Fechado en marzo de 2019, el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos (INCSR, por sus siglas en inglés), emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha vuelto a generar controversia en el país acerca de la situación en que se encuentra la lucha contra las drogas en Bolivia. El informe, que se lo puede hallar en el sitio https://bo.usembassy.gov/es/our-relationship-es/official-reports-es/, consta de dos volúmenes (I. Control de drogas y químicos, de 280 páginas; y, II.
Lavado de dinero, de 198 páginas); para Bolivia, en el mismo sitio web, la Embajada de Estados Unidos subió la traducción al español de las ocho páginas dedicadas al país.
El Informe, se señala en su Introducción, cubre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. Comparando las versiones de 2018 y de 2019, en la última no deja de llamar la atención el que se haya incluido, en su parte introductoria, dos “Memorandos de justificación para el tránsito de drogas ilícitas principales o los países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2019”, dedicados, uno a Bolivia y el otro a Venezuela.
Parte del primer párrafo del Memorando de Bolivia señala que “durante los 12 pasados meses, el Gobierno de Bolivia ha fracasado demostrablemente en hacer esfuerzos suficientes para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico…”
El primer dato llamativo del Informe es que “el Gobierno de Estados Unidos estimó que el cultivo [de coca en Bolivia] en 2017 alcanzó a 31.000 hectáreas”, significativamente por encima de las 24.500 hectáreas que para ese mismo año determinó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico correspondientes, se trata de una diferencia histórica, permanente, entre ambas mediciones. Si bien hasta 2012 las cifras son más o menos similares (25.000 hectáreas para EEUU y 25.300 para la UNODC), es desde 2013 cuando empiezan a distanciarse: para EEUU las hectáreas de cultivo no hacen sino incrementarse, y prácticamente se disparan en 2014, pasando de 27.000 a 35.000; en tanto que para la UNODC, de 2011 a 2015 hubo una constante reducción, llegando en 2015 al piso más bajo, con 20.200 hectáreas.
De acuerdo con el coordinador de la secretaría gubernamental del Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), Sabino Mendoza Quispe, el único informe oficial, que se usa para cualquier caso, es el de la UNODC, “para nosotros el informe válido es el de las Naciones Unidas”, un monitoreo de los cultivos del cual —asegura— se conoce la metodología. Pese a que en el Informe estadounidense hay un apartado que describe brevemente la metodología que Estados Unidos usa para estimar la producción ilegal de droga, Mendoza reclama que “ellos nunca han transparentado cómo miden su metodología”. La autoridad demanda, además, leer en contexto la evolución de los cultivos de la hoja: si entre 1988 y 1998 los cultivos estaban por sobre 45.000 hectáreas, las casi dos décadas que van de 2000 a 2019 muestran una reducción a la mitad, en promedio, del anterior periodo; si en 1988 había 57.890 hectáreas, en 2017 está en 24.500, afirma Mendoza. “Esto es lo principal: cuánto ha avanzado el país en reducir los cultivos de coca; a diferencia de lo que pasa en Colombia y Perú, donde, especialmente en el primero, los cultivos se han disparado”. (Ver el cuadro comparativo adjunto)
Espere…
Aquí, el Conaltid reivindica la “nacionalización” de la lucha contra las drogas: ver la relación que hay entre el presupuesto que se asigna a este fin (cada vez más creciente y de recurso propio, del Tesoro General de la Nación, TGN) y la relativa estabilidad del número de hectáreas cultivadas en Bolivia: a mayor financiamiento propio, se muestra una mayor efectividad en el manejo de la erradicación y control del cultivo.
En cuanto al dinero asignado, como muestra el cuadro correspondiente, si en 2004 el apoyo estadounidense llegó a 331 millones de bolivianos, en 2018 el presupuesto proveniente del TGN estuvo en el orden de 428 millones de bolivianos. O, visto de otro modo: si en nueve años (de 2004 a 2012) Estados Unidos otorgó 1.634 millones de bolivianos, en diez años (de 2009 a 2018) el Estado boliviano erogó 2.503 millones de bolivianos.
“Es nuestro orgullo que la política contra las drogas sea sostenida; pensaron que con la salida de la DEA íbamos a caer, pero no pasó eso; además, que se ha eliminado la violencia en la erradicación”, destaca Mendoza. El propio Informe de EEUU aún con sus cifras reconoce la reducción del 17% de cultivos entre 2016 y 2017; “y eso fue sin uso de la violencia”, remarca la autoridad.
Ahora, pese a la afirmación de que Bolivia “ha fracasado demostrablemente” en la lucha contra el narcotráfico, apunta Mendoza, es contradictorio que en el mismo Informe luego “valore” varios hechos que favorecen a la referida lucha contra el delito: que en todo caso, por ejemplo, la Ley General de la Coca “proporciona un marco para la regulación de la producción, circulación, transporte, comercialización, consumo, investigación, industrialización y promoción de la coca en su estado natural”; que el Concoca (Consejo Nacional para la Revalorización, Producción, Comercialización, Investigación e Industrialización de la Coca) “aplica una serie de regulaciones que aclaran las responsabilidades entre las instituciones gubernamentales y refuerzan su papel como punto para la coordinación intergubernamental”; que “el registro biométrico de todos los productores y vendedores de coca también es obligatorio por ley, y existen regulaciones para controlar las rutas de transporte, los mercados y la investigación industrial de la coca”; que en 2018 por iniciativa boliviana y con el apoyo de la UNODC se creó el Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos (Cerian), “un centro regional de fusión para el análisis de inteligencia y el intercambio de información con sede en Santa Cruz (Bolivia), con la participación de Bolivia, México, Brasil, Chile, Perú, Colombia Argentina y Paraguay”, destaca el informe estadounidense.
Específicamente en lo relativo a la lucha contra el delito, el Departamento de Estado de Estados Unidos no se inhibe en remarcar “tres mejoras clave” de la nueva Ley (913) de sustancias controladas: “un procedimiento para el pago de informantes y juicios abreviados en casos relacionados con drogas; un procedimiento de confiscación de activos; y un marco para escuchas telefónicas en investigaciones relacionadas con drogas”; además, el Informe estadounidense casi celebra que dicha ley haya proporcionado la base legal para dos estudios, “uno sobre el rendimiento de coca por hectárea y otro para determinar el rendimiento de la hoja de coca para producir cocaína”.
Un apunte llamativo del Informe del Departamento de Estado es que “a noviembre de 2018, los reglamentos de implementación de la Ley de Sustancias Controladas aún estaban pendientes de aprobación por parte del Legislativo boliviano y no estaban todavía vigentes”. Al respecto, el coordinador del Conaltid mostró su extrañeza poniendo en la mesa el extenso Decreto Supremo 3434 (161 artículos y 13 disposiciones transitorias) “Reglamento de la Ley de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas”, el cual fue promulgado el 13 de diciembre de 2017.
Otro aspecto central que cuestiona el Informe estadounidense es la falta de seguimiento al mercado legal de la hoja sagrada: “los controles inadecuados de Bolivia sobre sus mercados legales de coca siguen siendo motivo de preocupación, al igual que la condición de Bolivia como país de tránsito para el tráfico de cocaína”.
En el punto, Mendoza remarca que hace tiempo está funcionando el Siscoca (Sistema Único de la Coca), un “registro informático digitalizado de todas las actividades vinculadas a la coca”; con este sistema, junto al registro biometrizado de productores y vendedores, destaca, “hoy podemos saber cuánto de coca pasa desde el lugar de la producción hasta el mercado mismo”.
Una observación que señala el Informe es el llamado “potencial de producción de cocaína pura” (ver cuadro adjunto), el cual en Bolivia “continúa en un nivel históricamente alto de 249 toneladas métricas (TM), en comparación con las 170 TM de hace menos de una década atrás”.
Para Conaltid, esto tiene que ver con el llamado “factor de conversión” de coca en cocaína; esto “no está definido ni por los organismos legalmente establecidos ni por el Estado boliviano. Hay unos factores de conversión que propuso la DEA en los 90, de refinación. EEUU maneja estos factores de conversión cuando ellos estuvieron presentes en Bolivia. Ellos elaboraron en su momento una metodología y siguen basándose en eso, lo que para nosotros ya no es apropiado”; de aquí, finaliza, la UNODC lleva adelante dos estudios: uno sobre el factor de conversión de coca en cocaína, y el estudio de productividad media, para calcular el volumen de la hoja de coca”.