La semana que termina ha sido muy “ilustrativa” en lo relativo a las acciones que frentes opositores están dispuestos a ejecutar contra la repostulación de los candidatos del MAS, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García. A la vía estrictamente jurídica de apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —recurso presentado en octubre de 2017 por el senador (hoy presidenciable) Óscar Ortiz—, se sumó la polémica carta enviada al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por un grupo de legisladores y activistas. Polémica porque la reacción inmediata, tanto del oficialismo como de la oposición, fue la condena; los primeros acusando a los firmantes de “traidores a la patria” que propician la “intervención extranjera” para procurar un gobierno de “castas y oligarquías”, y los segundos considerando la medida como un “error”, dado que “los problemas de los bolivianos los tenemos que resolver los bolivianos” (Samuel Doria Medina) y una acción “inaceptable” que, además, “victimiza al Gobierno” (Carlos Mesa).
Pese a las duras críticas, el viernes una de sus firmantes, la diputada Norma Piérola (PDC), se ratificó “plenamente en todo” en cuanto a los términos del texto, anunciando además que aquí no termina esta forma de rechazo a la repostulación de Morales y García: “Reitero que voy a volver a mandar cartas con contenidos similares a todos los países del mundo, eso no es cometer delito de traición a la patria”, dijo enfática.
Aparte del recurso ante la CIDH y la controversial correspondencia a Trump, se puede distinguir al menos un escenario más de presión política: la gestión ante los gobiernos de Colombia y Brasil, como “garantes de la Constitución”, para que como Estados pidan tratar el tema de la repostulación boliviana en la CIDH.
FIRMANTES. En cuanto a la carta a Trump, que está firmada por 15 personas (2 senadoras, 10 diputados y 3 miembros de plataformas ciudadanas), son útiles algunas precisiones. En rigor, existen dos cartas al Mandatario estadounidense: una, en castellano, con el membrete del Senado boliviano, fechada el 1 de abril, con el “cite” correspondiente (CTE. V.R.L. N° 037/2019.20), con 15 firmas; y, otra, que es la traducción de la anterior, con el membrete de Dark Horse Political, LLC, fechada el 5 de abril, pero esta vez firmada por Eva Sara Landau, “Senior Vice President – Latin American Affairs. Dark Horse Political, LLC”, como pie de firma.
Anotando al final de la carta en inglés que la traslation (traducción) fue hecha por Dark Horse Political, en la “referencia” hay una llamativa diferencia con la misiva en castellano: mientras en la carta en castellano se señala: “Ref: Pone en su conocimiento la situación que viene atravesando Bolivia respecto a la vulneración y atropello de parte del gobierno de Evo Morales Ayma a nuestra Constitución Política del Estado, a la democracia y a la soberanía popular”, en esta misma parte, la misiva en inglés traduce: “Ref: La mala conducta legal del presidente boliviano Evo Morales y su gobierno socialista” (The legal malfeasance of Bolivian President Evo Morales and his socialist goverment)”.
Consultado al respecto, uno de los signatarios, el diputado Amílcar Barral (UD), señaló que ellos firmaron la carta en castellano, y que no se hacen responsables de la misiva en inglés; que incluso les sorprendió la aparición de la organización no gubernamental Dark Horse Political.
Ahora, aparte de las precisiones que los medios de prensa hicieron del contenido de la misiva a Trump, se apunta que ésta es un pedido para que el Presidente norteamericano “interceda” e “intervenga” ante la Organización de Estados Americanos (OEA) “para que la misma se pronuncie ante la Comunidad Internacional y de esta manera se evite la consolidación de la dictadura totalitaria de Evo Morales Ayma en Bolivia”. En esto se apoyan los firmantes para descartar que ellos estuvieran hablando de injerencia: “Lo que hemos pedido es que ante ese organismo, en que están representados varios países, se interceda”, remarca en este punto Barral.
EEUU. Ahora, ¿por qué Estados Unidos? “Es uno de los primeros países [a los que acudirán] porque Estados Unidos tiene relación con varias instancias internacionales, y también países latinoamericanos donde nos puedan ayudar a que se respete la Constitución y el 21F”, añade Barral.
Pero también son de interés algunas partes de la carta en castellano, en especial dos; en el segundo párrafo directamente se descalifican las tres elecciones que ganó Morales: “Evo Morales viene siendo Presidente de Bolivia desde 2005, en tres elecciones consecutivas, las mismas que han estado viciadas de nulidad, particularmente la última”.
En el noveno párrafo, como una cita de contexto, se destaca ya no solo la cercanía del gobierno de Evo Morales con las “dictaduras” cubana y venezolana, sino con Irán, y que por todo esto se implica que Bolivia bajo el régimen de Morales es “un peligro para el hemisferio”: “Es importante manifestar que Evo Morales tiene fuertes lazos de alianza con la dictadura Cubana y Venezolana, principalmente con el régimen fundamentalista de Irán, por lo que es un peligro para el hemisferio”, se lee.
Ante la pregunta de si estas alusiones eran necesarias, el diputado Barral afirma que “lo que era necesario es que no vayamos con palabras adornadas a una institución o a un gobierno”; refiriéndose a Nicaragua y Venezuela, añade que “hay relaciones muy estrechas entre nuestro gobierno y esos países, que lamentablemente no son democráticos, y ese tipo de relaciones le hacen mal a nuestro país en todo aspecto”. “Injerencia” en Bolivia más bien ve, el diputado, por parte de esos países.
VIDEO. En cuanto a Dark Horse Political, en un video por YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=9Wdjny8YKjA), su “presidente”, Christopher Gergen, informa lo que hizo con respecto a la carta de los legisladores bolivianos.
Definiéndose como una “consultora que trabaja para llevar la libertad política y económica a la comunidad internacional”, Gergen cuenta cómo la semana pasada su firma escuchó el llamado de algunos parlamentarios de oposición acerca de la negativa de Morales de obedecer la Constitución que su propio gobierno estableció hace 10 años; y cómo “enviamos su petición de ayuda a los contactos apropiados dentro de la Administración de Trump aquí en Estados Unidos y a nuestros amigos en la comunidad internacional”.
“Desde que Morales tomó el control de Bolivia en 2006, más del 40% de la población boliviana vive ahora con un ingreso de solo dos dólares por día. Solo en 2016, Bolivia produjo más de 600.000 libras de cocaína pura. Esta cocaína se exporta a los países vecinos de Bolivia, Europa y Estados Unidos. Peor aún, Morales ha establecido vínculos diplomáticos con la República de Irán, un exportador internacional de terror y opresión social”, continúa.
CAUTIVOS. Tras señalar que los bolivianos estamos orgullosos de valorar “los ideales de libertad y democracia para ellos y para sus hijos”, “desafortunadamente” éstos “se mantienen cautivos por el régimen de Morales”, concluye.
Quiere “alentar enérgicamente”, enfatiza Gergen, a todos sus amigos de la comunidad internacional, de la OEA y de la administración Trump, “a tomar medidas económicas y diplomáticas firmes y decisivas, incluida la revocación de sus visas contra el régimen de Morales” en caso de que decida violar la Constitución y “se declare a sí mismo candidato en las próximas elecciones”.
Luego se dirige directamente al presidente Morales: “Presidente Morales debe dejar su puesto de acuerdo con su Constitución. Mi firma y nuestros amigos en la comunidad internacional no detendremos nuestra búsqueda de librar a Bolivia de su régimen socialista y utilizaremos todos los recursos diplomáticos necesarios para hacerlo”.
¿Garantes? En lo relativo al recurso de acudir a los “países garantes” de la Constitución, en este caso, Colombia y Brasil, el hecho es que ya el 18 de octubre de 2018, el expresidente Jorge Tuto Quiroga envió una carta al presidente de Brasil de entonces, Michel Temer, pidiéndole “que su gobierno eleve una solicitud de opinión consultiva ante nuestra Corte de San José, a fin de que ésta determine si la reelección presidencial perpetua es un derecho humano, ‘amparado’ por el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
La justificación está en la parte en que dice que “Recurro a su gobierno porque el gobierno brasileño, a través del embajador Luiz Felipe de Macedo y junto a representantes de otros países y organizaciones internacionales, fue uno de los mediadores y garantes del acuerdo político que en 2008 acordó el texto constitucional, aprobado meses después y vigente hoy. Una parte medular de ese acuerdo, garantizado por Brasil, era precisamente el limitar la gestión presidencial a un máximo de dos mandatos con una reelección, a través de este artículo 168”.
Según fuentes jurídicas consultadas por este medio, que pidieron por ahora mantener en reserva su identidad debido a lo delicado del tema, el problema está en que si esos dos o más países figuran efectivamente en algún documento como garantes de los acuerdos que en 2008 hicieron posible la aprobación de la ley de convocatoria al referéndum que finalmente aprobó la nueva Constitución. De no tener dicha calidad, no siempre con este nombre, y si acuden a la CIDH tal como pide el expresidente Quiroga, el Gobierno boliviano puede alegar “injerencia”.