El TSE, el árbitro en el ojo de la tormenta
A este TSE, hay que reconocerlo, le tocó vivir el acaso más intenso encono electoral de la historia.

El 24 de mayo, en Santa Cruz, algunos comités cívicos, plataformas ciudadanas, el Conade, partidos y candidatos a la Presidencia firmaron el documento “Unidos por la Defensa de la Democracia y el Estado de Derecho”, una de cuyas principales demandas es la renuncia de los actuales vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y su renovación por la Asamblea Legislativa Plurinacional; daban plazo hasta el 31 de mayo, y amenazaban con acciones de protesta, precisamente, desde la semana que hoy empieza. Al margen del mayor o menor realismo de esta exigencia, no deja de ser relevante el que se ponga nuevamente en el ojo de la tormenta al árbitro del actual proceso electoral.
De principio, acaso se trata de un callejón sin salida, da a entender el analista político Carlos Böhrt: “Hay razones que justifican las movilizaciones pidiendo la renuncia; lo que no creo es que sea viable. La designación de nuevos vocales tomaría su tiempo y afectaría al actual proceso electoral”, más aún cuando tendría que ser la misma Asamblea Legislativa, mayoritariamente masista, la que designe de nuevo a los vocales.
Pero queda la cuestión: ¿cómo llega el actual TSE a la organización de las elecciones generales de octubre?
Los vocales titulares del TSE fueron designados en julio de 2015, su mandato, de seis años (“sin derecho a postularse nuevamente para el desempeño del mismo cargo”, Ley del Órgano Electoral) acaba también en julio de 2021. Para su fortuna o desgracia, según quién vea, a este TSE le tocó el más intenso periodo electoral de la historia (ver la cronología adjunta). Como recuerda su actual vicepresidente, Antonio Costas, fueron designados tras el acortamiento de mandato del anterior Tribunal (obligado a renunciar por el propio MAS); a los dos meses (en septiembre) ya tuvieron que llevar a cabo los primeros referéndums de aprobación de estatutos y cartas orgánicas; poco más de cuatro meses después, en febrero de 2016, llevaron a cabo el referéndum parteaguas del gobierno del MAS, el célebre 21F; luego, en medio de las consecuencias de la consulta constitucional, al año siguiente, en diciembre de 2017 deben organizar las segundas elecciones judiciales de la historia; pero he aquí que semanas antes se le cruza, como a todo el país, la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que da validez a la repostulación indefinida de todas las autoridades electas (28 de noviembre de 2017); a mediados de 2018, fruto del trabajo de más de dos años, el TSE presenta a la Asamblea la Ley de Organizaciones Políticas; había el consenso de su aplicación progresiva y que lo mejor era tratarlo no en año electoral; el proyecto, dice Costas, prácticamente “languidecía” en la Asamblea, pero fue el MAS que la retomó y aprobándola en tiempo récord (menos de tres meses, pues fue promulgada el 4 de septiembre) removió todo el panorama político que siguió luego, incluso del propio TSE, con la renuncia de tres vocales.
Cuando para el analista político Marcelo Silva acaso el momento de mayor credibilidad del TSE fue en febrero de 2016, por el proceso mismo (fue cuando se estrenó el sistema TREP, Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares), Costas matiza en el sentido en que de modo equivocado se tiende a ver el desempeño del Órgano Electoral por el resultado de la votación: ganó el No a la repostulación y el TSE es bueno; la mayoría dice No a los estatutos o en la elección judicial dos tercios vota o nulo o blanco, es el TSE el culpable, cuando en todos los casos la labor del TSE más bien se puede calificar de “implacable”, afirma.
Otro aspecto que se tiende a dejar de lado, por la enorme carga política que rodea al Órgano Electoral, dice Costas, es su evolución técnica e institucional: desde julio de 2015 empezó una suerte de modernización de sus sistemas y estructura. Una prueba de este avance, destaca, es el ISO electoral. “La certificación ISO concluye con una auditoría. Hace por lo menos un año y medio estamos trabajando en readecuar nuestra organización, nuestro funcionamiento, en cambiar la filosofía de actividades, de planificación, a una nueva visión, de calidad, que se centra en procesos; resultados que pueden ser medidos; esa es la diferencia con el estilo de trabajo del pasado”.
Ahora, reconoce el vocal, la crisis de las renuncias de los vocales sin duda fue la provocada por un hecho más bien externo al TSE: el fallo del TCP que estableció en Bolivia la posibilidad de reelección indefinida. Hoy día mismo Costas mantiene que el fallo del TCP generó lo que se llamó una colisión normativa con el mandato del referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F).
“Hubo una presión alta al TSE. El fallo constitucional plantea una colisión normativa, pero también se notó que nadie podía zafarse del fallo. Es controversial, pero tan difícil debe ser esto que hemos pedido una medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero hasta hoy no hemos recibido respuesta”.
Con todo, el politólogo Silva apunta a que el TSE todavía tiene el desafío de la credibilidad y transparencia. “Tuvo una buena imagen en febrero de 2016, pero de ahí hubo importantes desmedros, en función de los propios sucesos del TSE; lo primero, las renuncias de sus miembros, que acusan un problema institucional, recordemos la carta de la expresidenta Uriona, que dice que el tribunal no puede cumplir su visión y misión, organizar elecciones. Luego otras declaraciones que mellaron esta credibilidad alcanzada en febrero de 2016”.
Con todo, el politólogo remarca que hoy día el TSE tiene que pelear contra la imagen que se ha instalado de, al parecer, un “órgano sumiso” al Poder Ejecutivo: “El gran péndulo es la administración de la elección de octubre. Pareciera, y remarco, así en condicional, que algunos vocales han asumido posiciones un poco sumisas a ciertas directrices del órgano Ejecutivo. De aquí que debería guiarse en el marco de la transparencia y de la información”.
Otro problema del TSE es su falta de espíritu de cuerpo, da cuenta Silva: “un problema estructural del TSE es que no hay un idioma uniforme por lo menos en el ámbito de las acciones públicas; recordando a los notables, la posición institucional era defendida absolutamente por todos, por mucho de que hubiesen existido disidencias internas. El gran problema del TSE es que ha publicitado sus disidencias internas, y esto le ha quitado mucha fuerza institucional, no era lo correcto. Esto mismo le ha restado credibilidad”.
Para Carlos Böhrt, en cambio, si hay una definición del actual Órgano Electoral, es su deslegitimación: “El TSE llega (al actual proceso electoral) con una falta de legitimidad creciente, al tiempo que se generaliza en la sociedad la idea de que estas elecciones no tienen un árbitro imparcial, de que el TSE está controlado y al servicio del MAS; en esas condiciones, no tiene la aceptación de la sociedad y eso afecta al proceso democrático, a la transparencia electoral”.
Desde algunos frentes y analistas, tampoco ha estado ausente la sombra del fraude electoral, otra vez el árbitro y alguien más, el interesado en el fraude, en el banquillo de los acusados. Al respecto —sonrisa de por medio— el vocal Costas por lo menos con respecto a la solvencia del ente técnico de la elección, el TSE, califica aquello de pura especulación. Hay todo un sistema de monitoreo y supervisión de los procedimientos que lo del fraude no pasa de una presunción. Y es que ahora, dice, “hay más ojos”. De un lado está el control escalonado del proceso en manos del Órgano Electoral, y en el momento crítico, las horas del escrutinio y el cómputo, está el control ciudadano y de los propios partidos políticos.
Para Silva, aparte del natural control que ejerce la ciudadanía a través de los jurados electorales, bien harían los opositores en establecer el día de la elección una suerte de doble control: “Los partidos de oposición a la par o antes de pensar en pactos en candidaturas, deberían pensar en una unidad o alianza que les permita tener un control electoral adecuado. Hay fraude en la medida en que se deja hacer fraude”.
Pero Böhrt más bien apunta al fraude que se estaría gestando bajo la figura ya delictiva de la “coacción electoral”, el hecho de que días antes de la elección se reúne a las comunidades especialmente rurales, y se “decide” el voto de todos.