La integración andina se institucionaliza con la firma del Acuerdo de Cartagena, el 26 de mayo de 1969, siendo sus países fundadores Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que se retira en 1976; mientras que Venezuela ingresa en 1973 y se retira en 2006.

Su medio siglo de vida ha transcurrido por cinco “olas integracionistas”. La primera se escenifica en el Qhapac Ñan, que articula diversos pueblos y naciones activando mecanismos de complementariedad y reciprocidad económica, tecnológica, social, política y cultural. La segunda ola es la de la Nación de Repúblicas, que prefigura el sueño bolivariano de la independencia y la construcción de una Gran Patria Grande Latinoamericana. La tercera ola empieza con el Acuerdo de Cartagena y se caracteriza por su propuesta de integración por sustitución de importaciones, apoyada en la teoría de la dependencia. La cuarta ola, a partir del Consenso de Washington, da paso al regionalismo abierto. Y la quinta ola se caracteriza por su concepción de integración integral.

Los orígenes del Pacto Andino están en la respuesta de los países de nuestra subregión a la funcionalización de la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) a los intereses de los países de mayor desarrollo del continente, por lo que el Acuerdo de Cartagena tiene propósitos altruistas tales como promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad. También propone disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los países en el concierto internacional fortaleciendo la solidaridad subregional. Todo esto de cara a un mejoramiento persistente en el nivel de vida de la población y a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. 

Imbuido por el desarrollo endógeno subyacente en las corrientes cepalinas, el Pacto Andino promueve la industrialización a escala mediante la ampliación del mercado, para lo que desarrolla proyectos sectoriales de desarrollo integral en los campos de la metalmecánica, petroquímica y automotriz; y se organiza con una institucionalidad comunitaria, de carácter supranacional, que se refleja en el liderazgo de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC).

El modelo no logra sostenerse y su decaimiento, a la par de un cambio de políticas en sus países miembros, que adoptan las recetas monetaristas del ajuste estructural, deriva en la adopción del modelo de Integración como Regionalismo Abierto que, a tono con la globalización, opta por economías y mercados abiertos, como consta en el Acuerdo de Trujillo de 1996. Entre otras medidas, se eliminan las trabas al libre comercio intrasubregional, se reducen las distorsiones a la competencia, se induce la producción con valor agregado, se impulsa el desarrollo de infraestructura e integración física, y se armonizan políticas comerciales, monetarias, cambiarias, fiscales y de compras públicas.

En el plano organizativo se crea la Comunidad Andina (CAN) en reemplazo del Pacto Andino, constituyéndose el Sistema Andino de Integración (SAI), conformado por organizaciones de competencia intergubernamental como los Consejos de Presidentes, de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de autoridades de Comercio Exterior. El órgano ejecutivo y coordinador del sistema, con carácter vinculante es la Secretaría General, respaldada por el Tribunal Andino como órgano judicial y el Parlamento Andino como órgano deliberativo. Entre las instituciones del sistema están la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), el Convenio de Salud Hipólito Unanue (ORAS-CONHU), la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), el Convenio Simón Rodríguez y el Convenio Andrés Bello. Y son organizaciones consultivas el Consejo Empresarial y el Consejo Laboral.

Con el ingreso al siglo XXI, la integración andina se acoge al paradigma de Integración Integral, con la Declaración de la Cumbre de Tarija de 2007, para “lograr una unidad en la diversidad al servicio del Vivir Bien de nuestros pueblos y de la armonía con la naturaleza (y) forjar una integración integral más equilibrada entre los aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales y comerciales”. Este impulso posibilita el desarrollo de importantes acciones como las relaciones interfronterizas con la filosofía del hermanamiento de los pueblos; la incorporación de la participación ciudadana con la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, de Defensores de los Consumidores, la Mesa del Pueblo Afrodescendiente, la Red Andina de Ciudades y un conjunto de organizaciones ciudadanas. También se impulsan políticas sociales comunitarias o de coordinación andina; programas de defensa del patrimonio natural, cultural e intercultural; la ampliación del programa comercial al fomento de la transformación productiva; la inclusión de los pequeños productores en el mercado regional; la lucha contra el narcotráfico; la zona andina de paz; el turismo; la seguridad y soberanía alimentaria; y otras medidas que redimensionan integralmente el sentido de la integración.

Hoy la CAN tiene el Mercado Ampliado más perfeccionado de los países en desarrollo, con manejo de un alto porcentaje de intercambio de bienes con valor agregado, generadores de empleo, respaldados por un sólido acervo normativo y un sistema propio de resolución de controversias. La participación ciudadana con carácter consultivo le otorga un sentido inclusivo, así como las medidas de ciudadanía andina. Y su vinculación con otros esquemas como ALADI, MERCOSUR, UNASUR le confiere una estructura con multipertenencias. Por esto y muchas otras razones, la integración andina sigue siendo el sistema más resiliente, representativo, sólido y prospectivo de un continente que necesita tejerse desde sus coincidencias, sus objetivos compartidos y sus historias y futuro comunes.