El Decálogo para eliminar la violencia contra la mujer en el país presentado por el presidente Evo Morales y propuesto por el Gabinete de la Mujer, la semana pasada, aunque bien intencionado y con elementos que parecen útiles, carece de directrices claras y herramientas efectivas para poder erradicar las distintas formas de violencia contra la mujer.
Si bien hablamos de programas de prevención desde el sistema educativo como uno de los pilares para comenzar a desarticular las estructuras que generan violencia contra la mujer, no basta con la simple proposición enunciativa de las acciones que se piensa llevar adelante; Bolivia necesita propuestas altamente especializadas y consensuadas para sobrellevar esta problemática, considerando que en la actualidad somos el país con la tasa de feminicidios más alta de Sudamérica.
El feminicidio es un tema neurálgico y perverso del Estado y que debe por lo tanto ser abordado en su justa dimensión. Se trata entonces de “educar para una cultura de la observancia”, más allá de pactos y convenios requiere de constituir un equipo multidisciplinario que en forma inmediata trabaje para lograr incorporar en la currícula educativa, con carácter de obligatoriedad, la materia de Educación Ciudadana, tanto para maestros como para estudiantes.
Uno de los puntos que más llama la atención en el Decálogo contra la violencia a la mujer es precisamente el pacto con la Policía, el Órgano Judicial y la Fiscalía, que versa sobre la necesidad de darle celeridad a la justicia para la atención a las víctimas de violencia; es una propuesta planteada a la ligera que no responde a la realidad, puesto que todos sabemos que sería imposible concebir una mejor justicia para la mujer sin tener previamente una reforma del sistema judicial que garantice el cumplimiento de los principios más esenciales de la administración de justicia.
El gobierno nacional debe ser serio y liberar los presupuestos publicitarios para entregarlos íntegramente a este objetivo estatal, dejando de hacer políticas sociales con recursos de los otros niveles de gobierno. No basta con decir que involucraremos alcaldías y gobernaciones, es necesario asignar presupuesto a esos niveles e introducir conceptos de eficiencia en los recursos estatales para hacer realidad los programas y proyectos que están destinados a eliminar la violencia contra la mujer; eso significa que tenemos que reasignar los recursos para generar una armonía interinstitucional que responda a una verdadera política de Estado.
Paralela y simultáneamente debe establecerse un plan nacional en el que todos los sectores, instituciones y niveles de gobierno trabajen conjuntamente con todo su potencial en el marco de sus competencias. Necesitamos hacer partícipes a todas las estructuras que conforman la vida misma del sistema político boliviano, sabiendo que la violencia contra la mujer es un problema que está presente en las instituciones públicas, los hogares, las escuelas y, peor aún, en los medios de comunicación.
No es insensato pensar que el primer paso para desarticular este problema estructural es encontrar la manera de convocar a un real y sensato dialogo nacional, espacio donde nos encontremos las bolivianas y los bolivianos para darle soluciones y propuestas de manera conjunta a una situación en la que con mayor frecuencia se incrementa la escala de violencia contra nosotras.
Necesitamos una reforma en las políticas económicas que estén dirigidas a garantizar la igualdad de oportunidades, una remuneración salarial justa, empoderamiento de las mujeres y autonomía de decisión, que son en suma las mejores formas de enfrentar la violencia a la mujer.
Finalmente, por cierto, debe capacitarse con programas que respondan a un sistema de monitoreo permanente a todo el personal que atiende esta temática, midiendo la incidencia y resultados en todas las instituciones públicas y privadas; de lo contrario, los 10 puntos planteados por el Presidente quedarían muy vagos y ampulosos.