La amenaza que veíamos venir se ha hecho realidad. El Reino Unido, tras violentar durante estos años las normas del derecho internacional, ha cumplido su función de brazo ejecutor después de que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, supeditado a los intereses de los Estados Unidos de Donald Trump, haya retirado el asilo político a Julian Assange. En imágenes que deberían ruborizar a cualquier demócrata, el Gobierno de Ecuador ha abierto la puerta de su embajada para que la Policía británica sacara de forma violenta al fundador de WikiLeaks.
Es muy grave lo ocurrido, y plantea un futuro incierto a Julian Assange. De inicio, el periodista buscó refugio ante la orden de aprehensión de Suecia por denuncia de violación, una causa que ya fue archivada en mayo del pasado año. Ahora enfrenta la condena por haber incumplido las medidas cautelares de su libertad, cuestión que siempre hemos aceptado y nunca hemos eludido responder tanto en Suecia como en Gran Bretaña, pero denunciando, a la vez, la instrumentación de estos países hacía EEUU. Al final se ha desvelado la trama. Desde diciembre de 2017 existía una orden de detención de la justicia estadounidense en Londres, a pesar de que tanto los británicos como el gobierno del presidente Moreno, específicamente el canciller Valencia, lo negaron.
Tras ese argumento se escondía la verdadera razón de la persecución contra el activista: EEUU no puede consentir que Assange, mediante WikiLeaks, haya hecho públicos miles y miles de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial, denunciando torturas y crímenes de guerra por parte de responsables militares de ese país en lugares como Irak o Afganistán y filtraciones de las comunicaciones entre embajadas de EEUU con gobiernos y servicios de información en todo el mundo.
Las acusaciones de Suecia siempre fueron para su defensa una argucia para extraditarle a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por tal causa. Sabemos ahora que, en efecto, lo que latía bajo este asunto era la acusación por conspiración por parte de una Corte estadounidense. Y es probable que este delito, el de conspiración para hackear ordenadores, sea solo el principio, porque buscan con ello eliminar la verdadera base política de la persecución.
La acción británica viene precedida de una serie de incumplimientos de convenios internacionales. Gran Bretaña no ha atendido al salvoconducto que pedía Ecuador desde hace años porque había otorgado un asilo, y una vez otorgado el asilo los demás países tienen que cumplirlo.
Pocas veces he asistido a tan sorprendente actuación contra lo que marca el derecho de asilo como la que hemos vivido. Las confusas afirmaciones del actual mandatario ecuatoriano lo dicen todo: “Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en 2012”. “El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados”, ha añadido. Este extremo es incierto porque la acusación siempre fue una argucia, como queda demostrado por los SMS que obran en la causa.
La concesión del asilo lo fue por riesgo fundado, de acuerdo con las convenciones aplicables al caso. Su retirada solo se puede producir si aquel riesgo desaparece. En este caso, lejos de que el peligro haya desaparecido, se ha incrementado exponencialmente con las declaraciones recurrentes de autoridades norteamericanas, que han llegado a calificar a WikiLeaks de organización terrorista. Tampoco se ha realizado ningún procedimiento de revisión con alegaciones para el asilado, como requería imperativamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al cerrar la demanda de medidas cautelares formulada meses atrás.
Aún queda lo más importante. ¿Qué ocurre con los derechos humanos? Estados Unidos discurre por un camino que nos llevará a todos al desastre. Recientemente amenazó con la prohibición de visados a los miembros del Tribunal Penal Internacional que investiguen casos como la supuesta responsabilidad de miembros de esa alta instancia de militares norteamericanos en Afganistán. Hace apenas unos días hizo efectiva esta sanción retirando el visado a la fiscal del TPI Fatou Bensouda que junto a sus colaboradores indaga desde 2016 la posible responsabilidad de soldados estadounidenses entre 2003 y 2004, en los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán. Ante tal sinrazón, Bensouda ha manifestado que seguirá cumpliendo su deber.
¿Muerto el perro se acabó la rabia? Esa parece ser la política del país más poderoso del mundo. Si la CPI puede afectar a los propios intereses, se anula y prohíbe, por más que Afganistán forme parte de los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma y que este tribunal sea una instancia superior, internacional, que garantiza la protección de las víctimas. Si un periodista activista denuncia ante el mundo las irregularidades, trapacerías, asesinatos, corrupción y manejos de la potencia mundial, se le persigue, aísla y aprovechando un giro a la derecha en el Gobierno de Ecuador, que hasta entonces entorpecía el objetivo marcado, se logra que esta nación levante el asilo acordado y dé vía libre para acabar con el estorbo Assange. ¡Menuda suerte que el presidente Correa, de talante progresista, fuera sustituido por Moreno, de talante marcadamente de derechas. ¡Vaya casualidad!
El caso Assange no termina aquí. Su equipo legal y yo, como coordinador de la defensa del periodista, no estamos dispuestos a permitir tal atropello. Pelearemos como David contra Goliat, como venimos haciendo desde hace años. Este asunto va más allá de una filtración o de un entramado de conflictos
legales. Estamos hablando del derecho de los ciudadanos del mundo a conocer en manos de quién estamos, de lo que nos ocultan y de a dónde pretenden conducirnos.
Y una vez que sabemos, no es tan fácil callar al mensajero. Lo que pretende Estados Unidos, apoyado en quienes le están favoreciendo, no es otra cosa que impunidad. No podemos ni debemos tolerarlo, y no lo haremos.
(*) Tomado de Other News, Página 12, Argentina.