Ala luz del fallo de un supuesto Tribunal Internacional autonombrado, se intenta reponer en la agenda pública la imagen de un Gobierno que viola los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza. Cuando la opinión de un grupo que se autonombra Jueces del Mundo no debería pasar de una noticia menor, varios medios le dan cobertura y hasta primeras planas, como si de alguna Corte Internacional válida se tratara.
El tema sobre el que pretenden emitir fallos, los derechos de la Naturaleza, es importante; aunque muy distinto de nuestros derechos de la Madre Tierra, inscritos en el corazón de nuestra Constitución y leyes.
Que un grupo de personas, por muy notables que sean, se autonombren tribunal y pretenda juzgar a un país, nación o pueblo, es inaceptable. La base de un Tribunal serio es haber establecido reglas comunes, un acuerdo que permite establecer los principios y procedimientos con los que se juzgará cualquier materia.
Activistas-oportunistas (no todos lo son) se han colgado de este “fake-tribunal”, recorriendo Bolivia, tratando de convencer a la ciudadanía que sus opiniones debieran llevarnos a modificar el curso de nuestro país.
Creo que es bueno clarificar que ni en la Constitución ni en la Ley de Derechos de la Madre Tierra y menos en la Ley Marco de Madre Tierra y Desarrollo Integral se establece que la naturaleza estará intocada y que condenaremos a las comunidades y poblaciones que viven en los bosques a no acceder a los derechos a un desarrollo digno y sustentable.
Así como cualquier niño tiene derecho a acceder a la salud y no morir durante su infancia, los jaguares también tienen derecho a desarrollarse en libertad; los derechos de ambos cuentan y deben ser parte de las decisiones de desarrollo.
Hemos planteado el “Desarrollo Integral en Armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien” como un nuevo modelo de desarrollo. Es un reto mayor, más difícil, retador y complejo, pero como fue la historia de Bolivia, más valiente. Buscamos que este modelo de desarrollo asegure que los impactos a la naturaleza sean los menores, y que bien manejada sea ella la base de nuestro futuro, nuestra salud, nuestra alimentación. Que tratemos de recuperar las zonas que han sido degradadas y volcarlas a la producción de alimentos; que los bosques, bien manejados, contribuyan a la economía comunitaria y nacional, manteniéndolos vivos, productivos y sanos.
Acordamos que la meta es que todos y todas tengamos una vida digna, con acceso al agua, con las condiciones apropiadas para alimentarnos bien, con salud, con educación, con producción sustentable al alcance de todos y todas. Nadie conocería las maravillosas propiedades antioxidantes del asaí, una palmera de la Amazonía, si no se instalaran pequeñas plantas despulpadoras, llegaran congeladoras por carreteras, por las mismas que circulan los camiones llevando esta pulpa allí donde muchos de nosotros las adquirimos y mejoramos nuestra alimentación y nuestra salud consumiéndola.
Hemos decidido no negarnos el derecho a ser el país más pujante de América Latina, a la vez que tratamos de cuidar al máximo nuestros bosques, lagos y ríos.
Nunca se había invertido tanto en plantas de tratamiento de aguas residuales, que evitan que nuestras aguas servidas sigan contaminando ríos y lagos; nunca habíamos invertido tanto desde el Estado en sistemas agroforestales y productivos sustentables en las áreas rurales; nunca hemos tenido tantos alcaldes, concejales y dirigentes preocupados por buscar alternativas económicas más sustentables.
Es cierto que falta mucho. Debemos remediar los pasivos ambientales del pasado y evitar la contaminación del presente, avanzar en procesos de transformación ambiental de la industria, la minería y otras actividades. Pero fundamentalmente avanzar en la transformación del pensamiento de los actores productivos, para lograr mayores inversiones en la conversión tecnológica, en la transición a actividades más sustentables y menos contaminantes.
Este es el reto de la nueva década, posible avizorar gracias a la estabilidad económica, a los importantes índices de superación de la pobreza, a la capacidad de innovación de nuestros jóvenes, que hoy acceden a mayores oportunidades de educación y de desarrollo de sus ideas.
Pero lo que no deberíamos hacer, como bolivianos y bolivianas dignos y dignas, es permitir que cualquier grupo de personas, notables o no, pretenda arrodillarnos, hacernos pedir perdón, retroceder en decisiones que se tomaron basadas en acuerdos con organizaciones legítimas. Nadie puede volver a imponernos su voluntad, y menos un “fake-tribunal”.