El candidato de CC (Comunidad Ciudadana) hace pocos días, a propósito del caso de los umopares heridos en el Chapare, escribió que “la existencia de territorios controlados por grupos que defienden acciones ilegales, nos compromete a encarar el tema con seriedad y decisión”. Estamos ante una variación de la definición del candidato sobre el corporativismo que, según él, nos aqueja y explica buena parte de nuestros males.
El cumplimiento exclusivo de las demandas particulares de los sectores corporativos supone una erosión de cualquier proyecto nacional. La incapacidad de gestionar, de negociar, de convivir con el corporativismo existente es lo que lleva al fracaso, no la existencia del corporativismo per se. Es una fantasía liberal local muy peligrosa el creer en la erradicación del mismo. Además que este liberalismo local tiene una mirada estrecha sobre quiénes son los actores corporativos, no suele incluir, por ejemplo, a la Iglesia o al empresariado, que actúan como exponentes de manual de cualquier definición sobre corporativismo.
Curiosamente el político local que más pontifica contra el mismo fue quien exhibió mayor incapacidad para gestionar su existencia y, por ende, quien terminó fortaleciendo los rasgos más negativos —el ensimismamiento en la particularidad— del mismo. Hay que tener liderazgo, claridad de proyecto nacional y fuerza para gestionar las demandas de los sectores, para que éstos nunca obtengan todo lo que esperan y cedan en aras de intereses mayores a su pliego inicial.
Chimoré en la nación. ¿Cómo se vivía en el Chapare cuando Mesa gobernaba? ¿Había menor presencia de grupos que defienden acciones ilegales y controlan territorios que ahora? ¿Se respetaba más la vida que ahora? Durante los años 90 y los primeros de 2000 esta región del país vivía en un estado de excepción permanente. La suspensión de las garantías constitucionales era cotidiana, la gente que habitaba allí tenía condición de ciudadanía de tercera y fuerzas militares norteamericanas estaban por encima de las locales.
Como contaba Los Tiempos el 21 de enero de 1996: “EEUU se propone instalar próximamente una base militar de control internacional de estupefacientes en la colonia cocalera de Chipiriri.(…) Según declaraciones de autoridades del Gobierno boliviano y de la Embajada de Estados Unidos, hasta fin de mes se instalará en Chipiriri un cuartel militar denominado Centro de Instrucción de Operaciones en Selva (CIOS)”.
Este CIOS encaja a la perfección, mucho más que un grupo de comunarios de San Rafael, en la definición que copiamos de Mesa al inicio de este artículo. El estado de excepción permanente siempre viene de la mano de la violencia extrema, como cuenta el informe del Defensor del Pueblo del 27 de agosto de 2002: “(…) durante las primeras horas de la madrugada, destacamentos de la Fuerza de Tarea Conjunta toman por asalto estas poblaciones mediante acciones de fuerza, a través de uso indiscriminado de gases, allanamientos a domicilios, golpes y detenciones a cuanto poblador encuentran en su casa. Tras el control de la población, procedieron con trabajos de erradicación forzosa. Cuatro campesinos torturados: siete mujeres flageladas. Cinco campesinos flagelados”.
Es de una irresponsabilidad temeraria, además de falso, decir que ahora el Chapare está en una situación peor que hace década y media cuando, entonces sí, grupos irregulares como la DEA actuaban al margen de nuestras leyes y contra nuestros conciudadanos ante el silencio cómplice de los políticos de turno. Por supuesto que siguen habiendo problemas que solucionar pero el camino para mejorarlos no es recuperar la estigmatización de todo el movimiento campesino y provocar con ello el regreso a los años más violentos.
Corporativismo desordenado. Una de las pocas cosas en las que estuvo de acuerdo el Congreso Nacional durante el gobierno de Carlos Mesa fue la aprobación por unanimidad el 5 de mayo de 2004 de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos. Al día de hoy, no debe haber liberal que no argumente que el Congreso es la sede de la soberanía nacional. El Congreso envió la norma al presidente Mesa para su promulgación pero algo ocurrió, el espíritu santo encontró un atajo a la soberanía nacional y encarnado en una carta de monseñor Abastoflor solicitó al presidente que cumpla su demanda particular en su totalidad y la rechace. Es exactamente lo que pasó, el entonces presidente la devolvió pidiendo: “Me permito observar la ley sancionada el 5 de mayo de 2004 sobre derechos sexuales y reproductivos, y solicito al Honorable Congreso Nacional su reconsideración…”
Por esto, las recientes declaraciones de la vocera de CC: Manifestó que Carlos Mesa “promulgó en 2004 la política pública de derechos de las mujeres” y que en ese marco, “el Gobierno actual ha cumplido solo algunas de estas líneas que estaban señaladas por el gobierno de Carlos Mesa” son más propias de una mala comedia de ciencia ficción.
Es probable que buena parte de los bolivianos no recuerde el signo ideológico de ese gobierno pero sí recuerda la poderosa sensación de falta de gobernabilidad.
La ausencia de proyecto de país y de conducción permitió que todos los sectores exijan, y obtengan, máximos (resultados) y esto lo erosionó rápidamente. Desde el poder cruceño que exigió y obtuvo la cabeza de varios ministros, como reconoce el candidato en su libro Presidencia sitiada, hasta la exigencia de inmunidad para ciudadanos norteamericanos en territorio boliviano a cambio de recursos de cooperación para un país quebrado.
La paradójica situación de que el corporativismo nunca haya estado más fuerte en nuestro país que durante un gobierno que se prometió, discursivamente, combatirlo nos deja muchas advertencias ante el intento de encontrar en la repetición de esta fórmula la respuesta que el país necesita.