben al momento de tomar la decisión de pasar al sector pasivo, como ocurre con los militares y policías.