De los tres mandatos centrales que recibió el MAS durante el proceso constituyente, uno se ha realizado deficientemente, el económico; la reforma política se postergó, abandonó y, finalmente, se descartó; mientras que la transformación intelectual y moral quedó reducida a un relato, divorciado de los hechos y a un puñado de leyes, de uso propagandístico y casi nulas en su aplicación.
La transformación de la matriz productiva, entendida como modificación sustancial, continua y flexible de relaciones entre la sociedad y la naturaleza, tanto como el cambio de los mecanismos de producir-acumular-distribuir el excedente social, se ha petrificado en un modelo desarrollista, devastador de los bienes comunes-fuentes de vida. Es ahora un heredero más de la ruta trazada por el plan Bohan, reiterado en versiones —ya estatistas, ya liberales— por todos los gobiernos, desde la segunda mitad del siglo pasado.
La disminución de la pobreza, la desigualdad y el incremento de la capacidad de ahorro interno conseguidos en casi tres lustros, no equilibran las frustraciones de fondo ni la completa pérdida de rumbo que lo caracteriza.
El Estado Plurinacional, es decir, democrático intercultural, descolonizador, con autonomías y abierto a la participación y el control social, llegó a dibujar sus bases y su perfil en la Constitución; pero se congeló muy temprano, con la aprobación de las “leyes-marco” que debían guiar su aplicación y, principalmente, con la práctica que consolida sus peores tradiciones verticales, autoritarias, caudillistas, concentradoras de poder, mediante mecanismos de clientelismo, permisividad e inmersión profunda con y en la corrupción.
La trayectoria del MAS, su régimen y el proceso que encabeza refuerzan las más arraigadas tendencias históricas del país, cuyos ciclos constitutivos incubaron, poco después del ascenso de un nuevo bloque social al poder, un despliegue de herramientas para concentrar la conducción y el control, así como la reversión de las medidas más aperturistas, participativas e innovadoras. Pasó con el Estado republicano y el nacionalista revolucionario, que son tipos de Estado, en el sentido más estricto, tanto como con las dictaduras (modalidad de estado de excepción) y con el llamado Estado neoliberal.
Cada uno de estos tipos se define por una composición particular del bloque de poder, asociado a una determinada etapa de avance del capitalismo, entendido como sistema integral de relaciones sociales y no solamente económicas y de propiedad.
El Estado deseado y posible, bosquejado en la CPE de 2009, que rompería los estructurales frenos que estancaron la participación democrática inaugurada por la Revolución de 1952, al abrirse a indígenas, campesinos y mujeres, dando amplio cauce a la pluralidad, el control y la participación social, se ha extraviado en una ruta corporativista que le permite subsistir, renunciando a su origen y naturaleza, congelándose en la “estabilidad” e inclinándose a lo regresivo, cuando niega la soberanía popular y la expresión democrática del pueblo.
Lo nacional popular que, en nuestro país, se encarna en la relación dinámica y contradictoria entre indígenas y campesinos y, de ambos, con el conjunto de fracciones sociales urbanas, que proceden mayoritariamente de ancestro campesino (comerciantes populares, transportistas, empleados, artesanos, obreros) se alimenta de tradiciones corporativas, que definieron la prevalencia de intereses privados (de grupos), sacrificando a los del conjunto.
Lo mismo ocurre con la vigorosa influencia sindical-gremial-corporativa que impregna la experiencia de figuras centrales del Ejecutivo. Tal herencia crece en una fase histórica en que la clase obrera prácticamente ha desaparecido del mapa social, asimilada como una franja más de las clases medias. Hoy, su conducción sindical profesionalizada concentra rasgos burocráticos y prebendales, que coexisten con una inercia machista, misógina y antiindígena; todo ello, cubierto por una precaria narrativa obrerista, obsoleta y frontalmente contrapuesta con sus prácticas concretas.
Todo empuja a que el régimen sea cada vez más rígido y conservador, congruente con el sistema de partido dominante, en fase inicial de crisis hegemónica. La creciente concordancia de sus intereses materiales y de su composición con los de las compañías más concentradas y/o transnacionalizadas (banca, agroexportadora, industrias extractivas) afirma sus tendencias a perpetuar una matriz productiva arcaica y destructiva y consolida su inclinación antidemocrática, centralizante y excluyente.